close
Suscríbete a nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Por qué Tijuana rechaza el título de ciudad más violenta del mundo (y qué dicen las cifras)
Un ranking anual de ciudades con más homicidios dolosos le dio a Tijuana un triste título: la ciudad más violenta del mundo. Pero las autoridades en esa urbe mexicana señalan errores de metodología del estudio.
Por Darío Brooks (BBC News Mundo)
11 de abril, 2019
Comparte

Tijuana fue colocada en el lugar en el que ninguna urbe quisiera estar: en lo más alto de la lista de las ciudades más violenta del mundo.

Se trata de un ranking que cada año publica el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) sobre las metrópolis con más homicidios en todo el planeta.

La organización con sede en México presentó el mes pasado su informe “Las 50 ciudades más violentas del mundo” en el que Tijuana aparece con una tasa de 138.26 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes.

Ningún dicho retórico altera ese hecho“, dijo el CCSPJP días después de la publicación de su informe.

Y es que las autoridades de esa ciudad, fronteriza con Estados Unidos, han rechazado durante los últimos días la metodología empleada en el ranking.

“Nadie puede ir en contra de la verdad, no hay lugar a dudas de que Tijuana tiene grandes retos en materia de seguridad”, dijo el secretario de Seguridad Pública municipal, Marco Antonio Sotomayor, en un comunicado en el que rechaza el estudio del CCSPJP.

“Pero que sea considerada por este estudio la ciudad más violenta del mundo es a todas luces falso y está totalmente alejado de la realidad que se vive en Tijuana”, añadió.

La controversia se centra en cómo se determinó la tasa de homicidios dolosos de Tijuana, y si éste debe ser el único factor a considerar para afirmar que una ciudad es violenta.

Una verificación de BBC Mundo a las cifras oficiales muestra que la tasa de homicidios dolosos en esa ciudad arroja resultados inferiores a los calculados del CCSPJP, aunque no por ello menos graves.

Las cifras del estudio

Ciudad que es hogar de casi 2 millones de personas -y miles más que diariamente cruzan desde o hacia EE.UU.-, Tijuana vivió uno de sus años más complicados de seguridad pública en 2018.

El CCSPJP indicó que la metrópoli tuvo 2,640 casos de homicidios doloso -cuando una persona muere por una acción intencional de alguien- el año pasado.

La tasa fue calculada con base en una población estimada de 1,909,424 habitantes de la zona metropolitana de Tijuana, lo arroja una media de 138,26 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En el segundo lugar de la lista está la también mexicana de Acapulco, en donde la tasa se ubica en 110.50, seguida de Caracas (Venezuela) con 99.98.

Primera objeción

La oficina de Seguridad Pública de Tijuana rechaza, en primera instancia, el hecho de que el CCSPJS no solo considerara los homicidios dolosos ocurridos en su municipio, sino que les sumó los ocurridos en Playas de Rosarito.

Esa otra demarcación territorial del estado de Baja California se encuentra unida a Tijuana por una franja de 3 km de longitud de fraccionamientos semiurbanizados entre unas montañas.

Sin embargo, el CCSPJS lo catalogó como la misma zona urbana de Tijuana, pues la metodología de su estudio se enfoca en “manchas urbanas”, indicó el presidente de la asociación, José Antonio Ortega.

“Desde hace 10 años así lo hemos aplicado metodológicamente. Estamos ubicando manchas urbanas y no divisiones políticas que tienen esas ciudades”, dijo Ortega a BBC Mundo.

Para el secretario Sotomayor, sumar homicidios de demarcaciones vecinas es un criterio que “extrañamente”no es aplicado en el mismo estudio en zonas metropolitanas de grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México.

“Ahí se contabilizan los homicidios de forma separada por municipio. Este error metodológico pareciera haberse utilizado para que Tijuana encabece el ranking”, señala Sotomayor.

¿Qué cambia si no se suman?

En respuesta a esta crítica, el CCSPJS indica que solo considerando las cifras de Tijuana, la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes incluso aumenta para esa ciudad, situándola en 139.99.

“Si le quitamos Rosarito, saldría peor Tijuana”, sostiene Ortega.

BBC Mundo hizo su propia comprobación con base en los homicidios dolosos de Tijuana y Playas de Rosarito registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que el CCSPJP cita como fuente.

Con base en las estimaciones de población para 2018 del gobierno de Baja California en esos municipios, la tasa es menor que la reportada por el CCSPJP, pero no da la razón al municipio de Tijuana.

Tijuana tiene una tasa de 125.56 si se evalúa solo el municipio, mientras que si se le suman los casos y población de Playas de Rosarito, la tasa es de 123.66 (solo la de éste último es de 93.05).

