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Bitácora de violencia(s)
Por Programa Noria para México y América Central
Noria Research es un centro de investigación independiente. El Programa para México y América ... Noria Research es un centro de investigación independiente. El Programa para México y América Central se dedica a analizar la violencia en la región a partir de su relación con la estatalidad y la producción de órdenes políticos. Fundamos el Programa a partir de un compromiso común: el conocimiento empírico y cualitativo, basado en trabajo de campo, archivos y evidencias de primera mano. Este espacio busca incidir en el debate público a través de las siguientes temáticas: 1) Dinámicas de violencia y economías criminales; 2) Migración y desplazamiento forzado; 3) Cuestiones de género y sexualidad; 4) Política de drogas y seguridad pública; 5) Respuestas ciudadanas e institucionales a la inseguridad. (Leer más)
La guerra contra las drogas en México no empezó ayer
La guerra contra las drogas no empezó en 2006 con Felipe Calderón ni en 1971 con el llamado de Richard Nixon en Estados Unidos. En más de un sentido es tan antigua como la formación del Estado mexicano.
Por Carlos A. Pérez Ricart
30 de abril, 2021
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No, la guerra contra las drogas no empezó en 2006 con la famosa declaración de Felipe Calderón. Tampoco comenzó en 1971 con el llamado de Richard Nixon en Estados Unidos. No, la guerra contra las drogas —entendida como la ejecución de una serie de políticas caracterizadas por su dimensión punitiva y militarizada cuyo objetivo es obstaculizar la cadena económica que junta los puntos de producción de droga con los de consumo— tiene sus raíces históricas en las primeras décadas del siglo XX. En más de un sentido, la guerra contra las drogas es tan antigua como la formación del Estado mexicano; es, para bien y sobre todo para mal, parte constitutiva de su esencia.

El concepto de guerra contra las drogas es tan antiguo como la historia del narcotráfico en América del Norte. En julio de 1910, hace 111 años, el Washington Post ya hablaba de una “guerra contra el opio diabólico” (war upon evil opium). Frases similares eran comunes en periódicos estadounidenses y mexicanos de la época. En México, en concreto, se hablaba de la necesidad de evitar que el opio —asociado con la diáspora china en el país— terminara por infectar a los mexicanos y degenerar la raza. Bajo ese principio se establecieron, entre 1912 y 1925, el primer conjunto de leyes que castigaron y prohibieron el cultivo, comercio y consumo del opio y otras sustancias.

Contrario a lo que se suele pensar, las primeras prohibiciones no estuvieron determinadas por la presión del gobierno de los Estados Unidos, sino por el carácter conservador y el sentimiento antichino de varios de los liderazgos triunfantes de la Revolución mexicana. Es decir, el gobierno mexicano no fue obligado a adoptar la política antidrogas de los Estados Unidos; lo hizo bajo su propia voluntad y convencimiento.1

El establecimiento de estas primeras leyes dio pie a dos procesos que fueron, desde el inicio, parte medular de la guerra contra las drogas: por un lado, la criminalización del consumo de drogas y, por el otro, la implantación de castigos a campesinos acusados de cultivar opio y marihuana. Los abusos no se hicieron esperar. Es posible localizar, tan temprano como en 1925, casos de extorsión a cultivadores y consumidores de drogas por parte de los primeros agentes antinarcóticos2.

En las décadas siguientes continuó la letanía de leyes que castigaban de manera severa al -así llamado- adicto. El Reglamento de Toxicomanías de 1931, por ejemplo, confirmaba al adicto como “sujeto potencialmente lesivo”.3  Durante gran parte del siglo, éste fue desplazado a una suerte de purgatorio del área del derecho: al estado de “temibilidad predelictiva”, un concepto jurídico que, fuera del marco constitucional, garantizó su criminalización por varias décadas.4

Sobre este tema, uno de los episodios más vergonzosos -y menos estudiados- ocurrió en 1945, cuando el presidente Ávila Camacho amplió la suspensión de garantías individuales (establecidas en 1942, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial) a presuntos consumidores y traficantes de drogas. Ello permitió que cientos de individuos fueran enviados a la prisión federal de las Islas Marías, sin proceso judicial mediante, acusados de delitos contra la salud.

Eran tales los excesos que cometían las autoridades mexicanas que un agente estadounidense consideró el decreto de Ávila Camacho como la “ley más restrictiva en lo que se refiere al tráfico de drogas”.5 No es exagerado afirmar que para finales de la década de los años cuarenta, las leyes mexicanas eran más represivas que sus equivalentes en Estados Unidos. El Código Penal de la Federación, por ejemplo, no hizo distinción entre narcotraficante, poseedor no adicto y poseedor adicto, sino hasta su reforma de 1968.

