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Intersecta es una organización feminista dedicada a la investigación y a la promoción de polí... Intersecta es una organización feminista dedicada a la investigación y a la promoción de políticas públicas para la igualdad. (Leer más)
De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la SEDENA crece
En 2020, los indicadores sobre el abuso de la fuerza en los enfrentamientos de la SEDENA volvieron a crecer. Todo indica que sucesos como el de Nuevo Laredo o, incluso, el asesinato reciente en Mazapa de Madero, no son la excepción.
Por Estefanía Vela
6 de abril, 2021
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Una de las preocupaciones constantes sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública está relacionada con su abuso de la fuerza. El caso reciente de Elvin Mazariegos, un hombre proveniente de Guatemala asesinado por soldados en un retén en Mazapa de Madero, Chiapas, ilustra la preocupación. Según sus familiares, había cruzado a México para comprar mercancía. De acuerdo con lo dicho por el propio Secretario de la Defensa Nacional, el carro en el que viajaba Mazariegos, junto con otras dos personas para regresar a casa, trató de huir del retén militar que se encontraba en su camino. La reacción inmediata fueron los disparos.

El libro La tropa, de Daniela Rea y Pablo Ferri, inicia con una historia similar. Es el caso de una familia que, después de pasar todo el día en un rancho en una fiesta, emprendieron el viaje de vuelta a casa. En la carretera Laredo-Monterrey, se cruzaron con un convoy militar. Su carro —con vidrios polarizados, viajando de noche, “bambaleando” en la carretera— le pareció sospechoso a los soldados. Les pidieron detenerse. Cuando no lo hicieron, automáticamente iniciaron los balazos que resultaron en la muerte del padre y su hijo y en heridas para la madre, su hija y su yerno. Los únicos que resultaron ilesos fueron los dos nietos, que fueron protegidos por los “cuerpos de los adultos y los sillones del automóvil”.

De la sospecha a los disparos, en un segundo.

* * *

Si bien el Secretario de la Defensa Nacional reconoció que hubo un “error” en el caso de Mazariegos, no deja de preocupar cómo lo explica. Para el Secretario, según afirmó en la mañanera, el error consistió en que “no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera”. Es la misma narrativa que llevamos escuchando más de una década: en la gran mayoría de los casos, cuando los soldados emplean la fuerza, nos dicen, lo hacen para “repeler una agresión”. Los problemas con esta narrativa son, al menos, dos.

El primero tiene que ver con qué es una agresión y qué evidencia existe de que se trate, efectivamente, de una agresión. Hace poco más de un mes, El País publicó un reportaje de Pablo Ferri sobre el caso de unos soldados que fingieron un “enfrentamiento” para encubrir una ejecución. “El caso”, se dice en el reportaje, “apenas salió en la prensa, no llamó la atención. Un enfrentamiento más, dos muertos a cuenta de la guerra contra el narcotráfico”.

El Ejército nos dice que eran agresores y le creemos. ¿Qué evidencia tienen de ello? Parece que ninguna: en Intersecta le preguntamos a la SEDENA, en una solicitud de acceso a la información pública, qué pruebas tenía de que cada uno de los casi cinco mil enfrentamientos en los que han participado sus elementos en los últimos catorce años eran, efectivamente, “agresiones”; sucesos —como los definen en la Secretaría— en los que el “personal militar se vio compelido a utilizar su armamento de cargo para repeler una agresión real, actual e inminente, sin derecho, que ponía o podría poner en peligro la vida o integridad física de personas ajenas o de uno de ellos”. ¿La respuesta? Ninguna. “La información sobre agresiones a personal militar con que se cuenta es únicamente estadística”,1 contestó. No proporcionan evidencia de qué son agresiones, pero usan, de cualquier manera, esa clasificación. Y, por lo general, asumimos que lo son. La “gente buena”, nos decimos, no acaba involucrada en sucesos así. Esa gente que “murió”, “en algo andaba”, nos repetimos.

