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26,567 preguntas
Cuando la Secretaría de Gobernación hizo pública el pasado 27 de febrero la base de datos sobre desaparecidos en el sexenio de Calderón, no la hizo accesible. Apenas una interfaz de consulta que no permitía cruces, cuantificación, ubicar geográficamente, entender sus componentes, analizarla. Pues aquí les compartimos el trabajo que el gobierno no hizo.
Por José Merino
10 de abril, 2013
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Por: José Merino (@PPmerino)

Este es un texto breve… luego de un largo debate (conmigo).

Tengo para mi que la ética en el periodismo no difiere sustancialmente de la ética en la academia, en el análisis de datos, o incluso en la función pública, y lo resumo en tres principios: 1. Generar rigurosamente información de utilidad pública; 2. Poner esa información en contexto; 3. No violar o ser cómplice en la violación de derechos humanos.

Y cuando los puntos 1 Y 3 entren en conflicto: ponderar, decidir, revelar las razones y estar listo para defenderlas.

Este es un país que se pregunta poco y se responde menos; de gobiernos que enarbolan la bandera de la transparencia y aún se resisten donde pueden a ella; de medios sin curiosidad y que con contadas excepciones, fallan en el punto 1, ni se ocupan del punto 2 y reiteradamente pecan en el punto 3; de expertos con grandes opiniones que tienden a confundir con conclusiones.

Este país necesita preguntarse, responderse y entonces, concluirse.

A los datos de homicidios, se fueron agregando datos sobre desaparecidos. Nos tardamos en dimensionar el problema.

Por eso, cuando la Secretaría de Gobernación decidió hacer pública la base de datos que “encontraron” con la agregación de desaparecidos, lo único que pensé fue: necesito verla y analizarla.

Como en otros casos, se trató de hacerla pública sin hacerla accesible. Apenas una interfaz de consulta que no permitía cruces, cuantificación, ubicar geográficamente, entender sus componentes, en fin, analizarla.

¿Cómo pretendemos diagnosticarnos sin acceder a esa información?

Siguiendo mis tres puntos y gracias a la complicidad de alguien con criterios similares y muchísimo talento, pude acceder a ella.

Aquí está la base de datos con todos los casos (sin incluir nombres, ni fotografías), pueden bajarla y analizarla como gusten. Encontremos respuestas juntos.

Hablaba de un largo dilema por una razón: la base está llena de problemas. Y no deja de sorprender que la Secretaría de Gobernación haya decidido publicarla en ese estado. Entiendo las razones, mejor publicarla controladamente que exponerse a la sospecha de manipular la información. No las comparto.

Entre presentar buena información y semi-presentar mala información, me quedo con lo primero.

Pero hecha pública la base, creo que sólo el trabajo de cada persona que quiera analizarla podrá ayudarnos a entenderla. Creo también que su contenido tiene una incuestionable utilidad pública, su cruce con otros datos proveerá contexto, y no incurrimos en ninguna violación a los derechos de nadie.

Esa base es otra pieza esencial en el diagnóstico de un periodo brutal de violencia en este país.

La base está llena de problemas, sí, pero sobre todo está llena de preguntas y basta para dibujar algunas respuestas (en próximos días aparecerá un análisis nuestro en Univisión usando esa información, describiéndola, ubicándola geográficamente, cruzándola con homicidios, con homicidios por presunta rivalidad delincuencial, y finalmente, con secuestros).

Cada uno de esos 26,567 es una pregunta.

La más obvia y necesaria: ¿Dónde están?

Lanzo otras preguntas que me parece, deben ser respondidas por el Estado mexicano sobre su contenido:

 –         ¿Cuáles son las fuentes de esta base?

–         Si se trata, como sospecho, de procuradurías estatales, ¿por qué apenas 5% tiene un número de expediente asignado y la mayoría de éstos, se concentran en Guanajuato?

–         ¿Por qué apenas 4% tienen una foto asignada?

–         ¿Por qué 10,361 casos no tienen una nacionalidad identificada?

–         ¿Qué sabemos de los 60 extranjeros desaparecidos identificados en la base?

–         ¿Por qué los días 1 y 15 de cada mes reportan más desaparecidos que el resto?

–         ¿Por qué más personas desaparecen entre marzo y mayo?

–         ¿Por qué hay 283 casos previos al 2006 y que van tan atrás como 1949?

–         ¿Por qué el máximo de desaparecidos, 5,425 en 2010 y 7,827 en 2011 coincide con la tendencia con homicidios?

–         ¿Por qué 9,725 casos no tienen una edad especificada?

–         ¿Por qué la mayoría de los hombres desaparecidos se concentran entre los 20 y 40 años de edad, pero en las mujeres se concentran entre los 13 y 19 años?

–         ¿Por qué Quintana Roo, Aguascalientes y Jalisco tienen una tasa de desapariciones de mujeres visiblemente más grande que hombres?  Específicamente, ¿Por qué han desaparecido tantas mujeres en Solidaridad, Cancún y Chetumal, Quintana Roo? ¿Qué pasa en el corredor entre Guadalajara y Aguascalientes, en cuyos municipios la tasa de mujeres desaparecidas crece drásticamente?

–         ¿Por qué Sinaloa, Tamaulipas y Sonora concentran tasas de hombres desaparecidos altas y al mismo tiempo, coincide con localidades con altos niveles de violencia y homicidios por presunta rivalidad delincuencial?

Sí, sabemos de las responsabilidades de las procuradurías estatales, y también de sus deficiencias. Pero la responsabilidad última sobre la dotación de información y el diagnóstico de la violencia en el país, así como sobre la protección de la integridad de sus ciudadanos, recae en el Gobierno Federal. Si esto último implica evidenciar fallas locales en la identificación y seguimiento judicial de la desaparición de miles de mexicanos, así sea.

Asumo que así lo entendieron al hacer “pública” la base de datos. Espero que así lo entiendan al darnos un diagnóstico correcto y cuando, sobre todo, nos digan en dónde están 26,567 mexicanas y mexicanos.

 

*José Merino es Politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y New York University (NYU), y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

 

 

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