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¿Justicia al otro lado de la frontera? Las extradiciones México - EU en la guerra contra las drogas (Parte I)
Entre el 1 de enero de 2006 y hasta el 1 de agosto del 2021, se dieron 1,339 solicitudes formales de extradición del gobierno de estadounidense hacia el mexicano por delitos contra la salud, homicidio, asociación delictuosa y lavado de dinero, principalmente.
Por Elementa DDHH
16 de noviembre, 2021
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Durante el año 2021 las dinámicas de extradición entre México y Estados Unidos adquirieron relevancia mediática debido a varios casos de alto perfil, como por ejemplo la extradición a México del exsecretario de defensa, Salvador Cienfuegos. Este tipo de prácticas nos han hecho cuestionarnos cuál ha sido el impacto de las extradiciones bilaterales en torno a los procesos de verdad, justicia y reparación de violaciones a los derechos humanos derivados de la política de combate al narcotráfico implementada desde el 2006.

Por ello nos dimos a la tarea de investigar cómo han sido las dinámicas de extradición entre México y Estados Unidos desde el inicio de la llamada “guerra contra las drogas” hasta el presente. Saber la magnitud del fenómeno nos puede auxiliar a conocer las políticas binacionales de persecución del delito, el tipo de conductas que se consideran más lesivas en cada país, así como diferencias a lo largo de varios sexenios. En este primer artículo exploramos por qué delitos se han solicitado extradiciones por parte de los Estados Unidos a México y cuánto tiempo han tardado en resolverse.

La relación de extradición México-Estados Unidos tiene una larga historia. El primer tratado bilateral de extradición en la materia se firmó en el año de 1861, siendo reemplazado por uno nuevo en 1899 y por último el más reciente del 4 mayo de 1979, que continúa vigente. De igual manera en 1975 se promulgó la ley de Extradición Internacional que determina las condiciones de operación de los procesos de extradición cuando no exista tratado internacional entre México y algún otro estado.

Los procesos de extradición presuponen un acuerdo entre México y algún otro país para la persecución y enjuiciamiento de algunos delitos. Su objetivo principal es poner a disposición de la parte requirente (el país que solicita la extradición) a una persona que ha cometido un delito y que se encuentra en el territorio de la parte requerida (el país que extradita), para que esta persona sea juzgada o cumpla una sentencia. Para que una extradición pueda darse, se necesita que en la legislación de ambos países existan delitos homologados por los cuales la persona pueda ser sancionada. En el tratado de extradición entre México y Estados Unidos existe un catálogo de más de 31 delitos por los cuales pueden ambos países solicitar una extradición; entre estos delitos podemos encontrar por ejemplo, el homicidio; delitos relativos al tráfico, posesión, producción, elaboración, importación o exportación de drogas; secuestro; delitos en materia aduanal, entre muchos otros.

Investigaciones en la materia señalan que desde su entrada en vigor hasta 1994 México únicamente extraditó a ocho personas a Estados Unidos, debido a una política mucho más restrictiva respecto al funcionamiento de esta figura1. Es hasta el año 1995 cuando comienzan a incrementarse las extradiciones desde México, teniendo en promedio 20 extradiciones anuales hasta inicio de los años 20002.

Si bien desde entonces existía una tendencia de incremento, es hasta finales de 2006 cuando comienza a darse un número mucho mayor de este tipo de procedimientos. De acuerdo con información proporcionada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de la República (folio 0001700214121), entre el 1 de enero de 2006 y hasta el 1 de agosto del 2021, se dieron 1,339 solicitudes formales de extradición del gobierno de estadounidense hacia el mexicano.

Analizando el número anual de las extradiciones solicitadas, podemos observar que a partir de 2007 se dio un incremento considerable en el número de extradiciones, teniendo su mayor número el 2011 con 124. A partir de esa fecha en casi todos los años han existido por lo menos 60 solicitudes formales de extradición como se observa en la siguiente gráfica3.

