¿Justicia al otro lado de la frontera? Parte V
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¿Justicia al otro lado de la frontera? Parte V: Memorias sobre la consolidación de un narcoestado en Honduras
La verdad sobre la historia de corrupción, violencias e impunidad de Honduras se relata lejos de Tegucigalpa, donde fue detenido el expresidente. Es a más de 5,500 kilómetros, en Nueva York, donde se  busca perseguir, investigar y sancionar esta red de macrocriminalidad entre narcotraficantes y servidores públicos.
Por Adriana Muro y Renata Demichelis
22 de febrero, 2022
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Hace una semana el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido después de que Estados Unidos solicitara su extradición por delitos relacionados con drogas. Su caso se suma a una red de corrupción que se teje entre distintos países de América Latina a causa de la prohibición y a costa de la vida e integridad de miles de personas. Su detención evidencia uno de los tantos nudos de este tejido infinito donde la línea entre el crimen organizado y el Estado es cada vez más delgada y más dañina para sus poblaciones.

La verdad sobre la historia de corrupción, violencias e impunidad del país centroamericano se relata lejos de Tegucigalpa, donde fue detenido el expresidente. Es a más de 5,500 kilómetros, en Nueva York, donde se  busca perseguir, investigar y sancionar esta red de macrocriminalidad entre narcotraficantes y servidores públicos. En el caso del exmandatario hondureño, las pruebas y testimonios exhibidos en los procesos judiciales en Estados Unidos en contra de su familia y colaboradores cercanos, lo posicionan como una pieza clave en la sociedad criminal de tráfico de cocaína en Honduras. Así, a través de diferentes casos, el sistema de justicia penal estadounidense pretende terminar con la impunidad.

Este caso nos da muchas luces al respecto. La acusación proviene de tres casos que señalan a Juan Orlando Hernández como actor clave y “co-conspirador” de los enjuiciados. El primero de ellos, en contra de su hermano Juan Antonio Hernández Alvarado (“Tony Hernández”), llevado en la corte del distrito sur de Nueva York ante el juez Kevin Castel. De acuerdo con la sentencia de fecha 30 de marzo de 2021, Juan Antonio utilizó su posición de poder en el congreso hondureño (primero como diputado suplente y después como diputado propietario) para asistir y encubrir el tráfico de sustancias declaradas ilícitas.

Las acusaciones contra Juan Antonio evidenciaron que a través de sus aliados y para mantener las redes de corrupción, causó graves actos de violencia en Honduras sin consecuencia alguna; protegió a sus “co-conspiradores” de ser extraditados; aceptó millones de dólares del narcotráfico para fondear las campañas políticas del Partido Nacional en 2009, 2013 (cuando ganó la presidencia su hermano) y 2017 (cuando se reeligió), a cambio de proteger a miembros de cárteles del narcotráfico, y facilitó 180,000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. El nivel de colusión era tal, que Juan Antonio rentaba helicópteros a capos de narcotráfico y les proveía de armamento y municiones. Los expedientes reflejan transacciones entre 4,000 y 6,000 piezas de munición para rifles de asfalto. Las conexiones con el narcotráfico incluyen reuniones, por lo menos en dos ocasiones, con Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde aceptó un millón de dólares para la campaña presidencial de su hermano a cambio de protección.

Juan Antonio no es el único implicado en este proceso judicial, sino que hay 5 co-conspiradores: Alex Ardon (exalcalde de El Paraíso, Copán, Honduras); Leonel Rivera (líder de “Los cachiros”, una organización de tráfico de drogas); Geovanny Fuentes (un narcotraficante con un laboratorio de cocaína en el departamento de Cortés, Honduras); Chang Monroy (quien compraba cocaína y armas a Tony Hernández para después vender al cártel de Sinaloa en México), y Víctor Hugo Díaz Morales “El Rojo”, cómplice de Juan Antonio en el tráfico de drogas a cambio de protección.

La información vertida en los expedientes del proceso judicial dan cuenta que, del 2004 al 2015, la consolidación de esta red de macrocriminalidad dejó al hermano del presidente ganancias de 138.5 millones de dólares. El precio de esta ganancia lo pagó Honduras que colocó a dos de sus ciudades dentro de las diez más violentas del mundo, lo que generó el éxodo de miles de personas huyendo de la violencia hacia el norte del continente. Además, dejó al estado centroamericano con la etiqueta de ser uno de los principales países de transbordo de cocaína en el mundo.

