Caro Quintero: deudas de la extradición más allá del personaje
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Caro Quintero: deudas de la extradición más allá del personaje
El caso de Caro Quintero se suma a cientos de casos donde se extradita líderes de organizaciones criminales y con ellos la verdad de los hechos, de cómo operan las estructuras, de los vínculos con servidores públicos y las violencias ejercidas para fortalecer las redes de corrupción que mantienen el mercado del narcotráfico.
Por Adriana Muro Polo
11 de agosto, 2022
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La captura de Rafael Caro Quintero por parte de la Secretaría de Marina desempolvó tensiones de los años ochenta entre México y Estados Unidos, en materia de política criminal y la figura de extradición. Más allá del debate público sobre las conjeturas frente a dicho homicidio y el boom mediático del personaje como el “Narco de Narcos”, el caso permite reflexionar sobre el contenido del tratado internacional sobre extradición, su carácter automático y la invisibilización de los hechos de violencias y vulneraciones a derechos humanos que desemboca la “guerra contra las drogas” y los personajes que la lideran.

El caso de Caro Quintero se remonta a 1985 cuando fue procesado penalmente por torturar y asesinar al exagente de la DEA, Enrique Camarena, y otros delitos relacionados con drogas. No obstante, en 2013 fue liberado por haber cumplido la pena de algunos delitos y porque el Tribunal Colegiado que conoció el caso consideró que se había configurado un error procesal, pues este era competencia de autoridades locales y no de autoridades federales. Quintero permaneció prófugo a pesar de estar fichado en las listas de los más buscados por la DEA y el FBI. Durante los siguientes 9 años construyó alianzas con brazos armados para recuperar su posición dentro del mercado ilícito de drogas y reconstruir su estructura criminal, lo que recrudeció las violencias en Sonora, Sinaloa y otras entidades federativas al norte del país. Sobre los efectos de estas violencias poco o nada se habla al momento de narrar la historia de Caro Quintero.

La responsabilidad por estos hechos de violencia ha pasado a un segundo plano y en el centro del debate público se concentran los mitos y conjeturas sobre el caso Camarena. Aunque hasta el momento no hay información pública sobre los delitos por los que se solicita la extradición, Estados Unidos desclasificó la orden de extradición emitida en 1987. Además, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, existe una acusación formal contra Quintero que incluye una cronología de actividades ilícitas relacionadas con delitos de drogas desde 1980 hasta 2017.

Este caso ha generado un nuevo debate en relación al carácter inmediato de la extradición de nacionales mexicanos a Estados Unidos y la práctica de trasladar en automático a personas vinculadas por delitos de drogas. Los amparos concedidos a Caro Quintero se leen como una táctica para retrasar el proceso de extradición, sin embargo la última decisión la tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. La práctica evidencia que el trámite jurídico en que se inserta la discusión mediática tiene un desenlace meramente político. Asimismo, de acuerdo con el artículo 10 bis del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México, el único supuesto para no extraditar es que la persona esté en peligro de ser víctima de tortura o desaparición forzada.

Resulta paradójico que no existan otros candados para evitar extradiciones de personas que han cometido estos delitos o que lideran organizaciones criminales que tienen la práctica sistemática de torturar y desaparecer personas en el marco de actividades ilícitas relacionadas con drogas. El caso de Caro Quintero se suma a cientos de casos donde se extradita líderes de organizaciones criminales y con ellos la verdad de los hechos, de cómo operan las estructuras, de los vínculos con servidores públicos y las violencias ejercidas para fortalecer las redes de corrupción que mantienen el mercado del narcotráfico.

De la crisis de vulneraciones a derechos humanos en México deberían surgir por lo menos dos conversaciones en torno a la extradición. Por un lado, impulsar la apertura de investigaciones en contra de narcotraficantes por la comisión de graves violaciones a derechos humanos en el marco de las actividades propias del mercado ilícito de drogas y, por el otro, replantear en la relación bilateral con Estados Unidos otro tipo de candados en favor de las víctimas de las estructuras del crimen organizado. Abrir nuevos debates es clave para generar procesos más creativos para garantizar verdad y memoria a miles de víctimas y a la sociedad en general.

@ELEMENTADDHH

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