Anomalías de la Ley de Revocación de Mandato - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Anomalías de la Ley de Revocación de Mandato
De nueva cuenta, la ciudadanía acudirá a las urnas para enfrentarse a una pregunta compleja, confusa y ambigua, amparada en un marco jurídico que flexibiliza las firmas de apoyo, es imprecisa sobre la campaña de difusión, y omite conductas infractoras y las respectivas sanciones.
Por César Hernández González
9 de octubre, 2021
Comparte

¡Por fin tenemos la Ley de Revocación de Mandato! El Congreso de la Unión tardó 634 días desde que se publicó la reforma en la carta magna, para legislar la norma secundaria. En consecuencia se incumplió, por un plazo de 454 días, el mandato constitucional de generar las disposiciones reglamentarias del mecanismo de democracia directa.

Bastó un regaño público del presidente de la República para que se pusiera en marcha la maquinaria parlamentaria. Lo que no se hizo en 454 días se realizó en 27. Finalmente, la ley reglamentaria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre. Sin embargo, las prisas y las presiones siempre conllevan a tomar malas decisiones.

Una ley que es procesada de forma exprés suele ser una norma anómala e imperfecta que conlleva a una deficiente salvaguarda de los derechos de la ciudadanía. En las siguientes líneas se presenta un análisis sobre la pregunta, la difusión, las firmas de apoyo y las omisiones de la Ley de Revocación de Mandato.

Pregunta salomónica  

Los grupos afines al gobierno querían una redacción de ratificación de mandato, mientras que los grupos opositores querían una interrogante de revocación de mandato. Era evidente que MORENA y sus aliados ganarían, por eso la primera pregunta fue redactada en términos de ratificación: ¿Estás de acuerdo que (nombre), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? 1 

Ante la falta de consensos, MORENA tuvo que flexibilizar su postura, sin ceder en sus pretensiones. Aunque usted no lo crea, la pregunta tuvo que ser modificada para incluir, en una misma estructura gramatical, la dualidad ratificación-revocación: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? 2

Los legisladores optaron por una decisión salomónica que dejó a los opositores y al gobierno federal satisfechos; pero que, una vez más, puso en evidencia que los actos legislativos son realizados para complacer a la clase política, sin importar que la ciudadanía tenga que pagar los platos rotos. De nueva cuenta, la ciudadanía acudirá a las urnas para enfrentarse a una pregunta compleja, confusa y ambigua.

MORENA flexibilizó su postura para evitar una judicialización de la ley; es decir, que la SCJN decidiera sobre los contenidos de la pregunta y que ocurriese un nuevo episodio como el suscitado en la consulta popular. Mientras que la oposición no logró articular una defensa de los principios constitucionales sobre la exclusión de la ratificación y la supremacía de la revocación. Los disidentes prefirieron ceder en sus pretensiones que contender por la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.

Imprecisiones sobre la difusión

El Congreso de la Unión determinó nuevas reglas para la difusión de la revocación de mandato. Autorizó a los partidos políticos para promover la participación de la ciudadanía 3. Ello significa que los partidos políticos podrían usar tiempos en radio y televisión, contratar propaganda en internet y redes sociales, así como colocar propaganda en la vía pública para, única y exclusivamente, invitar a la ciudadanía a participar en la revocación de mandato.

Esta nueva regla expone a la ciudadanía, una vez más, a una avalancha propagandística de los partidos políticos. Una nueva campaña política de difusión corre el riesgo de generar en la ciudadanía hartazgo, apatía e indiferencia, lo que se traduciría en el incremento del abstencionismo. Además, podría agudizar la polarización política y social, poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país.

Se prohibió que los partidos políticos usen los recursos provenientes de su financiamiento público y privado para influir en las preferencias de la ciudadanía 4. Sin embargo, gracias a su salomónica pregunta, éstos podrán difundir propaganda para que la ciudadanía participe en la revocación, o bien, para que participe en la ratificación.  Al fin y al cabo, los partidos políticos podrán influir en el voto de las personas, así que la protección a los principios de neutralidad y equidad serán quebrantados.