Pero: supongamos que es cierto que “en algo andaban”. La cosa es que aún en esos casos, los elementos de las Fuerzas Armadas —todas las autoridades que “hacen cumplir la ley”, en realidad— están sujetos a principios que regulan el uso de la fuerza. El problema, en otras palabras, no solamente es que las autoridades “se equivocan” y matan “inocentes” (y después lo encubren). Es que incluso cuando sí se trata de personas que han cometido un delito, la apuesta en un Estado democrático de derecho se supone que es por… la ley. Detén a la persona. Ponla a disposición de las autoridades para que la investiguen adecuadamente y sustenten su investigación en un juicio.

No todo se vale para las autoridades. Eso es —en teoría— lo que las distingue. A pesar del enojo, a pesar de la frustración, a pesar del riesgo, éstas siempre deben procurar el respeto a los derechos humanos. Se supone que deben ser mejores que todos.

El problema es que rara vez lo son. El suceso en Nuevo Laredo, el pasado 3 de julio, en el que también estuvieron involucrados elementos del Ejército es una muestra reciente de ello. Los vimos, gracias a un video hecho público por El Universal, lanzar decenas y decenas de balazos a una camioneta inerme. Cuando los soldados se dieron cuenta de que un hombre dentro del vehículo seguía vivo, uno de ellos gritó “mátalo a la verga”. Según los propios datos de la SEDENA, en este suceso, no hubo ni un solo soldado muerto. Vaya, ni siquiera hubo un soldado herido. Tampoco hubo civiles heridos. Ni detenidos. Solo hubo civiles fallecidos. Trece en total. Si es que empezó como una agresión, terminó en una masacre. Juzgaron y ejecutaron, sin más.

* * *

Desde que se intensificó la militarización de la seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, se ha señalado una y otra vez que, si bien en el país existe un problema generalizado de abuso de la fuerza —y es imposible negarlo, cuando dos días antes del asesinato de Mazariego, policías de Tulum mataron a Victoria Salazar, una mujer salvadoreña, en una detención—, estas injusticias están más presentes en el caso de las Fuerzas Armadas. Cuando se compara su comportamiento con el de las policías en los llamados enfrentamientos, por ejemplo, la brutalidad y arbitrariedad son más comunes en el caso de las primeras, como mostramos en Las dos guerras. Cuando se analizan las detenciones que realizan, puede verse lo mismo. La magnitud y frecuencia de la violencia es distinta.

En años recientes, no se ha negado este problema. Incluso, se han tomado distintas acciones para remediarlo. Se ha insistido, por ejemplo, en la capacitación de los soldados y marinos en derechos humanos. Se les ha sujetado a mecanismos de rendición de cuentas novedosos, como los establecidos en la nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada apenas hace casi dos años. Y, por supuesto, el Presidente ha sido vocal en el hecho de que ya no hay una instrucción “de barrer”, de hacer “la guerra”. En este gobierno, las operaciones en las que participan las Fuerzas Armadas incluso fueron rebautizadas como “Operaciones para la Construcción de Paz”.

Todo esto, ¿es suficiente? ¿Se está, siquiera, implementando? ¿Ha funcionado? ¿Lo ocurrido en Nuevo Laredo o en Mazapa de Madero son excepciones?

* * *

La apuesta por las capacitaciones de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos no es, en realidad, nueva. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos le instruyó al Estado mexicano, en 2010, capacitar a las Fuerzas Armadas para evitar que se repitieran injusticias como las que padecieron Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres Me’Phaa que fueron torturadas por elementos del Ejército en 2002.

