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Universidad de Farmington, la falsa escuela que crearon en EU para atraer migrantes y luego deportarlos

Según ICE, la academia era "utilizada por ciudadanos extranjeros" como parte de un esquema en el que pagarían miles de dólares a una escuela solo para que le ofrecieran papeles que les permitieran continuar viviendo y trabajando en Estados Unidos con una visa de estudiante.
30 de noviembre, 2019
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La Universidad de Farmington se presentaba como una nueva y rigurosa, selecta pero global.

Tenía presencia activa en redes sociales y, según afirmaba en su página web, su objetivo era “proporcionar a los estudiantes de todo el mundo una experiencia educativa única”.

Contaba con un escudo y hasta lema “Scientia et Labor” (ciencia y trabajo). También ofrecía programas académicos actualizados con todas las certificaciones legales pertinentes.

El Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Míchigan y la Comisión de Acreditación de Escuelas y Colegios Profesionales le habían dado sus autorizaciones. Y el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio la había avalado para admitir estudiantes extranjeros.

La tarifa anual rondaba los US$12.000, significativamente menor que muchas otras instituciones académicas de Estados Unidos, pero nada que hiciera levantar muchas sospechas.

Bueno, aparte de que no tenía aulas, nunca contrató a un profesor y jamás se impartió una clase en ella.

En realidad, estaba a cargo de agentes encubiertos del gobierno en una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para atrapar y deportar a extranjeros que ya habían entrado al país con visas de estudiante.

En enero pasado, cuando se descubrió el esquema, ocho personas que presuntamente trabajaron como “reclutadores” para la escuela y ayudaron a al menos 600 estudiantes fueron acusados de conspiración para delinquir.

En los últimos meses, según confirmó el ICE al Detroit Free Press (DFP), primer medio en reportar sobre el caso, más de 250 estudiantes de la universidad, en su mayoría indios, fueron regresados a sus países de origen y otros enfrentan órdenes de deportación o procesos antes jueces de inmigración.

¿Cómo funcionó la operación?

Según ICE, la academia era “utilizada por ciudadanos extranjeros” como parte de un esquema en el que pagarían miles de dólares a una escuela solo para que le ofrecieran papeles que les permitieran continuar viviendo y trabajando en Estados Unidos con una visa de estudiante.

Los documentos presentados ante la corte indican que muchos de los estudiantes se habían inscrito a través de un programa conocido como Capacitación Práctica Curricular (CPT), que les permitía trabajar en Estados Unidos.

Potenciales estudiantes hacen una gira de la Universidad de Georgetown, en Washington DC

EPA
Miles de estudiantes extranjeros llegan cada año a las universidades de Estados Unidos.

Al contar con todas las licitaciones requeridas por la ley, los estudiantes que matriculaban en ella podían seguir viviendo legalmente en Estados Unidos.

“Todos somos conscientes de que los estudiantes internacionales pueden ser un activo valioso para nuestro país, pero como lo demuestra este caso, el bien intencionado programa de visa de estudiante internacional también puede ser explotado y abusado”, señaló en un comunicado de prensa Matthew Schneider, fiscal federal para el Distrito Este de Michigan.

De acuerdo con el DPF, algunos llegaron allí de otras escuelas que habían perdido la acreditación, por lo que habían perdido el estatus que les permitiría permanecer en el país.

Sin embargo, de acuerdo con el medio digital Vox, algunos estudiantes aseguran que no sabían que estaban violando los términos de sus visas y afirman que intentaron confirmar que la universidad era legítima y encontraron que tenía todas las acreditaciones oficiales pertinentes.

universidad

Getty Images
Los acusados entraron a EE.UU. con visa de estudiantes y apoyo de universidades acreditadas ante el gobierno.

Ravi Mannam, un abogado de inmigración, le aseguró al diario The New York Times que si bien algunos estudiantes sabían que la universidad solo servía para mantener el estatus migratorio, otros creían que se estaban inscribiendo en un programa académico legítimo al que podrían acceder a un precio más asequible.

“El gobierno utilizó métodos muy cuestionables y problemáticos para lograr que estos estudiantes extranjeros se unieran a la institución”, comentó.

Las autoridades, por su parte, aseguran que los estudiantes sabían que la escuela era un fraude y que optaron por inscribirse de todos modos para permanecer legalmente en el país.

¿Qué pasó con el dinero que pagaban los estudiantes?

Uno de los temas que más controversia ha generado -además del hecho de que los acusados o deportados llegaron con visas de estudiantes legítimas a EE.UU.- es qué pasó con los cientos de miles de dólares que recaudó cada año la universidad regentada por el ICE.

Y es que el esquema, según los medios estadounidenses, hizo que el gobierno se hiciera con miles de dólares que debían pagar los estudiantes en concepto de matrículas y aranceles para mantener su estatus.