Se determinó que las personas, en lo individual y en lo grupal, podrán divulgar su posicionamiento sobre la revocación de mandato, siempre y cuando no se contraten tiempos en radio y televisión 5. En otras palabras, las y los ciudadanos podrán adquirir publicidad en medios impresos, vía pública, internet y redes sociales para expresar su respaldo a la ratificación, o bien, para comunicar su apoyo a favor de la revocación.

Esta regla posibilita que la difusión de la revocación de mandato se convierta en un incentivo para que las personalidades y las organizaciones incidan e influyan el voto de la ciudadanía. La sociedad será bombardeada por campañas a favor de la revocación y en pro de la ratificación. Se romperá la equidad y la neutralidad en aras de la maximización de la libertad de expresión, pero bajo la subordinación de los fines del gobierno y de la oposición.

Flexibilización de las firmas de apoyo

Pase lo que pase, habrá revocación de mandato en marzo de 2022, ya sea para complacer al gobierno federal, o bien, para satisfacer la inconformidad de algunos sectores de la sociedad. Los legisladores establecieron tres reglas que facilitan la recolección de las firmas de apoyo del mecanismo de democracia directa.

La primera regla consiste en que la ciudadanía podrá presentar diversas solicitudes para iniciar el instrumento revocatorio, pero estas solicitudes no serán procesos independientes ni excluyentes, sino que serán solicitudes dependientes y complementarias 6. Dicha regla implica que las firmas recabadas y presentadas en cada solicitud serán se sumarán para efecto de alcanzar el 3% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores.

Para ejemplificar lo anterior, supongamos que para iniciar la revocación de mandato se requiere la validez de 2.7 millones de firmas 7. La primera petición reúne 1.3 millones, la segunda demanda recopila 1.1 millones y la tercera solicitud acopia 2.1 millones. Se podría afirmar que ningún pedimento individualmente alcanza la meta de los 2.7 millones, pero la regla determina que se deben sumar las firmas de las tres solicitudes, entonces tendríamos 4.5 millones de firmas, por ende, se alcanza el umbral y se colma la hipótesis legal.

La segunda regla consiste en el uso de formatos en papel para recabar y entregar las firmas de apoyo para la revocación de mandato 8. Seamos claros, a MORENA no le agradó el uso de la App para la recopilación de las firmas, puesto que el medio electrónico les complicó reunir los apoyos para la consulta popular. Hay que recordar que la petición de Yeidckol Polevnsky no logró alcanzar el número de las firmas solicitadas 9.

No obstante, el uso de la App en otros procesos 10 ha garantizado que el apoyo provenga de una persona que tenga derecho a otorgarlo, ha evitado que se realicen fraudes y abusos que afectan la credibilidad de los procesos, ha permitido verificar la autenticidad del apoyo ciudadano céleremente, ha impedido el uso indebido de los datos personales y ha obstaculizado la suplantación de identidad y el fraude a la ley.

La tercera regla versa sobre la realización de actos para recabar las firmas de apoyo 11, es decir, la ciudadanía podrá llevar a cabo reuniones públicas, asambleas, marchas, mítines, seminarios, debates, entrevistas, entre otras, para obtener el apoyo de otras personas. Innegablemente, esta regla favorecerá a que la recopilación de firmas sea más rápida, menos costosa y más sencilla.

Pero la instrumentación de los actos públicos abre la puerta al uso de los recursos públicos de los gobiernos, los poderes públicos y los partidos políticos. Al respecto, la ley establece que el INE podrá detectar y castigar el uso de recursos públicos 12, pero solo faculta a la autoridad electoral para sancionar a los responsables y pasa por alto establecer una consecuencia jurídica sobre las firmas que fueron obtenidas a través de los recursos públicos, es decir, disponer si las firmas deben ser anuladas.

