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Colaborando en la tortura: complicidades institucionales y el ABC de las fiscalías para fabricar bandas criminales
Sergio, Jorge y Ricardo continúan en prisión, viendo su vida pasar tras las rejas, lejos de su familia, por un crimen que no cometieron; Hugo continúa fuera del país y no ha podido reunirse con su hermano, su hermana menor y su padre en casi dos décadas; José María murió en manos del Estado, esperando una justicia que nunca llegó.
Por Blog Invitado
24 de septiembre, 2021
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Por: Familias Almanza Cerriteño, Hernández Mora, Ramos Tenorio, Familia Rodríguez Salvatierra y Grupo de Sobrevivientes

En entregas anteriores compartimos dos historias 1 2 que hacen referencia a la construcción del falsos responsables y chivos expiatorios en el marco del combate a la delincuencia, bajo detenciones arbitrarias y tortura en la Ciudad de México, extendiendo esta con la privación de libertad por más de una década, así como la actuación omisa de diversas autoridades frente a las pruebas que dan cuenta de las graves violaciones a derechos humanos cometidas. Con la presentación de estas historias, buscamos seguir dando elementos que tendrían que estar siendo contemplados en el análisis del reciente acuerdo presidencial para las liberaciones de personas injustamente encarceladas, tanto a nivel federal como local.

El siguiente caso, si bien sale de la Ciudad de México, es un claro ejemplo de la afirmación sobre por qué la tortura es sistémica y generalizada en el país: la colusión de autoridades de diversas entidades para realizarla, la responsabilidad a lo largo del tiempo de diversos actores y autoridades, el encubrimiento de la tortura en los procesos periciales y penales, la anulación de pruebas a favor de las víctimas, la extensiva privación de la libertad en cárceles de máxima seguridad, etc. En adición a lo anterior, el creciente patrón de fabricación de bandas criminales bajo estas acciones, ha favorecido y perpetuado en el poder a autoridades violadoras de derechos humanos con total impunidad; conozcamos, entonces, la historia del conocido como el “caso Tlaxcala”.

Hacia inicios de la primera gran transición de partidos en el poder, cuando Vicente Fox ganaba la presidencia de México, un álgido conflicto se comenzó a dar entre los distintos grupos de poder político y económico del estado de Tlaxcala. Para febrero del 2001, importantes agrupaciones empresariales denunciaban la inacción del gobierno estatal ante la creciente oleada de secuestros que se estaba dando en la zona, y exigían a las autoridades que se iniciara una “cruzada antisecuestros”. Las autoridades de la entidad, por su parte, rechazaban las acusaciones de los empresarios, y calificaba sus declaraciones como irresponsables y oportunistas 3.

La confrontación llegó a tal nivel que el titular de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJET) anunció que interpondría una denuncia por difamación en contra de uno de los empresarios que había señalado las deficiencias de dicha dependencia; pese a esto, la presión del sector empresarial tlaxcalteca, a la que se sumaron representantes del clero local, hicieron que el gobierno de la entidad terminara por anunciar la creación de un plan y/o estrategia para investigar, detener y procesar a personas presuntamente vinculadas con estos secuestros. Con esto, el estado buscaba evitar que se presentara a Tlaxcala como “cuna de secuestradores” y que con ello se “mancharan los esfuerzos que estaba realizando la autoridad”.

Es en este contexto que la mañana del 13 de agosto de 2002, Jorge Hernández Mora (de 21 años de edad); los hermanos Oswaldo Francisco (de 22 años) y Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra, así como su padre Sergio Rodríguez Rosas (de 43 años ), y José María Cirilo Ramos Tenorio (de 54 años, y cuñado de Sergio), fueron detenidos de forma arbitraria, en distintos puntos del entonces Distrito Federal y el Estado de México, por agentes de la PGJET -es decir, fuera de su jurisdicción-, y en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR). En algunas de las detenciones los agentes presentaron órdenes de colaboración ya expiradas, mientras que en otros no tenían ningún tipo de documento que justificara la aprehensión.

