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Violencia en México: qué es 'El Seguimiento', el misterioso “cartel de carteles” del país

El gobierno de EE.UU. la define como una "sofisticada organización" que hizo negocios con los principales carteles de drogas de México. Es "El Seguimiento 39", un grupo desconocido hasta ahora y que fue fundado por un veterano de guerra estadounidense.
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11 de febrero, 2020
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Es una organización peculiar que ha pasado desapercibida en la guerra contra las drogas en México que empezó en 2007.

Se llama “El Seguimiento 39” y según el Departamento de Justicia de Estados Unidos es una de las organizaciones más sofisticadas y peligrosas del país.

Algunos lo llaman “el cartel de carteles” porque durante varios años logró hacer negocios con grupos rivales entre sí, y cuyo enfrentamiento causó la muerte a más de 200.000 personas según datos oficiales.

Pero otros lo conocen más como una eficiente organización, que lo mismo trasladaba cocaína de Sudamérica que conseguía armas, brindaba seguridad a cargamentos de droga o establecía redes de lavado de dinero para distintos grupos.

Era un grupo desconocido en México. La primera información pública de su existencia apareció a mediados de enero pasado en el proceso que se sigue en Estados Unidos contra Iván Reyes Arzate, excomandante de la Policía Federal.

Algunos indicios aparecieron también en el proceso contra Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, sentenciado a cadena perpetua.

Reyes Arzate es acusado de proteger y filtrar información de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, a organizaciones como “El Seguimiento 39”.

Chapo Guzmán

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En el juicio contra “El Chapo” Guzmán surgieron indicios del misterioso cartel.

Especialistas como Alberto Islas, director de la consultora en seguridad Risk-Evaluation, dicen que los miembros de “Seguimiento 39” tienen un papel singular en medio de la violenta guerra de carteles.

“Son como facilitadores, una especie de brockers para varios carteles” explica a BBC Mundo. “Ofrecen servicios como lavado de dinero, compra de armas y municiones, transportan gente o falsifican documentos”.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, “El Seguimiento 39” fue creado por un veterano del cuerpo de Infantes de Marina de su país.

Se trata de Ángel Domínguez Ramírez, quien actualmente enfrenta en una cárcel mexicana un proceso de extradición.

BBC Mundo solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) información sobre el caso, pero no hubo respuesta.

Veterano de guerra

Ángel Domínguez Ramírez cuenta con la nacionalidad mexicana y estadounidense, lo que le permitió formar parte del Cuerpo de Infantes de Marina de ese país.

Fue herido en combate y por eso cojea al caminar, según la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos ante la Corte de San Diego.

Marines

Getty Images
El fundador de “Seguimiento 39” fue entrenado en Estados Unidos.

El exmarino regresó a México y se instaló en Nuevo Laredo, en la frontera de Tamaulipas con Texas.

Allí fue reclutado por el grupo de Los Zetas, que en ese entonces todavía formaba parte del Cartel del Golfo.

En esa organización se le conocía como Z-39. Las autoridades estadounidenses creen que es una de las razones por las que su cartel adoptó ese número como parte de su nombre.

De acuerdo con Alberto Islas, el capo colaboraba estrechamente con Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”, quien fue uno de los últimos líderes de la organización del Golfo, que para mediados de esa década enfrentaba una guerra interna con Los Zetas.

“El Coss” fue detenido en 2012. Domínguez Ramírez y su grupo se instalaron en Monterrey, Nuevo León, en el noreste de México.

Empresarios

En esa ciudad nació el cartel. “Empiezan a dar servicios a otras organizaciones, traen armas de Estados Unidos, consiguen transporte para el tráfico” de drogas, cuenta Alberto Islas.

También creó empresas de seguridad privada y otros negocios para lavar dinero.

Por el entrenamiento militar de Z-39 en Estados Unidos, el cartel también establece grupos especiales para custodiar cargamentos de droga.

Genaro García Luna

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Según el Departamento de Justicia de EE.UU., el grupo recibió ayuda de colaboradores de Genaro García Luna.

Una parte de los embarques eran de otros grupos, pero también contaba con los propios.

La Fiscalía General estadounidense define al grupo como “una sofisticada organización de tráfico con una amplia red de distribución de cocaína desde Colombia a Estados Unidos”.

El cartel compraba cocaína en países de Sudamérica y América Central. Los cargamentos eran enviados a México en botes de alta velocidad o en aeronaves, y de allí embarcados a Estados Unidos.

Desde territorio mexicano la droga “se movía por la red (del grupo) a través de los puertos de entrada en California o Texas, y de allí a distintas ciudades de Estados Unidos”, explica la Fiscalía.