Cuando tres organizaciones —Intersecta, EQUIS Justicia para las Mujeres y Data Cívica— le preguntamos a las Fuerzas Armadas qué habían hecho en relación con las capacitaciones en estos últimos diez años, las respuestas que obtuvimos fueron preocupantes. Como mostramos en el informe Falsas salvaguardas, fueron incapaces de proporcionarnos cosas tan básicas como temarios o una lista del personal docente. ¿La inversión presupuestaria en capacitaciones? Variaba de respuesta a respuesta. ¿Los mecanismos de evaluación que utilizaban para ver si estaban funcionando o no? Fueron incapaces de proporcionarlos. En el mejor escenario, lo que nos mostraron es que la tropa —casi siempre era la tropa— veía conferencias, virtuales, de dos horas de duración. A pesar de que tenían el mandato de incorporar, por ejemplo, capacitaciones referentes a los derechos de personas indígenas, la SEDENA solo mencionó una única “capacitación” —una conferencia, de dos horas— en este tema para un periodo de diez años. ¿Estas son las medidas que supuestamente van a cambiar la manera en la que operan las Fuerzas Armadas?

Recientemente, en Intersecta le preguntamos a la SEDENA y a la SEMAR por sus informes sobre el uso de la fuerza que, conforme al artículo 35 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, tienen que publicar anualmente. Una de las novedades de esta ley fue, precisamente, la exigencia de que se generen y publiquen estos informes cada año y que esta obligación existe no solo para las “instituciones de seguridad pública”, sino también para “la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública”. Esta movida fue parte del esfuerzo por darles, después de años, un “marco legal” a las Fuerzas Armadas para cuando desempeñaran estas labores.

¿Cuál fue la respuesta de las Fuerzas Armadas frente a nuestra solicitud?

La SEDENA afirmó, por una parte, no haber localizado “evidencia documental” que atienda a los requerimientos y, por otra, que, “del análisis de la normativa, no se adviert(e) obligación alguna de contar con la información”. Sugirió, de hecho, preguntarle a la Fiscalía General de la República o a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por estos informes, lo que implica que cree que es responsabilidad de ellas, no suya, proporcionarlos.2

La Marina, por su parte, afirmó que, si bien está facultada, conforme al Acuerdo “por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” emitido el pasado 11 de mayo, para realizar labores de seguridad pública, en ese Acuerdo no se le transfirió la obligación de emitir “informes y partes policiales”, por lo que carece “de atribuciones u obligaciones para la elaboración” de estos informes.3 En el mismo Acuerdo, es importante recordarlo, se establece que la Fuerza Armada permanente “observará lo dispuesto por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza”, ley que en su artículo 1 sujeta a “la Fuerza Armada permanente” a sus disposiciones. Pero, convenientemente, la SEMAR interpreta el Acuerdo de forma tal que la exenta de esta forma de rendir cuentas.

Quieren las facultades para desempeñar labores de seguridad pública, pero no las responsabilidades.

El problema, por supuesto, no se reduce al de la incapacidad aparente de las Fuerzas Armadas de rendir cuentas efectivamente. Es que, con los pocos datos que sí proporcionan, parece que las medidas que se han implementado son insuficientes para cambiar sus prácticas.

Este es el caso, al menos, de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la institución, por cierto, con el mayor número de elementos desplegados en el país. Conforme a sus propios datos, en 2020, todos los indicadores sobre el abuso de la fuerza en los llamados “enfrentamientos” otra vez subieron. Afirmo que “otra vez” porque ya en 2019 habíamos detectado un aumento.4 No solo no están mejorando. Todo indica que están empeorando. Que lo que vimos en Nuevo Laredo o en Mazapa de Madero no es la excepción.

* * *

Los datos que la SEDENA proporciona sobre los enfrentamientos incluyen, además de información sobre la fecha, municipio y entidad en la que ocurrieron, datos sobre el número de civiles fallecidos, heridos y detenidos en cada suceso, y datos sobre los militares heridos y fallecidos en cada evento. En un solo enfrentamiento puede haber civiles fallecidos, heridos y detenidos y militares fallecidos y heridos. O puede haber solo civiles detenidos. O solo militares fallecidos o…

Al analizar el (ab)uso de la fuerza, la pregunta crucial es cómo es la relación entre estos distintos indicadores. Frente a una agresión —asumiendo que es una agresión—, ¿cómo responden las autoridades? En estos sucesos: ¿mueren más civiles de los que se lastiman? ¿Detienen más civiles, de los que matan? ¿Mueren el mismo número de soldados que de civiles? Dado que a estos sucesos la SEDENA les llama “agresiones”, lo esperado sería ver constantemente soldados heridos y fallecidos, por ejemplo. Si sistemáticamente vemos que hay más civiles fallecidos que detenidos, puede ser señal de una política de ejecuciones extrajudiciales. Si sistemáticamente vemos más civiles fallecidos y heridos que militares, podemos estar frente a un uso desproporcionado de la fuerza.

