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Caso AHMSA: Cuando la justicia afecta la economía
La noticia de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda había congelado las cuentas de AHMSA y ordenado la detención de su propietario, Alonso Ancira (arrestado ya en España) por un presunto fraude cometido en perjuicio de Pemex, cimbró el ámbito empresarial coahuilense no tanto por la suerte de Ancira sino por la suerte de la actividad económica del estado.
Por Javier Garza
29 de mayo, 2019
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Imaginemos al dueño de una tienda de esquina. Todos los días, el dueño de una fábrica vecina, una empresa con varias decenas de empleados le manda comprar algo de mercancía. Tan bien le ha ido al dueño de la tienda que empezó a preparar alimentos para llevarlos a la cafetería de la fábrica. La relación se ha hecho tan cercana que estas ventas representan un tercio de la actividad de la tienda. No hay pago inmediato, sino que la fábrica paga sus cuentas al final de la semana.

Un buen día, el dueño de la fábrica es detenido acusado de fraude y sus cuentas bancarias congeladas. La fábrica sigue funcionando, pero quedó a deber dinero a la tienda de la esquina, que ahora no puede cobrar, y ahora ya no podrá comprarle mercancía. Un funcionario del gobierno llega a la tienda y le dice al dueño que se le acabó el negocio, al menos por un tiempo.

Una situación similar ocurre en la región centro del estado de Coahuila, cuya ciudad más grande, Monclova, es la sede de Altos Hornos de México (AHMSA), una de las acereras más grandes del país.

La noticia de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda había congelado las cuentas de AHMSA y ordenado la detención de su propietario, Alonso Ancira (arrestado ya en España) por un presunto fraude cometido en perjuicio de Pemex, cimbró el ámbito empresarial coahuilense no tanto por la suerte de Ancira sino por la suerte de la actividad económica del estado.

La huella que tiene AHMSA en Coahuila no se puede minimizar. Y esto no es una defensa de la empresa ni un argumento para que Ancira no sea investigado, o una justificación de los presuntos delitos que ha cometido. Es simplemente el reconocimiento de una realidad económica.

Una tercera parte de la actividad económica en el centro de Coahuila depende de lo que AHMSA compra o vende y la empresa tiene fuertes cadenas de proveeduría en otras regiones del estado como Torreón o Saltillo, además de una importante actividad minera en la región Carbonífera. (Minera del Norte, una filial de AHMSA, es la principal proveedora de carbón para la planta de la Comisión Federal de Electricidad en el norte de Coahuila; hasta ahora no se ha aclarado si las cuentas congeladas también incluyen a esta empresa).

AHMSA y sus filiales emplean en Coahuila a unas 8 mil personas, prácticamente el 1 por ciento de todas las plazas de trabajo registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado. La cantidad es equivalente, por ejemplo, a lo que emplea toda la industria aeronáutica en el estado de Querétaro.

A esto hay que añadirle otro tanto de empleos de empresas en el estado, de todos tamaños, que hacen negocio con Altos Hornos. Desde los que le venden vehículos, refacciones o materiales, o le realizan obras de construcción, hasta los que le compran acero para fabricar tuberías, estructuras metálicas o carros de ferrocarril. Porque seguramente las empresas que le venden la papelería, los artículos de oficina, los focos o los muebles no tienen nada que ver con los ilícitos que se le imputan a Ancira.

Más allá de la investigación por la venta que hizo Altos Hornos a Pemex de una planta de fertilizantes, hay un fuerte impacto económico para Coahuila y el reto para la Secretaría de Hacienda es encontrar el balance entre proceder contra el empresario sin afectar una actividad económica que es mucho mayor que una persona. Ya la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que se descongelarían las cuentas para pagar las nóminas, pero aún persiste la incertidumbre sobre los pagos a la cadena de proveedores.

Hacienda no ha anunciado, por ejemplo, si designará a un interventor o comisario para que administre las cuentas y asegure que los flujos financieros no se vean afectados, aunque aún con esta figura seguramente sí se van a ralentizar durante un tiempo. AHMSA, que insiste que la medida contra su propietario es arbitraria e ilegal, ha anunciado protocolos para la continuidad de sus operaciones, pero debe esperar a que la UIF le devuelva el acceso al dinero.

La búsqueda de la justicia es necesaria, los negocios ilegales deben castigarse. Nadie podría estar en contra de ese argumento, pero el gobierno federal debe tener en cuenta que, si no tiene cuidado, puede provocar un daño mayor: afectar el ingreso de miles de personas y cientos de empresas que nada tienen que ver con Ancira, y el colapso de la economía en una región de México.

* Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) es periodista en Torreón, Coahuila, conductor del noticiero Reporte100.

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