Columna sin nombre, como las víctimas en este país
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Columna sin nombre, como las víctimas en este país
No sabemos a ciencia cierta cuántas ni quiénes son las víctimas de los “ataques” o “enfrentamientos”, ni siquiera estamos hablando de ellas, de ésta magnitud es la invisibilización de las personas que encarnan los efectos de la violencia que nunca se acaba.
Por Olimpia Martínez Ramírez
25 de agosto, 2022
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En memoria de aquellas víctimas que nadie nombra,

que no tienen rostro, ni historia, ni monumento

 que solo son una consecuencia más

de la estrategia fallida.

 

Entre el 9 y el 12 de agosto, en México presenciamos una serie de eventos violentos en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California que diversos medios de comunicación, opinólogos y autoridades han denominado como “narcobloqueos”, “ataques”, “enfrentamientos entre grupos del crimen organizado”. Incluso hay quienes se han aventurado a hablar de terrorismo o de “una estrategia de los conservadores para crear una falsa percepción de ingobernabilidad”.

Como sea que usted quiera nombrar a las imágenes de automóviles y establecimientos ardiendo, desalojo de tiendas de autoservicio por personas armadas, detonación de artefactos explosivos, asesinatos, pánico y caos, es un hecho que estamos frente a un contexto de violencia generalizado que hemos normalizado desde hace poco más de 20 años, sobre el cual resulta cómodo dar explicaciones simplificadas y comunes en lugar de afrontar el reto que supone entender el origen del problema y sus aristas.

De cara a esta complejidad, nos enfrentamos además con la forma en que el fenómeno de la violencia es abordado desde el espacio público. La ligereza del debate, la falta de argumentos y de profundización del tema nos ha llevado a escuchar de funcionarios públicos de alto nivel afirmar que lo ocurrido se trató de un acto propagandístico por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para tratar de “imponer sus reglas a los bajacalifornianos”, o que simplemente fue la extensión de un enfrentamiento local entre el ejército y el CJNG iniciado en Jalisco y continuado en Guanajuato y Baja California.

La postura que tuvo cada gobierno estatal estuvo encaminada a ‘contener’, minimizar  y disfrazar discursivamente los ataques perpetrados. Los justificó como una consecuencia del enfrentamiento que presuntamente ocurrió entre el CJNG y la Sedena a raíz de un operativo que realizaron en Jalisco y en el que aparentemente detuvieron a Ricardo Ruiz, alias “Doble R” o “El Tripa”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Independientemente de la motivación que tuvo el crimen organizado para realizar estos ataques, es evidente que ninguna autoridad partió del pleno reconocimiento sobre el nivel de despliegue estratégico, material y humano que demostró tener el CJNG de forma casi simultánea en diferentes partes del país.

En Jalisco, en la tarde noche del 9 agosto, el CJNG quemó diversos vehículos y establecimientos e intentó bloquear los principales accesos a la zona para evitar que llegarán más militares al lugar. El gobernador Enrique Alfaro aseguró que los hechos ocurridos fueron producto de un operativo que coordinó y llevó a cabo el ejército mexicano para “enfrentar (sic)” a la delincuencia organizada en Ixtlahuacán del Río. Posteriormente, autoridades federales aseguraron que dos células del CJNG estaban reunidas para nombrar al nuevo líder del grupo criminal. Como resultado del operativo se reportaron 5 personas detenidas, entre ellas Ricardo Ruiz, alias “Doble R” o “El Tripa”, y un presunto delincuente abatido.

Paralelamente, en Guanajuato se registraron una serie de ataques similares dentro de los principales municipios del corredor industrial  (Irapuato, Celaya, León, Salamanca, Silao, Guanajuato capital y Apaseo el Grande). Entre el 9 y 10 de agosto se contabilizaron 53 ataques entre incendios a vehículos, Oxxos y otro tipo de establecimientos. Las autoridades estatales de Guanajuato, desde el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, hasta la secretaria de gobierno, Libia Denisse García Muñoz, aseguraron que los hechos ocurrieron “como resultado de un enfrentamiento en el estado vecino (Jalisco) entre autoridades federales y crimen organizado”. Prácticamente, confirmaron que se trató de un hecho aislado y excepcional.