¿Qué nos dicen los datos de la SEDENA?5

En 2020, hubo 260 enfrentamientos en los que estuvieron involucrados elementos de la SEDENA. En estos eventos, hubo 170 civiles detenidos; 50 civiles y 56 militares heridos; y, finalmente, 237 civiles y apenas 6 militares fallecidos. Con base en estos números podemos afirmar que, en 2020, murieron más civiles de los que fueron lastimados en los enfrentamientos de la SEDENA (por cada civil herido, fallecieron 4.7 civiles); murieron más civiles de los que fueron detenidos (por cada civil detenido, fallecieron 1.4 civiles); y murieron muchos, muchos más civiles que militares (por cada militar que falleció, murieron 39.5 civiles). Por sí solo, el 2020 da suficientes motivos para sonar las alarmas. Cuando se contrasta el 2020 con años previos, la preocupación solo aumenta.

* * *

Primero: el índice de letalidad —que mide la razón entre civiles fallecidos y heridos— volvió a subir. Por cuarto año consecutivo, es posible ver un incremento en el número de civiles que fallecen en enfrentamientos, por cada civil que es herido. Respecto del año pasado, el aumento en 2020 fue del 14%.

¿Qué pasó con la relación entre civiles detenidos y civiles fallecidos en los enfrentamientos? En 2020, siguió siendo más común que murieran civiles a que fueran detenidos. En este año, como se dijo previamente, mientras que murieron 237 civiles, se detuvieron a 170. Mataron a 1.4 civiles por cada civil que detuvieron. Sí: se redujo en un 6.66% este índice respecto del año previo, pero el indicador no deja de mostrar una realidad preocupante. De hecho, si se analiza este mismo indicador por sexenio, lo que va de la presidencia de López Obrador tiene una cifra más alta (1.4 civiles fallecidos por cada civil detenido) que la de Calderón (1.2 civiles fallecidos por cada civil detenido).

¿Cómo se comparan el número de civiles fallecidos con el número de militares fallecidos? En 2020, se rompió el récord de los últimos catorce años. Es el año con la cifra más alta: por cada militar que falleció en enfrentamientos, fallecieron 39.5 civiles. Es, además, el quinto año consecutivo en el que este indicador aumenta.

Si se toman todas las personas lastimadas y fallecidas en estos enfrentamientos, según si eran militares o civiles, puede verse que la violencia, sin excepción, siempre recae más sobre los civiles. Los civiles heridos y fallecidos siempre son más del 50% de los heridos y fallecidos en los enfrentamientos.

El 2020, sin embargo, es el año en donde representan la mayor proporción: de todas las personas heridas y fallecidas en enfrentamientos de la SEDENA, los civiles representaron el 82% de las víctimas. Podemos ver, además, que en 2020 el aumento se debe casi en exclusiva a los civiles fallecidos, que en 2020 representaron el 67% de todas las personas heridas y fallecidas en los enfrentamientos de la SEDENA, mientras que en 2019 representaron el 58%.

Algo que también preocupa es que, del total de enfrentamientos de 2020, el 26% —uno de cada cuatro— fueron enfrentamientos en los que el resultado fueron exclusivamente civiles fallecidos —como en Nuevo Laredo—. Esto es: no hubo ni un solo civil herido, ni un solo civil detenido, ni un solo militar herido, ni un solo militar fallecido. Solo hubo civiles fallecidos. El año pasado este tipo de sucesos representaban el 18% del total de enfrentamientos. Es un incremento importante y 2020 se posiciona, en este indicador, como el tercer año más violento de los últimos catorce años. Esto contrasta, enormemente, por cierto, con los enfrentamientos en los que solo hubo civiles detenidos —en 2020, estos sucesos representaron el 8% de los enfrentamientos— o aquellos con solo militares fallecidos —que representaron, en 2020, apenas el 0.77%—.

