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COVID-19 y su impacto en los derechos humanos en México
El Estado mexicano debe adoptar medidas legales, legislativas, administrativas y financieras que permitan disminuir al máximo los efectos adversos que previsiblemente provocará esta crisis sanitaria, sin olvidar que estas medidas deben tener un enfoque interseccional que proteja de forma sustantiva a los diferentes grupos de la población.
Por Isabel Orizaga, Alejandro Díaz y Rita Muciño
2 de abril, 2020
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Ante la pandemia por la enfermedad COVID-19, en México se han planteado diversas reflexiones sobre el rol que el derecho debe desempeñar en el contexto de la crisis sanitaria1. En este sentido, el Estado mexicano ha optado por instaurar el Consejo de Salubridad General -figura prevista en Ley General de Salud- declarando una emergencia sanitaria por el COVID-19 y emitiendo un acuerdo para adoptar medidas relacionadas con la suspensión de toda actividad no esencial por un mes (30 de marzo al 30 de abril de 2020) y se exhortó a la población a mantenerse en resguardo domiciliario, al tiempo de postergar censos y encuestas en el territorio nacional.

Sin embargo, estimamos que la figura jurídica del Consejo de Salubridad General, aunque juega un papel central en la crisis, esta dista de ser suficiente como acción de Estado para hacer frente a los múltiples efectos adversos que la emergencia sanitaria está provocando en los derechos humanos, particularmente, en los derechos económicos, sociales y culturales de las personas indígenas, personas con discapacidad, personas mayores, personas en situación de calle, mujeres y niñas, personas privadas de libertad, personas migrantes, entre otras, quienes se verían perjudicadas de forma exacerbada, habida cuenta que las obligaciones de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos son vigentes y se deben realizar sin discriminación alguna adoptando medidas positivas hasta el máximo de los recursos disponibles para estos efectos.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Debido a la naturaleza sanitaria de esta crisis y de las medidas de emergencia promovidas para frenar el contagio, el derecho a la salud, al agua, a la vivienda, a la alimentación, a la educación y los derechos laborales han sido algunos de los más impactados. Esto coloca a los Estados en una situación de prueba respecto de las medidas de prevención y protección que deben adoptar para garantizar estos derechos a todas las personas sin discriminación.

Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas por todos los medios apropiados y hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr la efectividad de los derechos2. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aún en situaciones de emergencias públicas, dichas obligaciones subsisten y deben ser atendidas en virtud de la protección del contenido mínimo y no derogable de estos derechos3.

Frente a la pandemia global actual, en relación con el acceso efectivo a los servicios de salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado a los Estados a que garanticen este derecho atendiendo los elementos de disponibilidad, accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad4. Por lo que refiere al derecho a la educación, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Educación ha establecido que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar este derecho independientemente de si una situación de emergencia prevalece o no5.

Respecto a la vivienda, las medidas de aislamiento social que exigen permanecer en el hogar generan discusión en cuanto a cómo debería garantizarse la seguridad de la tenencia del derecho a la vivienda especialmente ante la crisis económica que inicia a vislumbrarse. Por ahora, en España se adoptaron medidas para la regularización de impagos de alquiler e hipoteca6, y el otorgamiento de créditos sin intereses7. En Estados Unidos, se ha propuesto “congelar” el pago de alquileres8 y existe ya un sitio oficial de información dirigido para el uso de refugios y proveedores de vivienda9 como parte de la estrategia para proteger este derecho.

Sobre el derecho a la alimentación, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que ante la imposibilidad de las personas para alimentarse por sus propios medios en situaciones de desastre, el Estado debe proporcionar comida directamente.

La población objeto de especial protección

En este contexto es crucial una respuesta estatal que considere los impactos que el incremento de las desigualdades tendrá en el acceso a servicios públicos, al igual que los desequilibrios basados en la edad, origen étnico y género, entre otros. Ejemplo de lo anterior se observa en el caso promovido por la Coalición de personas sordas de la Ciudad de México (COPESOR), quienes iniciaron un litigio para exigir que la información sobre el COVID-19 se brinde de manera pertinente, a fin de que las personas con discapacidad auditiva puedan obtenerla10. Asimismo, existen ciertos tipos de discapacidad cognitiva donde el aislamiento prolongado puede tener efectos adversos, por lo que, sería deseable que se dicten las medidas necesarias para asegurarles la posibilidad de salir, con fines terapéuticos.

Por otra parte, en referencia a las personas, pueblos y comunidades indígenas, el Estado debe asegurar que la información sobre la pandemia sea clara, amplia y con pertinencia cultural en las diversas lenguas indígenas. Asimismo, debe respetar las medidas que algunos pueblos indígenas están adoptando al interior de sus comunidades, a través de sus propias declaraciones de emergencia en ejercicio del derecho a la libre determinación.

Por lo que hace al tema de género, gobiernos de diferentes países han dispuesto diversas medidas, para la atención de los casos de violencia. De entre las múltiples acciones se destacan el establecimiento de planes estatales de contingencia, la difusión de los números de emergencia y la atención vía redes sociales, lo que ha sido cuestionado ya que en ocasiones a las mujeres les resulta complicado utilizarlas, dada la restricción a la movilidad con motivo de la pandemia y la cercanía con el agresor. En contraste, una forma alternativa que puede constituir una buena práctica es la adoptada en Islas Canarias (España) donde se estableció una campaña que consiste en solicitar una “Mascarilla-19” en establecimientos comerciales, siendo esta una clave para informar al personal que requiere apoyo11.