En esos mismo días, al norte del país, en Baja California, se orquestaron diversos ataques en los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito, que involucraron la quema de vehículos, unidades del transporte público y camiones de carga. Dentro del mismo hilo argumentativo que sus homólogos, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, aseguró que dichos ataques se llevaron a cabo por personas -presuntos integrantes del CJNG- que buscaban trasladarse a Jalisco, pero finalmente fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa tras un operativo. Por su parte la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, en compañía de fuerzas de seguridad pública y castrenses, solicitó pública -e irresponsablemente- a los grupos del crimen organizado “que cobrara las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan (sic)”. La banalización del mensaje que Montserrat Caballero mandó no solo recibió justificación por parte del gobierno federal y fue confrontada por la indignación de ciertos sectores sociales, sino que provocó la reacción de actores criminales: el cuerpo de una mujer sin vida fue hallado el sábado 20 de agosto con una cartulina que confirmaba las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana.

En el mismo contexto, el 11 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua, se registró una riña en el Centro de Reinserción Social número 3 entre los grupos criminales Los Chapos y Los Mexicles (ligados al Cártel de Sinaloa). Como consecuencia, 2 personas murieron y 20 más resultaron heridas. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, declaró que el conflicto escaló y miembros de Los Mexicles provocaron una serie de incendios a distintos negocios y finalmente, abrieron fuego contra la población civil. Como resultado de esta jornada violenta 11 personas fueron asesinadas. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que era algo “que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles. Esto es lo más lamentable (sic)”. Por su parte, la gobernadora del estado, Maru Campos se comprometió a esclarecer los hechos, pero no ofreció ningún tipo de explicación al respecto.

Por su parte, el gobierno federal, a través de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que tienen plenamente identificadas las causas de estas violencias. Sin embargo, el discurso y la narrativa oficial demuestran lo contrario, pues es omiso en reconocer la responsabilidad estatal en estas dinámicas de violencia, así como las capacidades e implicaciones del despliegue armado y control territorial del crimen organizado que persisten y crecen gracias a las mismas “estrategias” que el gobierno implementa para erradicarlo. Hasta ahora, a pesar de todas esas declaraciones en todos los niveles de gobierno, no hay claridad sobre la motivación u objetivo de los ataques. Es preocupante que desde el Ejecutivo federal no se reconozca que el problema de la violencia es estructural y no una salvedad.

Las implicaciones del discurso gubernamental que colocan el conflicto en una narrativa de buenos vs malos es problemática en varios sentidos: simplifica y desdibuja los factores de persistencia de la violencia, que en esencia tiene que ver con una disputa por el control económico y territorial del tráfico de drogas. Además, visibiliza que existe un vínculo entre el crimen organizado y el poder político, pero no desde el reconocimiento de lo que esa relación implica, sino desde la normalización que tiene la presencia del crimen organizado en todos los ámbitos del Estado y finalmente traslada la responsabilidad de responder a las Fuerzas Armadas -otro generador de violencia-, sin una estrategia integral que permita contener la violencia y plantear al mismo tiempo medidas de prevención.

Coincido plenamente con la Dra. Julia Monárrez cuando plantea que las voces hegemónicas -en este caso gubernamentales y medios de comunicación que abordaron el tema desde una perspectiva superficial, de espectacularidad del dolor y la violencia- tienen repercusiones negativas en grandes segmentos de la población que siguen padeciendo los efectos de una “guerra” de la que seguimos sin tener claridad, pero que termina por afectar directamente a las personas más vulnerables, personas que frente a la magnitud de los hechos se vuelven desechables, sacrificables. No sabemos a ciencia cierta cuántas ni quiénes son las víctimas de estos “ataques” o “enfrentamientos”, ni siquiera estamos hablando de ellas, de ésta magnitud es la invisibilización de las personas que encarnan los efectos de la violencia que nunca se acaba.

En medio de la lógica y la narrativa del actual gobierno que apuesta por mostrar los hechos de violencia como escenarios excepcionales, de los que tienen el control y presumen que dan resultados, se encuentran cientos de víctimas. Víctimas que nadie nombra, que no tienen rostro, ni historia, ni monumento, que solo son una consecuencia más de la estrategia fallida del Estado mexicano en materia de seguridad.

* Olimpia Martínez Ramírez (@olimpia_libre) es politóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) enfocada en la  defensa y promoción de derechos humanos. Feminista y acompañante de procesos que buscan verdad, justicia y memoria. Actualmente colabora en el área de incidencia de @ElementaDDHH.

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