Atrápame si puedes: en búsqueda de los “beneficiarios finales” - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Atrápame si puedes: en búsqueda de los “beneficiarios finales”
Hasta ahora, las deficiencias de los gobiernos para identificar a los “beneficiarios finales” de los actos de corrupción ha traído como consecuencia que la justicia no atrape a los dueños reales del dinero sucio. Ello debe terminar.
Por Carlos G. Guerrero Orozco y Ricardo M. Huitrón Jaime
16 de octubre, 2020
Comparte

La proliferación de noticias e historias de corrupción en Latinoamérica y el Caribe debe girar la discusión hacia un tema muy relevante, pero poco explorado en la región: quiénes son los verdaderos ganadores de los actos de corrupción. Hasta ahora, las deficiencias de los gobiernos para identificar a los “beneficiarios finales” ha traído como consecuencia que la justicia no atrape a los dueños reales del dinero sucio. Ello debe terminar.

A lo largo de la historia contemporánea, agencias internacionales y autoridades nacionales en Latinoamérica y el Caribe han podido identificar actos irregulares cometidos por servidores públicos y particulares. Los medios de comunicación y la prensa independiente se han sumado a la causa anticorrupción y han desentrañado grandes esquemas para la comisión de actos abusivos. Los alertadores y los denunciantes de actos de corrupción han sido esenciales para detectar las prácticas contrarias a los principios de una sociedad democrática.

La gran mayoría de esos actos, esquemas o prácticas indebidas que la comunidad nacional e internacional ha detectado y denunciado tienen un elemento común: quienes cometen los hechos de corrupción y quienes se aprovechan de las ganancias, no son la misma persona. Los actos irregulares son generalmente cometidos por prestanombres, por familiares del “último beneficiario”, o por personas cercadas a éste, justamente para evitar que quien verdaderamente aproveche las ganancias no sea identificado.

¿Por qué no hacerlo directamente? ¿Por qué el servidor público corrupto no recibe en su cuenta bancaria el producto de un soborno? ¿Por qué el funcionario público no compra a su nombre un yate en el Caribe para pasearse con su familia y amigos? Porque el acto sería fácilmente detectado, porque se prenderían de inmediato los focos rojos del conflicto de interés. Porque la prensa lo denunciaría a la mañana siguiente. Porque los elementos del caso permitirían a cualquier agente de una Fiscalía iniciar investigaciones.

Reconociendo que la corrupción se nutre de la opacidad y de la secrecía, a los verdaderos ganadores de los actos de corrupción se les ha conocido en el ámbito internacional como los “beneficiarios finales” –en inglés beneficial ownership, que traducido al español significaría el “titular real”–. Las autoridades internacionales, particularmente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ha definido a los beneficiarios finales como aquellas personas físicas o naturales que en última instancia tienen la propiedad o control de una entidad o de un vehículo legal, como una compañía, un fideicomiso, una fundación, entre otras. Son los que verdaderamente controlan algo o a alguien, a través de los cuales se pueden cometer hechos de corrupción.

En los estándares internacionales desarrollados a partir de ese concepto, las autoridades han definido los medios y mecanismos que los Estados país deben poner en marcha para identificar a los beneficiarios finales. También se han establecido parámetros crear registros públicos nacionales, e inclusive internacionales, que permitan conocer a esas personas y para el intercambio de información en esa materia. Con ello, combatir efectivamente el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la corrupción.

En 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo identificó la situación de veintiséis países de Latinoamérica y el Caribe con respecto a la regulación e identificación de beneficiarios finales de personas jurídicas y de fideicomisos. Los hallazgos invitan a la reflexión: i) Bolivia y Venezuela no cuentan con regulación, ii) las regulaciones de una mayoría de países solamente obligan a bancos a regular a sus cuentahabientes o solamente lo hacen respecto de empresas que cotizan en bolsa, iii) Ecuador, Costa Rica, Colombia y Bolivia no regulan a fideicomiso, iv) México no cuenta con un registro de beneficiarios finales; y v) la mayoría de países no se apega a los criterios internacionales.

El reto en la materia es trascendente. La regulación efectiva de los beneficiarios finales de las empresas permitiría que la adjudicación de contratos públicos no se efectúe bajo conflictos de interés o a personas políticamente expuestas –por ejemplo, la compraventa de ventiladores a un político para atender a pacientes con coronavirus–. El trabajo que el gobierno y la iniciativa privada hagan para identificar a los beneficiarios finales, a través de controles internos, permitirá prevenir esquemas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción.

La crisis de corrupción por la que están pasando los países de la región, potenciada por la emergencia sanitaria por COVID-19, debe motivar que los agentes del Estado centren su atención en verdaderas soluciones –no demagogia– para promover el control de esos actos irregulares. Una de ellas es levantar la mirada hacia la regulación de los “beneficiarios finales”.

* Carlos G. Guerrero Orozco y Ricardo M. Huitrón Jaime son abogados mexicanos y colaboran para Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (@DLM_Mx).

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.