Contrario a las premisas de quienes han trabajado este tema,6 México no americanizó su política antidrogas; más todavía, hoy sabemos que en los Estados Unidos se estudió el caso mexicano para actualizar y volver aún más punitivo su propio sistema penal.

El mejor símbolo de la guerra contra las drogas es, sin embargo, la ejecución de las campañas de erradicación desplegadas en la zona serrana del Triángulo Dorado a partir de 1938. Estas campañas, que hoy continúan con aviones modernos y avanzada tecnología, suponían el envío de varios batallones de soldados y decenas de policías a lejanas regiones del país, al menos dos veces al año. Aunque el pretexto oficial era la erradicación de cultivos de amapola, este tipo de campañas fungieron más como una política de centralización del poder que tenía varias ventajas: mantener ocupado en estas tareas a parte del ejercito posrevolucionario, acotar el margen de acción de los gobernadores locales, mantener a raya las aspiraciones de caciques locales y apropiarse de parte de la renta que dejaba el cultivo de opio.

Como sucede hoy, las campañas de erradicación eran vistas con recelo por la población local que veía con repudio las incursiones militares. En 1941, por ejemplo, tras encabezar una incursión en Badiraguato, Sinaloa, el poderoso jefe de la PJF de Sinaloa, Alfonso Leyzaola, fue torturado y colgado de un árbol por pistoleros de la región.

Con el paso de las décadas aumentó la relevancia de las campañas de erradicación, así como el territorio en las que éstas se ejecutaban. Con apoyo de la Drug Enforcement Administration (DEA), la Policía Judicial y el Ejército continuaron desplegando campañas anuales que incorporaron nuevas tecnologías como el uso de herbicidas, y la impresión, procesamiento e interpretación de películas multiespectrales tomadas desde equipo aéreo con el fin de identificar y diferenciar cultivos lícitos de ilícitos. A diferencia de las campañas celebradas en la década de los años cuarenta, en los años setenta éstas abarcaban, además del Triángulo Dorado, zonas de Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos.

Aún hoy, queda por responder hasta qué punto estas campañas sirvieron a otros intereses burocráticos —a saber, más visibilidad, armas y recursos para el Ejército y la Policía Federal— o políticos —como el encubrimiento de acciones contra la guerrilla o grupos disidentes. Lo cierto es que, a partir de las campañas de erradicación, el Estado mexicano, de manera involuntaria o decidida, expandió su margen de acción y logró penetrar en zonas de “estatalidad limitada”; esto es, regiones donde se ejercían (y se siguen ejerciendo) soberanías concurrentes a los poderes del Estado7. En aquellos territorios donde el Estado no pudo (o no quiso) presentarse como aval de microcréditos, agroindustria o sistema educativo, lo hizo como llana y pura fuerza pública. La guerra contra las drogas fue la llave que le permitió acceder a lo otrora imposible.

No, la guerra contra las drogas no empezó ayer; es parte constitutiva del Estado mexicano. Para que esta política dé un giro a la izquierda no basta con reformas administrativas, como la regularización del uso lúdico de la marihuana, a pesar de ser tan loables. La historia demuestra que reformar la política de drogas implica también cambiar las bases más reaccionarias sobre la cuales se fundan las estructuras del Estado mexicano; no hacerlo es seguir perpetuando el sinsentido y la injusticia.

* Carlos A. Pérez Ricart (@perezricart) es Profesor-Investigador Titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México. Miembro de NORIA-Research MXAC.

 

 

1 Pérez Ricart, Carlos A. 2018. “U.S. pressure and Mexican anti-drugs efforts from 1940 to 1980: Importing the war on drugs?” En Beyond the Drug War in Mexico: Human rights, the public sphere and justice, editado por Wil G. Pansters, Benjamin T. Smith, y Peter Watt, 33–52. Oxford: Routledge.

2 Pérez Ricart, Carlos A., y Nidia Andrea Olvera Hernández. 2021. “Ascenso y declive de la Policía de Narcóticos del Departamento de Salubridad Pública en México (1917-1960)”. Historia Mexicana LXX (4): 1661–1713

3 García Ramírez, Sergio. 1977. Delitos en materia de estupefacientes y psicotrópicos. D.F. México: Trillas, (p. 88).

4 Idem, (p88-89)

5 Fred’k Gardner, Supervising Customs Agent. Carta a Commissioner of Customs. 1945, el 19 de mayo de 1945. RG 170, Caja 22, fólder 7. NARA.

6 Ver, entre otros, Toro, María Celia. 1995. Mexico’s “War” on Drugs: Causes and Consequences. Lynne Rienner Publishers.

7 Maldonado Aranda, Salvador. 2010. Los márgenes del Estado mexicano: territorios ilegales, desarrollo y violencia en México. Zamora: El Colegio de Michoacán; Das, Veena, y Deborah Poole, eds. 2008. “El estado y sus márgenes. Etnografías comparadas”. Cuadernos de Antropología Social 27: 19–52.

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