Algunas versiones indican que los costos por un programa de posgrado ascendían a US$2.500 por trimestre y las tasas promedio en pregrado era de US$1.000 por mes.

universidad

Getty Images
El precio para matricular en universidades de EE.UU. suele ser muy alto.

Los abogados defensores de algunos de los acusados aseguran que el ICE se aprovechó de “personas vulnerables que solo querían mantener el estatus” en EE.UU., además que tomó miles de dólares que se desconoce para qué fueron empleados.

Según el DFP, ninguno de los acusados u organización civil ha presentado un reclamo o demanda contra el gobierno de EE.UU. por cobrar a los estudiantes bajo engaño o por crear una “trampa” de este tipo.

¿Cuáles han sido las reacciones?

La controvertida estrategia de ICE ha generado rechazo en algunos sectores de Estados Unidos y conllevó incluso a que una de las candidata demócrata a las primarias para las elecciones de 2020, la senadora Elizabeth Warren, condenara lo sucedido.

“Esto es cruel y atroz. Estos estudiantes simplemente soñaron con obtener la educación superior de alta calidad que Estados Unidos puede ofrecer. ICE los engañó y los atrapó, solo para deportarlos”, escribió en Twitter.

https://twitter.com/ewarren/status/1199770479189319681

La también congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, por su parte, cuestionó que los fondos federales se utilicen para encarcelar y deportar estudiantes en lugar de que se creen mecanismos para investigar “contratos corruptos o encarcelamiento masivos”.

El gobierno de India, cuya nacionalidad tienen gran número de los apresados según los reportes, emitió un comunicado en el que solicita la liberación inmediata de los estudiantes y rechazó cualquier deportación no voluntaria.

Su embajada en Estados Unidos abrió incluso un número teléfono para que los estudiantes implicados puedan solicitar asistencia consular.

El ICE, por su parte, justificó su accionar al considerar que la Universidad de Farmington sirvió a los agentes como una “evidencia de fraude de primera mano”.

“Las escuelas encubiertas proporcionan una perspectiva única para comprender las formas en que los estudiantes y reclutadores intentan explotar el sistema de visas de estudiantes”, indicó la agencia federal.

¿Es primera vez que esto ocurre?

Hace unos años, las autoridades migratorias de Estados Unidos practicaron otra operación similar en la también falsa Universidad del Norte de Nueva Jersey.

Cuando decidieron acabar con el programa en 2016, más de 1.000 estudiantes de la escuela recibieron la orden de comparecer ante los tribunales de inmigración, con penas que iban desde una posible deportación hasta la prohibición de entrada de por vida a Estados Unidos.

Al igual que ahora, las autoridades afirmaron que los estudiantes eran “plenamente conscientes” de que se estaban inscribiendo en una escuela falsa, pero algunos alegaron que habían sido engañados por falsos reclutadores y el gobierno.

Algunos estudiantes entonces fueron arrestados incluso después de que se cambiaron de escuela tras darse cuenta de que Universidad del Norte de Nueva Jersey era falsa.


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FOTOS: Montserrat Sánchez Maldonado

Dignidad, no estigmas ni criminalización: trabajadoras sexuales rechazan reforma de diputada y exigen reconocer su actividad

Mujeres que ejercen el trabajo sexual en la Ciudad de México cierran filas. ¿El motivo? Su rechazo a la iniciativa que la diputada María Clemente García presentó en la Cámara, pues argumentan que las criminaliza y que fue elaborada sin consultar a quienes realizan esta actividad.
FOTOS: Montserrat Sánchez Maldonado
25 de octubre, 2022
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Por más de dos semanas, los y las trabajadores sexuales han esperado a que suceda lo que piensan casi imposible. 

Desde el pasado 6 de octubre, colectivas, trabajadoras y activistas aguardan una disculpa pública de la diputada María Clemente García, de Morena, quien presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Trabajo en la cual —consideran— se criminaliza y estigmatiza a quienes ejercen el trabajo sexual

Victoria, Diana y Yaz, trabajadoras sexuales de la Ciudad de México, dicen a Animal Político por qué están convencidas de que la iniciativa representaría un retroceso en su lucha por el trabajo sexual digno y reconocido en la capital del país. 

Las trabajadoras que no fueron escuchadas

Sentada en la paletería La Michoacana cercana al Metro Revolución, una zona que es punto de trabajo sexual y donde se puede encontrar hasta a 50 trabajadoras en una sola esquina, Victoria Sámano expone su caso. 

A sus 28 años, Sámano —mujer transgénero— decidió ejercer el trabajo sexual por la necesidad de tener un ingreso extra no solo para ella, sino para las compañeras con quienes vive en su departamento de dos recámaras, que desde 2021 funciona como albergue para personas en situación de calle. 