A Jorge se lo llevaron desde su casa, aunque inicialmente los agentes buscaban a Alejandro, su hermano menor, que apenas era un niño; cuando Jorge les aclaró esta situación, los agentes decidieron llevárselo a él y hacerlo pasar como Alejandro. En el caso de Oswaldo, este fue detenido en una estación de metro de camino a su trabajo, su entonces novia avisó a su familia y fue en esta búsqueda por distintas agencias ministeriales que su padre, Sergio, y su hermano, Hugo, fueron también detenidos. José María fue interceptado mientras se encontraba en camino a su trabajo, en su propio vehículo; lo policías lo detuvieron, lo golpearon y -con violencia y vendado-, lo obligaron a ir con ellos.

Desde los distintos lugares en que fueron detenidos, Jorge, Oswaldo, Hugo, Sergio y José María fueron llevados hasta un inmueble cercano a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Tlaxcala, a más de 130 kilómetros de distancia; para justificar su detención les fue sembrada droga por los propios policías, argumentando que habían sido “detenidos en flagrancia”. La tortura a la que fueron sometidos comenzó desde su detención y continúo durante su traslado a la entidad.

A su llegada, las torturas fueron en aumento: recibieron golpes, amenazas, fueron asfixiados con bolsas de plástico e introduciéndoles liquido por la nariz, recibieron toques eléctricos, fueron inmovilizados corporalmente, entre otros métodos de para causarles dolor y horror; asimismo, todos fueron testigos del trato que recibió cada uno. El objetivo de los abusos era forzarlos a declararse culpables de varios de los secuestros que se habían dado en el estado (ahora se sabe que, en realidad, los verdaderos responsables eran los propios policías en complicidad con otras autoridades locales).

Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, por su parte, era entonces cuñado de Jorge Hernández y contaba con 25 años; fue detenido junto a su novia mientras esperaban información sobre Jorge en las instalaciones de la misma Procuraduría. Horas después ella fue liberada porque “no encajaba con el perfil” que los policías buscaban, mientras que Mario Ricardo fue agrupado con los demás para ser todos presentados ante el Ministerio Público como responsables de los secuestros y, posteriormente, exhibidos en una rueda de prensa ante medios de comunicación, en la que se les acusó de formar parte de una peligrosa banda de secuestradores “exitosamente desmantelada” por la colaboración entre autoridades.

Tras su exposición en medios, los 6 hombres continuaron siendo sometidos a diversos mecanismos de tortura a fin de fabricar las supuestas pruebas que les incriminaban y, en la madrugada del 14 de agosto, fueron trasladados a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), específicamente a la unidad que se encargaba de la investigación de secuestros, en la Ciudad de México.

Lo que siguió fue un recorrido plagado de irregularidades, negligencia y corrupción. Durante su primera declaración oficial ante la entonces PGR, Jorge, Ricardo, Oswaldo, Hugo, Sergio y José María señalaron los tratos a los que habían sido sometidos, reiterándolo luego ante el juez, pese a esto, el juzgador determinó decretar la legalidad de su detención y omitió iniciar investigaciones por las torturas denunciadas.

Fueron llevados a diversas agencias, para terminar privados de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur por 8 años, para luego ser trasladados -por separado- a diversos penales de máxima seguridad a lo largo del país; impidiéndoles tener una defensa adecuada y un vínculo mínimo con sus familias; junto con esto, el 25 de marzo de 2008 fueron sentenciados con base única en las pruebas fabricadas, siendo condenados a una serie de multas millonarias, así como a 77 años de prisión.

Más de una década de lucha y de presentar diversos recursos jurídicos, quejas en comisiones de derechos humanos y denuncias mediáticas e internacionales, un tribunal federal reconoció la ilicitud de varias de las pruebas utilizadas en el proceso y ordenó su exclusión, reponiendo el procedimiento en contra de Mario, Jorge, Oswaldo y Sergio. Hugo había sido liberado 8 meses después de la detención por falta de pruebas, pero tuvo que abandonar el país por las crecientes amenazas que empezó a recibir; José María, por su parte, falleció en 2013 bajo custodia del Estado, derivado de la cronificación de varios padecimientos de salud y lesiones relacionadas a las condiciones de reclusión y nuevas torturas recibidas en uno de sus tantos traslados de un penal a otro.

