Wilder, el niño que encontraron solo en una carretera en Veracruz
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La historia de Wilder, el niño de 2 años que encontraron solo en una carretera en Veracruz

Autoridades migratorias encontraron al niño Wilder Ladino abandonado en una carretera del sureste, luego de escapar de un viaje en un camión en el que murió un joven.
6 de julio, 2021
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Al pequeño Wilder Ladino García lo encontraron abandonado y con el dorso desnudo, junto al cuerpo sin vida de un migrante, en una carretera del sureste de México.

Con tan solo 2 años de edad, salió a finales de junio con su padre, Isidro Ladino, desde un pequeño poblado en el municipio de Santa Rita, en el oeste de Honduras.

Ambos intentaban llegar a Estados Unidos. Pero en un punto del camino se separaron y el pequeño quedó acompañado de un grupo de migrantes desconocidos.

Autoridades mexicanas de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) lo encontraron el pasado 28 de junio, en una carretera cercana a Las Choapas, Veracruz, que usan los migrantes para llegar EE.UU.

Venía junto a un centenar de centroamericanos “en condición de hacinamiento” en la caja sin ventilación de un tráiler de mercancías.

Los migrantes “presentaban síntomas de deshidratación y asfixia” por el excesivo calor del vehículo, informó el INM en un comunicado.

“Lamentablemente, se localizó ahí el cuerpo de un joven sin vida, de alrededor de 25 años de edad”.

Desde Honduras, la madre de Wilder, Lorena García, lamenta la suerte de su esposo e hijo.

Wilder Ladino García con una asistente

Reuters
El INM puso a resguardo al pequeño Wilder Ladino.

Si bien se siente aliviada de que ambos estén a salvo, clama por ayuda para que ambos puedan llegar a Estados Unidos, pues volver a Santa Rita significa seguir condenados a la pobreza que los forzó a encaminarse hacia el norte.

“Que me ayudaran para que pasara mi niño con mi esposo para allá, juntos. Pero mi niño solo no. Si no se puede, que me regresen a mi niño de vuelta”, dice García entre sollozos a BBC Mundo.

Su partida de casa

Isidro Ladino se llevó a Wilder el pasado 25 de junio porque los migrantes habían escuchado rumores de que, a pesar del riesgo, acompañarse de un menor de edad les da más oportunidad de gestionar su paso hacia EE.UU.

“Hemos visto que mucha gente está pasando con niños”, dice Lorena García.

Partieron de una pequeña población en el municipio de Santa Rita, una región golpeada históricamente por la pobreza y la reciente destrucción que dejaron los huracanes Eta y Iota en 2020.

“Aquí no puede mantenerse uno. Cuando hay trabajo, Isidro gana unos 100 pesos (US$4,1). No trabajaba todos los días, solo cuando hallaba un trabajo”, cuenta la madre de Wilder y Nancy Abigail.

Map

El domingo 27 habían cruzado la frontera de Guatemala con México.

“Desde ese domingo ya no volví a tener contacto con él, hasta que me avisaron por parte del cónsul (de Honduras en México) que al niño lo habían encontrado solo”, cuenta García.

Aunque ha tenido oportunidad de hablar por teléfono con su esposo, aún no es claro por qué Ladino se separó del pequeño Wilder en territorio mexicano.

“No tengo ninguna noticia de cómo fue que él lo dejó ahí”, explica.

El infierno del tráiler

Lo que las autoridades mexicanas del INM han podido determinar es que el viaje de más de 100 migrantes en la caja de un tráiler se convirtió en una pesadilla por las pésimas condiciones en que viajaban.

“ informaron que horas antes, varios de sus compañeras y compañeros de viaje comenzaron a desvanecerse por la falta de aire y el calor“, dice el INM,

El sitio donde encontraron a Wilder Ladino

Reuters
Un migrante fue encontrado fallecido en el lugar donde estaba Wilder Ladino.

“Otros exigían a gritos y golpes -en las paredes del vehículo- que el chofer detuviera su marcha”, continúa.

“Después de un tiempo, el transporte paró y uno de los ‘polleros’ o supuestos ‘guías’ abrió una de las puertas, con lo que hombres y mujeres empezaron a brincar y correr por el pavimento y hacia la maleza”.

Ocho personas seguían en el lugar cuando fueron encontrados por las autoridades. Algunos migrantes estaban “sofocados” dentro de la caja del tráiler y otros “tendidos” afuera, donde el pequeño Wilder estaba parado junto a un joven de unos 25 años fallecido.

