El asesinato de periodistas en Tijuana
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“... Hasta tengo temor por mi vida”. El asesinato de periodistas en Tijuana en un contexto de violencia e impunidad
Resta la pregunta sobre si existe verdaderamente una falta de voluntad política o, más bien, nos encontramos ante una sistemática decisión política que busca atemorizar y dejar morir a las personas cuyas historias y voces resultan incómodas para las autoridades.
Por Valeria Gutiérrez Vega
26 de enero, 2022
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El 23 de enero de 2022 asesinaron en Tijuana, Baja California, a la periodista Lourdes Maldonado; días antes, el 17 de enero, fue asesinado el reportero y fotógrafo independiente Margarito Martínez Esquivel. De forma alarmante, el lapso transcurrido entre estos homicidios es de tan sólo siete días. Estos actos exponen las consecuencias de la violencia que asola desde hace años a territorios como Tijuana; también dan cuenta de la deficiente política de prevención y protección a periodistas, tanto a nivel nacional como local. Lo que sigue indignando es la indolencia y la falta de voluntad política de las autoridades para atender y prevenir muertes que pudieron haberse evitado.

Por desgracia y sin que esto sea un dato novedoso, muertes como las de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez confirman que México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo. Entre 2000 y 2022, Article 19 ha reportado más de 147 asesinatos a periodistas,  28 han ocurrido durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Tres de ellos, en los 23 primeros días del año, dos en Tijuana. De acuerdo con Leopoldo Maldonado, director de Article 19, para el primer semestre de 2021, Baja California ocupó el quinto lugar a nivel nacional de agresiones contra la prensa.

¿Qué está pasando en Baja California? es una de las preguntas que más ha circulado estos días en redes sociales, en conversaciones y en la cabeza de más de una persona. Tijuana es reconocida como una de las ciudades más violentas del mundo. Esta ciudad ha sido escenario de la militarización y de la lucha entre diversos cárteles del narcotráfico que buscan lograr su control. Las consecuencias: homicidios, tortura, muertes violentas, desapariciones. Todo eso se ha incrementado en esta ciudad fronteriza a raíz del inicio de la guerra contra las drogas. Nada parece dar tregua. Tan solo el los primeros 17 días del año, 143 personas han sido asesinadas en Baja California, 87 de ellas (60%) en Tijuana.

Frente a esta crisis que se ha profundizado, las estrategias de seguridad no cambian. Hace unas semanas, la gobernadora anunció el nombramiento del General Gilberto Landeros Briseño -un militar- como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado. A pesar de la incansable exigencia que se ha hecho desde la sociedad civil para dejar de militarizar la seguridad pública, Baja California repite la fórmula utilizada en 2008 cuando se hizo al Teniente Coronel Juliá Leyzaola el dicho encargo en la ciudad de Tijuana. En ese entonces, ante la disminución aparente de la violencia, se documentó la detonación e incremento de graves violaciones a derechos humanos. Ejemplo de ello fue el uso de la tortura para la fabricación de culpables, cuyo caso emblemático es el de los 25 policías municipales detenidos en Tijuana.

Es ese el contexto de violencia y amedrentamiento al que día a día se enfrentan varios periodistas. En el caso de Lourdes Maldonado, pese a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador—quien afirma que su asesinato no es una cuestión de “disputas o amenazas”—, es difícil, si no es que irresponsable, no considerar las amenazas y el temor que la propia periodista expresó en 2019 en una conferencia de prensa ante el presidente. En aquella ocasión la periodista refirió la situación que vivía en Baja California tras haber iniciado una disputa legal con la empresa de medios, propiedad de Jaime Bonilla, en ese entonces Senador por Baja California y posteriormente Gobernador del estado. La petición de Lourdes Maldonado fue clara, buscaba apoyo y protección: “Vengo a pedirle apoyo, justicia laboral porque hasta temo por mi vida”.

Lourdes Maldonado, quien realizaba la cobertura sobre corrupción y política, formaba parte del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; sin embargo, esto no evitó que fuera víctima de agresiones previas a su asesinato. Pese a esto no se intensificó la protección ni las medidas de prevención, tampoco se investigaron los hechos. La impunidad ha sido el preámbulo de mayores y más graves agresiones que, tristemente, han terminado en muertes. El homicidio de Lourdes debe ser investigado apagado a su labor periodística, agotando todas las hipótesis de investigación, incluyendo la disputa laboral con el exgobernador.

Por su parte Margarito Martínez Esquivel —el fotoperiodista más publicado de Baja California, de acuerdo con el Semanario Zeta— se dedicaba a la cobertura de temas de violencia, drogas y migración y, a lo que se conoce, como nota policial. Margarito fue asesinado afuera de su domicilio, tras reportar haber sido víctima de amenazas y hostigamiento e, incluso, haber solicitado -sin éxito- su incorporación al Sistema Estatal de Protección a Periodistas. No podemos pasar por alto que el periodista vivía en la colonia Sánchez Taboda en Tijuana, la cual ha sido clasificada desde 2015 como la más violenta de Baja California. Al igual que con Lourdes Maldonado, la Fiscalía del Estado ha intentado desviar la investigación de su muerte a un asunto de problemas por el litigio de un terreno y no a la serie de amenazas reportadas con antelación.

Los gobiernos, federal y local, continúan actuando bajo una retórica sobre impunidad sin que esto se vea traducido en acciones de prevención y justicia efectivas y eficientes. Tras el reciente asesinato de Margarito Martínez la gobernadora Marina del Pilar anunció que instalará en Baja California el Mecanismo de Protección a Periodistas, pues hasta la fecha no contaba con uno a pesar de que Baja California ha ocupado un lugar relevante en cuanto a los ataques contra la prensa. Lamentablemente, los resultados de este mecanismo están lejos de ser lo que necesitamos. Como ya lo ha señalado Article 19, es preocupante que dada la gravedad de las amenazas recibidas —como en el caso de Margarito Martínez— su incorporación no se haya realizado de forma expedita; es alarmante que sean excesivamente burocráticos y requieran de requisitos que obstaculizan la implementación de medidas de protección efectivas e inmediatas para defender la vida de los periodistas. Asimismo, debe señalarse que muchas de las personas que se encuentran dentro del Mecanismo se encuentran en situaciones complicadas de atención y protección pues las mismas autoridades que se encargan de su protección son de quienes han recibido amenazas.

El asesinato de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez nos deja profundas ausencias y también nos recuerda, incesantemente, la impunidad con la que se agrede y asesina a periodistas en este país. Mientras tanto, la reacción de las autoridades redunda en la invisibilización de sus reclamos, temores y necesidades; su muerte como la de cientos de periodistas pudo haberse prevenido y evitado. Pero, si ignorar las señales de alerta ha sido el común denominador que caracteriza el actuar de las autoridades, resta la pregunta sobre si existe verdaderamente una falta de voluntad política o, más bien, nos encontramos ante una sistemática decisión política que busca atemorizar y dejar morir a las personas cuyas historias y voces resultan incómodas para las autoridades, quienes parecen no comprender que #NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas.

#NiSilencioNiOlvido

* Valeria Gutiérrez Vega (@gualtervalter) nació en 1990 en la Ciudad de México. Estudió la maestría en Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte. Actualmente trabaja como investigadora en @ELEMENTADDHH, centrándose en el fenómeno de la desaparición y la búsqueda de personas desaparecidas en Baja California, México.

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