En la corte de San Diego la Fiscalía estadounidense presentó una acusación contra Z-39.

Es el caso 16CR1996-WQH donde además del exmarino otras 40 personas son acusadas de conspiración para traficar marihuana, cocaína y lavar dinero.

Alianza impensable

Pero ésta es una parte de la historia. Según el Departamento de Justicia “El Seguimiento 39” estableció alianzas con grupos como el Cartel de Sinaloa, la organización de los hermanos Beltrán Leyva, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y el Cartel del Golfo.

Zetas

AFP
Los Zetas hicieron negocios con el misterioso cartel.

Se trata de grupos enemigos entre sí, e inclusive desde 2010 protagonizan una cruenta disputa por controlar las rutas y el mercado de narcotráfico.

Es, de hecho, uno de los elementos centrales en la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico.

Como resultado de esa alianza, señala el Departamento de Justicia, la organización movió grandes cantidades propias de marihuana y cocaína a Estados Unidos.

Al mismo tiempo “líderes de otros carteles y organizaciones de tráfico confiaron en el grupo para mover ilegalmente drogas” a ese país.

Según el Departamento de Justicia, para cumplir la tarea tuvo el apoyo de jefes policíacos como Reyes Arzate, uno de los principales miembros en el equipo del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.

El exfuncionario, el principal colaborador del expresidente Felipe Calderón, está detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.

Reyes Arzate era el enlace de la Policía Federal con la DEA, pero según el gobierno estadounidense utilizó el cargo para alertar a Z-39 también sobre operaciones contra su grupo.

Gracias a ello “el cartel obtuvo, entre otras cosas, pasaje seguro para sus cargamentos” así como “información sensitiva” de la agencia sobre organizaciones rivales.

balas

AFP
“El Seguimiento 39” compraba armas para varios carteles.

Nuevos tiempos

La historia de “El Seguimiento 39” revela una nueva forma de operación de los carteles mexicanos de narcotráfico, señalan especialistas.

En los últimos años los grandes grupos dejaron de contar con una estructura homogénea y vertical, es decir con un solo liderazgo, para dividir responsabilidades y con ello bajar los riesgos.

Así, varias organizaciones como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación suelen encargar parte de sus operaciones a otros grupos.

Lo hacen por ejemplo para comprar armas y municiones, una tarea donde la experiencia de Domínguez Ramírez fue útil.

La nueva operación de los carteles permitió la existencia de grupos como “El Seguimiento 39”, pero también de otros dedicados a tareas específicas como reclutamiento de sicarios o lavar dinero.

Por eso el cartel logró entablar negocios con organizaciones enemigas entre sí recuerda Alberto Islas.

“Entre esos grupos saben que si no se cumplen las tareas la sanción no es un despido sino la muerte” explica. “Por eso se dieron a conocer. A ese cartel le ayudó su reputación”.

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Itxaro Arteta

La otra toma de víctimas: cumple 7 meses plantón en lobby de la CEAV

Integrantes de unas 15 familias que han sido víctimas violencia o de desaparición se han turnado durante la pandemia de COVID-19 para mantener ocupada la planta baja del edificio.
Itxaro Arteta
17 de septiembre, 2020
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Ellos no han acaparado la atención de los medios ni de las autoridades, pero también tienen tomado un edificio —o una parte del edificio— de una institución federal que debería estar de su lado. Son víctimas de la delincuencia organizada y familiares de personas desaparecidas, que este jueves cumplen siete meses ocupando el lobby de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Son alrededor de 80 personas de 15 núcleos familiares que se han turnado durante la pandemia de COVID-19 para mantener ocupada la planta baja del edificio, en Eje 6 Sur, dejando que los funcionarios suban por el estacionamiento a trabajar con normalidad, y sin rayar ni romper nada en las instalaciones, porque presumen que su manifestación es totalmente pacífica.

Por ello, no están de acuerdo en las acciones que han tomado grupos feministas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tomada por completo desde el 4 de septiembre, a pesar de que fueron de este colectivo quienes abrieron las puertas para que aquella toma fuera posible. Ellos tenían una reunión a la que aceptaron llevar a dos víctimas de San Luis Potosí, padres de un chico asesinado y madre de una niña que sufrió violencia sexual, a la cual fueron a apoyar las colectivas feministas, que decidieron entrar a ese edificio y permanecer, aun después de que las víctimas originales se fueron.

En el plantón de la CEAV, todo empezó desde el 17 de febrero por una familia de Chihuahua que lleva 10 años desplazada. Reciben solo 4 mil pesos para ocho miembros, incluidos dos adultos mayores, y no tienen garantizada la vivienda. Por ello, uno de sus hijos, que fue secuestrado y torturado en 2010, ha pedido a la Comisión federal que ella se haga cargo de la familia y no la Comisión estatal.

