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Acciones afirmativas en materia electoral: del regateo de derechos al oportunismo de los partidos políticos
Si persisten las lógicas del regateo y la gradación, el camino del reconocimiento de derechos humanos de las poblaciones históricamente excluidas será un ejercicio simulado que poco atravesará y modificará sustantivamente las estructuras de acceso al poder y las condiciones de vida de estas poblaciones.
Por Luisa Rebeca Garza López y Ericka López Sánchez
22 de enero, 2021
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Antecedentes

Las acciones afirmativas aprobadas el pasado 15 de enero de 2021 por el Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE/CG18/2021 inciden directamente en el registro de candidaturas para partidos políticos y candidaturas independientes a favor de las poblaciones afromexicanas, indígenas, con discapacidad y de la diversidad sexual y  tienen como propósito nivelar la condición ciudadana de las poblaciones marginalizadas históricamente al mismo tiempo que representa desafíos y retos puesto que propone una reconfiguración de cómo se ha accedido al poder público con reacciones inerciales de quienes ostentan el poder.

Para poder entender lo anterior es preciso revisar los antecedentes de dichas acciones afirmativas, y al respecto podemos ubicar cuatro momentos: 1. La reforma constitucional sobre los derechos humanos de 2011; 2. Los avances locales  en los Institutos Electorales, como en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) durante 2012 y 2015 con el reconocimiento institucional de las personas marginalizadas históricamente, el caso del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y lineamientos de paridad que reconocieron a las personas trans, intersex y muxe  en 2017 y el caso del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes  (IEEA) con la solicitud de reconocimiento de cuotas LGBT y la incorporación de la  categoría no binaria en 2020;  y 3. Las experiencias a nivel federal como la aprobación de los protocolos trans y de discapacidad del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2017 así como la incorporación ese mismo año de candidaturas para distritos indígenas.

Nos interesa proponer una mirada situada sobre el contexto político y de derechos en el que surgen estas acciones afirmativas para reflexionar acerca de cuál puede ser el horizonte de derechos humanos que posibilitan encaminar dichas acciones afirmativas para reducir brechas de desigualdad, romper cadenas de violencias más allá de los procesos electorales y, por ende, reconfigurar las estructuras en las que se asienta y alimenta el acceso al poder público. Pretendemos identificar algunos de los principales retos y desafíos, así como construir la propuesta de una mirada que armonice estas acciones afirmativas con otros avances en la materia en el sistema electoral mexicano.

La reforma constitucional de derechos humanos de 2011 que introdujo el principio pro persona y el bloque de constitucionalidad como herramientas para reconocer, fortalecer y proteger derechos humanos anteceden no sólo al cumplimiento de las cuotas de género con la sentencia SUP-JDC-12624/2011 del TEPJF que en las elecciones de  2012 obligó por primera vez al cumplimiento de la cuota de género, y que en 2014 fue precedente para el logro del reconocimiento de la paridad de género  como principio constitucional.

Esa misma reforma constitucional de 2011 posibilitó la reconfiguración de estructuras jurídicas de gran calado en la Ciudad de México a favor de la amplitud y progresividad de derechos humanos. En 2015 hizo posible el reconocimiento de las personas trans como sujetos con plena autonomía cuando se modificó el Código Civil para reconocer de forma inédita en el país la identidad de género como parte de la autonomía de la persona y que generó experiencias entre colectividades trans y la autoridad electoral local a favor de una mayor amplitud de reconocimientos de derechos políticos electorales para las poblaciones travesti, transexuales y transgénero para las elecciones locales de 2012 y 2015.

