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Visa para EU: por qué tendrás que ofrecer los datos de tus redes sociales si quieres obtener un visado

Si piensas aplicar para una visa de Estados Unidos o renovar la que ya tienes, tendrás que pensar también en lo que publicas en Facebook o en Twitter. Te contamos por qué.
2 de junio, 2019
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página web para visas a EEUU

AFP
Si aplicas para una visa de Estados Unidos tendrás que ofrecer los datos de tus redes sociales.

Si piensas aplicar para una visa de Estados Unidos o renovar la que ya tienes, tendrás que pensar también en lo que publicas en Facebook o en Twitter.

Y es que, según anunció el Departamento de Estado el viernes, a partir de este mes de junio la mayoría de las personas que apliquen a un visado estadounidense tendrán que enviar sus datos de redes sociales junto a sus solicitudes.

Pero no solo eso.

De acuerdo con las nuevas regulaciones, los interesados, además de toda la documentación que ya se exige, deberán también proporcionar direcciones de correo electrónico y números de teléfono que hayan utilizado en los últimos cinco años.

La nueva información requerida, que fue anunciada por primera vez el año pasado, obedece a una orden del presidente Donald Trump de 2017 y, según el gobierno, busca un mayor control de seguridad sobre los solicitantes de visa.

“Estamos trabajando constantemente para encontrar mecanismos que mejoren nuestros procesos de detección para proteger a los ciudadanos estadounidenses, al mismo tiempo que apoyamos los viajes legítimos a los Estados Unidos”, dijo el Departamento.

Cuando se propuso en 2018, las autoridades estimaron que la propuesta afectaría a 14,7 millones de personas al año.

Varios grupos civiles se han apuesto a la medida.

La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos afirmó que “no hay evidencia de que tal monitoreo de las redes sociales sea efectivo o justo” y consideró que causaría que las personas se autocensuren en internet, dado que cualquier broma podría ser tomada en serio.

¿Quiénes deberán ofrecer la nueva información?

Según las nuevas regulaciones, la mayoría de las personas que apliquen para una visa de Estados Unidos deberán enviar información sobre sus redes sociales.

Por ello, los nuevos formularios de solicitud de visa enumeran una serie de plataformas sociales y requieren que el solicitante proporcione los nombres de cuenta que usa actualmente o que utilizó durante los últimos cinco años.

La solicitud también incluye la opción de ofrecer información voluntaria sobre cuentas de otras redes sociales que no aparecen en el formulario.

Social media apps on a phone

PA
Los solicitantes de visa para EE.UU. deberán ofrecer sus nombres de usuarios en varias redes sociales, así como correos electrónicos y teléfonos.

Ciertos solicitantes de visas diplomáticas y oficiales estarán exentos de las nuevas medidas, según el Departamento de Estado.

Sin embargo, las personas que viajen a Estados Unidos de turismo o para trabajar o estudiar deberán entregar su información.

Anteriormente, solo los solicitantes que necesitaban una investigación adicional, como las personas que habían estado en partes del mundo controladas por grupos radicales o provenientes de ciertos países, tenían que entregar esta información.

Según fuentes de inmigración consultadas por el diario estadounidense The Hill, cualquier persona que mienta sobre su uso de las redes sociales podría enfrentar “graves consecuencias de inmigración”.


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Cuartoscuro Archivo

Tortura persiste como práctica común pese a creación de fiscalía y mecanismo de prevención: Artículo 19

Un informe de Artículo 19 señala tres factores por los que la tortura continúa siendo una práctica generalizada en México.
Cuartoscuro Archivo
27 de noviembre, 2019
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A pesar de la creación de leyes especiales, como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, aprobada en 2017, y la creación de una fiscalía especializada y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el uso de la tortura en México por parte de autoridades policíacas y de investigación continúa siendo una práctica común para cerrar casos mediante la fabricación de “falsas verdades”.

Esta es una de las principales conclusiones expuestas por la organización civil Artículo 19 en su más reciente informe Fabricación de falsas verdades en el sistema de justicia penal, en el que advierte que una de las formas de tortura más graves que persisten es la tortura sexual contra las mujeres, a pesar de que, en años pasados, el Estado mexicano ya ha sido condenado internacionalmente por este tipo de violaciones. 

En consonancia con lo expuesto por organismos internacionales como la ONU, el informe subraya que la tortura no es cuestión de unos cuantos elementos que actuaron mal, sino que se trata de una práctica generalizada en México que ha contado desde décadas con el beneplácito de altas esferas gubernamentales. 

En particular, el estudio destaca tres factores por los que la tortura continúa repitiéndose en el país, independientemente del gobierno en turno, y a pesar de la aprobación de leyes y mecanismos para combatirla. 

“Así funcionan las cosas desde siempre”

El primer factor es que la tortura es una práctica común, normalizada, e institucionalizada, “que se percibe como eficiente en las corporaciones policiales”. 

Sobre este punto, Artículo 19 expuso que solicitó entrevistar a 20 elementos policiacos para conocer su opinión sobre el uso de la tortura, de los cuales solo 5 dieron respuesta. En las entrevistas, los agentes consideraron que el uso de la fuerza física excesiva es una práctica recurrente que les da resultados. 

“Así es como funcionan las cosas desde siempre, así nos enseñaron”; “se trata de una práctica ancestral”; “se nos adiestra así desde las academias, sabemos que es parte de ser policía”; “así se hace desde hace muchos años y así ha funcionado”; “es una práctica fea, no debería ser así, pero funciona”, fueron algunas de las respuestas de los elementos policiacos.  