Ese 17 de febrero, un martes, tenía una reunión con la entonces comisionada, Mara Gómez (que renunció en junio en medio de un fuerte rechazo de múltiples colectivos de víctimas), con el compromiso de que estuviera también la representación de Chihuahua, pero al llegar, no fue así, por lo que se molestó al sentir que no era tomado en serio y amenazó con quedarse en el lobby con su familia hasta que hubiera una respuesta concreta. Como la respuesta no llegó, efectivamente se quedaron ahí. Otras víctimas que fueron llegando escucharon lo que había pasado y aunque no se conocían previamente, hartas a su vez de no ver avances en sus propios casos, se solidarizaron y se fueron quedando también. Una de ellas fue la hoy vocera del grupo, Delia Quiroa, hermana de un desaparecido desde 2014, que iba a llevar un documento que no tiene caducidad, pero le estaban pidiendo otra vez, por lo que denuncia que era una estrategia para obstaculizarle la entrega de apoyos.

Lee: Víctimas de caso Atenco acusan a Fiscalía de Edomex de obstaculizar investigación; presentan amparo

Esa semana fue de tensión: Gómez mandó ponerle cadena a los baños de la planta baja, sin importar que  entre los manifestantes había un adulto mayor que sufrió las consecuencias de no tener acceso para hacer sus necesidades. Les trabaron las puertas para que no se pudieran cerrar, y por las noches les encendían el aire acondicionado. Un día, además, funcionarios de la CEAV trataron de sacar al hombre de Chihuahua por la fuerza, entre empujones  arañazos que asegura que le sacaron sangre. Otro día también intentaron entrar por la fuerza con gran parte del personal, pero como había mujeres mayores se detuvieron y fue cuando optaron por usar la entrada del estacionamiento.

Foto: Itxaro Arteta.

Desde entonces, denuncian los que permanecen en la toma, la CEAV no ha hecho más que ignorarlos. Los funcionarios incluso prefieren dar la vuelta a la manzana para ir a otra oficina que tienen en la misma calle, con tal de no pasar frente a la puerta principal, para no toparse con los inconformes, que les leían listas de víctimas que tenían casos pendientes y trámites que no habían hecho. La pandemia solo ayudó a esto, con todos trabajando desde casa, pero ahora que han empezado a volver a las oficinas, siguen con la rutina de entrar por atrás, sin hablar con ellos.

A 7 meses, consiguen recomendación de la CNDH a su favor

Tras el enfrentamiento y la intimidación sufridas en la primera semana, un exfuncionario de la propia CEAV que los conocía y se indignó al ver cómo los trataron, presentó una queja ante la CNDH. Debió resolverse el pasado viernes 11 de septiembre, pero hasta el lunes 14 a las 8 de la noche les llegó la respuesta: fue a su favor.

Derechos Humanos emitió a la CEAV la recomendación 39/2020 con nueve puntos. Entre ellos, le señala que debe inscribir al Registro Nacional de Víctimas a la familia de Chihuahua para que finalmente reciban la atención médica y psicológica que requieran; y que en un plazo de tres meses se diseñen e implementen mecanismos eficaces para atender y garantizar que no haya nuevo daño a todas las víctimas que hicieron la toma.

Otra es que el Órgano Interno de Control investigue a los funcionarios que cometieron las agresiones y quede en sus expedientes laborales que tuvieron esta recomendación, además de colaborar con la Fiscalía General de la República en el seguimiento a la denuncia por estos hechos; también recomendó capacitación a todo el personal que tenga trato directo o indirecto con las víctimas para que cumplan con estándares de atención y trato respetuoso.

Los manifestantes consideran que esta recomendación es un éxito de su movimiento, ya que les da la razón en el enojo que los llevó a quedarse ahí plantados y reconoce que tienen derecho a la libre manifestación pacífica, un derecho que la institución encargada de atenderlos no respetó. Si la CEAV la acepta y empieza su cumplimiento, se retirarán, aseguran.

Ya habían tenido otros avances que consideraban pequeños logros. En junio, la renuncia de la comisionada Mara Gómez, que además de ellos, la exigía también un plantón de otras víctimas instalado afuera de Palacio Nacional. Después de eso consiguieron reuniones individuales con la directora general de atención a víctimas de la CEAV, Ángeles Haces. Y para el 2 de septiembre, los recibió la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, que incluso le dijo a su secretario técnico, Francisco Estrada, que cómo era posible que no se hubieran resuelto sus demandas después de más de medio año de tener tomada un piso del edificio de la CEAV, según recuerdan.