En el año 2012 estas experiencias derivaron en el reconocimiento por parte del IECM por medio de carteles y trípticos dirigidos hacia la ciudadanía que las personas transgénero, travesti y transexual e incluso quienes usan tatuajes y perforaciones tienen derecho a votar en la mesa de votación independientemente de su expresión de género o sus modificaciones corporales. En el año 2015 derivó en la conocida Circular 111 del mismo Instituto dirigida hacia las personas integrantes de las mesas receptoras y que reconocía que las personas transgénero, travesti y transexual tenían (tienen) derecho a votar aunque su expresión de género no correspondiera con la de su credencial para votar, pero dejaba la potestad a la presidencia de dicha mesa receptora para verificar la identidad de la persona electora contra la credencial de elector a partir de ciertas características del rostro.

El 26 de agosto de 2020, el IEAG recibió una solicitud de pronunciamiento para el reconocimiento de acciones afirmativas y criterios orientadores hacia la comunidad LGBTI y  también la petición de  la viabilidad de la conformación de los Consejos Distritales y Municipales para que se integraran con dos hombres, dos mujeres y una persona de la comunidad LGBTI auto descrita como no binaria, incluyendo la incorporación en los casilleros de los formularios de esta categoría.  Después de una serie de procedimientos legales y políticos entre la persona demandante y la institución demandada, la  autoridad jurisdiccional1 revocó al IEAG la convocatoria para integrar estos cargos, ordenando la incorporación de una cuota del 10% que no es obligatoria para los cargos de suplencias y propietarios tanto en la integración de los consejos municipales como en los distritales; la realización de tres listas: una para mujeres, otra para hombres y una más para “personas en situación de vulnerabilidad” integrándose de forma problemática como un bloque que se conforma con personas tanto de la “comunidad LGBTI+” incluyendo la categoría no binaria, así como el reconocimiento de personas  con discapacidad, mayores de sesenta años y personas indígenas. También ordenó la inclusión en los formatos empleados para la inscripción al procedimiento de conformación de las autoridades electorales de tres casilleros: uno para hombres, otro para mujeres y otro más para la categoría no binaria, y  la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para la Atención de Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad donde se fijen criterios orientadores. El IEAG respondió a la persona demandante que atendería la resolución de la autoridad electoral jurisdiccional sin establecer plazos o alguna metodología a seguir para su elaboración e implementación lo que dificulta el seguimiento para darle continuidad  a estas acciones.

En 2017 el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó dentro de los lineamientos de paridad de género2 el artículo 16 que establecía que en caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes le correspondería al género al que la persona se auto adscribiera, y que dicha candidatura sería tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género para lo cual el partido político postulante debería informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se tratase. Lo anterior, llevó a un registro inédito de candidaturas trans que generó un álgido debate alrededor del cumplimiento de la paridad de género y el reconocimiento de la identidad de género como un derecho humano. Finalmente, la autoridad jurisdiccional ordenó la cancelación  definitiva de 17 candidaturas denunciadas como de hombres cisgénero que simularon en sus formatos de registro ser mujeres trans y que pretendían contender para presidencias municipales en dicho proceso electoral. No obstante, mantuvo el registro de otra persona públicamente denunciada como hombre cisgénero3. Pese a todas las complicaciones anteriores, fue posible el acceso de dos candidaturas de mujeres muxes: Felina Santiago y Mística Sánchez.

A nivel federal el INE como parte de las acciones de la Guía para la Acción Pública “Elecciones Sin Discriminación” aprobó en 2017 como medidas de nivelación el “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana” que en su núcleo duro establece que ninguna persona dentro de la mesa receptora de votación podrá impedir que alguna persona trans vote bajo el argumento de que su expresión de género no coincide con la de su credencial de elector. E Incluye también diferentes acciones de difusión y capacitación sobre los derechos humanos relacionados con la identidad y la expresión de género que impactó a próximamente a 1.5 millones de personas en las elecciones concurrentes de 2017-2018. Asimismo, aprobó el “Protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarios y fun­cionarias de mesas directivas de casilla” que incorpora pautas de trato igualitario para las personas con discapacidad, principalmente como funcionarias de casilla, incorporando el apoyo de una persona de su confianza para acompañarle el día de la jornada electoral para ejercer el cargo como causa de excepción de permanencia dentro de la casilla por medio de un acuerdo por parte  del Consejo Distrital correspondiente para asegurar el ejercicio de este derecho. También aprobó como acción afirmativa el establecimiento de una cuota para las poblaciones indígenas  a partir de la conformación de 13 distritos electorales federales4 llamados indígenas cuya población supera el 60% de la población total con cuota para mujeres, así como la incorporación del concepto de auto adscripción calificada mediante la comprobación de su vínculo con la comunidad a la que pertenecen mediante una constancia.

