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Desaparecer en Baja California: de la incompetencia a la indolencia institucional
Con 13 mil personas desaparecidas, 144 fosas clandestinas registradas y más de 9 mil cuerpos sin identificar, Baja California aún tiene pendiente la instalación de los sistemas locales de búsqueda y de víctimas, así como la creación de una verdadera fiscalía especializada para investigar las desapariciones.
Por Renata Demichelis Ávila
19 de octubre, 2021
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Hace unas semanas lanzamos el micrositio Desaparecer en Baja California y revelamos datos sobre el fenómeno en la entidad que no eran públicamente reconocidos por las autoridades estatales y federales. El tamaño de la crisis es este: casi 13 mil personas desaparecidas, 144 fosas clandestinas registradas y más de 9 mil cuerpos sin identificar. Frente al aumento exponencial de estos números en los últimos años nos preguntamos ¿cuál ha sido la respuesta institucional para atender estas problemáticas?

Sabemos que, como en todos los estados del país, en Baja California quienes buscan, investigan y empujan la identificación de cuerpos son las familias, muchas de ellas cobijadas y acuerpadas en colectivos. Esto, como respuesta a la poca capacidad que han mostrado las autoridades federales y locales no solo para atender los casos ocurridos con anterioridad a la adopción de leyes y creación de instituciones en la materia, sino para actuar al tiempo que las desapariciones suceden y con miras a prevenir las futuras.

La respuesta del Estado, aunque lejana de resolver la crisis nacional, se consolidó a nivel federal con la adopción de las leyes en materia de víctimas (en 2013) y desaparición de personas (en 2017). Sin embargo, falta mucho todavía para que esto suceda a nivel local. Baja California fue el penúltimo estado en aprobar la ley local de víctimas (con 5 años de retraso), aún tiene pendiente la adopción de la ley local en materia de desaparición (con 3 años de retraso), la instalación de los sistemas locales de búsqueda y de víctimas, así como la creación de una verdadera fiscalía especializada para la investigación de las desapariciones. En esencia, todavía tiene un largo camino por recorrer en cuanto a su aplicación y garantía. Hasta ahora, la respuesta estatal parece ser nada más que un mero estandarte legislativo para legitimar un cumplimiento en materia de derechos humanos que sigue pendiente.

Ante este panorama, los colectivos de familiares víctimas de personas desaparecidas han denunciado constantemente la falta de capacidad de las autoridades en la búsqueda y la investigación, pero también en la reparación integral del daño. A esto se suma la falta de claridad sobre las atribuciones y obligaciones de cada institución y el poco interés de las mismas en acercarse a la población.

Por una parte, sobre la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, aunque hay Ley local en la materia no hay certeza sobre la creación de la Comisión, la forma en la que ésta opera, quiénes son las personas que trabajan ahí, o si es que hay Fondo de Ayuda o no. Lo único que sabemos es que, a través de un oficio, el secretario general de Gobierno del estado de Baja California ordenó la adscripción del personal del área de atención a víctimas en la fiscalía estatal a la Secretaría a su cargo.

Lo que es particularmente grave es que no tienen un plan de reparación integral y tampoco cuentan con un estimado del número de víctimas que hay en el estado. Incluso, algunas personas señalan haber sido inicialmente rechazadas para ingresar al registro pues el hecho victimizante ocurrió con anterioridad al establecimiento de la Comisión. De acuerdo con sus testimonios ésta les manifestó que “los únicos casos que tienen derecho son las personas que han desaparecido del 2020 en adelante y que tal vez con lo que pueden ayudar es con el apoyo psicológico”. Lo que también demuestra un profundo desconocimiento de la ley.

Las deficiencias institucionales no terminan ahí. Muchas otras quejas están relacionadas con la falta de recursos que constantemente refiere la Comisión Estatal de Víctimas como justificación al incumplimiento de sus obligaciones. Como respuesta a una solicitud de información en materia de recursos disponibles, la Comisión Estatal de Víctimas nos envió el detalle de requerimientos de 2021 que nos permite concluir que aunque los recursos son evidentemente insuficientes también hay un inadecuado ejercicio de los mismos.

Para 2021 se asignaron 8.6 millones de pesos para “proporcionar atención integral en asesoría legal, atención psicológica y trabajo social a víctimas del delito”, de los cuales el 80% se destinó para la acción de “seguimiento al gasto de servicios personales” (primas vacacionales, compensaciones, bonos y aportaciones a afores o servicios médicos del personal). El 20% restante del presupuesto está asignado a las acciones relacionadas con la atención integral de las víctimas en los municipios, que se ha gastado en viáticos, gasolina, papelería, carpas, ventiladores y garrafones de agua. Esto es, los gastos que se están generando corresponden a primas, prestaciones y beneficios de un personal del que no sabemos quiénes son, qué hacen y si cuentan con el perfil adecuado. Además, el porcentaje que sí han destinado a la atención integral contempla rubros que no reflejan las necesidades reales que han manifestado las víctimas.

Por su parte, aunque la falta de personal (y personal capacitado, específicamente) y de presupuesto son los principales argumentos utilizados también por la Comisión Local de Búsqueda para justificar sus omisiones, hemos identificado sus propias deficiencias. Su creación y operación ha generado mucha incertidumbre a las familias, colectivos y organizaciones que trabajan en Baja California. Primero, porque no existe información al respecto: no hay una página web, tampoco se han llevado a cabo campañas de información sobre las obligaciones y atribuciones de la Comisión, y no está claro para la persona interesada cómo y dónde reportar una desaparición ni qué proceso debe seguir. Tampoco hay información sobre quiénes trabajan en la Comisión, sus perfiles y las capacidades con la que ésta cuenta (materiales, humanas y económicas) para realizar la búsqueda y coordinarse con otras autoridades.

Segundo, porque no tiene planes de búsqueda. Ni individualizados, ni estatales. No hacen análisis de contexto. No tienen registro, por lo que no registran nuevas desapariciones; tampoco hacen fichas de búsqueda. Vaya, no tienen siquiera un estimado de personas desaparecidas en Baja California. Sus acciones están limitadas a la solicitud explícita que hacen las familias y los colectivos de acompañamiento a las jornadas que ellas organizan. Incluso cuando eso sucede, han llegado enviar a la persona encargada de informática. No tienen protocolo de búsqueda inmediata, pero tampoco capacidades de implementarlo en caso de contar con él. La emergencia sanitaria por COVID-19 evidenció aún más todo esto.

Esto es solo una parte de la incompetencia institucional a la que se enfrentan las víctimas en Baja California, especialmente las familias de personas desaparecidas. Sin embargo, más allá de la incapacidad, que se ha intentado resolver en otros estados (y en otros temas) a punta de capacitaciones y aumento presupuestal, se observa una profunda y brutal indolencia institucional. La respuesta estatal frente a las exigencias de verdad y justicia redunda en la indiferencia ante la situación de incertidumbre y dolor por la que atraviesan las familias de las víctimas de desaparición.

* Renata Demichelis Ávila (@ranademi) es internacionalista y maestra en derechos humanos. Actualmente coordina la oficina en México de @ELEMENTADDHH.

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