De acuerdo con la Segunda Encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (Copred), nueve de cada 10 personas señalan ejercer el trabajo sexual por motivos económicos.

Con sus uñas largas de color morado, Victoria deja caer sus manos en la mesa para recalcar lo que ha dicho en sus redes sociales en los últimos días: no se puede hacer una reforma sobre trabajo sexual sin quienes lo ejercen. 

“La diputada habla de regular el trabajo sexual y yo creo que es el verbo equivocado. Lo que se debe hacer primero es reconocerlo para así combatir los estigmas que existen alrededor de esta profesión”, dice. 

El Copred señala que nueve de cada 10 personas trabajadoras sexuales consideran necesario el reconocimiento del trabajo sexual. Piensan que así podría haber menor discriminación, contarían con acceso a servicios de salud y no serían violentadas por la policía.

De acuerdo con la activista y trabajadora sexual, en la llamada “ciudad de derechos”, la sociedad rechaza a quienes ejercen el trabajo sexual; se les tacha de “huevonas” porque “les gusta el dinero fácil”. 

“El trabajo sexual nunca es fácil. Siempre estamos al tiro, atentas de lo que puede pasar; muchas veces, sobre todo para nosotras las mujeres trans, el trabajo sexual es nuestra única opción. Lo que decía la diputada María Clemente de regularlo es porque dice que tenemos obligaciones con el Estado, y quizá sí las tenemos como el resto de la sociedad, pero el Estado primero tiene obligaciones con nosotras. Somos mujeres que ni siquiera tenemos acceso a derechos como el seguro social o el acceso a la vivienda. Desde ahí se debería partir antes de hablar de regular el trabajo sexual”, dice Victoria, que ejerce el oficio desde hace tres meses. 

La iniciativa de ley propone para el artículo 353: “El trabajo sexual deberá ejercerse en condiciones de salubridad suficientes que garanticen evitar contraer enfermedades o infecciones derivadas del trabajo sexual. Tanto las personas trabajadoras sexuales están obligadas mutuamente a evitar riesgos de contagio de enfermedades o infecciones durante la realización del trabajo sexual. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a responsabilidades civiles o penales en que cualquiera de las partes pueda incurrir”. 

Victoria recuerda que casi gritó cuando leyó esto. Primero, la joven pensó que la diputada desconocía la realidad que viven las personas trans y trabajadoras sexuales en la CDMX. 

Por ello, en un comunicado firmado por diversas organizaciones, se señaló: “Resulta discriminatorio obligar a les trabajadores sexuales a revelar su estado serológico y comprobar un estatus negativo para poder laborar. La criminalización no es la solución”. 

Lee: Colectivos rechazan reforma de trabajo sexual de la diputada María Clemente, piden no criminalizar a personas con VIH

Además, activistas y defensores de los derechos humanos de las personas con VIH y sida en México resaltaron: “Vivimos en un país en el que actualmente la atención a Infecciones de Transmisión Sexual es deficiente y las prestaciones en materia de salud pública a personas que ejercen el trabajo sexual son inexistentes por lo que es delicado hablar de ‘riesgos de contagio’ ya que podría dar pie a la persecución de personas que viven con alguna ITS”. 

“Al presentar una iniciativa de ese tipo, estás criminalizando a personas que viven con VIH, es como decir que si tienes el virus no puedes ejercer y no es cierto. Tenerlo no significa que vas a transmitirlo. Y esa propuesta es como abrir la puerta a que los clientes o las autoridades te extorsionen. Leer ese documento fue ver que el principal problema es que se propuso una reforma sin escuchar al sector de quien estás hablando”, remata Victoria. 

Animal Político contactó a la diputada para solicitarle una entrevista, pero hasta el cierre de edición no obtuvo respuesta.

“Nunca más sin nosotrans”

Hace un año, Diana —se usa un pseudónimo por razones de seguridad— entró al trabajo sexual. Necesitaba tener ingresos para los gastos de su carrera, ya que, al no tener actualizados sus documentos con su identidad, no podía ser beneficiaria de una beca. 

Desde entonces, ya tiene su rutina. En un hotel, se ha acostumbrado a entrar a la habitación y recorrerla por seguridad, para ver que no haya nadie más. Después, manda su ubicación y empieza a trabajar. 

Sin embargo, la sorpresa la invadió el 6 de octubre cuando vio en redes sociales la iniciativa de la diputada María Clemente García. “Esperaba eso del Partido Acción Nacional, ¿sabes? Pero que lo haga una mujer trans sí da más coraje porque ¿cómo es posible que alguien que, en teoría, debe estar atenta a su comunidad y sus vivencias diga esas tonterías?”, dice. 

