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Blog de Intersecta
Por Intersecta
Intersecta es una organización feminista dedicada a la investigación y a la promoción de polí... Intersecta es una organización feminista dedicada a la investigación y a la promoción de políticas públicas para la igualdad. (Leer más)
La (opacidad de la) violencia de las fuerzas de seguridad
Por Estefanía Vela Barba y Georgina Jiménez
27 de agosto, 2019
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Van dos semanas desde que un grupo de feministas acudió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para protestar por la violencia sexual ejercida por policías y la impunidad que se percibe que la acompaña. Lo que provocó la manifestación fue la noticia de tres denuncias, en menos de un mes, en las que se acusa a elementos de la policía capitalina por violación y el manejo del gobierno de los casos, especialmente de uno de ellos, en el que se filtraron datos sensibles y se perdieron pruebas médicas importantes.

Son muchas las discusiones que estos casos y las protestas ya han provocado y deberían seguir provocando. Nosotras nos queremos enfocar por ahora en el problema específico de la violencia ejercida por las autoridades encargadas de proveer seguridad y la capacidad del Estado para lidiar con estos casos adecuadamente. Este es un asunto que nos parece amerita su propia atención sobre todo considerando que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el jueves pasado, que a la Guardia Nacional, conformada en su mayoría por militares y marinos, también le toca desarrollar e implementar un plan para reducir los feminicidios en el país. La lógica parece ser la misma que para todo: ante las fallas de las policías, les toca a las fuerzas armadas lidiar con los problemas, pero ¿es así de fácil? En un contexto en el que las mujeres están denunciando que las autoridades “no nos cuidan, nos violan”, ¿basta intercambiar cuerpos de seguridad?

* * *

En la discusión sobre la violencia ejercida por agentes de seguridad, lo primero que nos parece importante reconocer es que ni esta violencia, ni sus denuncias, son nuevas. Existen al menos tres precedentes importantes a considerar.

El primero es el de Valentina Rosendo Cantú, una mujer proveniente de la comunidad Me’phaa, del estado de Guerrero, que tenía 17 años cuando fue violentada por ocho militares y un civil, mientras se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su casa. Los militares la interrogaron, le apuntaron un arma, le golpearon el estómago, haciéndola perder el conocimiento, la amenazaron con matarla y la violaron.

El segundo es el caso de Inés Fernández, también proveniente de la comunidad Me’phaa, que tenía 25 años y se encontraba en su casa, con cuatro de sus hijos, cuando tres militares de un grupo de once y un civil irrumpieron en su domicilio y la torturaron. También la interrogaron. También le apuntaron un arma. Y también la violentaron sexualmente.

El tercero es el caso de Mariana Selvas, Georgina Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz Diosdada, María Cristina Sánchez, Angélica Patricia Torres y Suhelen Cuevas, once valientes mujeres que denunciaron haber sido detenidas arbitrariamente y torturadas por la policía en el marco de una protesta en Atenco. Como muchas de las personas detenidas, estas mujeres ni siquiera formaban parte de la protesta (no que eso justifique las violaciones); estaban paseando, yendo al mercado a abrir al negocio familiar, haciendo las compras del día, brindando atención médica, investigando para la tesis, pero eso no importó: como quiera se las llevaron y una vez bajo la custodia de las policías fueron torturadas: insultadas, amenazadas, pateadas, desvestidas, manoseadas. 

Los primeros dos casos son del 2002 y el tercero es del 2008. En los tres la impunidad fue tal que se tuvo que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener algún tipo de reconocimiento por las injusticias sufridas. En los tres casos, se condenó al Estado mexicano por la violación de derechos humanos, tanto por la violencia ejercida directamente en contra de las víctimas, como por la impunidad que la acompañó después.

Las sentencias de Valentina e Inés se emitieron en el 2010. Desde entonces ya se le exigía al Estado garantizar que las autoridades, incluidas las fuerzas armadas, se capacitaran en “derechos humanos” como una forma de asegurar que estas atrocidades no ocurrieran más. Desde entonces también se le exigía que las autoridades encargadas de procesar los casos se capacitaran en la “investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres”.

Esto importa porque la pregunta relevante, actualmente, no es solo qué va a hacer el Estado frente a los casos recientes, sino qué ha estado haciendo todo este tiempo y de qué ha servido.

En otras palabras: ¿qué ha cambiado desde Inés y Valentina? ¿Qué ha cambiado desde Atenco?

Las tres nuevas denuncias, ¿son casos aislados? No son casos aislados, pero, de cualquier manera, este tipo de violencia, ¿se ha ido reduciendo con el tiempo? No necesariamente se ha reducido esta violencia, ¿pero al menos no ha aumentado? ¿Ha aumentado en el caso de ciertas autoridades –como las fuerzas armadas cuyo despliegue, desde finales del 2006, se ha intensificado–, pero no en otras? ¿La policía federal está peor que la municipal? ¿La policía estatal es menos peor que la municipal? ¿Las policías están mejor en ciertos municipios, mas no en otros?