Además, los propios agentes policiacos señalaron que el uso de la violencia física es común, incluso, al interior de las academias de instrucción, como parte del proceso de “volverse policía”; motivo que contribuye a que la tortura sea vista como algo ‘normal’ entre los elementos, y a que se genere un ambiente de propensión a la discreción y a los abusos.

Comer parado una bandeja completa de comida en solo seis minutos; correr bajo el sol durante horas; recibir duchas de agua fría amarrado a la regadera; recibir ‘palazos’ (golpes en el coxis); recibir ‘cocodrilazos’ (mordeduras hasta que se formen moretones o lesiones); o rapar a las mujeres cuando se les desata el cabello durante un entrenamiento, son algunas de las prácticas de abusos que los agentes policiacos soportan durante sus entrenamientos. 

Dar resultados a como dé lugar

El segundo factor hace referencia a que aún es insuficiente la capacitación y profesionalización en las fuerzas de seguridad en temas relacionados con derechos humanos, y a que un elevado número de policías entran a la corporación por motivos que no tienen que ver con la vocación de servir y proteger a la ciudadanía. 

Y como muestra de lo anterior sirva un dato: casi 4 de cada 10 policías a nivel nacional dijeron que ingresaron a su corporación porque perdieron su empleo original, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial del INEGI. 

El tercer factor que señala Artículo 19 es que aún existe una exigencia de cuota a los policías para detener personas y dar resultados rápidos. 

“A mí me piden resultados y yo doy resultados. Me piden que encuentre a quién hizo esto o lo otro, y yo voy a ver cómo le hago, pero lo voy a encontrar. Se nos exige que demos resultados, sea como sea”, expuso uno de los policías entrevistados para el informe. 

Gabriela Ortiz Quintero, investigadora y experta en el nuevo sistema de justicia oral, sostuvo que “existe una práctica de cuotas de consignación” que está encaminado a “obtener solo una posible vinculación a proceso y despreocuparnos por lo que ocurra con el resto de la investigación, en términos de su éxito o fracaso”. 

Esto, subrayó la investigadora, implica “un claro incentivo hacia la tortura”. 

Entre las prácticas de tortura más recurrentes, señala el informe, están las denominadas ‘paseaditas’, que consisten en que, tras la detención de una persona por elementos policiacos, éstos llevan a la persona en vehículos oficiales o paraoficiales a un destino desconocido. 

Y en ese intervalo de tiempo, antes de la puesta a disposición en el Ministerio Público de turno, la persona detenida es sometida a interrogatorios y a agresiones físicas para obtener una supuesta confesión, o una versión de los hechos que lo implique directamente en un caso. 

En casos documentados de tortura, como el del estudiante de la UNAM Enrique Guerrero Aviña, quien fue ‘levantado’ por elementos policiacos que, durante el traslado al Ministerio Público, lo golpearon, lo asfixiaron con una bolsa de plástico, y lo amenazaron con violarlo si no confesaba un supuesto delito, se utilizó este modus operandi de la ‘paseadita’. 

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) 2016, 7 de cada 10 personas arrestadas en el fuero federal dijeron haber sufrido algún tipo de tortura. La forma de tortura más utilizada es la amenaza de levantamiento de cargos falsos: 5 de cada 10 detenidos dijeron que fueron amenazados de esta forma. 

El desnudamiento (46%), y recibir patadas o puñetazos durante el arresto (45%), fueron las otras formas más comunes de tortura. 

El Mecanismo de Prevención no es agente de cambio

El informe de Artículo 19 también subraya que, a la fecha, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no ha sido un agente de cambio para erradicar el uso de la tortura por parte de elementos policiacos y de investigación. 

Básicamente, el Mecanismo se ha dedicado a hacer rutinas de trabajo centradas en la “inspección” de las condiciones materiales en los lugares de detención. 

“Las visitas a tales lugares efectuadas por el Mecanismo se limitan a procedimientos de observación de aplicación de un check-list de las condiciones de detención, sin cuestionar aspectos de fondo, como, por ejemplo, el hecho mismo de que las personas detenidas estén a ‘disposición’ de la misma autoridad que investiga la conducta que se les atribuye”, plantea el informe. 

“Tampoco se estudian las salvaguardas y protecciones procesales que debieran existir para evitar la tortura durante la detención, como es el caso de la obligación de informar en tiempo real el lugar de detención; la comunicación con la defensa y la intervención de representantes de organismos de la sociedad civil que funjan como observadores, especialmente en los sitios de retención del MP”, añade Artículo 19 en su investigación. 

En conclusión, para Artículo 19 el Mecanismo está subutilizando sus capacidades funcionales e, incluso, está “subestimando” el propio mandato para el que fue creado, limitándose a cuestiones meramente de inspeccionar las condiciones materiales en los lugares de detención. 

“En la actuación del Mecanismo no se aprecian acciones constantes ni contundentes encaminadas a la generación de cambios en el campo de la cultura cívica. Igualmente, se ha omitido acudir a las tecnologías de la información y los recursos de comunicación para que la negación de la presunción de inocencia y la práctica de tortura sean entendidas como legal, ética y políticamente inadmisibles”, concluyó Artículo 19.

 Lee aquí el informe completo.

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