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Arbitrariedad policial en Yucatán antes y durante la pandemia
A un año de la pandemia, la estrategia del uso de la fuerza pública para atender la emergencia sanitaria no ha cambiado y las instituciones responsables de violaciones a derechos humanos (principalmente la SSP y las policías municipales) no demuestran la intención de rendir cuentas.
Por Enrique Gallegos y Carlos A. Camargo
30 de abril, 2021
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El 26 de marzo se cumplió un año del decreto de emergencia por la pandemia de la COVID-19 en el estado de Yucatán. Dicho decreto estableció las bases con las que el gobierno del estado respondería a la emergencia; sin embargo, provocó desconcierto en la población por su ambigüedad y por cómo algunos ayuntamientos asumieron su cumplimiento, violando derechos humanos.

Desde hace algunos años, los gobiernos de Yucatán han alimentado el discurso de “Estado Seguro” que, entre otras cosas, se refiere a que la entidad está libre de violencia y se encuentra en un lugar privilegiado frente a la situación de otros lugares en el país. No obstante, esa narrativa ha legitimado que las policías municipales y estatal cometan violaciones a derechos humanos, como tortura y detenciones arbitrarias, en favor de mantener la seguridad. Con la pandemia por COVID-19, en 2020 llegó un nuevo pretexto convalidar esas acciones. Las mismas acciones utilizadas para “preservar la paz” se comenzaron a utilizar para evitar la propagación del virus.

En la investigación “El virus de la arbitrariedad y la opacidad” documentamos que, a partir de abril de 2020, el gobierno de Yucatán facultó a sus policías estatales y municipales para realizar detenciones a quienes no realizaran el confinamiento voluntario o circularan fuera del horario permitido con el afán de prevenir y reducir contagios por COVID-19. Aunque esta no fue la única medida adoptada, fue común la aplicación ad hoc de las facultades de los gobernadores como autoridades sanitarias para dar sustento legal a prácticas cuestionables en su legalidad y eficacia. Incluso en las alertas que se publicaron en cuentas oficiales del gobierno se amenazó con la aplicación del tipo penal “riesgo de contagio” para las personas que no aceptaran y acataran el confinamiento domiciliario.

Otras de las medidas empleadas fueron el cierre total o parcial de municipios, la instalación de “filtros sanitarios” en los limites con otros estados y en vías importantes de circulación dentro de las ciudades, así como el establecimiento de horarios restringidos para la circulación (“toques de queda”). Esto que surgió con la pandemia, se sumó a prácticas previamente arraigadas en las corporaciones de seguridad en el estado.

Para nosotros es importante que la adopción de estas medidas sea parte de una discusión amplia que cuestione su proporcionalidad y constitucionalidad. La vaguedad con la que sustentaron los acuerdos y decretos, junto con el poder de decisión y control que se concede a cada policía, es casi una fórmula para propiciar las detenciones arbitrarias, tortura y muertes en custodia que han caracterizado a la entidad en los últimos años. Tan sólo en 2020 se registraron, al menos, 10 muertes de personas bajo la custodia del Estado (6 casos atribuibles a policías municipales y 4 a la policía estatal). Estas muertes fueron causadas por la forma violenta con la que se detiene y somete a las personas.

La situación es tan grave que en noviembre del año pasado se filtraron audios que evidenciaban la permisibilidad del Fiscal General para las violaciones a derechos humanos cometidas por policías. Sin embargo, esto no fue un tema importante durante la última comparecencia del Secretario de Seguridad Pública en el Congreso Local, pues parece que también las y los diputados están dispuestos a mantener la narrativa de “Estado Seguro”.

Otra muestra de la gravedad de la situación son las 307 diligencias realizadas, las 11 quejas iniciadas y las 45 medidas cautelares emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) durante los primeros meses de la pandemia. La mayoría de estos casos están relacionados con actuaciones ilegales y/o arbitrarias de autoridades municipales y de sus corporaciones policiacas en la aplicación de medidas en la contingencia en municipios como Umán, Progreso, Kanasín, Celestún y Mérida.

En otras palabras, hay elementos suficientes para identificar la existencia de un patrón de violencia que inicia su curso con detenciones ilegales y/o arbitrarias. Una vez en custodia de la policía, le siguen golpes, ahorcamientos y otras formas de tortura que, en algunos casos, terminan privando de la vida a las personas. De forma más detallada, casos similares implican a policías llevándose a las personas hacia ubicaciones remotas o sitios abandonados, así como traslados largos entre municipios o a través del anillo periférico de la capital (Mérida).

Entre las prácticas comunes de tortura se encuentran la privación sensorial, los golpes, asfixia mecánica, simulacros de ahogamiento, choques eléctricos, quemaduras, aplicación de sustancias irritantes, forzamiento de posturas incómodas, desnudez, privación de alimento y agua, así como colgar a las víctimas por largos periodos de tiempo. Por otro lado, se señala que constantemente se coaccionaba a las personas para dar información, aceptar su culpabilidad o inculpar a otras personas por la comisión de los delitos de robo, robo a casa habitación, narcomenudeo y violación sexual.

Aunque no apoyamos el punitivismo, muchos de estos casos no terminan en investigaciones administrativas y/o penales que determinen la responsabilidad de los agentes policiales y la eventual reparación a las víctimas. Aun más complicado, no se genera una transformación institucional que facilite que los órganos de control internos vigilen de forma más adecuada el comportamiento de elementos policiales, que existan protocolos de actuación para el uso de la fuerza y que exista una base de datos públicos para conocer en cifras la problemática.

Con todo esto, resulta cuestionable que la utilización de la fuerza pública continúe en el centro de la estrategia para la prevención de la propagación de la COVID-19. Preocupa porque la pandemia sigue, pero también porque estas medidas llegaron para quedarse. Por ejemplo, en enero de 2021 se modificó el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán para establecer infracciones graves por circular en vehículos particulares durante el horario restringido (11:30 pm a 5:00 am). En la actualización del semáforo epidemiológico del 22 de abril se modificó parcialmente esta medida, pero no se eliminó, ni se publicaron documentos informativos o algún decreto que explicara los motivos para mantenerla, únicamente se publicó un vídeo informando de la decisión en la página de Facebook del gobernador.

A un año de la pandemia, la estrategia del uso de la fuerza pública para atender la emergencia sanitaria no ha cambiado y las instituciones responsables de violaciones a derechos humanos (principalmente la SSP y las policías municipales) no demuestran la intención de rendir cuentas. Tampoco las instituciones encargadas de vigilar han realizado algún diagnóstico profundo de las violaciones a derechos humanos cometidas en el Estado, bajo pretexto de contener los contagios. Sin los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como Indignación, de la prensa local y nacional, así como de las redes sociales, se conocería mucho menos de la situación descrita. Para Elementa es importante impulsar una discusión seria, abierta y constructiva de este y otros temas, por eso invitamos a las personas a conocer la investigación más reciente.

@ELEMENTADDHH

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