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Cinco cuentos cortos sobre delitos sin resolver
Sirvan estos relatos para dejar constancia de cómo requisitos sin fundamento legal disuaden la denuncia y evitan que los delitos sean resueltos en México.
Por Marien Rivera y Lilian Chapa Koloffon
16 de septiembre, 2019
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En cinco historias llenas de horror y sinsentido, víctimas del delito se sumergen en una marea de impunidad, sin muchas herramientas para salir ilesas. Como antagonistas figuran un puñado de requisitos sin fundamento legal que disuaden la denuncia y evitan que los delitos sean resueltos. La moraleja es simple, pero revolucionaria: que no pase ni un día más sin que cambie el procedimiento para investigar los delitos en México.

En billetes de cien

Cuando los ladrones de bancos salieron de la sucursal con poco más de un millón de pesos en cash, la policía ya los esperaba para detenerlos. Sirvió el botón de pánico. Ese fue el inicio de un día muy largo o, más precisamente, de dos. Para recibir a los sujetos, el Ministerio Público puso como condición a los policías que asentaran en el informe policial homologado –a mano, claro que sí– el folio de cada uno de los billetes del botín. Después de ocho horas, adicionales a las 12 de su turno habitual, los oficiales concluyeron las 150 páginas de informe en lugar de las 15 que se acostumbran. El agente del MP se dio por bien servido.

Uno de carpetas, carteles y brillantina 

Después de un estridente encabezado, la noticia continuó describiendo a una adolescente de 17 años caminando a medianoche en las oscuras calles de Azcapotzalco. Sin saber más, esa imagen mental, a muchas, nos acelera el corazón. Quizás la noche y la ausencia de alumbrado nos agravan la angustia, pero sabemos bien que las agresiones nos suceden a cualquier hora y en cualquier lugar. Así que, casi como pequeños actos de valentía, las mujeres nos transportamos de un lado a otro de la ciudad, sin bajar la guardia nunca. Ya con un hoyo en la boca del estómago, seguimos leyendo. Los medios reportaron que, gracias a una filtración de la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) capitalina, tenían en sus manos una copia de la declaración de aquella niña quien, ante el Ministerio Público, relató estar caminando de vuelta a casa cuando fue forzada al interior de una patrulla y agredida sexualmente por cuatro agentes de la policía. Durante los siguientes días, la nota se esparció como fuego en campo seco y, con esa misma velocidad, se organizaron las primeras protestas feministas contra la policía.

La Procuraduría se apresuró a anunciar en conferencia pública que, lamentablemente, no podrían continuar la investigación porque la menor -tras la filtración de sus datos personales y su declaración- decidió no ratificar la denuncia. Aunque la ley no lo exige, en el MP insisten que una denuncia no está formalmente presentada sino hasta que la víctima (o testigo) acude nuevamente a sus oficinas a declarar que lo dicho la primera vez fue verdad, que lo ratifica. Sin ese trámite, no se abre una carpeta de investigación y, para efectos prácticos, el delito nunca pasó y nadie lo investiga. La ratificación de una denuncia en ningún caso es necesaria y, de hecho, las procuradurías que la solicitan obstaculizan abiertamente una investigación, pero eso poquísima gente lo sabe.

Diez días después de que la niña presentó su denuncia, un programa de investigación periodística publicó imágenes de cámaras de seguridad que sugieren que la agresión por parte de la policía en contra de la menor jamás sucedió. Videos que a la procuraduría capitalina le caerían como milagro bajado del cielo, pues la memorable incompetencia con la que se condujo en este caso sería sepultada casi totalmente ante el escándalo que causaron las aparentes contradicciones de la víctima.

Escarbemos, pues.

El día del evento, la adolescente, junto con su madre y abuelo, acudieron al Ministerio Público a denunciar. Ahí, el agente ministerial tomó su declaración y, tras varias horas, se le permitió volver a casa. En ese momento, no le practicaron exámenes médicos ni le tomaron muestras. Por supuesto, toda la evidencia que permitiría determinar si hubo, o no, contacto sexual, que aclararía las circunstancias del incidente, o daría pistas sobre la identidad del agresor, se perdió irremediablemente a las pocas horas. Tres largos días después de su primera declaración, la víctima fue citada nuevamente y sólo hasta entonces el médico legista hizo los exámenes que, por protocolo y sentido común, debieron ocurrir en su primera visita y como asunto de primerísimo orden. Sobra decir que ya no sirvieron para nada.