“Con el dorso desnudo, fue abandonado en el acotamiento, entre la barrera metálica, ropa suelta, mochilas y comida tirada. Ninguno de los adultos declaró ser familiar del menor“, según el INM.

García se enteró con una llamada del Consulado de Honduras que habían encontrado a su hijo. Pero fue hasta que lo vio en las noticias que se dio cuenta en las condiciones en las que estaba.

“Fue muy duro para mí”, se lamenta.

A salvo, pero separados

Hasta este martes, Lorena García no pudo saber que tanto su esposo como su hijo están a salvo.

“Me dijeron que Wilder está bien, pero como estuvo pasando por eso, tenían que llevarlo a ver a un terapista”, explica.

Wilder Ladino García con una asistente

Reuters
Lorena García dice que aun no sabe qué pasará con Wilder.

“Isidro me dijo que estaba Tuxtla Gutiérrez. Que estaba en migración. Como casi no le dejan hacer llamadas, no pudimos hablar más. Pero él estaba bien”, añade.

“La muchacha que tiene al niño me escribió el miércoles (30 de junio). Le he mandado mensajes, pero casi no me responden”.

El INM tiene como obligación repatriar a los migrantes a sus países, con apoyo de las autoridades nacionales de origen.

Aun así, García insiste en que necesitan ayuda para que su esposo llegue a Estados Unidos y encuentre trabajo.

“Ojalá que me ayudaran para que pasaran”.


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Sentencia por pederastia en kínder obliga a la SEP a fijar medidas preventivas de violencia sexual; falta resolución definitiva

La sentencia no solo señala a un exfuncionario como culpable de pederastia contra 21 víctimas. También determina que la SEP debe establecer medidas como fijar fechas en su calendario para que en las escuelas se hable de violencia sexual y cómo prevenirla.
Por Marcela Nochebuena 
4 de octubre, 2022
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Además de la responsabilidad penal de un entonces funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la reparación de los daños materiales e inmateriales, la sentencia por actos de pederastia en un kínder de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, impone a la dependencia la obligación de establecer días específicos para hablar de violencia sexual. Sin embargo, ante la apelación del presunto responsable, la SEP aún espera una resolución definitiva

Sesenta años de prisión, el pago de mil veces la unidad de medida y la destitución del servidor público de la Autoridad Educativa Federal son parte de las resoluciones de la sentencia de la causa penal 258/2021. El documento determina que quien desempeñaba la función de apoyo técnico pedagógico en el centro educativo Marcelino de Chámpagnat es responsable de los delitos de pederastia, agravada y en grado de tentativa, así como de violación equiparada agravada, en los casos de 21 víctimas de entre cuatro y seis años agredidas en horario escolar en diferentes espacios de la escuela. 

Aunado a esto, también ordena a la SEP a que, en un plazo razonable, instituya un día dentro de su calendario escolar para “que todo el personal académico y administrativo tome conciencia de la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil en las aulas escolares, así como para que las personas infantes estén informadas de los procedimientos y canales adecuados en los que pueden denunciar ese tipo de actos, para que sepan qué hacer y cómo ayudar, en su caso, a sus compañeros de aulas”.

Este es uno de los casos en los que se ha logrado una sentencia —aún pendiente de resolución definitiva— tras la publicación del informe Es un secreto, en el que la organización Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) documentó que en varias escuelas niñas, niños y adolescentes viven violencia sexual de manera cotidiana y a tal escala que resultaría insostenible que se tratara de un tema oculto.

En él, se explica que las autoridades escolares omiten denunciar los abusos, mediante una práctica institucionalizada de proceder con investigaciones internas ante la denuncia de delitos graves, lo cual hace difícil distinguir entre omisión y encubrimiento. 

Animal Político publicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el 69.7% de las mujeres estudiantes mayores de 15 años señaló que no tiene conocimiento de que existan protocolos en sus centros escolares; solo el 18.8% sabe cuáles son las instancias y los procedimientos de denuncia.

Para Mariana Gil, abogada de la ODI, la violencia sexual en el ámbito educativo, que registró un alza en los últimos años según la encuesta, está relacionada con la falta de educación sexual en las escuelas; señala como particularmente preocupante que el abuso sexual por parte de docentes persista desde los primeros niveles de la educación básica debido a la falta de atención y protocolos en las escuelas.