Oswaldo pudo recuperar su libertad en 2016 a raíz de esta resolución, retomar su vida -no obstante-a sus 37 años, con su padre aún en prisión, sin ningún tipo de apoyo, disculpa o siquiera algún reconocimiento por parte de las instituciones que lo mantuvieron durante 15 años injustamente preso por delitos que no cometió, ha sido otro difícil proceso. Para él y sus compañeros, así como para sus familias, la tortura y la búsqueda de justicia se han extendido a lo largo de casi 20 años, dos décadas que han significado múltiples e inconmensurables pérdidas frente a un sistema de justicia que se ha negado a mirarles y escucharles.

En cuanto a las denuncias por tortura, por su parte, el proceso no ha sido diferente, al contrario, se suman más y más omisiones por las diversas instancias encargadas de investigar, perpetuando así la impunidad. Las instituciones locales -incluida la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala- no han mostrado voluntad para hacer su trabajo y, en su lugar, han buscado cerrar los procesos en múltiples ocasiones (2004, 2007, 2008, 2009 y 2015). Fue hasta el 2010, 8 años después de los hechos, que la entonces Procuraduría de Tlaxcala (la misma que cometió las detenciones y torturas), accedió a realizar dictámenes médico-psicológicos conforme al Protocolo de Estambul, los que demoraron cerca de 3 años más en practicarse y entregarse por parte del personal de servicios periciales, bajo el mando de la misma procuraduría local torturadora.

Estos dictámenes, más allá de sus distintas falencias, contravienen la premisa básica del Protocolo de Estambul sobre la independencia que deben tener este tipo de dictámenes -es decir, que no pueden ser realizados por la misma instancia que torturo-; a su vez, durante su realización se señalaron diversas malas prácticas y acciones de ocultamiento por parte del personal forense, lo que además de resultar revictimizante, se suma a las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas contra las víctimas. Frente a eso, las familias impulsaron la solicitud de nuevos peritajes, esta vez independiente, donde quedaron demostrados los diversos impactos físicos y psicológicos presentes en Jorge, Ricardo, Oswaldo, Sergio y José María, y relacionados con las torturas vividas. Pese a esto, las autoridades a cargo se han mantenido inactivas, no han existido otras diligencias que no sean el realizar oficios para solicitar y esperar las distintas periciales y descargar en estas el peso total de la investigación, dilatando el proceso por años.

Hoy, a casi 20 años de su detención y tortura -y a pesar de los múltiples intentos de las familias y colectivos de sociedad civil por su liberación, por empujar la investigación y sanción de los verdaderos culpables-, el caso continúa detenido. Sergio, Jorge y Ricardo continúan en prisión, viendo su vida pasar tras las rejas, lejos de su familia, por un crimen que no cometieron; Hugo continúa fuera del país y no ha podido reunirse con su hermano, su hermana menor y su padre en casi dos décadas; José María murió en manos del Estado, esperando una justicia que nunca llegó.

Dentro de esta historia, además, existe otra, una que ha permanecido invisible, porque cuando al hablar de tortura el enfoque queda -comprensiblemente- en quien fue torturado/a, y más cuando estas personas permanecen injustamente encarceladas, pero poco se habla de quienes les acompañan en este camino, sus familias, aquellas personas que sin necesidad de ser detenidas y golpeadas directamente, sufren el proceso y ven su vida transformada para siempre, quienes de repente se ven forzadas no sólo a afrontar la tortura y pérdida de sus seres queridos/as en el sistema penitenciario, sino además a enfrentarse –a veces por décadas- a todo un sistema legal plagado de trámites y procesos burocráticos, de corrupción y frustraciones, que lejos de apoyarles les culpabiliza,  generando diversos y complejos impactos psicosociales.