Si la víctima no recordaba con claridad los hechos, el material biológico que no se preservó pudo haber sido clave para resolver el caso. Si la hipótesis de la procuraduría era que los policías efectivamente actuaron con profesionalismo, dejaron ir la oportunidad de presentar pruebas contundentes sobre su inocencia. Sumergida por una avalancha de errores y ante la presión pública, la PGJCDMX decidió continuar con la investigación de la única forma que sabe hacerlo: con miles de oficios que sirven muy bien para ensanchar expedientes, pero muy poco para resolver delitos.

Por lo que sucedió esa noche en Azcapotzalco, por la torpeza de la Procuraduría, por los casi tres mil feminicidios que van en el año, porque a cuatro de cada diez mujeres mexicanas las agreden sexualmente durante su infancia, por los micro y macro machismos de todos los días, el mes pasado, un llamado de sororidad convocó a miles de mujeres a protestar con los puños llenos de brillantina color rosa y gargantas rebosantes de consignas sobre la incompetencia de los agentes estatales.

En algunas calles de la Ciudad de México, semanas después de la multitudinaria protesta, aún deslumbran las pequeñas explosiones de luz que emite ese polvito que se ha quedado incrustado en el asfalto. Un recordatorio sutil de que si las autoridades no nos protegen, por lo menos, nos tenemos a nosotras.

Juego de niños

Cuenta el director de seguridad pública municipal: nos robaron los columpios del parque público. Los policías detuvieron en flagrancia al responsable, con todo y los columpios. Lo llevaron al Ministerio Público, pero les dijo que no procedía porque no estaban exhibiendo la factura.

Pánico en la habitación 302

Apenas el mes pasado, Alma, de 55 años, viajó a Zacatecas para asistir, en calidad de madrina, al bautizo de su ahijada Jeoanny. Alma es una avispada comerciante originaria de Torreón, Coahuila, con gran ojo para los descuentos y promociones. Así escogió su hotel. Entró a una de esas páginas de internet en las que de pronto te encuentras hospedaje de lujo a precios imposiblemente baratos. Ingresó todos sus datos y días después ya estaba instalada en uno de los mejores hoteles de la ciudad, con vista panorámica y arquitectura colonial. Alma reservó dos noches durante el fin de semana. El lunes, sin falta, tendría que estar de vuelta en su ciudad, atendiendo asuntos de trabajo.

El bautizo transcurrió sin contratiempos. La misa tuvo lugar en una icónica catedral de cantera color rosa. La recepción se organizó en un salón de fiestas y, como a eso de las ocho de la noche, un grupo de señores entusiastas de la cerveza ya eran los únicos invitados que quedaban. Alma se despidió y regresó a su hotel. Ya en pijama, recibió una llamada de recepción. El recepcionista le comunicó que una persona deseaba hablar con ella sobre un tema urgente, y transfirió la llamada. Del otro lado del teléfono, un hombre con voz distorsionada dedicó un minuto a insultarla y los siguientes dos a detallar cómo es que la habían vigilado en los últimos días, que conocían su dirección en Torreón y que, incluso, la acababan de ver llegar al hotel. En pocos minutos, la convencieron de que la amenaza era real. Después vinieron las instrucciones. Ese mismo día tendría que vestirse, salir y caminar hacia el cajero de la esquina, sacar siete mil pesos y depositarlos en una cuenta en el Oxxo más cercano. Al otro día por la mañana, la operación sería más o menos la misma, pero con una suma de dinero mucho más importante que debía repartirse en tres cuentas distintas.

Después de colgar, Alma permaneció unos minutos en su cuarto. Se notó fría y pálida. Tomó agua y se vistió con calma. Bajó a la recepción y pidió hablar con la gerente del hotel. Ya en su oficina, la huésped describió con detalle la llamada y dijo conocer la dinámica de estas llamadas de extorsión, que no son para nada raras para el gremio empresarial a lo largo y ancho de la comarca lagunera. Aún con cierta certeza de que la llamada podría venir de algún rincón lejano del país, o incluso de alguna cárcel, Alma pidió se diera aviso a la policía. En tanto los agentes se aparecían, la gerente aprovechó para confesar que ese no había sido el primer incidente del tipo en el hotel y, mucho menos, en Zacatecas. Después de más de cincuenta casos de estas características, la Asociación Hotelera de la ciudad empezaba a formular sus propias hipótesis. Sospechaban primordialmente de las plataformas de internet que los huéspedes afectados usaron para hacer sus reservaciones.