“No sé si está pasando más, o más bien, ahora los papás y las mamás están un poco más informadas… Creo que también hay una parte en la que, por lo menos, si la SEP no va a hacer nada, los medios de comunicación, la sociedad civil y los padres y madres de familia tenemos que exigir escuelas seguras, mientras la SEP no hable. Ya tiene el informe y dos sentencias judiciales que le dicen ‘tienes que modificar tu protocolo, tu estructura, tus escuelas no son seguras’, y la SEP ni sus luces”, reclama Gil.

Mientras esa situación persista, es necesario buscar que madres y padres se informen, pregunten y sean el factor de cambio para exigir a las escuelas, pues niñas, niños y adolescentes muchas veces desconocen qué es la violencia sexual porque el tema no está contemplado en los programas de estudio.

“En esta última sentencia, el juez Padierna del Reclusorio Sur establece como parte de la reparación del daño, cuando se ejecute porque todavía está en apelación, que se haga un día en el calendario escolar en el que se hable con los niños y niñas del abuso sexual, de este tipo de violencias y de qué hacer si les pasa; es una de las medidas de no repetición”, explica Gil. 

Otras determinaciones de la sentencia 

En la sentencia de la causa penal 258/2021 también se ordena a la SEP, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que, según sus competencias y atribuciones, establezcan políticas públicas relacionadas con la sensibilización de los especialistas de la salud que tienen contacto con víctimas de delitos sexuales. 

Además, obliga a la SEP a impulsar políticas relativas a la creación de espacios escolares seguros para todos los jardines de niños de la CDMX, para las que debe tomar en consideración que, entre otras cosas, existan espacios que permitan la visibilidad interior y exterior de los salones de clases, áreas administrativas, baños y juegos, así como personal encargado de la vigilancia de los y las estudiantes.

“Asimismo, deberán realizar materiales didácticos —como infografías— relativas a la prevención de los delitos de abuso sexual. Dichos materiales deberán publicarse, cuando menos, en la página web oficial de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Secretaría de Educación Pública para el conocimiento de la sociedad”, dice la resolución.

En ella, el juez subraya que, como el sentenciado era funcionario adscrito a la SEP, el Estado debe responder por la actividad irregular de sus integrantes de manera objetiva y directa, pues en el caso, denunciado por primera vez en 2018 y en el que se fueron acumulando víctimas, ha quedado plenamente demostrado que las niñas y niños sufrieron graves actos de violencia sexual, no solamente de manera individual, sino que “vistos en su conjunto se trató de actos sistematizados y reiterados practicados de forma tal que infundieron miedo y terror en todos ellos, por lo que está demostrado el alto grado de sufrimiento que padecieron”. 

En Es un secreto, la ODI resalta que ha litigado casos en los que niñas y niños muy pequeños han sufrido violencia inimaginable en preescolares y primarias públicas y privadas. Algunos, apuntan, son notablemente distintos al abuso sexual infantil cometido por un maestro en contra de alumnos: “Se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”.

Ahí, se asienta que estas formas graves de violencia develan, a su vez, tres problemas adicionales: las escuelas en nuestro país carecen de supervisión efectiva, múltiples fiscalías locales y la federal han tenido conocimiento de estos casos durante años y han sido incapaces de investigarlos adecuadamente, incluso cuando se trata de denuncias expresas de posibles delitos de explotación sexual infantil, mientras que padres y madres carecen de información adecuada sobre cómo hablar con hijos e hijas para detectar posible violencia sexual.

La sentencia por el caso del Marcelino de Chámpagnat fija la cantidad de 1 millón 450 mil 800 pesos para la familia de cada una de las víctimas directas, debido a que el daño que sufrieron las niñas y los niños es considerado grave por tratarse de su libertad sexual y su sano desarrollo, lo que implicó la búsqueda de justicia desde 2018 hasta diciembre de 2021, cuando se declaró la plena responsabilidad del autor de los hechos, ahora en proceso de apelación.

Si la sentencia es ratificada, la SEP y la Autoridad Educativa Federal en la CDMX también deberán realizar un acto público de reconocimiento de su actividad irregular en relación con los hechos del caso. Además, el tribunal unitario de enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en la capital, con sede en Reclusorio Sur, les ordena implementar de forma permanente cursos de capacitación dirigidos a todo el personal académico y administrativo de la institución respecto de prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo.

A ello se suma la implementación de un programa de regularización académica acorde a la edad y el ciclo escolar de las víctimas, el otorgamiento de becas completas de estudio hasta el término de su educación superior y la garantía de educación en un entorno seguro. Hasta ahora, no existe un periodo aproximado para que se conozca la resolución definitiva.

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