Mi familia creó al hombre más peligroso del mundo: sobrina de Trump
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Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo: las memorias de la sobrina de Donald Trump

Mary Trump promete revelar en su libro de memorias, que verá la luz a finales de julio, detalles poco halagadores sobre el mandatario estadounidense. Te contamos quién es ella y desde cuando está enemistada con su tío.
17 de junio, 2020
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La sobrina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto publicar unas memorias poco halagadoras sobre su tío. ¿Pero quién es Mary Trump y por qué ha decidido hacerlo ahora?

El lunes, la editorial Simon & Schuster anunció que, el 28 de julio, publicará Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (“Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”), escrito por ella.

El libro llegará a las estanterías apenas unas semanas antes de que comience la Convención Nacional Republicana, en la que su tío aceptará la nominación del partido para competir por ser reelegido en las elecciones de noviembre.

Las memorias revelan, supuestamente, cómo ella le entregó a The New York Times documentos confidenciales que el diario estadounidense usó en una investigación sobre las finanzas personales del presidente.

Según la exclusiva, que fue galardonada con un premio Pulitzer, el presidente estuvo involucrado en esquemas impositivos “fraudulentos” y recibió más de US$400 millones (en dinero de hoy) del imperio inmobiliario de su padre.

Testigo de primera mano

Amazon promociona el libro diciendo que la autora cuenta en él cómo su tío “se convirtió en el hombre que amenaza ahora la salud, la economía, la seguridad y el entramado social del mundo”.

“Ella explicará cómo algunos eventos específicos y los patrones familiares crearon al hombre que actualmente ocupa la Oficina Oval, incluyendo la extraña y dañina relación entre Fred Trump y sus dos hijos mayores, Fred Jr. y Donald”.

El texto dice que la autora utiliza su conocimiento como “testigo de primera mano en numerosas celebraciones e interacciones familiares”.

Y añade que, cuando las memorias salgan a la luz, acusarán al presidente de haber “desestimado y haberse burlado” de su padre desde que empezó a sufrir Alzheimer.

Padre alcohólico

Mary Trump, de 55 años, es la hija de Fred Trump Jr., el hermano mayor del presidente, quien murió en 1981 a los 42 años.

Fred sufrió de alcoholismo durante gran parte de su vida y su muerte prematura fue causada por un ataque cardíaco vinculado a su relación con la bebida.

El presidente Trump citó los problemas personales de su hermano durante la campaña de su gobierno para lidiar con la adicción a los opioides.

En una entrevista ofrecida el año pasado a The Washington Post, Trump dijo que lamentaba haber presionado a su hermano para que se sumara al negocio inmobiliario de su padre cuando él en realidad perseguía su sueño de convertirse en piloto.

Viejas disputas

Desde que Donald Trump se volvió presidente, Mary Trump ha evitado la atención del público, aunque en el pasado fue crítica con su tío.

Donald Trump y su padre Fred Trump

Getty Images
Donald Trump y su padre, Fred Trump, en 1988 en el Plaza Hotel de Nueva York.

El rencor entre ellos se remonta al menos 20 años atrás, cuando ella y su hermano presentaron una demanda contra su tío y los hermanos de éste.

En 2000, Mary Trump y Fred Trump III presentaron una demanda en la que disputaban la parte que les correspondió del patrimonio del padre de Donald Trump, Fred Trump Sr.

Según ellos, el testamento de 1991 fue hecho en base a “fraude e influencia indebida” por parte de Donald Trump y sus hermanos, en momentos en que el patriarca de la familia sufría de demencia, según el diario New York Daily News.

Mary Trump le dijo al tabloide que su tía y tíos “deberían estar avergonzados con ellos mismos” por la batalla legal.

“Dada la familia que es, sería completamente ingenuo decir que la cuestión no tiene nada que ver con el dinero”, le dijo al periódico.

Mary Trump y su hermano presentaron otra demanda después de que su seguro médico provisto por la compañía de Trump fuera cancelado, supuestamente como represalia por la primera acción legal.

El caso se cerró con un acuerdo y los detalles nunca fueron revelados, según reportes.

‘Coach’ personal

Según la revista People, los registros públicos muestran que Mary Lea Trump nació en mayo de 1965 y vive en Long Island, Nueva York.

La revista Forbes informa que se graduó en literatura inglesa en la Universidad Tufts, en Massachusetts, y obtuvo su maestría en la misma materia en la Universidad Columbia, en Nueva York.