Es importante decir que  las acciones afirmativas de 2021 derivan de  movilizaciones colectivas locales de larga duración en el tiempo, por parte de las poblaciones históricamente excluidas del debate sobre la participación en la construcción de la democracia, como las poblaciones indígenas,  LGBT y no binarias, las poblaciones con discapacidad y las afromexicanas  que demandan su incorporación a la condición ciudadana real, el acceso a cargos de representación popular y a cargos públicos sin que esto implique vulneración al principio constitucional de la paridad de género.

Lo anterior ha cuestionado y generado fisuras a una narrativa monolítica y homogénea de la ciudadanía que ha sido históricamente racista, colonialista, cissexista, heterosexual y capacitista. Estas fisuras, en consecuencia, han repercutido en el proceso de construcción de la democracia electoral mexicana y poco a poco han obligado a la creación de reformas a nivel federal.

Sobre las acciones afirmativas aprobadas por el INE en 2020

El 29 de diciembre de 2020, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió los expedientes Sup-Rap-121 y acumulados en donde le ordenó al INE modificar el acuerdo INE/CG572/2020 para que determinara 21 distritos para las elecciones concurrentes de 2020-2021, en donde se deberían postular candidaturas indígenas a diputaciones por el principio de mayoría relativa como una forma de acción afirmativa, y la instrucción de establecer medidas afirmativas tendientes a garantizar las condiciones de igualdad para la participación política de las personas con discapacidad y de otros grupos en situación de vulnerabilidad. También resulta relevante resaltar que dio vista al Congreso de la Unión para que realizara las adecuaciones conducentes en relación con estas medidas afirmativas para garantizar el acceso efectivo a las personas en situación de vulnerabilidad para el ejercicio del poder público.

Por lo tanto, en acatamiento a dicha resolución, el INE aprobó el 15 de enero de 2021 el Acuerdo INE/CG572/2020  con acciones afirmativas dirigidas a los partidos políticos y coaliciones que deberán cumplir para el proceso electoral federal 2020-2021 en el registro de candidaturas a diputaciones federales, tanto para personas propietarias, como suplentes por los principios de Mayoría Relativa (MR) y de Representación Proporcional (RP) para las siguientes poblaciones:

  1. Poblaciones indígenas: se incorporó una acción afirmativa o cuota para 30 fórmulas distribuidas de forma paritaria en 21 fórmulas de candidaturas bajo el principio de MR de las cuales 11 fórmulas de candidaturas están reservadas exclusivamente para mujeres indígenas y 9 cuotas dirigidas al principio de RP distribuidas entre las cinco circunscripciones plurinominales, ubicadas en los primeros diez lugares de las listas y limitando 5 fórmulas de candidaturas a un mismo género.
  2. Poblaciones con discapacidad: se estableció una cuota para 8 fórmulas de candidaturas distribuidas de forma paritaria en 6 fórmulas bajo el principio de MR en cualquiera de los 300 distritos electorales federales del país y 2 fórmulas bajo el principio de RP en cualquiera de las cinco circunscripciones plurinominales dentro de los primeros diez lugares de las listas.
  3. Poblaciones afromexicanas: se estableció una cuota de 4 fórmulas de candidaturas de forma paritaria en cualquiera de los 300 distritos electorales federales y 1 fórmula bajo el principio de RP en cualquiera de las cinco circunscripciones plurinominales y ubicadas dentro de los 10 primeros lugares de las listas.
  4. Personas de la diversidad sexual: se incorporó la cuota de 3 fórmulas de candidaturas de forma paritaria distribuidas en 2 fórmulas bajo el principio de MR en cualquiera de los 300 distritos electorales federales y 1 fórmula bajo el principio de RP en cualquiera de las cinco circunscripciones y ubicadas en los primeros diez lugares de las listas. Asimismo, esta acción afirmativa incorpora el reconocimiento histórico a nivel federal de la auto-adscripción de la identidad de género al establecer que cada fórmula de la diversidad sexual5 corresponderá al género al que se auto-adscriba y, por primera vez en la historia del sistema electoral mexicano  se incorpora el reconocimiento de las personas no binarias al establecer que si se postulan personas no binarias no serán consideradas en alguno de los dos géneros, sin embargo a fin de cumplir con la paridad y “evitar simulaciones a la ley” impone un máximo de 3 candidaturas no binarias.