La hija de Sergio, por ejemplo, no pudo crecer con su padre y hermanos mayores a su lado, y fueron ella y su madre quienes debieron encontrar como continuar con sus vidas, a la par de emprender y mantener la lucha; la tía de Oswaldo y Hugo tuvo que dejar todo para dedicarse por completo a la defensa de sus familiares, perdiendo en el camino a sus propios padres, además de sus proyectos, vínculo e, incluso, su salud; la familia de Jorge no pudo transitar el duelo que tenían por la muerte del padre de familia, pues inmediatamente después Jorge fue detenido, forzando a su madre a cambiar totalmente su vida para lograr la liberación de su hijo; la madre de Ricardo enfermó de cáncer y murió producto de las tensiones, frustraciones y sobrecargas del proceso, sin poder ver a su hijo una última vez; la familia de José María no pudo disfrutar con él los últimos años de su vida, su esposa, sus hijos e hija, nietos y nietas no pudieron compartir con su cariñoso abuelo, pues este les fue arrebatada en prisión.

La vida para todos ellos quedó detenida desde esa mañana de 2002, vieron truncados sus sueños y proyectos, tratando de encontrar respuestas de ¿por qué?, si el lugar, la hora hubiera sido otra ¿esto no les habría pasado?, ¿por qué, pese a todas las pruebas a su favor y en contra de los verdaderos responsables, ellos siguen presos?, ¿por qué no se les escucha?, ¿por qué no se les mira?… y sus familias, ¿cuánto más tendrán que esperar para poder reunirse de nuevo?, ¿cuánto más tienen que perder para que se les haga justicia?

Han sobrevivido gracias a su fuerza, a que mantienen y sostienen su verdad, gracias a sus familias que, frente a cada obstáculo, vuelven a encontrar el aliento para no soltarlos. Don José María merecía una vida diferente, así como una muerte digna; ninguno de quienes sobreviven, así como tampoco sus familias recuperaran el tiempo arrebatado, pero aún tienen derecho a recuperar la libertad y contar con los apoyos necesarios para reconstruir sus vidas.

La tortura no se termina cuando cesan los golpes, sino que continúa bajo la complicidad de las autoridades a lo largo de los años; los policías que detuvieron y torturaron, los ministerios públicos que presenciaron y solaparon, las y los médicos y psicólogos que no registraron adecuadamente, los jueces que sentenciaron sin mayor análisis, las autoridades penitenciarias que continuaron violentando, todos son eslabones de esta larga cadena de responsables, son ellos los torturadores y quienes mantienen la impunidad.

Hoy nos sumamos al grito de exigencia de estos sobrevivientes y de sus familias. Hoy demandamos su liberación, así como verdad, justicia y reparación. Los responsables de los secuestros y de la tortura en el estado de Tlaxcala tienen nombres y apellidos, solo hace falta una gran voluntad política para aceptar que en México se tortura, se fabrican culpables y se generan cada día más y más víctimas.

Son 20 años de injusticia que no pueden seguirse extendiendo, por Jorge, por Ricardo, por Hugo, por Oswaldo, por Sergio, por José María.

* Familia Almanza Cerriteño, Familia Hernández Mora, Familia Ramos Tenorio, Familia Rodríguez Salvatierra y Grupo de Sobrevivientes está conformado por 15 sobrevivientes de tortura liberados, 11 privados de su libertas y por 30 familiares. Contacto: [email protected].

 

 

 

1 Disponible aquí.

2 Disponible aquí.

3 Todo este conflicto fue documentado, primordialmente, por los periódicos locales: Constanza Guarneros, Empresarios Tlaxcaltecas inician este día Cruzada Antisecuestros, El Sol de Tlaxcala, 2 de febrero de 2001; Valentín Nava, Interpondrá el procurador Eduardo Medel denuncia contra Jorge Moreno, Síntesis, 7 de marzo de 2001.

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