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Turismo de maternidad: Trump restringe los viajes de mujeres embarazadas que planeen dar a luz en EU

Las regulaciones, que entrarán en vigor este viernes, llevarán a que los consulados rechacen las solicitudes de visa de individuos cuyo "propósito principal" es dar a luz en Estados Unidos.
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23 de enero, 2020
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El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una serie de medidas para restringir la llegada de mujeres embarazadas con visa de turista al país, en un esfuerzo por controlar el llamado “turismo de maternidad”.

Dado que en EE.UU. la ciudadanía se obtiene por naturalización o nacimiento, muchas mujeres deciden viajar a ese país durante su embarazo para dar a luz allí, según afirman las autoridades.

El Departamento de Estado reveló que las regulaciones, que entrarán en vigor este viernes, llevarán a que los consulados rechacen las solicitudes de visa de individuos cuyo “propósito principal” es dar a luz en ese país para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense.

“La norma aborda las preocupaciones sobre los riesgos que conlleva esta actividad para la seguridad nacional y para la aplicación de la ley, incluida la actividad criminal asociada con la industria del turismo de maternidad, como se refleja en los enjuiciamientos federales de personas y entidades involucradas en esa industria”, indicó el comunicado.

El texto no deja claro en qué forma los oficiales consulares o de inmigración determinarán si las personas que buscan viajar a Estados Unidos están embarazadas o tienen el propósito de dar a luz allí.

Un tema polémico

Hace días una aerolínea asiática tuvo que disculparse luego de exigir a una mujer que tomara una prueba de embarazo para permitirle embarcar a Saipan, en las Islas Marianas, uno de los territorios estadounidenses de ultramar que se ha convertido en un destino de turismo de maternidad.

No hay cifras oficiales sobre el número de personas que viajan a EE.UU. a dar a luz, aunque el Departamento de Estado citó informes de embajadas y consulados que, según consideró, prueban que es una “tendencia en aumento”.

El Centro de Estudios de Inmigración, un grupo conservador que aboga por leyes de inmigración más estrictas, estimó el año pasado que más de 33.000 mujeres entraron al país de forma temporal para dar a luz entre la segunda mitad de 2016 y la primera mitad de 2017.

Desde sus inicios, el gobierno de Trump ha tratado de limitar la inmigración a Estados Unidos y el propio mandatario ha sido particularmente crítico con la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas” en ese país.


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Cuartoscuro

Sin estrategia y con aumento de violencia contra mujeres: ONG critica a acciones de gobierno en pandemia

La organización recordó que de enero a junio de 2020 se registraron 489 feminicidios, un aumento de 9.2% respecto a 2019, y que los albergues atendieron a más de 15 mil mujeres, niñas y niños.
Cuartoscuro
27 de agosto, 2020
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La Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de violencia publicó el informe alternativo que presentará ante la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) donde, entre otros puntos, critica que la reacción del gobierno mexicano para proteger a quienes estuvieron expuestas a agresiones por el confinamiento ante la pandemia de COVID-19 fue prácticamente nula.

La organización recordó en el documento, titulado “De los discursos a los hechos”, que de enero a junio de 2020 se registraron 489 feminicidios, un aumento de 9.2% respecto a 2019, y que los albergues atendieron a más de 15 mil mujeres, niñas y niños.

Leer más: México registra nuevo máximo histórico de denuncias por violencia de género en julio

“A pesar de ello, ninguna de las instancias responsables de garantizar los derechos de las mujeres ha propuesto un programa o plan de acción concreto para proteger a las mujeres antes, durante y después del COVID-19”, afirmó el documento.

“Las primeras acciones realizadas por el gobierno de México fueron en el mes de abril con la Campaña del INMUJERES ‘Igualdad desde casa’ promoviendo la comunicación de mensajes sobre la repartición del trabajo doméstico, romper estereotipos y respetar los derechos de las trabajadoras; el INPI se ha encargado de la difusión de información del COVID-19 en lenguas indígenas; y se puso a disposición la línea 911 de auxilio para que las mujeres reporten casos de violencias. Sin dejar de mencionar la vergonzosa Campaña Cuenta hasta 10, que no solo carece de perspectiva de género ni derechos humanos, perpetúa las violencias contra las mujeres”.

La Red señaló que no solo ante la pandemia no hay una reacción clara, sino en general el gobierno no ha demostrado tener una estrategia, ya que a casi dos años de gobierno, no se ha publicado el Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2019-2024, que debería ser el principal instrumento de política pública en la materia.

En cambio, se presentó en marzo de 2019 un “Plan Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las mujeres”, que en realidad solo enumeró medidas generales sin objetivos, estrategias y líneas de acción.

Programas prioritarios, pero no para las mujeres

Respecto al dinero asignado a la atención a violencia de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, el informe alternativo lamentó que se logró un primer reparto del dinero para los refugios, pero no se garantizó para otro mecanismo similar, la Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, que solo recibieron la mitad del dinero.

Desde el diseño del PEF, explicó, se anunció un aumento de 53% en el Anexo 13, que conjunta las acciones de igualdad entre mujeres y hombres y erradicación de las violencias, pero se incluyeron programas que no necesariamente son para garantizar los derechos de las mujeres ni tienen reglas.

Entérate: ¿Familia fraterna? Crecen casos de violencia familiar, sexual y de género durante epidemia

Por ejemplo, se incluye la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que concentra el 38% del dinero incluido en el Anexo 13, contra el 2% que implican las acciones de las Alertas de Violencia de Género y Centros de Justicia para las Mujeres.

“Si bien por cada 100 mujeres mayores de 65 años hay 81 hombres, esto no quiere decir que se tomen en cuenta las situaciones de desigualdad y discriminaciones que están viviendo, por ejemplo, ¿cuántas mujeres son cuidadoras?, ¿cuánto dinero se va a la compra de medicinas? Si los programas de transferencias directas carecen de perspectiva de género desde su diseño y además hay un deficiente acceso a los servicios públicos es muy probable que los beneficios de estos programas sean limitados para reducir las brechas de desigualdad”, subrayó.

Otro programa que concentra buena cantidad de recursos del Anexo 13, el 8%, es el de Sembrando Vida. Aunque al analizar los padrones, solo 3 de cada 10 beneficiarios son mujeres, lo cual muestra que no se ha cambiado la tendencia de que en el medio rural solo 32% son propietarias de tierras.

Este tipo de programas se salvaron de las medias de austeridad tomadas este año por ser considerados esenciales y de derechos humanos.

Pero según analizó el informe, hay otros ocho que no fueron protegidos aunque formen parte del Anexo 13, entre ellos, el de Atención a Víctimas, que tiene 6% del presupuesto del Anexo; el de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, con 2.3% de los recursos; y los subsidios para Refugios y Centros de Atención Externa para Víctimas de Violencias, que se llevan apenas el 0.3% de presupuesto.

La Red lamentó que sí hayan sido considerados prioritarios y, por lo tanto, no hayan sufrido recortes, otros gastos como el desarrollo de los megaproyectos de la Refinería de Dos Bocas, la construcción del Tren Maya y del Aeropuerto de Santa Lucía, para los que incluso se están solicitando aumentos de presupuesto alrededor del 1000% para el próximo año.

El informe completo de la Red de Refugios se puede consultar aquí.

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