La agridulce tipificación de los ECOSIG en el Código Penal de CDMX
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La agridulce tipificación de los ECOSIG como delito en el Código Penal de CDMX
Da gusto que las publicidades tan abiertas y violentas de las terapias de conversión se prohíban, pero ¿dejarán realmente de existir, o se moverán aún más a la clandestinidad donde sea más fácil cometer mayores violaciones a derechos humanos?
Por Sofía Jiménez Poiré
2 de septiembre, 2020
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El Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado 24 de julio una reforma al Código Penal para tipificar como delito los Esfuerzos para “Corregir” la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), comúnmente llamados “terapias de conversión”. Dicha iniciativa fue presentada por el diputado Temístocles Villanueva desde 2018 –impulsada por organizaciones civiles como Yaaj México– y es la primera de este tipo aprobada en el país.

Celebramos en el corazón este logro, que no sólo reconoce desde lo legislativo la validez de la disidencia sexogenérica, sino que claramente reprueba la violencia hacia las personas LGBTIQ+. No es para menos: la cantidad de oposición y resistencia por parte de grupos antiderechos demuestra lo significativo que es, con gran impacto simbólico. Y de no ser por todo el trabajo de activistas y la presencia de un legislador abiertamente gay y a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en espacios de toma de decisión esto no hubiese sido posible. Como mujeres* disidentes que también nos dedicamos a estos temas, aplaudimos sinceramente este triunfo.

Paralelamente, desde los aprendizajes del feminismo crítico del punitivismo nos surgen dudas. ¿Qué tan efectivo es, realmente, el sistema punitivo del Estado? Y al contrario, ¿qué efectos negativos llega a tener? Por ejemplo, sabemos sin lugar a dudas que lo punitivo se materializa principalmente en contra de las personas racializadas y de pocos recursos, a pesar de que las blancas y adineradas también son responsables de grandes injusticias. En el caso específico de los ECOSIG, ¿a quiénes podríamos imaginar siendo realmente enviadxs a la cárcel? Además, es importante destacar investigaciones como las de Catalina Pérez Correa que muestran cómo el sistema carcelario impacta particularmente a las mujeres que cuidan de los reclusos.

Otras preocupaciones surgen. Da gusto que las publicidades tan abiertas y violentas de los ECOSIG ya no deban darse por estar claramente prohibidas, pero ¿dejarán realmente de existir, o se moverán aún más a la clandestinidad donde sea más fácil cometer mayores violaciones a derechos humanos? No olvidemos que los ECOSIG consisten en tratos violentos y arcaicos con consecuencias irreversibles, los cuales en sí ya estaban prohibidos, aunque sabemos que rara vez hay justicia y reparación del daño ante la violencia de cualquier tipo en México y aún menos cuando se dirige a grupos marginados como el de personas LGBTIQ+.

Por último, tememos que el efecto de las reformas penales sea el dar a pensar que nuestras agendas –LGBTIQ+ y feministas– han sido de alguna forma satisfechas y por ende ya no se tomen medidas que pueden resultar más efectivas para alcanzar nuestros objetivos. Este caso fue particularmente ilustrativo en ese sentido, pues otra iniciativa que estaba próxima a votarse –y que recibió mucha mayor resistencia– fue la de #InfanciasTrans, la cual permitirá garantizar derechos y tendrá efectos muy directos en todas las personas trans menores de 18 años que buscan que su identidad sea reconocida a través de un trámite administrativo y eso, a su vez, les sirva como herramienta para, por ejemplo, continuar con su educación. Esta iniciativa debió agendarse el mismo día que la de ECOSIG, pero casi parece que nos quisieron “distraer con otra victoria”.

¿Entonces qué hacer contra los ECOSIG sin recurrir sólo al sistema judicial?

Tal parece que parte de la estrategia de la iniciativa es no tanto contar con el poder judicial sino facilitar las sanciones administrativas que ayudarían a cerrar los centros donde se practican los ECOSIG, y esperamos que en efecto eso funcione. Pero intervenir con castigos implica que ya hubo víctimas, y para evitar eso hay que actuar desde la prevención. Es decir, ¿cómo logramos que se legisle no sólo para agregar “delitos” sino también para cambiar las condiciones sociales que provocan que el cambio de orientación sexual sea algo deseable?

La base es el cambio de mentalidades: si no hay #NadaQueCurar, entonces no tienen por qué existir los ECOSIG de ningún tipo. Lograr que la sociedad en su conjunto no sólo acepte sino que incluso celebre la diversidad sexogenérica implica que tengamos una Educación Integral en Sexualidad (EIS) sólida y universalmente accesible. Y por supuesto, su potencial es tan grande que los grupos antiderechos se enfocan en avanzar iniciativas como el “Pin Parental” para impedir que se brinde. Tenemos que estar sumamente atentxs a estos esfuerzos, porque lograr el acceso universal a la EIS no sólo requiere de leyes que la permitan, sino de políticas públicas y recursos que en una sociedad patriarcal siempre son difíciles de conseguir.

Queremos concluir volviendo a hacer énfasis en cómo convertir en delito los ECOSIG es el fruto de una larga y ardua lucha por los derechos LGBTIQ+, y que deseamos sinceramente que contribuya a la reducción de la violencia que vivimos las personas de la disidencia sexogenérica.

Hacemos la invitación a repensar la justicia y la prevención de la violencia más allá del punitivismo, el cual tiene numerosos límites y críticas; ¿podremos tomar la energía y recursos que ponemos en buscar castigar y redirigirla hacia los cambios estructurales que impedirán que los delitos se cometan y por tanto los castigos sean irrelevantes?

* Sofía Jiménez Poiré es Coordinadora de Identidad Sexual en Balance A. C. (@balancejoven).

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