Análisis 

El avance de estas acciones afirmativas surgen en un contexto histórico mexicano donde las desigualdades sociales extremas y lacerantes han producido contextos que legitiman y normalizan  una serie de cadenas de violencias hacia trayectorias de vida específicas de las poblaciones que no tienen cabida en las estructuras hegemónicas, ya sea por cuestiones raciales, sexuales, corporales, de género, de clase, capacitistas, entre otras, y que han ubicado a México como uno de los países más violentos no sólo por la inseguridad derivada del crimen organizado, sino también por los altos índices de feminicidio y asesinatos impunes contra las poblaciones de las diversidades sexuales y de género, en donde, por ejemplo, el país ocupa el segundo lugar de mayor número de asesinatos de  personas trans. Estas violencias coexisten con otras que, como suelen llamar Pérez y Radi (2018), son epistémicas derivado de la histórica ceguera hacia las poblaciones indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual y con discapacidad, que han sido borradas de los trabajos de la construcción y de narración de nuestra democracia, y  por lo tanto, nombrarles y generales un espacio para acceder al poder también es un acto de justicia epistémica.

Tras esta retrospectiva analítica observamos cuatro reacciones complejas alrededor del surgimiento e implementación de estas acciones afirmativas: el regateo de derechos humanos, el otorgamiento graduado de los derechos, el hueco entre las acciones afirmativas y las estructuras de violencias, y el oportunismo y voracidad de los partidos políticos.

Las acciones afirmativas se producen bajo lógicas de regateo de derechos humanos, pues evidentemente estas modificaciones nunca son recibidas con beneplácito por las estructuras de poder institucionales, llámense administrativas o jurisdiccionales, por lo que se entra en una dinámica de disputa donde las instituciones van a querer siempre entregar lo que resulte menos costoso para el sistema hegemónico, lo que quebrante menos a los andamiajes cissexistas, heterosexuales, clasistas, racistas, capacitistas, entre otras estructuras marcadas simbólica y materialmente como “las sanas”, al mismo tiempo que el orden institucional, presidida por sujetos, aprovecha la fractura para obtener un beneficio a corto plazo y de índole personal enfocado más en aprovechamiento de la carrera política de quien se dice “aliade” que en resolver las vidas precarias y las condiciones de violencias de estas poblaciones. Muchas veces estos momentos liminales de las acciones afirmativas son aprovechados para atraer reflectores y montar un escaparate de moda que no se sustenta en alianzas genuinas, sino en un uso instrumental y extractivista.

En este sentido, los derechos que se obtienen tras las acciones afirmativas bajo las lógicas del regateo tendrán gradaciones; es decir, estas acciones no conforman de entrada derechos plenos como los que sí gozan otras poblaciones legitimadas por las estructuras de poder al cumplir los términos y condiciones pre-escritos. Dicha gradación hace explícita que la condición ciudadana tiene diferentes categorías, que colocan a las personas en la abyección social y material. Los derechos humanos han logrado fisurar ese orden, pero no lo han podido hacer de un sólo golpe, las fracturas han venido de los pasos constantes y permanentes de dichas gradaciones de los derechos, que sin lugar a duda cuestionan la idea universal de la ciudadanía, pues dejan ver que la igualdad construida para el demos sólo prevalece entre los iguales.

