Anticorrupción en la reciente Cumbre de las Américas
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Anticorrupción en la reciente Cumbre de las Américas
En una discusión temática relacionada con el fortalecimiento regional y la preparación ante emergencias nacionales, se habló de la falta de transparencia y rendición de cuentas que se vivió en la región de Latinoamérica y el Caribe durante la pandemia por COVID-19 y las lecciones que quedan para futuras emergencias sanitarias o ambientales que el continente está por vivir.
Por Carlos G. Guerrero Orozco
18 de junio, 2022
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Del 6 al 10 de junio de 2022 se llevó a cabo la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. La Cumbre reúne a líderes políticos, organizaciones civiles y actores sociales, y a empresarios y empresarias de la región de Latinoamérica y el Caribe para promover la cooperación, y debatir y definir las acciones frente a los problemas y desafíos compartidos en la región. En los compromisos tomados este año, la prevención y sanción de los actos de corrupción tomó una gran relevancia.

Los Ángeles, una de las ciudades que entrañan la mayor diversidad en la región, reunió a personas defensoras de derechos humanos, activistas, empresarios y empresarias, presidentes, ministras, secretarios de Estado y funcionarios y funcionarias desde Canadá hasta Argentina. En los pasillos de los hoteles y centros de convenciones bien podía encontrarse discutiendo a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, que a la venezolana Vanessa Neuman, una de las voceras de la sociedad civil para el grupo de trabajo de gobernabilidad democrática.

La representación de todo un continente tuvo lugar en las calles y avenidas de la capital de California, tanto en los eventos oficiales como en los alternos a la Cumbre. Ciudadanos y ciudadanas de la región del Caribe estuvieron presentes, imponiendo su derecho a no ser excluidos por los demás países de América Latina. Las voces que sufren las autocracias cubana, nicaragüense y venezolana se hicieron escuchar a través de exigencias de libertad y no represión. En plena sesión de trabajo, un activista de origen cubano reprodujo el audio de una niña cubana suplicando libertad de su padre, preso político en Cuba. Mediante el lenguaje de señas, un defensor de los derechos de personas con discapacidad expresó su deseo de que su comunidad fuera tomada en cuenta en la Cumbre. El intercambio silencioso que más poder atrajo en esa mesa de diálogo.

Los temas tratados en los eventos de la Cumbre fueron varios. Digitalización, salud, migración, medio ambiente y democracia formaron los ejes de la discusión. Pero uno de los protagonistas en discusiones entre actores sociales y gobiernos, así como en discursos de delegaciones y representantes de gobierno, fue la lucha contra la corrupción. Ya la anterior VIII Cumbre de las Américas, que tuvo sede en Perú, había marcado un referente con el Compromiso de Lima sobre Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción.

En una discusión temática relacionada con el fortalecimiento regional y la preparación ante emergencias nacionales (ver aquí), se habló de la falta de transparencia y rendición de cuentas que se vivió en la región de Latinoamérica y el Caribe durante la pandemia por COVID-19 y las lecciones que quedan para futuras emergencias sanitarias o ambientales que el continente está por vivir.

En México los posibles actos de corrupción o fallas gubernamentales durante la atención y diagnóstico del tratamiento quedaron registradas, entre otras, en una plataforma ciudadana lanzada por la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey y por la organización Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, con el testimonio de más de 600 personas víctimas de abuso, de soborno, de “sextorsión” y de nepotismo en hospitales públicos y privados.

En la región de Latinoamérica y el Caribe, los actos reportados de corrupción y las investigaciones iniciadas por los gobiernos para sancionarla generó una pérdida de la confianza de la ciudadanía en sus propios gobiernos. De ahí que los actores gubernamentales, sociales y empresariales tienen la encomienda de hacer que esa confianza se recupere y lo pueden hacer a través de mecanismos anticorrupción, de rendición de cuentas y de acceso a la información.

Lo anterior pasa por el nuevo entendimiento que debe darse a la dimensión de la corrupción en nuestros países, consistente en que la corrupción viola derechos humanos –qué mejor ejemplo que las afectaciones al derecho a la salud que dejó la pandemia–. Debemos dejar de lado la idea de que la corrupción solamente afecta desde una perspectiva económica y empezar a analizar y aplicar los estándares de corrupción y derechos humanos, como los desarrollados ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019.

También, parte de la recuperación de la confianza en los países debe perfilarse hacia la necesidad de poner a las víctimas de corrupción en el centro de la discusión, eliminando las barreras de las organizaciones civiles o defensores que trabajan para promover los derechos de las víctimas, como habilitando canales de denuncia de actos de corrupción –en el gobierno, pero igualmente en las empresas–, asegurando además que existan medidas de protección en beneficio de los y las denunciantes contra la retaliación por su valentía.

La IX Cumbre de las Américas fue una gran oportunidad para recalcar la falta de avance de los compromisos y para renovar esfuerzos en la exigencia a gobiernos para hacerlo, a través de vías judiciales o extrajudiciales. Las empresas juegan, hoy más que nunca, un rol indispensable en el combate contra la corrupción. No solamente por el bien común que entraña esa lucha, sino también para que las empresas logren eficiencias en sus ganancias y eviten pérdidas por actos corruptos. Por ejemplo, la efectividad de las acciones hacia la creación de un registro de beneficiarios finales o reales en empresas de cada país tendría que ser objeto de análisis puntual en la próxima cumbre.

Después de esta semana comienza un nuevo proceso para los actores involucrados, orientado a exigir la rendición de cuentas y el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados del continente que, en materia de combate a la corrupción, algunos de ellos son los siguientes:

  • Perspectiva de género: Promover la equidad e igualdad en medidas anticorrupción, desde el proceso de planeación hasta la implementación y evaluación de las políticas.
  • Denuncia de actos de corrupción: Establecer medidas, sistemas e incidencia pública para generar incentivos a efecto de mejorar las condiciones para el reporte de irregularidades y actos de corrupción, inclusive el lavado de dinero, así como medidas para proteger efectivamente a los denunciantes, víctimas, testigos y servidores públicos contra la retaliación y actos intimidatorios.
  • Digitalización: Fortalecer y promover el uso de sistemas digitales para asegurar y mejorar la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
  • Participación social: Alentar la participación de la sociedad civil, el sector privado y los actores sociales en la prevención y lucha contra la corrupción.
  • Medidas de emergencia: Mejorar y fortalecer las políticas y estrategias anticorrupción para proporcionar preparación para emergencias y abordar la corrupción en tiempos de emergencia. Además, con respecto al ramo de salud, promover una conducta ética para prevenir la corrupción tanto en el sector público como en el privado.
  • Beneficiarios finales: Desarrollar e implementar regulaciones y medidas para recopilar e intercambiar información sobre el beneficiario final de personas jurídicas y arreglos legales para facilitar la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción, de conformidad con la legislación nacional;

* Carlos G. Guerrero Orozco (@DLM_Mx) es abogado especializado en litigio anticorrupción.

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