La variación del número de homicidios contabilizados en el SNSP -menor en la revisión de BBC Mundo- es algo normal, pues las bases de datos de meses anteriores son actualizadas conforme se confirman o descartan registros erróneos.

Homicidios dolosos en Tijuana. Tasa de casos por cada 100.000 habitantes solo para este municipio (sin incluir a Playas de Rosarito). [ 139,99 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal ],[ 125,26 Observatorio Nacional Ciudadano ],[ 125,56 BBC Mundo ], Source: Fuentes: Publicaciones del CCSPJP, del ONC y recuento de BBC Mundo., Image:

Francisco Rivas, un experto en los índices de violencia de México consultado por BBC Mundo, señaló que “no es correcto” sumar municipios diferentes en estudios sobre estas problemáticas.

“Es como si yo dijera que en el caso de Londres con algún municipio aledaño, yo le estuviera agregando las tasas de incidencia”, dijo el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Su ONG encontró que hay una tasa de homicidios dolosos de 125.26 para Tijuana, es decir, 13 puntos menos que la determinada por el CCSPJP y 0.30 menos que el cálculo de BBC Mundo.

Segunda objeción

Las autoridades de Tijuana parten de un reconocimiento: la situación de inseguridad que vivió la ciudad fue grave.

“Debemos iniciar aceptando la problemática generada por la rivalidad entre grupos delictivos que provocó que las cifras de homicidios aumentaran significativamente el año pasado en Tijuana”, indicó el secretario Sotomayor.

Pero critica que el estudio del CCSPJP solo considere al homicidio doloso como síntoma de una ciudad violenta.

“La violencia se debe medir con base en todos los delitos“, sostiene Sotomayor (en lo cual coincide parcialmente el experto Francisco Rivas, del ONC).

“También deben ser consideradas el alto número de desapariciones forzosas que se presentan en otras regiones de México y que no están considerados como homicidios, pero en la práctica desafortunadamente lo son, situación que no prevalece en Tijuana”, añade el funcionario.

El CCSPJP sobre esto indica que solo compara el homicidio doloso “ante la imposibilidad de obtener datos sobre otros delitos violentos de urbes de todo el mundo”.

“Población flotante”

El secretario Sotomayor también apuntó a que Tijuana vive una situación especial al tener una “población flotante” -las personas que entran y salen de la ciudad día con día- particularmente especial.

“Tijuana por su ubicación geográfica en la frontera tiene una población flotante importante, por lo que el número de habitantes es mucho mayor al establecido”, dijo el funcionario.

“La asociación que publica el estudio (el CCSPJP) utiliza como base las cifras oficiales que están alejadas de la realidad”, añadió.

Ante esto Ortega afirma que su asociación necesariamente tiene que trabajar con cifras de población residente, pues esto es básico para dar certidumbre en el caso de Tijuana y otras urbes de más de 300,000 habitantes consideradas para su estudio.

“No importa que dicho retórico intente el secretario Sotomayor, eso no va cambiar el hecho de que Tijuana es la ciudad más violenta del mundo”, critica Ortega.

¿La ciudad más violenta del mundo?

Desde la perspectiva del Observatorio Nacional Ciudadano, que cada mes presenta cifras de incidencia delictiva en México, el estudio del CCSPJP presenta “muchas debilidades” de metodología.

Francisco Rivas señala que entre varias falencias observa que el estudio “analiza los datos oficiales e incluye otras fuentes no oficiales” ante la falta de información de algunos países.

“Venezuela hace años que no presenta ningún dato sobre seguridad”, señala Rivas.

En su metodología, el CCSPJP dice que toma como base que “las cifras de homicidios deben provenir de fuentes oficiales o fuentes alternas”, como notas periodísticas, y que deben ser “asequibles a través de internet”.

Pero Rivas indica que al no haber homogeneidad en los datos que reportan los crímenes en cada país, es imposible afirmar cuál es “la ciudad más violenta del mundo”.

“Tijuana vive una crisis absolutamente terrible, pero para mí es igualmente grave que afirmemos cosas con la información incorrecta o falsa“, señala.