A su vez, es preciso hacer notar que las acciones afirmativas surgen dentro del sistema electoral mexicano en contextos de abandono e  invisibilidad de las poblaciones indígenas, afromexicanas y con discapacidad, o de franco rechazo al reconocimiento y protección de derechos humanos como ha sucedido con los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual (LGB) y como sucede con el reconocimiento a la identidad de género de las personas trans. Por lo tanto, evidenciamos que existen vacíos de vida digna que prevalecen dentro de las estructuras del Estado mexicano. Las acciones afirmativas dentro del sistema electoral mexicano no son suficientes para romper las cadenas de violencias hacia estas poblaciones y asegurarles una vida digna, vivible y libre de violencias en todas la trayectorias de vida. Es necesario el aseguramiento de un piso mínimo de condiciones dignas antes del  ingreso al espacio de la vida política. Es decir, sin una articulación integral de políticas públicas de reconocimiento que abarquen derechos humanos como acceso a la identidad, a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, entre otros, las acciones afirmativas simplemente caen en el vacío sin transformar de fondo los contextos de violencia y desigualdad.

Estos huecos en los que caen las acciones afirmativas dentro del sistema político-electoral son una parte importante e impostergable de la agenda pendiente, tanto para el Congreso de la Unión, como ya lo señala la resolución del TEPJF, pero también para cada OPL6 y para cada Congreso local, ya que de otra manera se tendrá un escenario en donde a nivel federal se tiene un reconocimiento de derechos de poblaciones históricamente excluidas que no existe o que existe de forma desigual a nivel local tanto en lo electoral como en la normatividad de cada estado del país.

Lo anterior no sólo es problemático porque generaría zonas geográficas del país con derechos más ampliamente reconocidos y protegidos que otros, sino que también fortalecería el fenómeno del oportunismo y voracidad de los partidos políticos puesto que al carecer de una armonización normativa que modifique la actual estructura de poder en los tres ámbitos de gobierno que reconozca en el mismo sentido y con la mayor amplitud de derechos humanos de poblaciones de la diversidad sexual tanto por orientación sexual, por identidad del género y diversidad corporal,  a la diversidad de pueblos originarios, afromexicanos y  personas con discapacidad abre el espacio para que se repitan los mismos fenómenos observados durante la incorporación de las cuotas de género y, posteriormente, la paridad: candidaturas que cumplen la cuota pero que son sometidas a diferentes formas de violencias para obstaculizar el ejercicio verdadero del poder como el asignarles en distritos o circunscripciones perdedores para dicho partido; ubicarles en lugares dentro de las listas de representación proporcional dentro de las circunscripciones donde tienen pocas posibilidades de acceder a un escaño; negarles financiamiento público e incluso obligarles a renunciar por diferentes medios violentos en caso que lleguen al poder, entre otros. Lo anterior no descarta el surgimiento de otras formas sofisticadas de oportunismo y voracidad como lo sucedido en las elecciones de 2018 cuando los partidos abusaron del principio de auto adscripción para postular falsas candidaturas indígenas (caso Chiapas) y trans (caso Oaxaca). El error sería asumir que la raíz del problema es la acción afirmativa y no la resistencia inercial de estas estructuras por compartir el ejercicio del poder público y los huecos estructurales que mantienen estas inercias para sostenerse en el poder.

Por lo tanto, proponemos que una mirada interseccional del concepto de violencia política en razón de género será una herramienta indispensable dentro del sistema electoral mexicano para identificar, prevenir, atender e incluso sancionar, en su caso, estos cuatro fenómenos que son inerciales dentro de las estructuras de poder pero que no son sostenibles ni justificables dentro de un quehacer democrático verdaderamente incluyente, igualitario y al mismo tiempo cada vez más encaminado a generar entornos libres de violencias.

