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¿Cómo garantizar el derecho de mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia?
Reducir el feminicidio a un delito que ocurre sólo en el espacio privado invisibiliza el incremento de muertes violentas de mujeres cometidas en el espacio público.
Por Tania Hernández y Alejandra Ramos
26 de noviembre, 2019
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En memoria de las mujeres y niñas asesinadas en Nuevo León

El 27 de agosto de 2019, Connie Janeth Beltrán Domínguez fue asesinada dentro de su casa en el municipio de Zuazua, Nuevo León, presuntamente por su pareja. Al momento de su muerte, Connie tenía 27 años, una hija pequeña de apenas cuatro años y había interpuesto un total de quince denuncias por el delito de violencia familiar. Aunque doloroso, el caso de Connie no es un suceso aislado y se suma a una larga lista de mujeres asesinadas de manera violenta en Nuevo León, entidad que actualmente es el tercer estado de la República con el mayor número de carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio en el país, sólo detrás de Veracruz y el Estado de México.

A pesar de que en México contamos con un marco normativo que garantiza el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, con instrumentos precisos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) o el modelo de atención de mujeres y niñas víctimas de violencia de los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), así como diversos programas e instituciones a nivel nacional, estatal y municipal para atender la violencia contra las mujeres y niñas y el feminicidio, casos como el de Connie hacen ver que esto no ha sido suficiente. Más grave aún, Nuevo León es un mero reflejo de la situación de violencia generalizada y sistemática hacia las mujeres que se vive en el país.

¿Cómo responder, entonces, ante esta situación de violencia? Un primer paso consiste en identificar y conocer a profundidad el problema público al que nos enfrentamos, entender sus características, su magnitud, si afecta de forma diferenciada a mujeres y niñas, y las brechas que hay por subsanar.

A pesar de la dificultad que existe para contabilizar feminicidios, es imposible negar la gravedad del problema. Un comunicado de prensa del INEGI, con información a noviembre de 2019 menciona que “tanto en términos absolutos como relativos, en 2018 se registró la mayor cantidad de mujeres asesinadas en el país en los últimos 29 años (3,752), que comparado con 2017 (3,430) representa un incremento de 8.6% y con respecto a 2016 (2,813), el incremento es de 25.0 por ciento”. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta 53 presuntos delitos de feminicidio en Nuevo León para el periodo de enero a septiembre de 2019, lo que equivale a una tasa de 1.92 por cada 100 mil mujeres; asimismo, para el mismo periodo el SESNP reportó 28 homicidios dolosos contra mujeres.

Comúnmente los feminicidios se han entendido como delitos que ocurren primordialmente en el ámbito privado y como producto del escalamiento progresivo de la violencia, regularmente cometidos por la pareja o expareja de la víctima. Sin embargo, reducir el feminicidio a un delito que ocurre sólo en el espacio privado invisibiliza el incremento de muertes violentas de mujeres cometidas en el espacio público1.

De acuerdo con el informe “Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México”, elaborado por Data Cívica y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, en el caso de las mujeres los asesinatos en la vivienda pasaron de tener una tasa de 0.8 por cada 100,000 en el 2007 a una de 1.5 en el 2017, mientras que los asesinatos en la vía pública pasaron de tener una tasa de 0.7 por cada 100,000 en el 2007 a una de 2.5 en el 2017.

Cabe también puntualizar que el uso de arma de fuego como mecanismo en la muerte violenta de mujeres se ha pronunciado en el tiempo. En el mismo reporte de Data Cívica se muestra que, en el caso de las mujeres, la tasa de asesinato por arma de fuego pasó de ser de 0.7 por cada 100,000 en el 2007 a 2.7 en el 2017, lo cual representó un aumento del 285.7%. En el caso de Nuevo León, de los 53 asesinatos de mujeres ocurridos durante los primeros nueve meses de 2019, cerca del 53% (23) fueron con arma de fuego.

Los datos aquí mencionados nos permiten tener una noción sobre la gravedad del problema de violencia contra mujeres y niñas, específicamente de feminicidio que se vive en México y Nuevo León, así como entender cómo se ha modificado el problema público con los años. Ahora, ¿cómo garantizar, efectivamente, el derecho de mujeres y niñas a vivir libres de violencia? El siguiente paso tiene que ver con la necesidad de contar con instituciones públicas eficientes que puedan cumplir con su labor de prevenir, investigar y sancionar casos de feminicidio, las cuales además deben trabajar de manera cercana y coordinada.

En ese sentido, iniciativas para fortalecer a las instituciones encargadas de dar respuesta a la violencia contra mujeres y niñas pueden contribuir a lograr este objetivo. Una de dichas iniciativas es “Ni un Feminicidio Más”, la cual gracias al apoyo de USAID México está ya colaborando con instituciones de seguridad y justicia, policías locales de Nuevo León como Fuerza Civil y las Policías Municipales de Escobedo, Guadalupe y Monterrey, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y la Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos, con el fin de contribuir a mejorar sus capacidades para la prevención, atención y sanción de los feminicidios en Nuevo León. La iniciativa tendrá una duración total de cuatro años, durante los cuales se apoyará a las instituciones en el diseño de soluciones conjuntas y se les brindará acompañamiento durante su implementación bajo un enfoque de colaboración interinstitucional. “Ni un Feminicidio Más” dio inicio en octubre de 2018 y es implementada por Fundación IDEA, Fortis Consultores y EQUIS: Justicia para las Mujeres.

Si bien estos son pasos necesarios para alcanzar el ideal de una sociedad libre de violencia, se necesitan intervenciones a largo plazo que vayan a las causas y poco a poco transformen las estructuras de desigualdad y violencia; intervenciones además con perspectiva de género, donde colaboren de manera cercana tanto instituciones públicas como sociedad civil. Se lo debemos a las miles de mujeres y niñas que, como Connie, hoy ya no están con nosotras.

* Tania Hernández y Alejandra Ramos son integrantes de la organización @EquisJusticia.

 

1 Esto no implica que una gran parte de los feminicidios hayan dejado de ocurrir en el espacio privado, y que no exista relación entre violencia familiar y feminicidios.

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