Para Diana, no hay duda. Esa iniciativa se hizo sin ellas: las trabajadoras de calle, las que se anuncian en línea, las mujeres de la tercera edad que aún ejercen, las madres solteras que así mantienen a sus hijos. 

“La diputada tiene los recursos, podía buscar a quien hiciera activismo, a quien se dedicara al trabajo sexual, le hubiéramos dicho que contaba con nosotras, pero pasó de largo y da coraje, porque son iniciativas que van en colectivo. Solamente era acercarse con la población que dices representar, ir con el apoyo de tu base, pero no lo hizo y da más coraje. Y es por eso que volvemos a decir que nunca más sin nosotras, nunca más sin nosotrans en estas propuestas”, comenta la joven sentada en un café cerca del Monumento a la Revolución. 

De acuerdo con la encuesta del Copred, Diana tiene razones para su molestia pues las mujeres trans trabajadoras sexuales perciben mayor discriminación y/o violencia que las mujeres cis. 

Convencida de que hablar de trabajo sexual es un territorio que se debe ocupar por quienes lo ejercen, Diana dice que son las redes de mujeres trabajadoras sexuales las que la han acompañado en la lucha, sostenido desde la ternura y acompañado desde el cuidado. 

“Yo no conozco a una mujer trans o binaria que no haya considerado el trabajo sexual o lo han ejercido en algún punto de su vida. Es como saber que hay una red de cuidado para ti. Por lo menos tenemos a una conocida que hace trabajo sexual. Por si nos corren de la casa al salir del clóset, necesito dinero, un trabajo que no pida papeles, es esa opción y estamos nosotras para guiarnos sin reprocharnos. Para transformar el cansancio en cuidado. Porque ante los huecos, los vacíos, los desprecios de las autoridades, nos tenemos a nosotras”, señala. 

Las demandas de las trabajadoras 

Desde 2018, Yaz ejerce el trabajo sexual. Los fines de semana y los ratos que llega a tener libres mientras su pequeño de seis años está en la primaria, se dedica a trabajar. 

Para Yaz, integrante de la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales (AMETS), leer la iniciativa fue como un escalofrío en el cuerpo, un sentimiento de espanto

El apartado de salubridad es engañoso. La realidad es que eso puede servir a niveles de propuesta de ley para que te pidan un carnet sanitario, que te exijan y demuestres que no tienes VIH o VPH. Es como decir que por vivir con alguna ITS se les va a pedir que dejen de tener sexo, y eso es ignoracia. Puedes tener sexo y no por ello pones a alguien en riesgo, al cliente”, explica. 

Desde su lucha y trabajo, Yaz pide a la diputada que, antes de intentar regular, voltee a ver a la comunidad, pregunte por sus necesidades, escuche exigencias y no ignore la lucha que se lleva desde hace años a favor del trabajo sexual. 

“Yo pediría por ejemplo que no solo se nos revise si tenemos VPH, VIH, se tiene que revisar todo el cuerpo. Ahorita que he estado trabajando en calle me di cuenta del frío en las piernas, que ha hecho que de repente den como reumas, eso le pasa a las trabajadoras sexuales. Somos agentes de derechos aunque se le olvide a muchos, no solo tendríamos que tener acceso a salud sexual sino a todo el espectro de salud”, enfatiza mientras toma su café en un restaurante en el Centro. 

En conferencia de prensa, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, AC, señaló que, respecto del trabajo sexual, se necesita en México “una ley que no discrimine a las personas que se dedican al trabajo sexual, cooperativas de vivienda, ya que la mayoría de las personas que se dedican al trabajo sexual no cuentan con vivienda propia, no someter a registrar en un padrón a las personas que se dedican al trabajo sexual así como atención integral en los servicios médicos y en todos sus niveles”. 

Además, apela a regular y unificar el costo de los servicios de los hoteles —con el objetivo de evitar elevados precios— y cear guarderías para madres solteras que sean trabajadoras sexuales, que cuenten con personal capacitado para no incurrir en actos de discriminación. 

Por su parte, Yaz, quien ha trabajado de la mano con el Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), recuerda que, cuando inició en el trabajo sexual, su pequeño tenía solo dos años y ella enfrentaba problemas para trabajar y buscar a quien pudiera cuidarlo. 

“Ahora tengo el apoyo de mi familia, que los fines de semana está con él, pero al inicio no era así, no tenía contacto con mi familia por el rechazo, las guarderías era un problema, lo corrieron de algunas por las miradas, llegas con la ropa de trabajo y sí hay una discriminación. Por eso se piden y exigen espacios dedicados a nosotras, por ejemplo, guarderías nocturnas. Hay tantas cosas que se pueden proponer en trabajo sexual y que no van de la mano con criminalizar ni estigmatizar. Solo hace falta que quieran verlo”, finaliza. 

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