En ese sentido, el regateo de derechos humanos así como el fenómeno de los derechos graduados pueden ser revisados cuando se analizan los diagnósticos que respaldan el número de cuota a proponer así como su distribución. Por ejemplo, la cuota indígena ha pasado de 13 distritos indígenas en el proceso electoral 2017-2018 a 21 distritos para 2020-2021. Sin embargo, al analizar cómo surgen esas acciones afirmativas, inmediatamente saltan preguntas que cuestionan a este regateo: ¿La construcción de distritos indígenas no surge de una idea romantizada de la participación política de estos pueblos originarios que borra sus procesos migratorios y las complejas problemáticas sociales que les detonan?  ¿Acaso no invisibiliza su presencia en otros estados del país? Por otra parte, si pensamos en términos de representación poblacional el 15% de la población mexicana es considerada indígena7 lo que en términos proporcionales tendría que representar 45 fórmulas de candidaturas de forma paritaria de las 500 fórmulas de candidaturas a nivel federal que tendría que postular cada partido político. Es decir, poco más del doble de lo aprobado por el INE.

Lo mismo sucede con la acción afirmativa a favor de las personas con discapacidad. De acuerdo al INEGI, el 5% de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad por lo que en términos proporcionales les corresponden 25 fórmulas de candidaturas por cada partido político lo que significa tres veces más que la cuota de 8 fórmulas establecidas.

Para el caso de las poblaciones afromexicanas el déficit de representación también se repite dado que de acuerdo al INEGI el 1.16% de la población se identifica como afromexicana lo que representaría una cuota de 8 fórmulas de candidaturas y no de 4, es decir, le corresponde el doble. Esto evidencia explícitamente la forma sobre cómo los derechos se van otorgando de manera graduada y no en correspondencia con los representaciones poblacionales reales. Prevalece por tanto una ministración de los derechos hacia las poblaciones no legitimadas dentro de los entramados colonizadores.

En lo que refiere a las poblaciones de la diversidad sexual la mirada interseccional resulta de vital importancia. La ciudadanía se tiene que dejar de ver como un conjunto monolítico y homogéneo y lo mismo debe aplicarse a las poblaciones de la diversidad sexual. Es importante distinguir la orientación sexual de la identidad de género, pues como lo demuestran diagnósticos como la ENDOSIG8 de CONAPRED9  (2018) los contextos de violencia que se viven por orientación sexual son de diferente complejidad que por identidad de género. Las poblaciones de las diversidades sexuales son de las más invisibilizadas por el rechazo y prejuicios normalizados en diversos entornos sociales e institucionales que siguen obstaculizando la construcción de diagnósticos para la elaboración de políticas públicas. De acuerdo a INEGI el 1.9% se asume LGB10 y no existen cifras nacionales sobre poblaciones trans aunque las menores estimaciones rondan entre el 0.5% y 1%11. Asumiendo el dato del INEGI como referente, se pueden estimar cuotas representativas para las poblaciones LGB de al menos 10 fórmulas de candidaturas sin considerar la representación de las poblaciones trans que si fuera del 0.5% (un estimado muy conservador) se estimarían al menos una cuota de 2-3 fórmulas de candidaturas sólo para personas trans de las 500 que a nivel federal propondrán los partidos políticos para el Congreso de la Unión.

Este déficit de representación en las acciones afirmativas se vuelve relevante cuando se acumulan el total de cuotas bajo el principio de representación proporcional que son 13 fórmulas de candidaturas12 al mismo tiempo que el INE establece el criterio de que encabecen los primeros 10 lugares de las listas en cualquiera de las cinco circunscripciones. El riesgo radica en que estas 13 cuotas como acciones afirmativas pueden colocarse en los lugares 8, 9 y 10 de cada una de las cinco listas de circunscripción sin que esto represente un verdadero acceso al poder, mientras que el partido aparenta ser incluyente. Se prevé este riesgo más probable en partidos que no reciban suficiente votación. Se asume que lo correcto sería ubicar estas 13 cuotas en los primeros tres lugares de cualquiera de las cinco circunscripciones para asegurar su acceso en cualquiera de las listas.

