¿Justicia al otro lado de la frontera? La reducción de condena en el caso Emma Coronel (Parte III) - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Blog de Elementa
Por Elementa DDHH
Elementa es una organización feminista que apuesta por el uso creativo del derecho para aportar ... Elementa es una organización feminista que apuesta por el uso creativo del derecho para aportar al respeto y garantía de los derechos humanos en Colombia y México. (Leer más)
¿Justicia al otro lado de la frontera? La reducción de condena en el caso Emma Coronel (Parte III)
El caso de Emma Coronel es un ejemplo del papel tan preponderante que juega la negociación con el gobierno estadounidense sobre los delitos imputados y las penas sugeridas, a cambio de declararse culpable y, posiblemente, información útil para otras investigaciones.
Por Elementa DDHH
14 de diciembre, 2021
Comparte

Una de las noticias más relevantes de las últimas semanas fue la condena de Emma Coronel por delitos relacionados con drogas en los Estados Unidos. Fue particularmente llamativa la duración de la pena de prisión impuesta, pues aspiraba a por lo menos una condena perpetua en prisión frente a los 36 meses que obtuvo. Sin pretender hacer una explicación profunda del sistema de justicia penal estadounidense, aquí te explicamos algunos de los factores que jugaron un rol clave en la determinación de la sanción en su caso. Buscamos explicar, primero, un aspecto esencial del proceso penal en Estados Unidos (que es la negociación con el gobierno sobre cómo se declara la persona acusada ante la corte) y, segundo, poner en perspectiva algunos de los elementos que intervinieron para la determinación de la pena.

I. La negociación con el gobierno estadounidense

Emma Coronel fue arrestada el 22 de febrero de 2021 en el aeropuerto internacional de Dulles en Virginia y acusada por la comisión de diversos delitos relacionados con la distribución de drogas en los Estados Unidos. Poco menos de 4 meses después, sin juicio de por medio, Emma Coronel se declaró culpable ante la corte federal del Distrito de Columbia el 10 de junio de 2021, después de un acuerdo con el gobierno estadounidense.

Tal y como lo hemos visto una y otra vez en las series y películas de Hollywood ese momento dramático en que la persona acusada se declara “culpable” o “no culpable” ante un juez vestido con toga negra supone cuestiones sumamente trascendentales del proceso penal estadounidense. Implica que la persona acusada, acompañada de su defensa, ha atravesado la etapa del proceso penal en la que, sin llegar a juicio, negocia con el gobierno sobre si se declara culpable o no. Si la persona se declara “no culpable”, entonces la siguiente gran etapa del proceso es la del juicio propiamente hablando, en la que el fiscal presenta las pruebas que tiene en su contra y la persona acusada tiene la oportunidad de presentar pruebas a su favor.

En cambio, si la persona acusada acepta su responsabilidad en la comisión de los delitos imputados, entonces se llega a un acuerdo de culpabilidad (en inglés denominado plea agreement). Éste consiste en declararse culpable de ciertos delitos ante una corte, a cambio de algunos beneficios, tras una negociación con el Estado que se lleva a cabo de forma privada. Por ejemplo, se negocia la eliminación de algunos cargos o, en términos generales, una determinada recomendación al juez sobre el rango de años en prisión a imponer como condena por los delitos cometidos que puede ser menor a la propuesta original. Esto supone que la persona acusada automáticamente ha renunciado a su derecho a juicio y todo lo que ello conlleva en términos de derechos procesales (como el derecho a presentar testigos a su favor).

Aunque muchas veces esos acuerdos se realizan por economía procesal, muchas otras, como en los casos de quienes participan en el mercado declarado ilícito de drogas, persiguen como uno de sus objetivos primordiales (por debajo de que la persona se declare culpable), la obtención de otro tipo de información.

