Amnistía por delitos de drogas: la justicia social sigue pendiente
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Amnistía por delitos de drogas: la justicia social sigue pendiente
A dos años de su entrada en vigor, la Ley de Amnistía representa un “perdón” o un “reconocimiento” a medias porque no previene que las personas seguirán siendo castigadas por los mismos delitos en el futuro.
Por Olimpia Martínez Ramírez
4 de mayo, 2022
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El pasado 22 de abril se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía. Se adoptó con la promesa de ser una vía para garantizar la restitución de los derechos de la población privada de la libertad por delitos contra la salud, aborto, robo simple sin violencia y sedición, entre otros. En reconocimiento del uso excesivo del derecho penal para sancionar ciertas conductas, la Ley de Amnistía considera que las personas pueden ser excarceladas tomando en cuenta, por un lado,  las condiciones de vulnerabilidad, exclusión, discriminación y otras interseccionalidades por las que están atravesadas y por otro, que estos delitos no fueron cometidos con violencia ni tienen víctimas. Es decir, no trata de justificar la acción sino de buscar alternativas de acceso a la justicia y reparación del daño integral a sectores sociales que han sido históricamente vulnerados: mujeres, personas indígenas, personas con alguna discapacidad o en condiciones de pobreza o pobreza extrema.

Desde Elementa reconocemos la importancia de impulsar mecanismos de justicia social, que contemplen medidas de reparación y no repetición. Sin embargo, creemos necesario que este tipo de acciones deben estar acompañadas de cambios mucho más profundos y coherentes con lo que la ley de amnistía reconoce y pretende alcanzar. Particularmente para los delitos de drogas, tiene algunos “candados” que limitan su alcance: no es aplicable para delitos cometidos en el fuero común donde se persigue el narcomenudeo. Además tampoco puede cumplir con su objetivo de modificar aquellas conductas que son sujetas a amnistía, pues se mantiene el tipo penal de la posesión simple -que promueve la criminalización del uso y consumo personal de sustancias- por el que las personas pueden ser sancionadas hasta con tres años de prisión. Por lo tanto, la amnistía representa un “perdón” o un “reconocimiento” a medias porque no previene que las personas seguirán siendo castigadas por los mismos delitos en el futuro, incluso hay quienes, por las vulnerabilidades que ya hemos descrito, se convierten en reincidentes.

El sistema penitenciario en México no está diseñado para facilitar justicia y procesos de reinserción, sino que perpetúa la desigualdad y violencia a las que se sujetan las personas privadas de la libertad, por ello es necesario que la ley materialice el enfoque de no repetición. En ese sentido, descriminalizar las conductas, específicamente la posesión para fines de consumo personal y las actividades menores que implican transporte o posesión con fines de transporte o fines de venta, permitiría que las personas dejen de ser encarceladas masivamente 1 y se convertiría realmente en una garantía de no repetición.

¿Qué resultados ha arrojado la aplicación de la Ley? En el marco de la conmemoración de los dos años de entrada en vigor, la Comisión de Amnistía celebró su sexta sesión el pasado 7 de abril. En ella se destacó la “histórica” cifra de 167 personas beneficiadas por la ley, un número realmente bajo si consideramos que en México hay 220,500 personas privadas de la libertad de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) que realizó el INEGI en 2021. Además este número no representa ni el 10% de las solicitudes de amnistía presentadas, pues la última cifra que la Comisión de Amnistía reportó en enero de 2022 fue de 1,840 solicitudes.

Los delitos de drogas deben estar colocados al centro del debate de la Ley de Amnistía, de su aplicación y su homologación estatal, pues del universo de solicitudes de amnistías el 67% (1,232 solicitudes) corresponde a este tipo de delitos. Del total, 577 fueron revisadas en sesión, solamente 98 fueron procedentes y 479 fueron desechadas; 643 están pendientes de resolver y 12 fueron concluidas por desistimiento. Al de 1o de febrero de 2022, fecha de respuesta de la Unidad de Transparencia de SEGOB, de las 98 solicitudes procedentes, únicamente 38 personas privadas de su libertad por delitos de drogas se vieron beneficiadas.

Lo más sintomático de esta información es que pone sobre la mesa los efectos que sigue teniendo la llamada guerra contra las drogas y la política prohibicionista, pues quienes han sido beneficiadas con la amnistía pudieron acreditar varios de los supuestos que contempla la ley en delitos contra la salud. Por ejemplo, de las 38 personas beneficiadas, 26 se encontraban en situación de pobreza; 8 pertenecen a un pueblo o comunidad indígena y se encontraban en situación de pobreza; 2 cometieron el delito por indicación de un tercero (cónyuge, pareja sentimental o concubino), y 2 más por temor fundado. Además son personas que, en general, fueron sujetas al ejercicio de la acción penal por delitos en la modalidad de transporte, introducción o extracción del país, posesión con fines de comercio y por posesión con fines de transporte.

Uno de los datos que sigue sin documentar la Comisión de Amnistía es cuántas personas usuarias de drogas o farmacodependientes están presas por delitos de drogas y qué porcentaje de estos han solicitado amnistía. Esto nos habla de una falta de conocimiento del perfil de quienes están siendo criminalizados y encarcelados por el uso de drogas. Estos números son un indicativo de cómo el sistema penal ha sido un instrumento de la guerra contra las drogas que ha fallado en sus objetivos: reducir el uso y consumo de drogas y “combatir” al narcotráfico, y en el proceso ha afectado a miles de personas. Además, permite la profundización de la violencia, perpetúa las condiciones de desigualdad y precarización de la vida de quienes, por diversas razones y contextos, se involucran en actividades relaciones con el tráfico de drogas (venta, transporte, introducción o extracción del país, etc.).

Finalmente, la ley de amnistía es y debe ser perfectible en su aplicación, pues sigue teniendo pendientes que resultan imprescindibles para asegurar que el marco normativo no se quede en un texto bien estructurado y con buenas intenciones. De ello depende que paulatinamente transitemos hacia la descriminalización de conductas y actividades consideradas hoy delitos altamente punibles. La justicia social solamente se puede alcanzar si nos cuestionamos, desde la empatía, cosas tan básicas como ¿cuáles fueron las circunstancias por las que estás personas terminaron involucrándose en este tipo de actos? ¿Qué es para nosotras justicia? ¿Cuál es la finalidad de que alguien esté privado de su libertad por delitos que no implican violencia ni víctimas? y con ello empezamos a construir otras bases para aplicar castigos, penas y sanciones proporcionales a los delitos.

* Olimpia Martínez Ramírez (@olimpia_libre) es politóloga, defensora de derechos humanos y colaboradora de incidencia en @ElementaDDHH.

 

 

1ASILEGAL documentó en su informe “Las mujeres olvidadas de la Guerra contra el Narco” cómo se ha hecho un abuso del sistema penal y las normas para criminalizar y castigar a mujeres que se involucraron en la venta y transporte de narcóticos. Las “transportadoras o vendedoras” son en su mayoría mujeres jóvenes, madres, en condiciones precarias (económicas, sociales, de servicios) que se involucran o son obligadas a involucrarse en este tipo de actividades.

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