Otro indicador que preocupa enormemente es en qué tipo de enfrentamiento mueren la mayoría de los civiles. En 2020, de los civiles que fallecieron, el 71% falleció en enfrentamientos en los que el único saldo fueron civiles fallecidos. Esto es: no había —de nuevo— ni un solo civil herido o detenido y ni un solo militar herido o fallecido. De cada 10 civiles que fallecieron en enfrentamientos de la SEDENA, siete fallecieron en enfrentamientos donde los únicos testigos —ilesos, insisto— parecen ser los militares. Desde 2007, el 2020 es el año con la cifra más alta.

* * *

Un día después del asesinato de Elvin Mazariegos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador repitió la idea: a diferencia del gobierno de Felipe Calderón, en el que se “declaró la guerra” y había “la orden de barrer”, en el suyo impera el respeto a los derechos humanos. En concreto, en relación con las Fuerzas Armadas, afirmó que en el sexenio de Calderón podía verse cómo había “más muertos que detenidos” y cómo “la letalidad” estaba “hasta arriba”. En el suyo, sostuvo, ya no. Los propios datos proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional en relación con sus enfrentamientos, sin embargo, parecen contradecir esta idea del Presidente.

¿Por qué importa reconocer la discrepancia entre lo que dice el Presidente y lo que parece estar sucediendo? Porque permite reconocer que no basta una orden para cambiar la realidad, ni, todo indica, una capacitación o una nueva ley. No dudo que el Presidente López Obrador quiera que se respeten los derechos humanos. Su voluntad, tal parece, no es suficiente. La SEDENA, en este caso, parece tener su propia lógica. Su propia manera de actuar. La pregunta es: ¿qué sí puede cambiar estos patrones?

Después de catorce años —por acotarlo—, ¿algo puede cambiar estos patrones? ¿O la apuesta tendría que ser, más bien, por otro modelo de seguridad?

* Estefanía Vela Barba (@samnbk) trabaja en Intersecta (@IntersectaOrg).

 

 

 

1 Respuesta de la SEDENA a una solicitud de acceso a la información pública con folio número 0000700239420.

2 Respuesta de la SEDENA a una solicitud de acceso a la información pública con folio número 0000700076821.

3 Respuesta de la SEMAR a una solicitud de acceso a la información pública con folio número 0001300030821.

4 Existe una diferencia entre la metodología usada en el artículo que publicamos junto con Georgina Jiménez de Data Cívica el año pasado en relación con los enfrentamientos de la SEDENA. En la información que proporciona la SEDENA, existen tres categorías de sujetos: “militar”, “agresor” y “víctima”. En el artículo publicado el año pasado, contamos como “civiles” solo las personas que la SEDENA clasificó como “agresores”, dejando fuera de la ecuación a las personas que la SEDENA clasifica como “víctimas”. En una solicitud de acceso que realizamos en Intersecta, sin embargo, le preguntamos a la SEDENA cómo decidía la manera de categorizar a las personas. ¿Qué determinaba si alguien era un “agresor” o una “víctima”? La SEDENA no pudo darnos respuesta (“esta Secretaría de Estado no determina el estatus de las personas, ni se tienen criterios para catalogar la situación de las personas”, Respuesta de la SEDENA a una solicitud de acceso a la información pública con folio número 0000700279620), por lo que decidimos, para este artículo, ya colapsar las categorías.

5 El guion y la base para replicar los análisis aquí mostrados pueden encontrarse en este repositorio. Los datos en los que están basados, como se mencionó, fueron proporcionados en un Excel por la propia Secretaría de la Defensa Nacional en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, con folio número 0000700007321. Esta base de la SEDENA puede encontrarse en Infomex.

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