La incidencia de la violencia no ha variado mucho, ¿pero al menos los casos ya se procesan mejor? El mal manejo que hemos visto por parte del gobierno capitalino, en al menos de uno de estos casos, ¿es una excepción? ¿La mayoría de los casos sí llegan a la etapa de sentencia? ¿Se condenan? ¿Varía la probabilidad de la condena según la autoridad de la que se trata? ¿Hay estados en los que se procesan los casos mejor que en otros? ¿Está mejor la justicia a nivel federal, que a nivel estatal?

Para empezar a responder estas preguntas lo primero con lo que tendríamos que contar es con información. Información específica sobre la frecuencia de este tipo de violencia, la frecuencia con la que se denuncia y lo que pasa con los casos una vez que llegan al sistema, desagregada por delito, por la autoridad que ejerce la violencia, por año y por estado (por no decir municipios).

Información que, con sus contadas excepciones, seguimos sin tener. En esta materia, como en otras, la opacidad parece ser la norma más que la excepción.

* * *

Sí: en años recientes hemos visto una mejora en la recolección de datos para la violencia en general. Pero seguimos fallando en medir la violencia institucional, incluida la ejercida específicamente por los distintos cuerpos de seguridad.

En México contamos con distintos instrumentos diseñados para medir la victimización, de los cuales el más popular y consolidado es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que se levanta y publica anualmente. No obstante, la ENVIPE omite preguntar por los delitos que las personas han sufrido específicamente a manos de las autoridades. Si bien gracias a la ENVIPE podemos saber cuánta desconfianza tienen los ciudadanos en las autoridades –entre ellas, las fuerzas armadas y las policías–, la encuesta no está diseñada para proveernos información sobre los abusos específicos que pudieron haberla generado.

Para el caso específico de las mujeres, también tenemos la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que ya tiene cuatro ediciones, la última de las cuales fue publicada en el 2017, con datos del 2016. Este instrumento fue hecho para medir la violencia que viven mujeres mayores de 15 años en distintos espacios.  Es en esta encuesta donde aparecen los “agentes de seguridad o policías” y los “militares o marinos” como posibles perpetradores de la violencia, junto con los “amigos”, “vecinos”, “conductores de transporte público” y “sacerdotes” (entre otros). En este sentido, la ENDIREH provee más información que la ENVIPE, al menos para la violencia que viven las mujeres a manos de la autoridad, pero no proporciona los detalles que requeriríamos para hacer una evaluación a conciencia.

Además de la ENVIPE y la ENDIREH, contamos con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). Esta encuesta fue aplicada en el 2016, teniendo como uno de sus propósitos medir la actuación de distintas autoridades al momento del arresto. Es la única que permite saber, por ejemplo, cómo se compara la actuación de la Marina, con la de la policía federal o estatal, en el marco de una detención. Es la única también que permite, con esta información, hacer un comparativo por género (esto es, entre hombres y mujeres). ¿Su problema? Sólo nos brinda información sobre la violencia que ejercen las autoridades al momento de una detención, proveniente de personas privadas de su libertad. Esto significa que queda excluida tanto la experiencia de quienes no estaban en prisión, como de quienes sufrieron violencia fuera del marco de una detención, como es el caso de Valentina, Inés y de las tres jóvenes que recientemente denunciaron a elementos de la policía capitalina. (¿Un segundo problema? Es una de las encuestas que el INEGI anunció que quedarían canceladas gracias a las políticas de austeridad.)

Si nos enfocamos al manejo penal de los casos, la información públicamente existente es igual de carente. 

La base del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –que es la que más se utiliza para medir las denuncias–, no incluye información sobre las personas denunciadas. Apenas comenzó a incluir información sobre las víctimas.

El Censo de Procuración de Justicia, el Censo de Impartición de Justicia y la base de Impartición en materia penal incluyen una variable que permiten saber la ocupación de la persona procesada o sentenciada, incluido si es un “trabajador en servicio de protección y vigilancia”. Esto, sin embargo, no permite distinguir entre las autoridades (y es información, de cualquier forma, que en muchos casos “no se identifica”).

¿Cómo se ha reducido la impunidad en los casos en los que las personas denunciadas son policías, militares o marinos? No tenemos la más remota idea. Estamos a merced de lo que las mismas autoridades nos quieren compartir que, por lo general, tiende a ser información incompleta. Como ejemplo está el mismo caso de la Ciudad de México, en el que lo único que nos han hecho saber es que, en lo que va del año, once policías han sido “vinculados al proceso”. Pero, ¿más allá de eso? ¿Cómo se compara con años previos? Más allá de la vinculación al proceso, ¿se logran condenas? Considerando que la mayoría de los tribunales del país no publican sus sentencias, es difícil subsanar estas carencias de otra manera.

¿Qué ha cambiado desde Inés y Valentina? ¿Desde Atenco? No sabemos bien y parece que no estamos haciendo lo suficiente para que nos quede claro.

* * *

La falta de información sobre violencia ejercida por cuerpos de seguridad en México es desalentadora. Pero con los pocos datos que existen, ¿qué sí podemos saber al respecto?