Silencio legislativo

A pesar de que el debate periodístico y la discusión en las redes sociales se enfocaron en cuatro temas fundamentales (presupuesto, fiscalización, sanciones, intervención presidencial), dichos temas no fueron reglamentados en la ley, o bien, fueron regulados deficientemente, ya que no se incluyeron aspectos imprescindibles para su aplicabilidad.

La principal demanda de la oposición fue proteger el presupuesto del INE. Se buscaba evitar que el gobierno federal y MORENA sometieran a la autoridad electoral por la vía presupuestal. A su vez, se intentaba garantizar un ejercicio democrático de magnitudes nacionales bajo los estándares de control, certeza, independencia, seguridad y confiabilidad. Sin embargo, en la ley se omitió salvaguardar los recursos destinados a la revocación de mandato. En cambio, se establecieron obligaciones de trascendencia organizacional y presupuestal para el INE, tales como instalar el mismo número de casillas que se utilizaron en el proceso electoral 2021 y generar el mecanismo de voto de los mexicanos en el extranjero.

Una vaga e imperfecta facultad de fiscalización fue otorgada al INE, pero se omite especificar la validez de los recursos provenientes de personas morales, agrupaciones políticas, asociaciones religiosas y entes extranjeros en los procesos de recopilación de firmas y difusión del mecanismo revocatorio. No se establece un tope de gastos para el acopio de firmas ni para la divulgación del mecanismo revocatorio. Tampoco se mencionan las consecuencias jurídicas de utilizar de recursos públicos en la compilación de firmas o cuando la publicidad proceda de los gobiernos, poderes públicos o partidos políticos.

La ley omite establecer un catálogo de conductas infractoras y una relación de sanciones. De nueva cuenta, el legislador desaprovecho la oportunidad de tipificar las conductas infractoras de los funcionarios públicos, pero sobre todo de generar un listado de sanciones en contra de los servidores públicos. Esto implica que éstos tenga la oportunidad de quebrantar una ley sin tener una consecuencia jurídica, ya que las infracciones cometidas quedarán impunes, puesto que el INE ni el TEPJF tendrán las facultades para sancionarlos.

Si bien se mantiene la suspensión de la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, no se determinó la suspensión de las conferencias mañaneras, por lo que el INE y el TEPJF tendrán que enfrentar la injerencia del presidente. Para ello, las autoridades electorales podrán suspender temporalmente las conferencias mañeras, pero al hacerlo serán el objetivo de críticas y ataques del gobierno y sus aliados, situación que podría poner en vilo el mecanismo revocatorio, puesto que su legitimidad e imparcialidad será puesta en duda.

 Colorario 

La revocación de mandato se convirtió en un instrumento que no busca solucionar los problemas ni atender las demandas de la sociedad. Otra vez se perdió la oportunidad de ciudadanizar y democratizar la toma y la ejecución de las decisiones. El Congreso de la Unión falló en construir una herramienta de control del poder político y en su lugar erigió un artilugio para polarizar y dividir a la sociedad, para agradar al gobierno federal y para desarticular a la oposición.

* César Hernández González (@ZezarHG) es especialista en Derechos Humanos, Democracia y Elecciones.

 

 

1 Cfr. aquí.

2 Fracción V del artículo 19 de la LFRM.

3 Párrafo cuarto del del artículo 32 de la LFRM.

4 Párrafo cuarto del del artículo 32 de la LFRM.

5 Párrafo segundo del artículo 35 de la LFRM.

6 Párrafo segundo del artículo 10 de la LFRM.

7 Con corte al 24 de septiembre de 2021 la lista nominal de lectores se integra por 91.5 millones de ciudadanos.

8 Artículos 10, 11 y 12 de la LFRM.

9 Cfr. aquí.

10 Candidaturas independientes, partidos políticos, organizaciones políticas e iniciativas de ley.

11 Párrafo primero del artículo 13 de la LFRM.

12 Párrafos segundo y tercero del artículo 13 de la LFRM.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.