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Los cambios que el nuevo gobierno de Colombia busca liderar
El mayor de los riesgos para el gobierno de Petro es que tanta ambición reformista termine perdida en generalidades y pocos cambios profundos, pues la reforma a la política de drogas va a ir de la mano con una serie de reformas estructurales a la salud, la educación, tránsito hacia energías renovables y medidas de la distribución de la tierra, de las riquezas y del poder regional.
Por Jorge Forero
8 de septiembre, 2022
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Colombia se precia de ser una de las democracias más antiguas y estables del continente latinoamericano. No obstante, esta afirmación se encuentra llena de matices y contradicciones que ponen a tambalear el mismo significado de aquello que entendemos por democracia. Si bien algunas instituciones, como la Corte Constitucional, han logrado un reconocimiento por sus posiciones férreas en la defensa de los derechos humanos, y ha llevado la batuta en temas como la despenalización de consumo de sustancias psicoactivas, el aborto legal y la regulación de la eutanasia, también la democracia colombiana se ha quedado corta para solucionar problemas profundos como la desigualdad, la pobreza y la falta de representatividad en la política, que han sido los motores de un conflicto que ha perseguido durante décadas a dirigentes, movimientos políticos y partidos de izquierda. Precisamente una víctima de esta persecución política en los años 80s fue el actual presidente Gustavo Petro, quien ganó las elecciones el pasado 19 de junio en una segunda vuelta apretada y se convirtió en el que muchos reconocen como el primer presidente de izquierda de Colombia.

Este título no reviste poca importancia. La llegada al poder de Gustavo Petro y de Francia Márquez -su fórmula vicepresidencial- llegó acompañada de una esperanza de cambio que se respira en las calles de Colombia, y que, aunque nadie sabe bien de qué se trata, se podría resumir en que “las cosas mejorarán para los menos favorecidos”. A un mes de la llegada al poder queda difícil hacer un balance sobre la gestión de este nuevo gobierno, sin embargo podemos resaltar algunos de los cambios que se han anunciado y en lo que se ha comenzado a trabajar en uno de los temas que más ha destacado en sus discursos: la necesidad de un giro en la política de drogas.

Desde su campaña, el discurso de Gustavo Petro tuvo un fuerte contenido social, dando énfasis a temas como la lucha contra la pobreza, la desigualdad y las energías renovables. Pero desde su posesión la necesidad de reformular la política de drogas del país parece haberse incluido en el abanico de prioridades del nuevo gobierno. Este no resulta un tema menor, Colombia ha sido uno de los aliados más importantes de Estados Unidos durante décadas en la llamada guerra contra las drogas, siendo a su vez uno de los mayores testigos del rotundo fracaso de una política que se ha fundado en el ideal de lograr “un mundo libre de drogas”.

En este sentido, ya el gobierno ha dado algunos pasos que materializan su voluntad en hechos, con acciones como detener los intentos de retomar las aspersiones aéreas con glifosato y las erradicaciones forzosas de cultivos ilícitos, apostándole, en su lugar, a la sustitución voluntaria de estos cultivos por la implementación de proyectos productivos impulsados desde el gobierno, una iniciativa que ya tiene historia en el país pero ha contado con poco apoyo institucional. No obstante, el mismo gobierno ha anunciado que las apuestas en política de drogas buscan un cambio más profundo, planteando también la necesidad de regular el uso adulto del cannabis para que la economía colombiana y las poblaciones más afectadas por el conflicto puedan participar en la economía legal de la marihuana, y esta se convierta en un motor de transformación social para el país.

Aunado a lo anterior, el gobierno es consciente de que este discurso no se puede quedar en lo local, y busca llevar el debate del fracaso del prohibicionismo a esferas internacionales, donde el gobierno es consciente que se necesita el apoyo de otras naciones para cambiar el enfoque prohibicionista de la política mundial de drogas, y donde ha anunciado que buscará en un primer lugar el apoyo de las naciones latinoamericanas, que son quienes se han visto más afectadas por estas políticas.

Estos anuncios parecen demostrar que el nuevo gobierno colombiano tiene una postura clara frente a la necesidad de abordar la política de drogas fuera del enfoque prohibicionista, y pretende hacer cambios estructurales que sirvan de ejemplo a la región. Sin embargo, estos no serán pasos sencillos de dar, tanto por la presión internacional como por los detalles en la regulación de los que depende que los beneficios de la economía del cannabis legal lleguen a las poblaciones más afectadas por el conflicto, y no que se queden en manos de grandes empresas nacionales e internacionales, como hasta el momento ha sucedido con la industria del cannabis medicinal en Colombia.

Por el momento, el panorama para Colombia se muestra bastante interesante. Especialmente porque el gobierno cuenta con un amplio apoyo en el congreso y en la sociedad civil para hacer varios de los cambios que ha planteado. No obstante quizá el mayor de los riesgos sea que tanta ambición reformista termine perdida en generalidades y pocos cambios profundos, pues la reforma a la política de drogas va a ir de la mano con una serie de reformas estructurales a la salud, la educación, tránsito hacia energías renovables y medidas de la distribución de la tierra, de las riquezas y del poder regional; todos estos asuntos de podrían desplazar en el debate político al desmonte del prohibicionismo hacia un segundo plano. Acá el trabajo de la sociedad civil deberá ser agudo para que los cambios prometidos se hagan a profundidad y los beneficios de un giro en la política de drogas colombiana se conviertan en un ejemplo para el resto de la región.

* Jorge Forero (@JForeroN) es abogado colombiano especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Actualmente es Investigador para Colombia de @ELEMENTADDHH.

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