“Es tan negativo encubrir datos como falsear sistemas de información para castigar a una autoridad”.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=_cDXqCfnycM

https://www.youtube.com/watch?v=cqGT5wh5REw

https://www.youtube.com/watch?v=rUrDvYJtKPU&t=16s

¡Gracias por leer! Ayúdanos a seguir con nuestro trabajo. ¿Cómo? Ahora puedes suscribirte a Animal Político en Facebook. Con tu donativo mensual recibirás contenido especial. Entérate cómo suscribirte aquí. Consulta nuestra lista de preguntas frecuentes aquí.
Cuartoscuro Archivo
Sin discriminación: La ruta legislativa para que Yucatán pueda tener matrimonio igualitario
El Congreso de Yucatán debatirá la reforma de las leyes que impiden en la entidad el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.
Cuartoscuro Archivo
Por Luis R. Castrillón
8 de abril, 2019
Comparte

Luego de una década de ignorar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dos iniciativas de ley, así como el contexto de resoluciones jurídicas nacionales e internacionales, el Congreso de Yucatán debatirá la reforma de las leyes que impiden el matrimonio civil a las parejas no heterosexuales en esa entidad.

Leer: Congreso de Yucatán relega aprobación del matrimonio igualitario; Conapred le exige respetar derechos

El 2 de abril pasado la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Legislativo local comenzó el proceso para analizar otra iniciativa que modifique los artículos 94 del Código Civil, y 49 y 201 del Código de Familia estatales, que establecen el matrimonio y concubinato en la entidad como la unión jurídica “entre un hombre y una mujer”.

Los integrantes de esa comisión esperan emitir el dictamen de la iniciativa a más tardar el día 15 de abril próximo, para turnar la discusión al pleno de la cámara de diputados local y definir si se continuará negando o se aprobará el derecho de cualquier persona a contraer matrimonio ante la ley, sin distingo de sexo u orientación de género.

Hasta el momento, la postura de los partidos políticos representados en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación es ambigua, respecto a la iniciativa, aunque algunos de sus integrantes se han manifestado abiertamente al respecto:

La panista Rosa Adriana Díaz Lizama ha señalado estar en contra. Incluso ha asegurado (sin demostrarlo hasta ahora) tener información según la cual el 99 por ciento de los yucatecos rechazan el matrimonio igualitario.

Las diputadas por el Partido Convergencia, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, han expuesto estar a favor. En el caso de la segunda es una posición que mantiene desde que formó parte del Consejo Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual, en el ayuntamiento de Mérida de 2015 a 2018.

Alejandro Cuevas Mena, del Partido de la Revolución Democrática, solo ha expresado que se debe tomar en cuenta la resolución al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a respetar el derecho a la no discriminación en el caso de los matrimonios en Yucatán.

Miguel Candila Noh, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional, ha expuesto que la iniciativa podría someterse a una consulta ciudadana y que sean los yucatecos “quienes decidan”.

Entre el resto de los integrantes de esa comisión, Karla Franco Blanco, Enrique Castillo Ruz, Luis Borjas Romero, Felipe Cervera Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el panista Miguel Rodríguez Baqueiro, la posición sigue indefinida.

A 10 años del candado legal

Fue el 15 de julio de 2009 cuando el Congreso de Yucatán aprobó por mayoría reformas a los artículos 94 del Código Civil y 49 y 201 del Código de Familia del estado. En ambos se estableció que el matrimonio civil, así como el concubinato son “una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”.

La reforma fue resultado de una iniciativa ciudadana encabezada por la Red Pro Yucatán, integrante del Frente Nacional por la Familia, que conjuntó 9 mil 700 firmas a favor de poner candados legales al matrimonio civil y al concubinato, para que solo puedan concurrir entre un hombre y una mujer.

La propuesta fue llevada por las bancadas del PRI y el PAN a comisiones y al pleno, donde fue aprobada por mayoría y cerró toda posibilidad en ese entonces a integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, que intentaban promover una iniciativa de matrimonio igualitario.

La primera iniciativa y el primer amparo

Tres años después, el 27 de noviembre de 2012, la bancada del Partido de la Revolución Democrática abanderó la propuesta de un grupo de organizaciones civiles en Yucatán, conformada en el colectivo Matrimonio para Todos en Yucatán, y presentó una iniciativa para modificar los artículos señalados de los Códigos Civil y de Familia, entre otros, que permitieran regular el matrimonio igualitario.

El documento se quedó sin discutir siquiera en comisiones pese a la solicitud reiterada del entonces diputado perredista Bayardo Ojeda Marrufo, y de las organizaciones que integraban Matrimonio para Todos en Yucatán.

El argumento para desatender la iniciativa, de parte del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso yucateco, el priista Luis Hevia Jiménez, así como la líder del Partido Acción Nacional, Sofía Castro Romero, fue que sería revisada después de discutir y resolver asuntos más relevantes para la sociedad yucateca.