Donald Trump junto a su hermana y su madre.

Getty Images
Las memorias sacarán a relucir detalles poco conocidos y nada agradables de la familia Trump.

También hizo un doctorado en psicología clínica en la Universidad Adelphi, en Nueva York.

De acuerdo a un perfil en LinkedIn que ahora ha sido borrado, Mary Trump es coach personal certificada.

En 2012, fundó aparentemente la compañía Trump Coaching Group, con sede en Nueva York.

Su página web dice: “¿Estás deprimido y te sientes sin ánimo? ¿Estás buscando el verdadero significado de tu vida? Si la respuesta es sí, nuestros coach personales pueden sacarte de estas situaciones”.

Según tuits atribuidos a ella misma, Mary Trump se sintió desanimada el día de la elección de su tío en 2016.

Un cuenta con su nombre tiene una publicación que dice: “Esta es una de las peores noches de mi vida”.

En otro tuit llamaba a la derrotada rival del presidente, Hillary Clinton, “un extraordinario ser humano y funcionaria pública”.

La biografía de su cuenta de Twitter contiene el hashtag Black LIves Matter y una bandera del orgullo gay.


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Cuartoscuro

Corte resolverá si reconoce a Chihuahua como víctima de desfalco de 250 mdp

El Consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua explicó que si la sentencia es favorable, la Fiscalía estatal podría retomar y reactivar la investigación por peculado en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, y otros funcionarios federales.
Cuartoscuro
17 de agosto, 2021
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este 18 de agosto un amparo que decidirá en definitiva si el Estado de Chihuahua tiene calidad de víctima por el desvío de 250 millones de pesos en 2016 que habrían sido usados para financiar campañas del PRI, caso conocido como “Operación Zafiro” y en el que presuntamente participaron de manera concertada funcionarios del gobierno de César Duarte y de la Secretaría de Hacienda federal.

La Primera Sala de la Corte enlistó la discusión del juicio de amparo 921/2019 para la sesión pública de este miércoles. El ponente del proyecto –que aún no está disponible para su consulta— es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Jorge Espinosa Cortés, Consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua, explicó que si la sentencia de la SCJN es favorable, la Fiscalía General del Estado (FGE) podría retomar y reactivar la investigación por peculado en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, y otros funcionarios federales de la administración de Enrique Peña Nieto.

Gutiérrez, excolaborador de Manlio Fabio Beltrones, quien era dirigente nacional del tricolor en el año de los desvíos, fue exonerado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), entonces dirigida por Alberto Elías Beltrán, en lo que el gobierno de Chihuahua ha calificado como una operación de encubrimiento orquestada desde la administración de Peña Nieto y en complicidad con jueces federales.

“Si el estado de Chihuahua recupera la calidad de víctima, no tendría por qué surtir efectos el sobreseimiento (a favor del exsecretario del PRI), porque la víctima nunca dio ese consentimiento, es decir, el estado de Chihuahua nunca consintió que la hoy FGR le solicitara al juez de control federal el sobreseimiento, por lo cual, al no haberse considerado el consentimiento del estado de Chihuahua, y de recuperarse el caso, se tendría que continuar el proceso en contra de esta persona”, explicó Espinosa Cortés en entrevista.

“El gobierno federal de Peña Nieto hizo hasta la imposible por quitarle el caso a Chihuahua y llevárselo a la Federación, y allá de alguna manera pretendieron exonerar a Alejandro Gutiérrez, y obviamente hicieron una operación importante con el Poder Judicial de la Federación (PJF) para lograr esos fines”.

El Consejero Jurídico expuso que, desde febrero de 2018, jueces federales de un Tribunal Colegiado resolvieron que la investigación por la “Operación Zafiro” no era de competencia estatal, lo que provocó que la Federación, a través de la PGR, atrajera el caso, que finalmente fue sobreseído, luego de que agentes del Ministerio Público Federal retiraron los cargos contra Gutiérrez.

Para sellar la maniobra, abundó el funcionario chihuahuense, el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, determinó el 4 de mayo de 2018 que el estado de Chihuahua no tenía el carácter de víctima en la causa penal de la “Operación Zafiro”, al considerar que los recursos públicos que habrían sido desviados eran de carácter federal, no estatal.