Regresando al caso de Emma Coronel, al llegar a un acuerdo, ella se declaró culpable de los siguientes delitos:

  1. Conspiración para distribuir 5 kilos de cocaína, 1 kilo de heroína, más de 500 gramos de metanfetamina, más de 1,000 kilos de marihuana con la intención de importarlos a los Estados Unidos;
  2. Conspiración para lavar activos derivados de la venta de las drogas mencionadas en el inciso anterior; y
  3. Participar en transacciones y acuerdos en propiedades e intereses en propiedades para una persona designada por el gobierno de los Estados Unidos como un “Narcotraficante Extranjero Importante”1. Es decir, “El Chapo”, su pareja y padre de sus hijas.

Dado que no hubo juicio, por la razón explicada anteriormente, el proceso contra Emma Coronel pasó directamente a la etapa de sentencia. En su caso, las penas potenciales incluyen:

  1. Para el primer cargo, un mínimo de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua, una fianza que no exceda los 10,000,000 de dólares y un periodo de libertad supervisada de mínimo 5 años.
  2. Para el segundo cargo, un máximo de 20 años de prisión y una fianza que no exceda de 500,000 dólares o el doble del valor de los activos mencionados y
  3. Para el tercer cargo, un máximo de 10 años de prisión y una fianza que no exceda de 250,000 dólares.

Es importante aclarar que estas son únicamente una posible pena por los delitos cometidos, y cómo se verá más adelante, están sujetas a modificaciones y ajustes dependiendo de varios criterios, incluyendo las negociaciones que se hacen para llegar al acuerdo de culpabilidad.

II. Procedimiento para la determinación de la pena

El sistema de determinación de sanciones en el marco del procedimiento penal en Estados Unidos ha pasado por múltiples etapas. De manera general se puede decir que décadas atrás el sistema de imposición de sanciones era indeterminado, de manera que el juez tenía amplia discreción para determinar la pena. Sin embargo, en décadas más recientes se trató de homologar este sistema para evitar grandes variaciones en la forma en que los jueces sentencian en unos y otros estados.

Un momento clave de este proceso fue la aprobación legislativa de las Directrices Federales de Sentencia en 1984. Lo importante de estas Directrices es que establecían parámetros específicos sobre las sanciones que debían ser impuestas y otorgaban muy poca discrecionalidad a las cortes para la determinación de las mismas. De manera que, a partir de una serie de factores, considerados por medio de “puntos”, se llegaba a un rango muy específico de años de prisión a imponer en cada caso. Estas directrices solían ser obligatorias, y aunque ya no lo son, siguen teniendo un peso determinado para la fijación de sanciones penales y, de hecho, pueden ser retomadas como guía para la recomendación que haga la fiscalía a la corte sobre la sanción a imponer al momento de dictar sentencia. De hecho, en el caso de Emma Coronel parecen haber jugado un rol relevante para la recomendación de sentencia formulada por la fiscalía a la corte.

En ese caso se determinó, en primera instancia, que el puntaje por los delitos cometidos era de 38. Este puntaje de 38, es al que se le determina como nivel base de la ofensa2, que es el punto de partida para determinar la gravedad de un delito en particular.

Lo interesante de este caso (y en general de este tipo de procedimientos), es que una vez determinado este nivel base se ponderan los distintos factores, que determinan circunstancias a considerar en cada caso para determinar la pena y emitir una sentencia. Entre algunos de estos factores se encuentran los siguientes:

  1. Que la condena refleje la seriedad del delito con el objetivo de promover el respeto a la ley, así como castigar la comisión del delito.
  2. Que la pena disuada adecuadamente la conducta delictiva.
  3. Que la condena proteja a la sociedad de futuros crímenes que pueda cometer la persona acusada y;
  4. Que la condena evite disparidades no deseadas entre personas acusadas de delitos similares.

En el caso en concreto, una vez analizados, se dio una primera reducción de 4 niveles (de 38 a 34), por considerar que fue una “participante mínima” en las actividades criminales que se le imputaban. Posteriormente, de acuerdo con los documentos del proceso, se dio una reducción de dos niveles (pasando de 34 a 32), debido a la cooperación de la acusada con las autoridades estadounidenses, así como porque históricamente en casos de condenas por delitos similares, las penas han sido menores a lo establecido por las directrices federales. Por último, se le redujo un nivel más por la aceptación de los cargos que se le imputaban (pasando de 32 a 31 puntos).

