Desaparecer en Baja California: una crisis escondida
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Desaparecer en Baja California: una crisis escondida
Aunque al día de hoy el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas contabiliza 1,834 personas desaparecidas y no localizadas en Baja California, las cifras que Elementa obtuvo de la propia Fiscalía General del Estado revelan una crisis mayor.
Por Renata Demichelis Ávila
20 de octubre, 2022
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En México existe una epidemia de violencia que es cada vez más difícil de ignorar. Las consecuencias sobre las familias son devastadoras, los costos de la impunidad altísimos y los alcances de la corrupción apenas los empezamos a dimensionar. Tortura, matanzas, tiroteos, enfrentamientos, desapariciones son las palabras que están al frente de todos los diarios de circulación nacional y locales. El concepto de “crisis de derechos humanos” parece desdibujarse y perder contenido frente a una realidad cada vez más generalizada, menos focalizada y excepcional.

En Baja California, en medio de la catástrofe nacional, la desaparición de personas deja huellas, vacíos e incertidumbres que se mezclan con el miedo y la descomposición familiar. La esperanza de las madres, padres, hijas, hijos, hermanos y hermanas buscadoras encuentra una muralla en la indolencia e incompetencia institucional que niega la magnitud del fenómeno: la ausencia de más de 14 mil personas desaparecidas. Aunque al día de hoy el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) contabiliza 1,834 personas desaparecidas y no localizadas en Baja California, las cifras que Elementa obtuvo de la propia Fiscalía General del Estado revelan una crisis mayor. Además de la falta de reconocimiento de los números -y su estrepitoso crecimiento- que le dan dimensión a la crisis humanitaria, poco hacen las autoridades por investigar las desapariciones, explicar sus causas y crear planes de búsqueda.

Reconocer las cifras y el contexto no es cosa menor y tendría que ser prioridad para el gobierno de Marina del Pilar Ávila. Implica aceptar que la crisis en Baja California está al nivel de Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México, los tres estados que encabezan la crisis de desaparición nacional y que reportan entre 11 mil y 15 mil personas desaparecidas. En tanto eso no suceda: mucho ruido y pocas nueces. Porque mientras escuchamos a la gobernadora decir que las familias no están solas y que se está trabajando para encontrarles, la vemos asistir a búsquedas en campo, tomar un palo y picar la tierra para tomar algunas fotos y hacer videos al estilo más rancio de promoción política.

Aunque la investigación y búsqueda de personas no es un tema de relevancia electoral, que genera votos o popularidad -si lo fueran, esas palabras y acciones se convertirían en una política estatal cobijada por un marco jurídico amplio y progresista, presupuesto y personal capacitado-, no podemos ignorar que se emplean tiempo, recursos y estrategias para simular acciones y esconder la crisis de desaparición en Baja California. Desde el ámbito institucional se evita informar con contundencia y certidumbre que las desapariciones van en aumento; en su lugar prefiere referirse a las personas que son localizadas. Esto, sin duda, es algo que da paz y alegría, pero el discurso estatal es realmente un artilugio político que confunde y no refleja la situación. Esconde los miles de rostros y nombres que todos los días se convierten en carpetas de investigación.

Por su parte, la Fiscalía del estado insiste, a pesar de haber otorgado a Elementa la información al respecto que nos permite dar la cifra de más de 14 mil personas desaparecidas en Baja California, que actualmente no está en posibilidades de manejar estadísticas reales. Además de que esto es preocupante en sí, alarman sus razones: que 3 de los 6 municipios del estado están fuera de la jurisdicción de la Fiscalía de Unidades Especializadas, lo que reitera la importancia y urgencia de crear una Fiscalía Especializada en materia de desaparición conforme a la Ley General; y que no hay certeza de que las personas desaparecidas e incluso los cuerpos y restos encontrados sean producto de la comisión de un delito, lo que demuestra un completo rechazo al contexto de violencia en el estado. Con estos argumentos justifican también que la Fiscalía no haya enviado hasta la fecha información al RNPDNO.

“Uy, no. Mejor ni levante el reporte, a leguas se ve que su hijo le entraba duro al crack”, fue la respuesta que recibió un padre al mostrar la fotografía de su hijo cuando acudió a la Fiscalía a denunciar su desaparición. Esa frase es solo una pequeña muestra de cómo la Fiscalía acude a discursos estigmatizantes que le apuestan a la criminalización y construcción de una narrativa sobre poblaciones desechables. Desde un enfoque reduccionista y simplista constantemente destacan la relación entre drogas, crimen organizado y desaparición; ignorando, a conveniencia, la colusión o participación directa de algunas autoridades en las mismas y reforzando la idea de que hay vidas que no vale la pena buscar, proteger o salvar.

A mediados de este año, los medios de comunicación locales reportaron que la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes estaba alcanzando cifras preocupantes y presentaban un ritmo de crecimiento alarmante. Frente a ello, el fiscal Iván Carpio señaló que cada vez existe mayor participación de las mujeres en el consumo de drogas como en las actividades de los grupos del crimen organizado y que por ello resultaba difícil para las autoridades “proteger a quienes se sobreexponen” con ese tipo de conductas.

Resulta realmente difícil, si no es que imposible, conciliar estas declaraciones y justificaciones con las palabras de compromiso y las imágenes difundidas en medios de comunicación y por vías oficiales de las autoridades abrazando a las familias, tomando las palas. Resulta indignante la posibilidad de que todo este ruido sea para esconder una crisis, apaciguar y callar las voces que desde hace más de 15 años -y las que continúan sumándose- no dejan de gritar de dolor, coraje y frustración. Con ellas estamos, con ellas resistimos y por ellas denunciamos la simulación.

* Renata Demichelis Ávila (@ranademi) es internacionalista y maestra en derechos humanos. Actualmente es Directora para México de @ElementaDDHH y desde el 2019 coordina el proyecto “Desaparecer en Baja California”.

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