“Es de mucha importancia lo que la Corte va a resolver el miércoles, porque, si reconoce que esos recursos son estatales, entonces se tendría que reponer todo el procedimiento penal para el que estaba en ese momento procesado (Alejandro Gutiérrez) y se pudiera continuar con investigaciones importantes que quedaron pendientes por haberse arrebatado ese asunto y llevado a la Federación”, indicó Espinosa Cortés.

“Están todos los elementos y las pruebas que acreditan que el recurso es estatal y no federal, incluso las mismas autoridades federales, empezando por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), siempre han establecido que ese recurso no es federal y que al erario federal no se le ha causado ningún daño”.

El Consejero Jurídico Espinosa Cortés refirió que el gobierno de Chihuahua presentó denuncias penales y administrativas en contra del extitular de la PGR Elías Beltrán, al que se acusa de obstrucción de la justicia por haber propiciado el sobreseimiento del caso por peculado en contra de Alejandro Gutiérrez.

También se promovieron quejas administrativas ante el CJF en contra de dos juzgadores federales: el juez Moreno García  —quien determinó inicialmente que el estado no puede ser reconocido como víctima del desfalco y que autorizó que el exsecretario del PRI fuese trasladado fuera de Chihuahua para ponerlo a salvo— y el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, quien dictó el sobreseimiento de la causa penal contra Gutiérrez.

Irían tras cómplices de Isaac Gamboa

Al margen de que la determinación de la Corte pueda permitir o no la reactivación de la causa penal contra Alejandro Gutiérrez, dos exfuncionarios del gobierno de César Duarte ya se encuentran sujetos a proceso por su presunta participación en el desvío de 250 millones de pesos que fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda federal –entonces encabezada por Luis Videgaray— a la Secretaría de Educación y Cultura de Chihuahua.

Se trata de Gerardo Villlegas, que era director de Administración de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, y Antonio Tarín, quien fungía como presidente del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado. En 2017, siendo diputado federal, este último se atrincheró en San Lázaro para evitar ser aprehendido.

“El proceso penal federal por este delito ha continuado, no se ha detenido en relación con otros dos procesados, ese asunto está en el Reclusorio Norte y continúa su curso normal del proceso. ¿Qué es lo que pasaría (en caso de que la Corte se pronuncie en contra)? Que haría firme de alguna manera el sobreseimiento que pidió la anterior PGR a favor del señor Alejandro Gutiérrez y (se estancaría) el caso en esa parte nada más, pero sí continúa el caso contra otros dos de los imputados, de apellidos Tarín y Villegas, y, hasta donde tenemos conocimiento, también en contra de los representantes legales de esas empresas que se prestaron para el desvío del recurso público”, explicó el Consejero Jurídico de Chihuahua.

Espinosa Cortés señaló que, si la sentencia de la Corte es favorable para el estado, no solo podrían emprenderse acciones legales contra el exsecretario del PRI, sino también de otros funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda.

Particularmente, dijo que retomar la investigación permitiría indagar a personajes que hubieran colaborado con Alfonso Isaac Gamboa Lozano, extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de Hacienda y quien fue involucrado por testigos de la Fiscalía de Chihuahua como una pieza clave en el desarrollo de la “Operación Zafiro”.

Desde el área que dirigía en Hacienda, Gamboa Lozano tenía el poder de repartir a los estados, mediante convenios de coordinación, recursos millonarios del opaco Ramo 23, especialmente del Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin), precisamente de donde se desviaron los recursos de Chihuahua.

“(Se revisaría) toda aquella información o documentos que en el entorno de esta persona pudiera ayudar a una investigación, y ver en esas investigaciones otro tipo de personajes que hubieran participado en este desvío de recurso público”, explicó Espinosa Cortés.

Animal Político dio a conocer que, tras el asesinato de Gamboa Lozano en mayo de 2020, las autoridades federales descubrieron que estaba vinculado a una red de lavado de dinero internacional a la que fueron inyectados recursos públicos en el sexenio de Peña Nieto y en lo que va de la actual administración obradorista.

Funcionarios del gobierno de Chihuahua relacionados con la investigación del caso Zafiro han expresado que la muerte de Gamboa resultó conveniente para la cúpula del poder peñista, pues el exjefe de Hacienda y colaborador de Videgaray estaba muy familiarizado con presuntos esquemas de desvío de recursos.

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