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Cómo afecta el paquete fiscal a las Organizaciones de la Sociedad Civil
La propuesta de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta restringe las actividades de las donatarias autorizadas y atentan contra su derecho de financiamiento y de autonomía.
Por Alternativas y Capacidades / Centro de Enlace y Desarrollo para OSC
19 de octubre, 2020
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En el marco actual de la situación económica y sanitaria, las organizaciones de la sociedad civil son un actor fundamental ya que, entre otras causas sociales, atienden las necesidades de la población en situación de mayor vulnerabilidad en nuestro país. La iniciativa de reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), lejos de impulsar a las organizaciones autorizadas para recibir donativos deducibles (donatarias autorizadas), repercute de manera negativa en su desarrollo y, por consiguiente, en la atención y servicios que brindan en favor de la población que más lo necesita.

La propuesta de reforma a la LISR restringe las actividades de las donatarias autorizadas y atentan contra su derecho de financiamiento y de autonomía. Como lo señalan los estándares internacionales de derechos humanos: ‘la libertad de asociación no sólo incluye la capacidad de los individuos o las entidades jurídicas para fundar una asociación y afiliarse a ella sino también para buscar, recibir y utilizar recursos —humanos, materiales y financieros— de fuentes nacionales, extranjeras e internacionales’.1

Preocupadas ante la iniciativa de reforma a la LISR, un grupo de especialistas en materia fiscal2 nos reunimos y elaboramos una serie de recomendaciones, exhortando al poder legislativo a no aprobar los cambios que se abordan a continuación:

a) Una de las causas para la revocación de una donataria autorizada, incluida en la propuesta de reforma, es cuando una organización tiene en común a algún socio, asociado, representante legal, integrante del Consejo Directivo o de administración con otra donataria a la que le fue revocada su autorización en los últimos cinco años debido a cualquier incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es decir, si a la ‘Organización A’ le revocaron la autorización como donataria por cualquier motivo y coincide que una de sus consejeras o consejeros también participa de la ‘Organización B’, este simple hecho bastaría para que a la ‘Organización B’ le sea revocada también la autorización, aunque cumpla cabalmente con sus obligaciones legales y fiscales (Art. 82-Quáter Fracción V). Los expertos advierten que esta disposición transgrede los artículos 22 y 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) La nueva propuesta, plantea que todos gastos deben estar respaldados por una factura o comprobante fiscal (CFDI), aún aquellos efectuados en zonas sin servicios financieros y por tanto, las donatarias tendrán que pagar el 35% del impuesto sobre la renta por esos gastos. Al disminuir los recursos netos que se pueden ejercer en proyectos sociales, las organizaciones reducirán o bien, suspenderán actividades en comunidades con alta marginación en donde resulta imposible adquirir facturas. Esta medida afectará las acciones sociales de las donatarias que destinan sus recursos económicos a proyectos y programas en comunidades indígenas o rurales, en las que la actividad económica escasamente subsiste de manera local para cubrir las necesidades de su población. El acceso a internet y métodos electrónicos para la comprobación fiscal es parte de las múltiples realidades de pobreza y desigualdad de nuestro país (penúltimo párrafo del Art.79).

c) La propuesta del Ejecutivo, propone revocar a las donatarias que superen el 50% de sus ingresos anuales por actividades no relacionadas con su objeto social, como la venta de productos y eventos de recaudación, entre otros. Actualmente, independientemente de las distintas fuentes de ingresos, todos los recursos deben estar destinados al objeto social de la organización. Debido a la precaria situación financiera y a la desaparición de fondos públicos federales, las organizaciones buscan fuentes alternativas de financiamiento, siempre y cuando se destinen a su objeto social. La legislación vigente establece que cuando los ingresos por actividades distintas a las autorizadas excedan del 10% de los ingresos anuales de una organización, ésta deberá pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. Por otra parte, la autoridad ya tiene a su disposición medidas que puede aplicar para sancionar a las donatarias autorizadas por operaciones simuladas y que por ello, no se necesita agregar esta medida adicional. (Último párrafo del Art. 82-Quáter).

d) Consideramos importante que esta reforma incluya la posibilidad para que una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación científica o tecnológica pueda obtener el estatus de donataria autorizada, a partir del reconocimiento de cualquier autoridad federal o estatal competente en la materia, como la Secretaría de Salud, y no restringirlo a la inscripción en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas (RENIECyT). Actualmente el RENIECyT está restringido para proyectos gubernamentales y si el propósito es que estas organizaciones accedan a recursos privados a través de donativos, no se les debe imponer la restricción de recibir fondos públicos para obtener la donataria autorizada. (Art. 79, frac. XI).

Es importante que el gobierno fomente el trabajo de las organizaciones con medidas claras de transparencia y rendición de cuentas, que faciliten sus procesos administrativos y el cumplimiento efectivo de sus obligaciones legales. Sin embargo, las reformas propuestas por el ejecutivo federal a la LISR, lejos de combatir la simulación de actividades, pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las organizaciones donatarias que tienen un aporte fundamental en el desarrollo social de nuestro país. Por lo anterior, exhortamos al poder legislativo a escuchar nuestras propuestas y a no aprobar la LISR en los puntos expuestos anteriormente.

#DonatariasAutorizadasDicenNo

Para conocer más, te invitamos a consultar este enlace.

 

 

1 Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai del 24 de abril de 2013. Disponible aquí.

2 Alternativas y Capacidades, A.C., Centro de Enlace y Desarrollo para OSC, A.C., Coeo Consultores S.C. Dakshina, A.C., Fondo Semillas, Fortalece Legal, A.C. y Fundación AppleSeed México, A.C.

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