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¿A dónde irán los fideicomisos?
La extinción prematura de los fideicomisos públicos cambiará el panorama de las finanzas públicas como hasta ahora lo conocíamos, y agota toda posibilidad de analizar a profundidad el desempeño de los mismos y diseñar una propuesta para recanalizar los recursos públicos que se han dicho “ociosos” hacia temas prioritarios.
Por Ana Laura Barrón
9 de abril, 2020
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Fideicomisos. Alguna vez hemos escuchado hablar de ellos, pero ¿qué son y por qué están causando tanta polémica? Los fideicomisos públicos son instrumentos a través de los cuáles el gobierno ha destinado, durante años, recursos públicos al cumplimiento de sus fines. Estos instrumentos están sujetos al cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, su desempeño y el logro de los fines para los cuales han sido creados ha sido cuestionado debido a las irregularidades y malos manejos que se han presentado.

El pasado 2 de marzo del 2020, y en medio de una crisis de salud pública y de la inminente emergencia económica que se avecina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado a las dependencias y entidades gubernamentales dar fin a estos instrumentos y canalizar sus recursos hacia otras prioridades. Basado en unas escuetas líneas que apelan al bienestar social, la austeridad y el ya resonado combate a la corrupción, el ‘Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos’, publicado en el Diario Oficial de la Federación, ordena a los ejecutores de gasto a llevar a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes.

Como en todo, existen excepciones. Se exceptúan los fideicomisos constituidos por mandato de Ley, los instrumentos para garantizar la deuda pública, y aquellos que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones. Además, se faculta a la SHCP para que resuelva las excepciones correspondientes que sometan a su consideración los ejecutores de gasto, previa consulta a la SFP.

De acuerdo con datos del último informe trimestral de las Finanzas Públicas de la SHCP el monto total de las disponibilidades reportadas en fideicomisos sin estructura orgánica al 31 de diciembre de 2019 asciende a 740 mil 572.7 millones de pesos1. Dicho sea de paso, estos fideicomisos son los que actualmente concentran la mayor cantidad de recursos públicos: por dar un ejemplo, de acuerdo con el último informe, sólo los fideicomisos sin estructura y análogos de la SHCP representan el 65.9 por ciento de las disponibilidades reportadas2.

Con este panorama, hay dos implicaciones inmediatas.

La primera es que los entes de la Administración Pública Federal no podrán crear nuevos instrumentos de esta naturaleza y no podrán hacer uso ni comprometer recursos con cargo a los existentes. Por ello, se ha facultado a la SHCP para que resuelvan las excepciones que a su consideración se sometan, y se ha ordenado a los ejecutores de gasto que asuman los compromisos derivados de los mismos con cargo a su presupuesto autorizado el objetivo de salvaguardar los derechos de terceros.

La segunda implicación es que se ordena que los recursos disponibles en estos instrumentos sean concentrados en la Tesorería a más tardar el día 15 de abril, y aunque aún no está claro cuál será el destino de dichos recursos, las más recientes declaraciones del Presidente en el informe del pasado domingo nos dan una idea de ello: serán destinados a financiar los programas sociales, a inyectar liquidez a los proyectos estratégicos de PEMEX y a contener la deuda pública.

La Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en noviembre del año pasado ya contempla disposiciones generales para que la celebración de fideicomisos y contratos de naturaleza similar a los que se destinen recursos públicos se realice con apego al principio de “austeridad”. Además, dicha ley prohibía expresamente la creación de fideicomisos en salud, educación, procuración de justicia, seguridad social, y seguridad pública. En los demás casos, se deberá contar con la autorización de la SHCP en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, se hizo una excepción en la aplicación del secreto bancario establecido en la Ley de Instituciones de Crédito y que opera como un mecanismo para proteger la información de carácter confidencial en materia financiera. La Ley de Austeridad reconoce expresamente que todas las aportaciones de recursos públicos al patrimonio de fondos o fideicomisos serán públicos y no gozarán de la protección del secreto bancario ni será objeto de reservas de información para su fiscalización.

Con el propósito de dar cumplimiento a los puntos anteriores, se estableció un plazo de hasta ciento ochenta días hábiles posteriores a su entrada en vigor (alrededor de 8 meses calendario) para que la SFP y la SHCP llevaran a cabo el análisis de la normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos, a través de un Informe que sería remitido a la Cámara de Diputados, para que sus resultados fueran tomados en cuenta por el Ejecutivo en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo, la extinción prematura de estos instrumentos cambiará el panorama de las finanzas públicas como hasta ahora lo conocíamos y agota toda posibilidad de analizar a profundidad el desempeño de los mismos y diseñar una propuesta para recanalizar los recursos públicos que se han dicho “ociosos” hacia temas prioritarios.

Desde la sociedad civil hacemos el señalamiento de que estas determinaciones deben abonar a la transparencia y a la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, y exhortamos a las autoridades a considerar mecanismos inclusivos que permitan a la ciudadanía conocer el uso de los recursos públicos. Un buen ejemplo son las iniciativas de gobierno abierto suscritas entre las instituciones públicas y las Organizaciones de la Sociedad Civil, y en las que Ethos es partícipe como corresponsable de algunos compromisos adoptados.

* Ana Laura Barrón (@SoyAnaLaura), investigadora en el Laboratorio Jurídico de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

 

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.’ Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública’ . Cuarto Trimestre de 2019. XIV. FIDEICOMISOS SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA

2 Información del último informe trimestral de la SHCP (diciembre de 2019).

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