De acuerdo con las directrices federales de sentencia, al puntaje de 31 le corresponde una sentencia en el rango de 108 y 135 meses de prisión (entre 9 y 11 años 4 meses de prisión). A pesar de este rango, y debido a que estas directrices únicamente sirven de referencia y no son obligatorias, el gobierno estadounidense otorgó un peso importante a que Coronel no tenía cargos previos, l que su participación en los delitos que se le imputaron había sido mínima y a que aceptó su responsabilidad en la comisión de los mismos. Por ello, determinó que la condena adecuada serían 48 meses (4 años) de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada.

Además en ese mismo acto, el gobierno estadounidense solicitó el inicio de un juicio monetario3 por la cantidad de $1,499,970.00 dólares que representa el valor de la propiedad decomisable atribuible al  producto del primer cargo del que fue acusada.

Sin embargo, es importante aclarar que esta sugerencia de sentencia del gobierno estadounidense no es la última determinación, al final de cuentas el Departamento de Justicia únicamente hace una recomendación de la sentencia que podría imponerse en el caso concreto, pero es la corte la que, en general, tiene la libertad de determinar cuál será la condena establecida en el caso concreto.

Al final la corte determinó que la condena sería de 36 meses de prisión, seguidos de cuatro años de libertad supervisada. Es decir en el caso podemos observar que inicialmente por los delitos cometidos pudo haber alcanzado una condena potencial mucho mayor que la sentencia que obtuvo, pero debido a distintos factores y decisiones por distintas autoridades dentro del sistema de justicia estadounidense, la condena fue reducida.

Este tipo de casos nos permite visibilizar que el sistema de justicia estadounidense tiene marcadas diferencias con el mexicano, incluyendo  en la determinación de la sentencia. Su sistema de precedentes crea tanto una línea argumentativa en las decisiones, como una línea basada en la determinación de las condenas, que busca, en teoría, asegurar que no sean consideradas injustas en comparación con otros casos similares.

¿Qué papel juegan los acuerdos formulados para llegar al acuerdo de culpabilidad en la reducción de penas? ¿Hay algo más, además de la aceptación de culpabilidad, que la defensa ofrezca a cambio de tantos beneficios? ¿Qué se negocia para bajar condenas que tenían hasta cadena perpetua para determinar solamente 36 meses en prisión? Hay muchas cosas que no sabemos pero, en última instancia, este caso es un ejemplo del papel tan preponderante que juega la negociación con el gobierno estadounidense sobre los delitos imputados y las penas sugeridas, a cambio de declararse culpable y, posiblemente, información útil para otras investigaciones. De manera que el incentivo que tiene la persona acusada de aceptar una pena marcadamente menor a la potencial se alinea con el interés del fiscal (y otros operadores judiciales) de no invertir el tiempo y los recursos que requiere un juicio con las características del juicio penal estadounidense.

El caso de Emma, junto con otros que se negocian, deja otras dos preguntas que desde Elementa estamos explorando: ¿qué impacto tienen las negociaciones en la política criminal de Estados Unidos para “combatir” el narcotráfico? ¿Qué efectos tiene que un caso se cierre a través de la negociación en la construcción de verdad de lo que las violencias han causado en México?

@ELEMENTADDHH

 

 

 

1 En inglés “Significant Foreign Narcotics Trafficker”, es cualquier persona extranjera que juega un papel significativo en el tráfico internacional de estupefacientes y que ha sido determinado con tal carácter por el presidente estadounidense.

2 En inglés “base offense level”.

3 En inglés “money judgment”, se refiere a un tipo particular de propiedad directamente decomisada. Es una forma abreviada de describir la obligación del acusado de perder el dinero derivado o utilizado para cometer su delito, ya sea que haya retenido el dinero en su poder o no.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.