2018-2022: más de lo mismo
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Blog de Elementa
Por Elementa DDHH
Elementa es una organización feminista que apuesta por el uso creativo del derecho para aportar ... Elementa es una organización feminista que apuesta por el uso creativo del derecho para aportar al respeto y garantía de los derechos humanos en Colombia y México. (Leer más)
2018-2022 en Colombia: más de lo mismo
Los últimos cuatro años, Colombia gastó miles de millones de dólares en las mismas estrategias antidrogas fallidas.
Por Paula Aguirre Ospina
24 de mayo, 2022
Comparte

Durante los últimos 4 años, Colombia padeció el Gobierno de Iván Duque, un hombre que finaliza su mandato con un nivel de aprobación de tan solo el 27.5% 1 y que deja el país con una lista interminable de retos de los que no se escapa la política de drogas, que fue un eje fundamental de sus promesas de campaña. Tan así, que a 4 meses de posesionarse como presidente lanzó la Ruta Futuro como la estrategia para “enfrentar el problema de las drogas” bajo la justificación de que, hasta el momento, Colombia no contaba con una estrategia antidrogas. Sin embargo, el abordaje del fenómeno del narcotráfico ha estado presente de forma central en cada uno de los gobiernos, por lo menos desde 1982, fortaleciéndose en 1999 con el Plan Colombia -en contraposición a la Iniciativa Mérida- como un acuerdo de financiación estadounidense con miras a finalizar el conflicto armado y eliminar el tráfico ilegal de drogas. 2

De cara a la necesidad de visibilizar los impactos de las estrategias prohibicionistas en Colombia, desde Elementa nos dimos a la tarea de monitorear lo que pasó en estos 4 años en materia de política de drogas desde las 3 ramas del poder: la ejecutiva, la legislativa y la judicial, por lo que la Radiografía de la política de drogas en Colombia 2018-2022 parte del reconocimiento de la importancia que tiene analizar no solo las acciones de gobierno, sino también cómo se hablan o no con los esfuerzos que se dan desde el Congreso y las Altas Cortes colombianas.

¿Y qué encontramos? Más de lo mismo

En primer lugar, el poder ejecutivo continuó gastando miles de millones de dólares en las mismas estrategias fallidas. Teniendo en cuenta que la Ruta Futuro se estructuró a partir de 5 pilares destinados a atacar el “problema de las drogas” desde la demanda, la oferta, las estructuras criminales y las economías y rentas criminales, el pilar orientado a reducir el consumo de drogas contó con tan solo el 3% del total de la financiación de la política, mientras que el pilar que planteaba la reducción de cultivos contó con el 95% del total del presupuesto de la Ruta Futuro.

Esta destinación no solo llama la atención por lo escandalosa de la cifra (4.2 billones de pesos colombianos), sino que nos demuestra que el gobierno continuó concentrando sus esfuerzos en la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca, por encima de lo pactado en el Acuerdo Paz e impactando los derechos humanos de las comunidades afectadas. Además, para un gobierno que se eligió bajo el discurso de “alguien quiere pensar en los niños”, deja mucho que desear la financiación destinada a la prevención del consumo en niños, niñas y adolescente que, como nos reportó el Ministerio de Salud, fue el único enfoque abordado para toda la población durante los últimos 4 años, dejando de lado la sostenibilidad de las estrategias de reducción de riesgos y daños en el consumo de SPA como parte del reconocimiento de la existencia de diferentes consumos, no necesariamente problemáticos.

En segundo lugar, en cuanto a las Cortes Colombianas -Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado-, que se han consolidado en la región como referentes en la garantía de derechos, encontramos que en el cuatrienio emitieron 37 sentencias relacionadas con política de drogas. Dentro de los principales temas abordados se encuentran: fumigación aérea con glifosato, usos alternativos de la hoja de coca, consumo de SPA, presunción de inocencia relacionada con el porte de drogas o parafernalia, entre otros.

En materia de derechos, las Altas Cortes han venido cumpliendo el importante rol de ser el contrapeso de decisiones o acciones que van en contra vía de la Constitución y de la ley, por lo que en los próximos 4 años esperamos que, además de continuar la línea garantista en materia de política de drogas, las acciones del Ejecutivo y del Legislativo no nazcan desde la inconstitucionalidad, generando un desgaste innecesario en el actuar de las Cortes.

Por último, vale la pena destacar los esfuerzos que se dieron en el poder legislativo en cabeza de algunos congresistas que lideraron iniciativas legislativas reformistas en la materia. En nuestro balance, encontramos que en estos 4 años se discutieron un total de 32 proyectos sobre política de drogas entre los que destacan el de regulación del uso adulto del cannabis, el proyecto de regulación de la hoja de coca y sus derivados y el proyecto de prohibición de la fumigación con glifosato. Sin embargo, la conformación actual del Congreso, con mayorías de corte prohibicionista, no permitió que ninguno de estos proyectos se convirtiera en ley.

Aunque desde la sociedad civil observamos mejores debates y con mayor información, siguen existiendo los argumentos criminalizadores, estigmatizadores y clasistas que perpetúan la prohibición. Por esto, en término de retos, esperamos que el Congreso que se posesiona el próximo 20 de julio sea capaz de impulsar los proyectos que en este periodo no lograron las mayorías y que le apuestan a un cambio en la política de drogas, atendiendo al giro del paradigma internacional, bajo el reconocimiento de que la guerra contra las drogas se perdió hace muchas décadas.

Por esto, es importante que la sociedad civil impulse, desde todos los niveles, una reforma a la política de drogas en clave de derechos humanos, que impacte a toda la sociedad, que repare los efectos del enfoque bélico y que, incluso, Colombia sea capaz de liderar el cambio regional en la materia para que los próximos 4 años no sean más de lo mismo.

* Paula Aguirre Ospina (@PauAguirreO) es abogada colombiana con experiencia en Derechos Humanos y Justicia Transicional. Actualmente es Directora para Colombia de @ELEMENTADDHH.

 

1 Encuesta INVAMER, mayo de 2022.

2 2 CRS Report por Congress. Plan Colombia: A Progress Report. 2005. Disponible aquí.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.