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Contundencia para defender la democracia, la Constitución y el Estado laico
Si ante una prohibición expresa en el texto constitucional, un ministro de culto decide no sólo actuar en contra de las normas que rigen a nuestra sociedad y manifestarse en contra de los derechos cuyo reconocimiento ha costado años de lucha a los grupos en situación de vulnerabilidad, entonces la respuesta de los tribunales no puede ser una que permita que esa conducta permanezca sin consecuencias.
Por Janine M. Otálora Malassis
4 de octubre, 2021
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Ningún tribunal puede celebrar cuando ignora su obligación de proteger los derechos, sus precedentes y el Estado de Derecho. Así concluyó su voto la jueza Sonia Sotomayor de la Suprema Corte de Estados Unidos en contra de una decisión que permitió la vigencia de una ley en el estado de Texas que viola el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo.

Este mensaje brilla por la claridad y sencillez con la que transmite la función de los tribunales. Sin embargo, cumplir con esa encomienda es un ejercicio complejo que requiere de profundas reflexiones acerca de las consecuencias que tiene hacer valer la Constitución y los derechos. Decidir en un caso implica la convicción de que una sentencia es el resultado de un análisis acerca de las soluciones posibles a una controversia y que aquella que se aprueba es la que se considera congruente con esa obligación de proteger los derechos, que es congruente con los precedentes y que garantiza la vigencia de las normas que toda persona juzgadora debe respetar.

Con este compromiso constitucional fue que la mayoría de quienes integramos la Sala Superior del Tribunal Electoral decidimos decretar la nulidad de la elección municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Esta determinación fue el resultado de analizar la gravedad y el impacto que tuvo un mensaje difundido por el arzobispo emérito de la arquidiócesis de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, en el que se pronunció para hacer proselitismo electoral, a pesar de existir una prohibición constitucional directa.

Al considerar la afectación que produjo el mensaje difundido en redes sociales, durante los seis días previos a la elección y durante la jornada electoral, fue necesario reflexionar sobre dos elementos: la gravedad de la infracción y el impacto que tuvo en la elección. Respecto de la gravedad, es necesario considerar que el texto constitucional establece una prohibición explícita que restringe a los ministros de culto de hacer campaña a favor o en contra de candidaturas, partidos o agrupaciones políticas. Esta limitación forma parte del conjunto de normas que establecen y pretenden garantizar la separación entre las iglesias y el Estado.

La importancia de este principio va más allá de las razones históricas, pues su reconocimiento constituye un pilar fundamental para el desarrollo de la vida democrática del país. Proteger y hacer valer la laicidad del Estado es una de las formas para garantizar que no se perpetúen razones y conductas que han oprimido a las sociedades, por lo que la defensa del principio de separación entre las iglesias y el Estado es una defensa de la libertad de cada persona para decidir sus creencias, sin que les sea impuesta una visión del mundo desde el poder público.

El mensaje de Sandoval Íñiguez es el ejemplo de esas amenazas a la libertad y a la vida en democracia. En su video, el arzobispo emérito hizo un llamado expreso a votar en contra de una opción política para poder avanzar en una agenda en contra de los derechos de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual y para imponer una visión de la familia desde sus creencias religiosas. Utilizó el chantaje desde la fe, llamando a sus seguidores a rezar y a votar desde la coacción moral que ejerce como autoridad religiosa.

En contra de la libertad de las personas para decidir su voto, Juan Sandoval Íñiguez pretendió presionar al electorado desde sus creencias religiosas, manifestándose en contra de derechos reconocidos y violando directamente una prohibición constitucional. Esa es la gravedad de la conducta que analizó la Sala Superior.

Pero como ya mencioné, no basta con que una conducta sea grave, hace falta que esta afecte el resultado de la elección. En el contexto del caso, concluimos que existieron elementos suficientes para inferir el daño que produjo el mensaje religioso. El carácter de autoridad emérita de la iglesia católica de Sandoval Íñiguez y su influencia en el municipio de San Pedro Tlaquepaque –como residente de la comunidad y arzobispo de la arquidiócesis en la región durante muchos años– fue uno de los elementos principales a considerar. También lo fue que ese es el tercer municipio con más creyentes católicos en el estado de Jalisco, que el mensaje se difundió en el periodo de veda electoral y que la diferencia en los votos entre el primer y segundo lugar fue de apenas 1.29%.

Este contexto y la gravedad de las violaciones fueron consideradas para decidir que la única forma de restaurar la vigencia del orden constitucional era anular la elección del ayuntamiento. Esta decisión es contundente porque supone la imposición de la consecuencia más grave que existe en el derecho electoral. No obstante, esa contundencia es coincidente con la obligación que tenemos como Tribunal Electoral de hacer valer la constitución y los derechos de las personas.

Si ante una prohibición expresa en el texto constitucional, un ministro de culto decide no sólo actuar en contra de las normas que rigen a nuestra sociedad y manifestarse en contra de los derechos cuyo reconocimiento ha costado años de lucha a los grupos en situación de vulnerabilidad, entonces la respuesta de los tribunales no puede ser una que permita que esa conducta permanezca sin consecuencias.

Llegar a una conclusión jurídica con este impacto es el resultado de serias reflexiones, pero, sobre todo, de una convicción por defender el orden constitucional y el régimen democrático. Con esto, aseguramos que ninguna presión desde la religión se convierta en un mandato para una autoridad electa. El mensaje a los partidos políticos y candidaturas es contundente para que se abstengan de acercarse de forma ilegal a las religiones y a que se deslinden frente a las conductas que atenten contra la separación entre las iglesias y el Estado. También, esta sentencia es un llamado claro y definitivo a las autoridades religiosas a que se conduzcan con respeto a la Constitución Política cuya vigencia aplica a todas  y todos los ciudadanos mexicanos.

La Constitución Política protege los derechos de toda la ciudadanía y garantiza el orden democrático social y político definido por el Constituyente. Por ende, es deber de todas y todos defender su vigencia. El orden constitucional admite interpretaciones en cuanto a sus principios, pero sus reglas son mandatos imperativos que no permiten vulneración alguna. Su respeto por todos los entes que integran la sociedad es la premisa mínima del Estado de derecho.

* Janine M. Otálora Malassis (@JanineOtalora) es Magistrada de la Sala Superior del @TEPJF_informa.

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