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Entre la contradicción y la criminalización: el debate sobre la posesión de cannabis en la Corte
¿Cómo es posible reconocer el derecho al consumo lúdico de la cannabis al tiempo que mantienes la criminalización de poseer dicha sustancia? ¿Cómo se consume sin poseer?
Por Natalia López
2 de noviembre, 2021
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Hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición administrativa del uso y consumo lúdico de la cannabis, por violentar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En la Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) 1/2018 se establecen: 1) las condiciones y límites para el ejercicio al autoconsumo, 2) la necesidad de que el Congreso regule la cannabis desde un enfoque de salud pública, y 3) la obligación de la Secretaría de Salud para emitir las autorizaciones correspondientes para hacer efectivo el ejercicio el derecho al autoconsumo.

No obstante, esta decisión no tocó la prohibición penal, por lo que las conductas relacionadas con el uso y consumo de sustancias psicoactivas se siguen considerando como delito. Entre estas, la posesión simple que consiste en el hecho de portar sustancias psicoactivas, sin autorización, y que de las circunstancias no pueda comprobarse si está destinada al comercio o suministro. Este delito afecta directamente a las personas usuarias de cannabis y otras sustancias, pues ¿cómo es posible reconocer el derecho al consumo lúdico de la cannabis al tiempo que mantienes la criminalización de poseer dicha sustancia? ¿Cómo se consume sin poseer?

En ese contexto, a la SCJN se le presenta una nueva oportunidad para dar certidumbre jurídica a las personas usuarias con la atracción del amparo en revisión 585/2020. El recurso, presentado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), cuestiona la constitucionalidad del delito de posesión simple por violentar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. También, por ser una medida desproporcionada e ineficaz para disuadir su consumo y erradicar el tráfico ilícito.

Sin embargo, el proyecto de resolución, propuesto por el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, está orientado a declarar la constitucionalidad del delito de posesión simple y mantener la criminalización de las personas usuarias de cannabis. Argumenta que:  1) la posesión simple protege al bien jurídico y constitucionalmente válido de la salud pública; 2)  la Tabla de Orientación1 garantiza la libertad de consumo, evitando la posesión indiscriminada y, 3)  permite el eficiente combate contra el narcotráfico.

Además de que la evidencia existente en materia de salud y los más de 15 años de fracaso de la guerra contra las drogas contradicen lo argumentado por el ministro, el proyecto es preocupante porque no busca generar un debate real sobre los efectos de la penalización de la posesión simple. Por el contrario, defiende una política de drogas ineficaz e ignora los efectos de dicho delito que han impactado negativamente a la sociedad, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad relacionados con el mercado ilícito. Asimismo, es una contradicción con lo decidido en la  DGI 1/2018, sobre la prohibición administrativa.

¿Qué efectos del delito de posesión simple ignora el sentido del proyecto del ministro Alcantara? El Código Penal Federal faculta a las autoridades locales para conocer y sancionar delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. En el caso de la posesión simple basta con que la policía u otra autoridad encargada de la seguridad pública presuma la posesión de una sustancia psicoactiva para proceder a la detención. Esto sin la necesidad de probar que es para fines de venta. Lo anterior da paso a detenciones arbitrarias y a procesos penales en contra de personas usuarias.

Además, esas detenciones se realizan, en su mayoría, en el marco de violaciones a derechos humanos y garantías procesales, como lo documentamos en el informe Historias de Detención por Posesión Simple. Los testimonios recopilados dan cuenta del uso de violencia física, psicológica, sexual; de privación ilegal de la libertad; de extorsión, y de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

También es importante considerar que dicho delito forma parte del catálogo de delitos en los que puede aplicarse la prisión preventiva oficiosa, es decir de forma automática. Según datos del INEGI, la mayoría de las personas privadas de la libertad están en prisión preventiva oficiosa por delitos de narcomenudeo, en el que se encuadra la posesión simple. A esto se suma que, tal y como se reveló en la investigación de Animal Político e Intersecta, la prisión preventiva es un “arma que encarcela a pobres e inocentes”.

Estos efectos han sido también denunciados por la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con el informe Detención Arbitraria en relación con las políticas de fiscalización de drogas del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el encarcelamiento masivo es una consecuencia del uso desproporcional del derecho penal y de la prisión preventiva en delitos relacionados con drogas. Señala también que es una práctica que tiene un impacto diferenciado en personas de bajos recursos y concluye que los países deben despenalizar el uso, posesión, adquisición y cultivo para el consumo personal.

El proyecto de resolución defiende la idea de que la prohibición administrativa y la penal regulan conductas distintas. Pero al final, eliminar una y conservar otra vulnera la seguridad jurídica para los usuarios. La SCJN cuenta con los datos e información necesaria para realizar un estudio profundo para cuestionar la efectividad del delito de posesión simple, valiéndose del contexto, cifras, y datos proporcionados por la organización de la sociedad civil y ajustándose a la experiencia comparada.

Sobre esto último, la propia SCJN editó una publicación, coordinada por Elementa, que detalla el papel que algunas de las Altas Cortes de la región han jugado frente a la prohibición de la cannabis. Destaca, particularmente, la experiencia de la Corte Constitucional colombiana, que en los años 90, época en la que el narcotráfico tuvo mayor fuerza, estableció que la posesión y consumo de cualquier sustancia psicoactiva, incluyendo la cannabis, no pueden ser considerados delitos. Señaló específicamente que la posesión para uso personal no podía ser penalizada. Esto impactó directamente a las personas usuarias, quienes dejaron de ser multadas y detenidas por portar menos de la dosis personal (20 gramos).

Con eso como base, en los años siguientes, la Suprema Corte colombiana, a través de su jurisprudencia, comenzó a dibujar una salida a los umbrales como factor inamovible de valoración judicial. Más allá de intentar usarlos para diferenciar entre uso personal y narcotráfico, la Corte protege la dosis personal que sobrepasa el umbral al señalar que también se puede portar con fines de aprovisionamiento.

Es muy claro que la criminalización de la conducta de la posesión de cannabis ha creado dinámicas de persecución penal en contra de grupos en contexto de vulnerabilidad; justificada por prejuicios, estigmas y una guerra que ha profundizado las violaciones a los derechos humanos y la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad pública y nacional. Por eso es importante que la Corte deje de lado las contradicciones y se aleje de las figuras más restrictivas de la política prohibicionista de drogas que atentan contra usuarios y eslabones bajos de la cadena. Que consolide las bases para construir una política de drogas con enfoque de salud pública y justicia social.

* Natalia López (@Nat_101097) es estudiante de la carrera de derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es investigadora en @ELEMENTADDHH en México.

 

 

1 Tabla de orientación de dosis máxima de consumo personal e inmediato, contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud

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