Estas solicitudes pudieron formularse por uno o varios delitos, es decir, puede haber más de un delito del que es acusada la persona que solicita ser extraditada. Si analizamos el número total de delitos por los cuales fueron solicitadas podemos ver que en total fueron 2,656 delitos para los cuales 2,214 (83%) solicitudes fueron concedidas, 20 (1%) fueron negadas y para 422 (16%) delitos no hay registro sobre su resultado. Es decir, podemos observar una clara tendencia a conceder la mayor parte de las solicitudes de extradición formuladas por el gobierno estadounidense a partir de 2006.

Es importante precisar que las solicitudes de extradición solicitadas a México por los Estados Unidos se han dado principalmente por delitos contra la salud (555 solicitudes), homicidio (467 solicitudes), asociación delictuosa (434 solicitudes) y lavado de dinero (220). Estos cuatro delitos representan el 75% de las solicitudes de extradición solicitadas a México desde el inicio de la guerra contra las drogas como se puede observar en la siguiente gráfica:

Debido a la naturaleza del proceso de extradición en el que interviene tanto el poder ejecutivo (a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República) como el poder judicial, este procedimiento suele ser tardado. A pesar de que se presume que pueden durar varios meses, observamos una clara diferencia entre los tiempos promedio de resolución para estas solicitudes por parte de las autoridades mexicanas, dependiendo del tipo de delito por el cual sea solicitada la extradición. Observamos que, en general, los más tardados en resolverse han sido los que involucran delitos cometidos contra personas menores de edad, que tardaron en promedio 26 meses en resolverse, seguidos de la tortura (24 meses) y terrorismo (16 meses).

Por otro lado, las conductas para las cuales tardan menos tiempo en resolverse las solicitudes de extradición han sido los delitos contra especies animales protegidas, exportación ilegal de mercancías y obstrucción de la justicia, todas con un tiempo promedio de resolución de 1 mes. De los delitos que integran el 75% de las solicitudes de extradición, los que han tardado más tiempo en resolver la solicitud son el lavado de dinero y delitos contra la salud con 9 meses en promedio, seguidos de la asociación delictuosa con 7 meses en promedio. Si bien conocer la información estadística nos permite observar patrones generales de implementación, también genera otras interrogantes, como ¿qué factores determinan las diferencias de tiempos en la resolución de solicitudes?

En conclusión podemos observar un aumento considerable de las extradiciones desde el inicio de la guerra contra el narco a la fecha. Estas extradiciones se han dado principalmente para atender delitos clave en la estrategia de combate a las drogas implementada desde hace casi 15 años.

Detrás de estas cifras se esconden otros cuestionamientos de suma importancia para entender y atender de manera adecuada la fallida estrategia contra las drogas implementada. Primero, resultaría pertinente poder identificar los perfiles de las personas extraditadas y su posible participación en otro tipo de conductas ilícitas como violaciones graves a los derechos humanos en México. Segundo, es importante cuestionar si estas extradiciones se han traducido realmente en procesos de justicia tanto en México como en Estados Unidos, y tercero, ¿cuál ha sido el rol de México en este tipo de procesos? ¿Será que está dejando en manos de autoridades estadounidenses la persecución de delitos? o que ¿forman parte de una estrategia coordinada para el combate al crimen?

Si bien estas cifras no nos permiten responder a las preguntas mencionadas con anterioridad, sí nos muestran una política muchas veces invisibilizada que juega un papel clave en los procesos de verdad, justicia y reparación que son tan necesarios en México.

Con el objetivo de dar más luces sobre esta política y sus mecanismos de implementación  en dos artículos posteriores analizaremos las dinámicas por las cuáles México ha solicitado este tipo de procesos, y buscaremos encuadrarlos en un contexto de la política de drogas y sus implicaciones más allá de las fronteras de México.

@ELEMENTADDHH

 

 

1 Labardini, R. (2002). México y las Extradiciones Nacionales. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. II. Págs. 111-150.

2 Íbid.

3 Las cifras del 2021 se consideran hasta el mes de agosto, por lo que no podemos afirmar una disminución en esta tendencia hasta tener cifras para poder analizar el año completo. De acuerdo con la información obtenida hay 4 casos en los que no se sabe la fecha de petición de extradición.

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