Gracias a la ENDIREH podemos saber que las tres denuncias recientes no son casos “aislados”. Según la ENDIREH (2016), aproximadamente 573,000 mujeres sufrieron violencia emocional, física y sexual a manos de “agentes de seguridad o policías” solo en el año previo a la encuesta y aproximadamente 97,000 fueron violentadas por “militares o marinos”, en esta misma temporalidad (una diferencia que puede explicarse en parte con la diferencia que existe entre los elementos desplegados en el territorio nacional: mientras que se calcula que hay –porque ni siquiera sabemos bien– 384,900 elementos de la policía a nivel nacional, hay más o menos 68,500 marinos y militares desplegados).

En ambos casos, sabemos que, del total de las agresiones que las mujeres encuestadas reportaron haber sufrido a manos de fuerzas de seguridad, la mayoría fueron “piropos” o “mensajes ofensivos” (el 45.6% en el caso de “agentes de seguridad o policías” y el 28% en el caso de “militares o marinos”).

También sabemos que, del total de las agresiones, los manoseos, toqueteos, arrimones y levantamientos de ropa representan una mayor proporción en el caso de los “agentes de seguridad o policías” (el 19.6%), que para los “militares o marinos” (13.7%). En cambio, fue más común que los “militares o marinos” vigilaran y siguieran a las mujeres (18% vs. 9.8%) y que les provocaran miedo de ser atacadas sexualmente (7% vs. 5.1%). También las patadas, golpes, pellizcos y empujones fueron más comunes en el caso de los “militares o marinos” (representan el 19.7% del total de las agresiones), que en el de los “agentes de seguridad o policías” (13%). Estos números son aproximados –de nuevo: la ENDIREH tampoco nos da esa certeza– que de cualquier manera preocupan (1).

También podemos saber qué tipo de violencia ejercen las autoridades cuando detienen a las personas y quiénes la ejercen. En este sentido, sabemos que la gran mayoría de los detenidos son incomunicados al momento de su detención, sin importar quien los arreste. También sabemos que son frecuentemente pateados y desvestidos, y que cuando militares y marinos son quienes realizan la detención, estos abusos se multiplican. Mientras el 80% de los hombres detenidos por marinos reportaron haber sido pateados, “solo” el 55% de quienes fueron detenidos por policías municipales lo reportaron. Mientras el 57% de las mujeres detenidas por marinos dijeron que las desvistieron durante su detención, el 31% de aquellas a quienes las detuvieron policías municipales dijeron lo mismo.

También gracias a la ENPOL podemos saber cómo la violencia que ejercen las autoridades es distinta según el sexo del detenido. Sabemos que las posibilidades de ser agredido sexualmente durante una detención incrementan exponencialmente cuando la persona detenida es mujer. Además, estas mismas posibilidades se multiplican cuando la autoridad que realiza la detención es la Marina o el Ejército. Por dimensionarlo: mientras que el 9.9% y el 13.5% de las mujeres detenidas por policías sufrieron una violación (el número varía según la policía de la que se trate), de las que fueron arrestadas por el Ejército el 20.9% sufrió una violación y, cuando las detuvo la Marina, el número asciende a 40.9%.

¿Qué nos dicen todos estos datos?

De entrada, que la violencia ejercida por las autoridades encargadas de proveer seguridad persiste. Que el problema no se soluciona simplemente intercambiando a las autoridades. Cada corporación tiene sus problemas. Aunque, si nos guiamos por estos y otros números, los militares y los marinos parecen ser, de hecho, particularmente peligrosos, al menos en el marco de una detención. El problema, todo indica, tampoco se arregla simplemente con capacitaciones (salvo que las autoridades cuenten con “otros datos” que no han compartido). Requerimos reformas más profundas a la manera en la que operan los cuerpos de seguridad y los mecanismos de control que existen (no solo los penales). Y, sin duda, necesitamos más datos, más transparencia, más evaluaciones. No es posible que hayan pasado ya diecisiete años desde que Inés y Valentina fueran violentadas y sigamos careciendo de información tan básica sobre cómo operan los distintos cuerpos de seguridad. En el contexto de la Guardia Nacional, es aún más preocupante que vayamos a quedarnos sin la única encuesta que nos permite monitorear el comportamiento de las autoridades al menos en el marco de una detención.

Nos tiene que quedar claro: el problema de la violencia ejercida por las autoridades encargadas de proveer seguridad y la (in)capacidad del Estado para lidiar con estos casos adecuadamente, no es menor. Va al corazón de la relación de confianza que debe existir entre el Estado y la ciudadanía y, por lo mismo, pone en entredicho la misma legitimidad del Estado para resolver el problema. Porque, ¿cómo puede el Estado implementar soluciones para la violencia cuando son sus mismos agentes los que la ejercen?

* Estefanía Vela Barba (@samnbk) trabaja en Intersecta y Georgina Jiménez (@GinaRivers90) trabaja en Data Cívica. Todos los scripts para replicar los resultados se encuentran en esta carpeta.

 

(1) En los tabulados de la ENDIREH se indica que para la violencia física y emocional de los “militares o marinos”, hay un coeficiente de variación (%) en el rango de (25 y +). Y que para la violencia física de los “agentes de seguridad o policías”, hay un coeficiente de variación en el rango de (15, 25).

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