Fue en esa reunión en la que sumaron a otras víctimas que no estaban en su plantón, por solidaridad, porque su queja la llevaba el mismo visitador que las de ellos, pero tras lo cual se desató la toma de la propia CNDH, hoy en crisis por la división interna de las colectivas feministas que la iniciaron.

Exigen justicia para ellos y para todas las víctimas

Aún falta que se resuelvan las situaciones particulares de cada una de las víctimas que se han mantenido firmes en la toma del lobby de la CEAV. Además de la familia de Chihuahua, están Maribel y su hijo Sergio, que buscan a su otro hijo, desaparecido el 20 de diciembre de 2014 en Aldama, Tamaulipas. Al joven lo secuestró el Cártel del Golfo cuando estaba en su trabajo, dentro de una tienda Elektra, pero la empresa no denunció. Después, cuando la policía los citó para investigar, el crimen organizado desató una balacera en la que mató a dos policías, y entonces ellos tuvieron que salir desplazados. Las autoridades les han dado apoyo para su sustento, pero no para las búsquedas en fosas clandestinas de las que han desenterrado cientos de cuerpos, sin encontrar el de su ser querido.

Lee: El próximo año militares tendrán más recursos; cae presupuesto para víctimas y policía civil

Está Ana María, que sufrió el secuestro de su hijo en 2012. Y aunque el responsable fue sentenciado, después salió libre con un amparo que le concedieron por una mala integración en la carpeta de investigación. Ella quiere llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solo necesita que una autoridad apoye el caso, pero nadie quiere hacerlo.

Foto: Itxaro Arteta.

Y también se ha sumado Martha Castillo, una señora mayor, ya con problemas de salud mental, que no encuentra la paz desde abril de 2017, cuando el crimen organizado desapareció a siete miembros de su familia, incluidos dos niños, porque su hija, que tenía tortillerías, no quiso pagar las extorsiones que le exigían. En tres años, no le han reconocido el carácter de víctima, por lo que no ha tenido ninguna ayuda y constantemente sufre las limitaciones que le ponen en su trabajo, como recamarera de un hotel, para ir a hacer trámites legales o participar en las búsquedas en campo.

Delia Quiroa espera que pronto haya noticias de su hermano. Le acaban de pedir, una vez más, que envíe su perfil genético a Tamaulipas, para cruzarlo con el de cuerpos que han encontrado, incluso ellas como rastreadoras, sin que en años haya habido éxito.

Cuenta que mientras han tenido tomada la entrada principal a la CEAV, ellos se han convertido en enlace y asesores de otras víctimas. Algunos días llegan hasta 10, y la constante que ven es que no hay asesores jurídicos suficientes, que los hacen dar vueltas, que les dicen que su delito es del fuero común y no federal, así que ahí no los pueden ayudar, en lugar de redirigirlos con un oficio para garantizar que sean atendidos en sus estados de origen.

Las víctimas en plantón, que llevan años recorriendo esos caminos y ya tienen la experiencia de cómo enfrentar a la burocracia, les dan tips, recomendaciones, y los apoyan en llamar y mandar correos a los funcionarios que ya conocen, para insistir e insistir hasta que la víctima recién llegada también sea atendida.

Lee: Jóvenes perdidos: 75% de las víctimas de desaparición en México tiene entre 15 y 30 años

Al interior, han colocado algunos colchones y tiendas de campaña en rincones del lobby para dormir. No hay un solo rayón, solo cobijas, sillas y mesas que han instalado para poder sobrevivir, con el apoyo económico de familiares o, de plano, adquiriendo deudas. Una de las mujeres de la familia de Chihuahua suele cocinar para todos, y para la noche del 15 de septiembre, aunque no hubo festejo sí compartieron un buen pozole, preparado por María Icela Valdez, madre de Delia y que en junio de 2019 se volvió un símbolo de las víctimas cuando se hincó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle encontrar a su hijo Roberto Quiroa, desaparecido desde el 10 de marzo de 2014.

Delia se volvió activista junto a su madre, desde entonces. Cuando tuvieron que salir desplazadas de Tamaulipas, después del tercer secuestro de su hermano, del que ya no volvió, ella ya no terminó la carrera que estaba estudiando. Pero con el camino recorrido, decidió estudiar Derecho y crear la Asociación Civil 10 de Marzo, con la que aspira a pronto poder crear un bufete de abogados que dé a las víctimas la ayuda legal que las instituciones no les han garantizado.

Solo espera que pase la pandemia y que por fin la CEAV responda a sus demandas, para acabar con el plantón en el que han resistido más de medio año.

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