Seguridad nacional o la verdad detrás del color verde olivo
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Seguridad nacional o ¿cómo esconder la verdad detrás del color verde olivo?
En la historia de nuestro país las fuerzas armadas han ejecutado las tareas de seguridad más controversiales en contra de grupos civiles que luchan por la defensa de los derechos de otras personas o de sus comunidades, se pronuncian en contra de las desigualdades o del poder político, y buscan verdad y justicia para las miles de víctimas que tenemos en el país.
Por Brenda Valencia Medina
6 de octubre, 2022
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La participación del ejército en temas de seguridad interior han sido documentadas a lo largo de la historia de América Latina durante el siglo XX. Desde Guatemala hasta Argentina, la participación de las fuerzas armadas tanto en labores de seguridad como en la política fue justificada por la construcción de un discurso en contra del comunismo, el enemigo público del momento que amenazaba con radicalizar a la población, desestabilizar el gobierno y destruir el Estado. Esto provocó una serie de violaciones a los derechos políticos, sociales y económicos de miles de personas en toda la región que dejaron huella en la conciencia colectiva de estas sociedades.

Una vez que terminó la persecución de ese enemigo público, los países latinoamericanos regresaron a las fuerzas armadas a los cuarteles y dieron paso a la justicia transicional. Sin embargo, los países encontraron nuevas formas de justificar la presencia del ejército en temas de seguridad nacional y la “guerra contra las drogas” –en algunos casos, el terrorismo internacional–, se convirtieron en el rostro del enemigo a enfrentar.

En México, el papel del ejército se justificó desde el fin de la Revolución Mexicana como herramienta para conformar el estado-nación. A diferencia de los demás países de la región, este cuerpo ha estado subordinado a las autoridades civiles y, conforme a la narrativa de los gobiernos en turno —sin importar el partido político—, ha cumplido cabalmente con la protección de la Seguridad Nacional.

No obstante, en la historia de nuestro país las fuerzas armadas han ejecutado las tareas de seguridad más controversiales en contra de grupos civiles que luchan por la defensa de los derechos de otras personas o de sus comunidades, se pronuncian en contra de las desigualdades o del poder político, y buscan verdad y justicia para las miles de víctimas que tenemos en el país.

Los sucesos de la represión estudiantil en Morelia de 1966; la matanza de estudiantes en la Plaza de Tres Culturas en 1968; la matanza del Jueves de Corpus o “el halconazo” (1971); el conflicto con la guerrilla rural dirigida por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez (1974); la matanza de Acteal de 1997; la desaparición de  Rosendo Radilla Pacheco que tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009); los 16 años de la llamada “guerra contra el narcotráfico”; la matanza de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa en 2014; así como las diversas denuncias de detención arbitraría, retención ilegal y tortura documentadas por la Comision Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde 2012, son algunos ejemplos emblemáticos del uso excesivo de la fuerza por parte de esta corporación.

Además de la letalidad en el desempeño de sus funciones, la participación del ejército, por su falta de rendición de cuentas ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales que se sustenta en la protección de la “seguridad nacional”, ha servido para obstaculizar el acceso a la verdad en casos de graves violaciones a derechos humanos.

De manera más preocupante y como contrapeso de la narrativa que sugiere la “incorruptibilidad” del ejército, la semana pasada el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) durante la investigación del caso Ayotzinapa, dejó en evidencia que, en el desempeño de sus funciones y de manera cotidiana, el ejército y sus integrantes tienen comunicación, negociaciones y relaciones estrechas con el crimen organizado —su supuesto principal enemigo, según nos ha reiterado el discurso oficial—.

Aún con lo anterior, la Guardia Nacional, cuerpo con entrenamiento castrense pero mando civil cuya función había sido normada para atender la “seguridad nacional” frente al crimen organizado, ha pasado a formar parte de las fuerzas armadas, a quienes se está perfilando para autorizar su presencia en las calles hasta el año 2028. Esto no solo ha dejado comprometido a la siguiente persona titular del Poder Ejecutivo, sino que pone una barrera más para el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas que afecta la vida de toda una sociedad golpeada por la violencia y es un paso atrás en el camino por encontrar verdad y justicia para las familias, sobrevivientes y víctimas de la violencia.

Al igual que los procesos de democratización en América Latina, y aunque el panorama estas semanas ha sido desolador, México necesita implementar las normas necesarias para potenciar su camino hacia la justicia transicional después de, al menos, 16 años de estar en un conflicto interno simulado en el que no solo el crimen organizado ha cobrado cientos de vidas, sino también las fuerzas del Estado.

Ante este retroceso, nos queda proponer y explorar nuevos caminos para contrarrestar los efectos de la militarización sobre la verdad y la justicia.

* Brenda Valencia (@vvalenciabren) es científica forense de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con interés en la defensa de los derechos humanos. Actualmente es Asistente de Investigación en Elementa DDHH.

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