Cuarto de hora después, dos agentes de la policía llegaron al lugar. Escucharon con atención el relato de Alma. Salieron a inspeccionar las cuadras a la redonda. Regresaron para entrevistar a la víctima. Entre otras cosas, le preguntaron por el método que utilizó para hacer la reservación. Los agentes asintieron como si hubiesen anticipado la respuesta. Al terminar, preguntaron si Alma estaría dispuesta a denunciar. Algo desconcertada, respondió que eso era precisamente lo que estaba haciendo. “No, señora, tiene que ir usted, en persona, directamente al MP”. Una hora antes de la medianoche, Alma, los agentes y la gerente emprendieron camino hacia la procuraduría. Esperaron unos 50 minutos hasta que un agente ministerial finalmente les atendió.

–¿Cómo le puedo ayudar?

–Vengo a levantar una denuncia.

–¿Sobre qué hechos?

Alma relató nuevamente los detalles de la llamada, las instrucciones y los datos de las cuentas. Mientras lo hacía, ella notó que el agente no tomaba notas.

–Mire señora, déjeme explicarle. Usted me dice que no es de aquí, y que mañana se regresa a su casa. Pero para que proceda su denuncia, usted tiene que venir la próxima semana a ratificarla. ¿Puede usted regresar aquí en una semana?

–No. ¿Me van a pagar el viaje? ¿El hotel? ¿Los viáticos?

El agente ministerial se ríe. Los agentes de policía, también.

–No, señora. Imagínese. Mire, no es que no queramos hacer nuestro trabajo, pero si usted no regresa a ratificar, nosotros no podemos abrir una carpeta de investigación. Lo que sí se puede hacer hoy es levantar un Acta de Hechos, que no es lo mismo que una denuncia, pero es, digamos, como un antecedente.

–Ah, okay. ¿Y ya con eso ustedes investigan?

–Bueno, no. No. Pero lo tomamos en cuenta.

En ese punto, la gerente interviene. Explica al fiscal que aunque es difícil tomarse tanto tiempo, ella sí puede regresar a ratificar y que es tan víctima como la señora Alma pues se trata de su hotel. El agente ministerial arguye que, por supuesto, eso no va a ser posible. Los hechos que le relataron señalan que hubo sólo una víctima de este intento de extorsión. Y esa persona, por muy victimizada que dice sentirse, decidió que no tiene tiempo para ratificar.

Alma se fue de la agencia con una extraña sensación de culpabilidad. Naturalmente, la policía ya dejó de llevar turistas a denunciar. Y la Asociación Hotelera de Zacatecas, sabiéndose escasa de opciones, recomendó retirar los teléfonos de las habitaciones.

Navajas y fútbol

Fue un sábado saliendo del estadio de fútbol. Navaja en mano, dos sujetos asaltaron a un fanático del equipo contrario, le robaron la chamarra y corrieron. El afectado reportó de inmediato el hecho a dos agentes de policía que estaban ahí mismo, en la explanada; los persiguieron y los alcanzaron. Todos pa’l MP: policías, víctima, los perpetradores, el objeto robado y el arma. Ahí, el Ministerio Público dijo: “déjenlos sólo por falta administrativa (alteración del orden por ejemplo, y no por el robo) porque al día siguiente tiene que venir a ratificar (la denuncia) el afectado y dice que ya se tiene que subir al autobús de regreso a donde vive”.

Sirvan estos relatos para dejar constancia de que posiblemente no exista en México un trámite más injustificado en el sistema penal acusatorio que la denuncia de un delito como requisito para iniciar una investigación. Sólo su primo-hermano, la ratificación, le hace competencia. La combinación perfecta para la impunidad.

* Marien Rivera (@marien_rivera) y Lilian Chapa Koloffon (@cklilian) son investigadoras senior en World Justice Project.

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