Conclusiones

Si persisten las lógicas del regateo y la gradación, el camino del reconocimiento de derechos humanos de las poblaciones históricamente excluidas será un ejercicio simulado que poco atravesará y modificará sustantivamente las estructuras de acceso al poder y las condiciones de vida de estas poblaciones. Si estas prácticas se mantienen bajo el argumento de respetar la vida interna de los partidos políticos, permanecerán intactas sus prácticas voraces y oportunistas, así como en el resto de las instituciones públicas, pues la simulación será un campo fértil para la instrumentalización de estas poblaciones dentro de lógicas basadas en modas y actitudes “progres” que se vuelven maquillajes fugaces.

Por el contrario, si se sigue un horizonte de amplitud y progresividad de derechos humanos de estas poblaciones, basado siempre en la armonización de las acciones afirmativas con el resto de las legislaciones electorales locales, se estaría incidiendo en la construcción de un pleno acceso al poder público, lo que llevaría a la conformación de organismos públicos a partir de la diversidad y eso implícitamente estaría dando pauta a la deconstrucción del modelo de ciudadanía normativa basada en términos y condiciones que obedecen a la descorporeización de los sujetos.

Una verdadera pluralidad política en la integración de los órganos electivos inevitablemente tendrá que incidir en la forma en que se debaten, se construyen, se implementan y se evalúan las políticas públicas, a partir de la incorporación de trayectorias de vida diversas así como en la toma de decisiones sobre cómo se integran otros órganos considerando sus atribuciones. Recordemos como un Congreso Paritario ha impulsado integraciones paritarias de órganos públicos  como el INE y los 32 OPL así como los consejos municipales y distritales locales y federales. El desafío ahora será una integración que incorpore las diversidades sexuales y de género, de origen étnico y racial así como de diversidades corporales y funcionales.

* Luisa Rebeca Garza López (@Rivka_Azatl) es mujer trans y funcionaria electoral. Ericka López Sánchez (@ErickaEliberte) es Profesora-investigadora de la Universidad de Guanajuato. Red de politólogas.

 

Fuentes de consulta

Moira Pérez y Blas Radi (2018). El concepto de “violencia de género” como espejismo hermenéutico. Igualdad, autonomía personal y derechos sociales, 8, 69-88.

CONAPRED (2018). Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, ENDOSIG.

 

 

1 Tribunal Electoral de Aguascalientes.

2 Lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes en el registro de sus candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

3 Santos Cruz Martínez (Santi) del Partido Nueva Alianza.

4 En San Luis Potosí (1), Yucatán (2), Hidalgo (1), Veracruz (1), Chiapas (5), Guerrero (1) y Oaxaca (2).

5 Nuevamente no se nombra lo trans puesto que esta petición ha sido una demanda histórica de estas poblaciones. Su lucha y presencia se desdibuja borra bajo el concepto de “diversidad sexual”.

6 Organismo Público Local como le nombra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41 a los Institutos Estatales Electorales.

7 De acuerdo a INEGI.

8 Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

9 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

10 Personas lesbianas, gay y bisexuales.

11 La Consulta Infantil y Juvenil realizada por el INE en 2018 midió por primera vez a la población de 10 a 17 años que se autoadscribía bajo una opción no binaria de “Otro” y en el rango de 10 a 13 años el porcentaje fue de 0.8% mientras que en el rango de 14 a 17 años dicho porcentaje sube a 2.1%.

12 9 para personas indígenas, 2 para personas con discapacidad, 1 para personas afromexicanas y 1 para personas de la diversidad sexual.

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