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Arturo Medina Vela vs México: las deudas pendientes del Estado
El caso de Medina Vela constituye uno de los pocos que da cuenta de la discriminación y las diversas barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, particularmente intelectual y psicosocial, en el sistema de justicia penal y de la sistemática privación de la libertad a la que son sujetos en razón de su discapacidad.
Por Documenta, análisis y acción para la justicia social
2 de octubre, 2021
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El 4 de octubre de 2021, el Estado mexicano le ofrecerá una disculpa pública a Arturo Medina Vela por la violación a sus derechos humanos. Este será el “Primer acto de reconocimiento de Responsabilidad Internacional y de Disculpa Pública de Estado” dirigida a una persona con discapacidad.

Arturo fue detenido en el 2011, con 21 años de edad, acusado del presunto robo de un vehículo. Pasó más de cuatro años en el Centro Varonil de Rehabilitación Social (CEVAREPSI) cumpliendo una medida de seguridad. El juez penal que le privó de su libertad fundamentó su resolución en su condición de discapacidad y en la necesidad de un tratamiento médico.

Desde su detención y a lo largo de todo el proceso penal se le negó la posibilidad de declarar, objetar las pruebas presentadas en su contra, elegir a su defensa y apelar las resoluciones que lo condenaron. Todo ello porque Arturo es una persona con discapacidad intelectual y psicosocial y fue declarado inimputable 1.

Además, aunado a todas estas deficiencias y violaciones, se le negó su derecho a contar con los apoyos y ajustes de procedimiento adecuados para comprender la documentación y las actuaciones judiciales así como para participar efectivamente en su proceso penal.

El caso de Arturo fue enviado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Resolución histórica

En el 2019 y después de varios años de litigio, el Comité concluyó que el Estado mexicano había incumplido sus obligaciones internacionales y era responsable de la violación de los derechos de Arturo Medina, en particular de su derecho a la igualdad y no discriminación, a la accesibilidad, a ser tratado como igual ante la ley, al acceso a la justicia y el derecho a la libertad y seguridad.

El dictamen constituye un fallo histórico por varias razones: en principio, es el primer fallo que emite este Comité sobre un caso que atañe a México; en segundo lugar, el caso de Medina Vela constituye uno de los pocos que da cuenta de la discriminación y las diversas barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, particularmente intelectual y psicosocial, en el sistema de justicia penal y de la sistemática privación de la libertad a la que son sujetos en razón de su discapacidad.

Lo anterior es relevante dada la prevalencia en el ámbito penitenciario de esta población. Los informes realizados al respecto dan cuenta de que hay un gran porcentaje de personas con discapacidad en espacios de privación de la libertad. Aunque las estadísticas muestran que a nivel mundial el 15% de la población vive con una condición de discapacidad, en muchos países más del 50% de la población penitenciaria tiene una discapacidad (Relatora sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2019, parr.13).

Aunque se trata de un caso individual, las recomendaciones del Comité dirigidas al Estado mexicano sientan un precedente que trasciende el ámbito nacional en la medida en que ponen en tela de juicio figuras del derecho penal, en concreto, la inimputabilidad y las medidas de seguridad, que no son exclusivas de la legislación mexicana sino que forman parte de los códigos penales de otros países de la región latinoamericana y el mundo (Documenta, 2017).

De esta forma, el dictamen del Comité representa un nuevo punto de inflexión para pensar sobre el impacto del enfoque de derechos humanos y la procuración e impartición de justicia en casos que involucran derechos de personas con discapacidad. Este caso exige a los Estados que han ratificado este instrumento internacional promover acciones encaminadas a saldar las deudas pendientes respecto a garantizar la igualdad y no discriminación frente a las cortes y los tribunales.

Y ahora, ¿qué sigue?

Han pasado ya dos años desde la publicación de la resolución del Comité. Si bien el acto de reconocimiento y disculpa pública constituye un paso importante hacia la reparación de los daños causados por las instituciones del Estado mexicano, es necesaria la puesta en marcha de un plan integral de reparación efectiva -más allá de la disculpa-, y una urgente adopción de medidas concretas para garantizar la no repetición de casos como este. Mientras esto no suceda, las personas con discapacidad que se enfrenten al sistema de justicia penal seguirán estando en riesgo de ser sujetas a procesos penales sin garantías básicas del debido proceso y a ser privadas de su libertad en razón de su discapacidad.

La obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro incluyen a los distintos órganos de gobierno (poder ejecutivo, legislativo y judicial) quienes deben promover en estrecha consulta con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, las siguientes acciones:

  • La reforma legislativa a nivel local y federal en relación con la figura de
    inimputabilidad y el tratamiento para inimputables.
  • La eliminación de las medidas de seguridad que implican el internamiento para un tratamiento médico-psiquiátrico y la generación de alternativas ajustadas con los principios de la Convención.
  • La implementación de medidas de apoyo y ajustes para que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica ante los tribunales en igualdad de condiciones que las demás.
  • La capacitación de forma adecuada y continua a órganos jurisdiccionales, agentes del ministerio público y los funcionarios que participan en la facilitación de la labor del poder judicial sobre el alcance de la Convención y su Protocolo Facultativo.

Por ello, llamamos al Estado mexicano a seguir avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad. Hoy en día en nuestro país muchas personas siguen siendo víctimas de leyes que las discriminan, políticas públicas que las invisibilizan e instituciones de justicia que las privan de la libertad bajo la irónica pretensión de garantizar su tratamiento.

* Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C. (@DocumentaAC) es una organización civil que desde hace 10 años trabaja por la construcción de un sistema de justicia incluyente y respetuoso de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en conflicto con la ley y con discapacidad.

 

 

1 En el Código Penal de la Ciudad de México, la inimputabilidad es una causa de inculpabilidad que se actualiza cuando al momento de la comisión del hecho, la persona no tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito o de conducirse de acuerdo con esa comprensión por padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado (Artículo 29, Inciso C, Fracción II).

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