El segundo caso, llevado ante la misma corte y juez, en el que se relaciona a Juan Orlando Hernández con grupos dedicados al narcotráfico, es el del narcotraficante Giovanny Fuentes Rodríguez. Fuentes fue acusado de conspiración para importar cocaína y poseer ametralladoras e instrumentos para destrucción. En el proceso llevado en su contra se relata cómo Juan Orlando recibía sobornos de su parte para facilitar las operaciones en territorio hondureño. Las pruebas presentadas demuestran una estrecha amistad y confianza entre el capo y la familia del expresidente, incluyendo a Tony, así como con altos mandos de la institución castrense en Honduras. Además, se evidencia que en el marco de las actividades ilícitas se cometieron graves violaciones a derechos humanos, tales como la tortura y el asesinato de un policía que encabezó operaciones para decomisar laboratorios al mando de Giovanny.

El tercer caso es el de “el Tigre” Bonilla, integrante de la policía nacional hondureña entre 1985 y 2016. Bonilla facilitó durante años el tráfico de cocaína y utilizó la violencia para proteger a las células de narcotráfico en el país y a los hermanos Hernández. Según señala el expediente, en 2010 un testigo colaborador apuntó que Juan Orlando ayudó a Bonilla a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras. El Tigre, en ejercicio de sus funciones, recibió tareas “especiales” -que incluyeron asesinatos- con el objetivo de obstaculizar las operaciones de la policía y, en coordinación con Tony, entregó información para facilitar el movimiento de la cocaína.

Los tres casos evidencian que Juan Orlando construyó las condiciones para convertir a Honduras en un narcoestado. Frente a su detención e inminente extradición, en Tegucigalpa y diferentes ciudades del país se celebra el enjuiciamiento del expresidente, ante un sistema de justicia corrupto y endeble que impide la efectiva investigación y sanción de los hechos. Miles de kilómetros hacia el norte, en Nueva York, se construye una estrategia para probar la colusión entre los grupos dedicados al narcotráfico y los niveles más altos dentro del Estado hondureño.

Tony y Geovanny ya fueron sentenciados a cadena perpetua, el proceso judicial contra el Tigre sigue abierto y ya se solicitó su extradición, todo ello por delitos relacionados con el tráfico de drogas. ¡Justicia! claman en Centroamérica y el país norteamericano, pero frente a las confesiones de violaciones a derechos humanos cometidas por estos exfuncionarios y capos del crimen organizado, que sirvieron de vehículo para sus actividades criminales, nos preguntamos: ¿cómo aterrizar el derecho a la verdad de la sociedad sobre lo sucedido en Honduras desde una corte en Nueva York? ¿Dónde queda la investigación de los hechos generadores de violaciones a derechos humanos para mantener la estructura criminal? ¿Cómo estas violaciones pueden dejar de ser un simple relato que queda suspendido en expedientes judiciales? Y finalmente, ¿qué hacer para frenar este nivel de colusión en Honduras y otros países de la región?

Es innegable que estos casos encuentran eco en el contexto de nuestro país. En los últimos años y con mayor frecuencia desde 2006, hemos visto el incremento de los operativos y tareas de inteligencia que realiza Estados Unidos en nuestro país con el objetivo de identificar, desactivar y desmantelar las organizaciones delictivas al más alto nivel que amenazan al país del norte. En consecuencia, las extradiciones por delitos de narcotráfico han incrementado, como lo detallamos en la primera parte de esta serie. Los nombres de Genaro García Luna, Iván Reyes Zárate, Joaquín “el Chapo” Guzmán, entre otros, se leen con mayor frecuencia en los titulares de los periódicos en ambos lados de la frontera. Se revelan redes de colusión; se negocian acuerdos de culpabilidad a cambio de información; se descubren ilícitos que dimensionan el alcance de esas redes. Todo indica que, para México, los gringos están siguiendo la misma lógica que en el caso Hondureño y que pretenden llegar al más alto nivel de corrupción en nuestro país.

*Adriana Muro Polo (@adrianawall) es abogada y maestra en derechos humanos y democratización. Actualmente es Directora Ejecutiva de @ELEMENTADDHH. Renata Demichelis Ávila (@ranademi) es internacionalista y maestra en derechos humanos. Actualmente es Directora para México de @ELEMENTADDHH.

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