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Combatir la corrupción, ¿qué tanto nos cuesta?
En México, la imposibilidad de rastrear los recursos destinados al combate de la corrupción genera incertidumbre sobre si las asignaciones presupuestarias son suficientes para que las dependencias puedan llevar a cabo su labor y, por lo tanto, constatar que existe un avance en el combate de la corrupción.
Por Alejandro Alegría Matus y Miguel Ángel Santibañez
17 de febrero, 2020
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La corrupción afecta a todos los países, aunque no con la misma intensidad. Por ejemplo, México es considerado como uno de los países más corruptos, no sólo de la región, sino del mundo entero. Muestra de ello es que el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, de Transparencia Internacional, lo ubica en la posición 138 de 180 países evaluados.1 Con base en estas cifras, México es el país peor calificado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, junto con Rusia, ocupa el último lugar dentro del G20.

Además de las mediciones internacionales, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reflejan la misma realidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, alrededor del 57% de la población de al menos 18 años considera que la corrupción en México es uno de los problemas más importantes, tan sólo detrás de la inseguridad y la delincuencia. Además, señala que los tres estados donde más víctimas de corrupción se reportaron fueron la CDMX, Quintana Roo y Morelos.

El combate a la corrupción se ha convertido en una prioridad en la agenda de gobierno en los últimos años. No obstante, es claro que ninguna política pública tiene altas probabilidades de éxito si no se le asignan los recursos suficientes para llevarla a cabo. En este sentido, es fundamental saber cuánto se gasta en el combate a la corrupción, en qué y con qué efectividad se ejercen dichos recursos.

El anexo transversal anticorrupción

En mayo del 2015, con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y con la promulgación de las leyes secundarias, en julio del 2016, el gobierno federal le dio un impulso al combate de la corrupción. Sin embargo, era difícil conocer cómo se materializaba ese ímpetu en términos presupuestarios, ya que no se podía estimar cuántos recursos se le habían destinado a este tema.

Desde 2016, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas propuso la creación de un Anexo Transversal en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para poder rastrear los recursos destinados al combate de la corrupción. Particularmente, un Anexo Transversal permitiría 1) identificar cuánto se invierte en anticorrupción, 2) saber quién ejerce los recursos (dependencias, unidades responsables, entre otros) y 3) conocer la importancia real del tema al compararlo con otros rubros de gasto. Además de que un Anexo es la base para evaluar la suficiencia de los recursos y los resultados que se obtienen de su ejercicio.

Así, durante la presentación del Paquete Económico 2017, Ethos solicitó tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), como a la Cámara de Diputados, crear un Anexo Transversal Anticorrupción para visibilizar los recursos asignados a esta materia. Lamentablemente, nuestras solicitudes no se materializaron.

En 2017, Ethos continuó promoviendo la iniciativa con el acompañamiento de varias organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, entabló reuniones con servidores públicos de la SHCP, así como con diputados y senadores. Como resultado de ello, el Anexo Transversal “Recursos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos”, fue incluido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2018. Lo anterior, hizo posible cuantificar el gasto destinado a la lucha contra la corrupción, el cual ascendió a 10,400 millones de pesos. Desafortunadamente, para 2019 el Anexo Transversal fue eliminado del PEF.

Su desaparición no sólo representó un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas en la asignación y ejercicio del gasto público, sino que eliminó la posibilidad de evaluar la pertinencia y eficiencia de este gasto. Es por ello que Ethos de nuevo se encuentra activo promoviendo entre distintos actores la reinserción del Anexo Transversal Anticorrupción.

La publicación del Decreto de PEF 2020, abrió una ventana de oportunidad para lograr este propósito, pues se incluyó el Artículo Décimo Noveno Transitorio que mandata que “la Secretaría (SHCP), en el ámbito de su competencia y en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), analizará, en términos de las disposiciones aplicables, la viabilidad de incorporar en el proyecto de presupuesto de egresos del próximo ejercicio fiscal un anexo enfocado a la lucha anticorrupción”.

A partir de este mandato del Legislativo, la SESNA ha considerado pertinente crear un grupo técnico conformado por servidores públicos y expertos de la sociedad civil y la academia, para que contribuya a desarrollar una metodología que sirva de base para un Anexo técnicamente sólido, con miras a su reinserción en el PEF 2021.

Áreas de mejora para el anexo transversal 2021

Si bien la inclusión del Anexo Transversal Anticorrupción en el decreto del PEF 2018 significó un avance en la transparencia de estos recursos, presentaba muchas áreas de mejora. Por ejemplo, un análisis realizado por Ethos permitió identificar que el Consejo de la Judicatura no estuvo considerado en el anexo, cuando es uno de los siete miembros del Comité Coordinador del SNA. Por el contrario, fueron contempladas Dependencias o Unidades Responsables (UR) cuya presencia no parece tener justificación, como el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. Al mismo tiempo, el anexo transversal consideró el presupuesto total de algunas Dependencias y UR, lo cual es una inconsistencia grave, pues resulta muy difícil de sustentar que un dependencia destina la totalidad de su presupuesto a acciones anticorrupción.

A través del análisis de otros anexos transversales y de la consulta con actores clave con gran experiencia en la materia, Ethos identificó algunas propuestas que permitirán fortalecer el impacto de este instrumento presupuestario.

  • El Anexo Transversal debería tener una metodología clara sobre lo que se quiere medir (gasto en el combate de la corrupción versus el gasto en el SNA), así como una definición de corrupción. A partir de ello, avanzar en conocer qué programas, dependencias y/o partidas deberían incluirse y cuáles no.
  • Para tener mayor precisión sobre los montos que son destinados al combate de la corrupción, es importante involucrar más a las dependencias que ejercen los recursos.
  • Contar con un ente que dé seguimiento al ejercicio de los recursos y que emita opiniones para mejorar la efectividad del Anexo y del gasto anticorrupción.
  • Definir mecanismos para monitorear el avance de las dependencias en el combate de la corrupción.
  • Para que la publicación del Anexo Transversal no dependa de la voluntad política y pueda garantizarse la continuidad en el monitoreo de los recursos destinados al combate de la corrupción, se recomienda hacerlo obligatorio al incluirlo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Con ello también se visibilizarían los recursos ejercidos en anticorrupción, permitiendo identificar si las adecuaciones presupuestarias que realiza el Poder Ejecutivo reducen los recursos destinados al tema.

La corrupción es un fenómeno complejo con muchas implicaciones para el desarrollo económico y social de los países, de ahí la importancia de combatirlo con políticas integrales y de asegurar la suficiencia de los recursos para su implementación. En México, la imposibilidad de rastrear los recursos destinados al combate de la corrupción genera incertidumbre sobre si las asignaciones presupuestarias son suficientes para que las dependencias puedan llevar a cabo su labor y, por lo tanto, constatar que existe un avance en el combate de la corrupción. En este contexto, un Anexo Transversal es una herramienta que propone subsanar esta debilidad, ya que permite visibilizar dichos recursos y hacerlos rastreables.

Tal y como lo hizo hace tres años, cuando comenzó esta iniciativa para lograr la implementación de un Anexo Transversal Anticorrupción, Ethos refrenda su disposición a impulsar este mecanismo presupuestario de rastreo del gasto.

* Alejandro Alegría Matus y Miguel Ángel Santibañez son investigadores de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

 

1 Disponible aquí.

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