Poco menos de un año después, el 2 de julio de 2013, el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Yucatán, otorgó el amparo a una pareja de hombres homosexuales que solicitó la intervención de la justicia federal, ante la imposibilidad de casarse debido a lo establecido en las leyes estatales.

Esa resolución abrió la puerta para que hasta la fecha sean más de 100 parejas las que han recurrido al amparo legal para poder realizar matrimonios civiles en la entidad. Incluso, en julio de 2017 el Tribunal Colegiado y en Materia Administrativa del XIV Distrito otorgó un amparo colectivo a 80 personas, para que pudieran casarse por la vía civil en el momento en que lo desearan.

La lucha por lograr una modificación a los Códigos Civil y de Familia de Yucatán representa el esfuerzo de diversas organizaciones de la sociedad civil yucateca, encabezadas por Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (Cessex), el albergue Oasis San Juan de Dios y el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán, entre otros.

El juicio de omisión legislativa y el rechazo de la SCJN

En mayo de 2014, las organizaciones civiles antes mencionadas interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY) un recurso de acción constitucional, por omisión en contra del Congreso del Estado.

A través de esa demanda, el TSJY se erigió en Tribunal Constitucional el 2 de marzo de 2015, para revisar y resolver el recurso. El resultado fue negativo para los demandantes, pues el Tribunal Constitucional por mayoría decidió sobreseer la solicitud bajo el argumento de que estaría interviniendo en las decisiones y vulnerando la autonomía del Legislativo yucateco.

Posteriormente, el 13 de junio del mismo 2015, el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del XIV circuito admitió una demanda de amparo contra esa resolución del Tribunal Constitucional, lo que abrió una nueva puerta ante los retrasos del Congreso yucateco para legislar el matrimonio igualitario.

La demanda llegó hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó el recurso luego de posponer en cinco ocasiones su discusión.

Segunda iniciativa y el contexto legal

Si bien la SCJN rechazó el último recurso interpuesto por las OSC yucatecas que promueven el matrimonio civil sin distingo de sexo o género, existen otros recursos que han demostrado la omisión de facto del Congreso de Yucatán en materia del matrimonio civil, sin distingo de sexo u orientación de género.

En 2015 la Comisión de Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación general que dirigió a todos los legislativos estatales, para que adecuaran sus marcos normativos con base en lo establecido en el artículo 1 constitucional, que establece el derecho a la no discriminación, y que es vulnerado por lo establecido en los Códigos Civil y de Familia de Yucatán en materia de la unión jurídica de una pareja.

Después, el 8 de septiembre de 2016 -en la Legislatura anterior- el diputado perredista David Barrera Zavala presentó la segunda iniciativa que ha recibido el Congreso local, para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad.

Sin embargo, la propuesta tampoco prosperó, jamás fue discutida y a decir de la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la priista Celia Rivas Rodríguez -quien ahora es directora del Registro Civil del estado- no habría habido consenso entre las bancadas para que la iniciativa avanzara siquiera en comisiones.

Por otra parte, en noviembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva en favor de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual en el Continente Americano, incluido el respectivo al matrimonio civil.

La CIDH es la máxima autoridad encargada de interpretar lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual México es país firmante, por tanto, sus resoluciones, como el caso la mencionada, deben marcar los pasos a seguir en los países firmantes y sus entidades, como Yucatán en este caso.

La tercera iniciativa y el Frente Nacional por la Familia

El tercer y actual intento de legislar esa materia se presentó ante el Congreso de Yucatán en agosto de 2018. La iniciativa fue enviada por el gobierno encabezado por Rolando Zapata Bello, que concluyó el 30 de septiembre de ese mismo año.

Esa es la iniciativa que comenzó a revisarse el día 2 de abril pasado, luego de que el Congreso omitiera y evadiera las dos anteriores, sin menoscabo del contexto jurídico que se generó durante ese periodo.

Mientras la legislatura lleva a cabo ese proceso, el Frente Nacional por la Familia realiza una campaña, iniciada el 22 de febrero pasado, en la cual bajo el mensaje “¡No desnaturalicen la familia: respeten la Constitución de Yucatán!” demanda a diputadas y diputados dejar los artículos 94 del Código Civil y 49 y 201 del Código de Familia como están, para que en Yucatán el matrimonio civil siga restringido solamente a parejas heterosexuales.

¡Gracias por leer! Ayúdanos a seguir con nuestro trabajo. ¿Cómo? Ahora puedes suscribirte a Animal Político en Facebook. Con tu donativo mensual recibirás contenido especial. Entérate cómo suscribirte aquí. Consulta nuestra lista de preguntas frecuentes aquí.