En México, el pasado 26 de marzo se anunciaron las medidas para asegurar la protección de los derechos a las mujeres, de entre las que destacan: la estrategia ante el repunte de la violencia doméstica, el tema del trabajo reproductivo proveído por las mujeres, las labores proporcionadas por las trabajadoras del hogar y la protección de los derechos sexuales y reproductivos12.

No obstante, estas disposiciones son de suma relevancia, nuestro país se encuentra surcando un periodo preocupante en materia de violencia machista, por lo que sería deseable el establecimiento de disposiciones más articuladas e integrales. Al respecto organizaciones como la Red Nacional de Refugios, han denunciado la falta de un plan intersectorial para asegurar los derechos las mujeres inmersas en violencia familiar13. Igualmente, existen dudas sobre si el gobierno de la República está tomando en cuenta todas las voces surgidas del movimiento feminista, para adoptar soluciones efectivas ante la crisis. Del mismo modo cabe preguntarse cómo asegurar la efectividad de estas medidas, teniendo en cuenta el alto índice de impunidad de los casos de violencia de género.

Empresas y derechos humanos

Existen dos caras fundamentales de actuación en la relación entre empresas y derechos humanos. La primera tiene que ver con las obligaciones generales que el Estado tiene para proteger y garantizar los derechos humanos en relación con las empresas y su actividad; y por otra parte la responsabilidad de las empresas frente a los derechos humanos.

En México, de acuerdo a reportes recientes, habrían al menos “23 empresas acusadas por despidos injustificados a raíz de la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19”14 y entidades privadas que han otorgado permisos para que su personal laboral tome parte de la cuarentena, pero sin goce de sueldo. Ante este panorama, como forma de cumplimiento de sus obligaciones, el Estado mexicano debería exigir que las empresas, como empleadoras en general, respeten los derechos humanos y tengan un comportamiento ético y responsable con sus trabajadores y trabajadoras.

De acuerdo con las normas de derechos humanos, los Estados pueden ser responsables por cualquier violación a los derechos humanos cometidos por particulares (empresas), si devienen tres condiciones: 1) al momento de los hechos existe una situación de riesgo real e inmediato, 2) las autoridades conocían o debían tener conocimiento de dicha situación, y 3) no adoptaron las medidas razonables o necesarias para prevenir o evitar ese riesgo15. Por tanto, las autoridades mexicanas deben asegurar que las empresas estén cumpliendo con sus responsabilidades legales al tiempo de guiarlas para la implementación de medidas de mitigación y contención de la crisis sanitaria desde el enfoque de los derechos humanos.

Dado el escenario actual, es necesario recordar que frente a un estado de emergencia el gobierno mexicano debe adoptar medidas profundas para la protección de todos los derechos humanos que se verían especialmente afectados. Para ello es indispensable que, de acuerdo a sus obligaciones internacionales, el Estado mexicano adopte medidas legales, legislativas, administrativas, financieras y de cualquier índole que permitan disminuir al máximo los efectos adversos que previsiblemente provocará esta crisis sanitaria, sin olvidar que estas medidas tener un enfoque interseccional que proteja de forma sustantiva a los diferentes grupos de la población.

Finalmente, será central que los poderes judiciales de los estados, el Poder Judicial de la Federación, las comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desplieguen el máximo de sus capacidades como órganos de garantía para que aseguren el acceso a la justicia de toda persona que sufra la violación de alguno de sus derechos en el contexto de la crisis. En suma, si bien resultará inevitable frenar la totalidad de los efectos adversos que la pandemia tendrá en los derechos humanos de las personas, el Estado tiene la indeclinable obligación de revertir aquellas condiciones de desigualdad que están forzando a las personas a salir de sus hogares, y con ello hacer posible su aislamiento voluntario con el goce efectivo de sus derechos.

* Isabel Anayanssi Orizaga Inzunza (@isabela_orizaga), actualmente es estudiante del LLM International Human Rights Law en la University of Notre Dame en Indiana, USA. Alejandro Díaz Pérez es Maestro en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Rita Astrid Muciño Corro, Abogada en el Círculo Feminista de Análisis Jurídico (@CirculoAnalisis).

 

 

1 Cabe mencionar que hay quienes han insistido en la importancia de implementar la suspensión o restricción de derechos humanos y sus garantías, prevista en el artículo 29 de la Constitución del país, con la finalidad de evitar acciones arbitrarías por parte del poder Ejecutivo. Al respecto, el gobierno federal adoptó la postura de (por ahora) no activar el estado de excepción. En este sentido, cabe recordar que aunque este mecanismo puede resultar útil en escenarios de excepcionalidad, el hecho de no implementarlo, de ninguna forma puede interpretarse en el sentido de que el Estado no tenga que instaurar medidas urgentes ante la crisis.

2 Artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

3 Comité DESC, Observación General No. 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, UN Doc. E/C.12/2000/4, Agosto 2000, y Observación General No. 15, El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), UN. Doc. E/C.12/2002/11, Noviembre 2002.

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del COVID-19”, Comunicado de Prensa, 20 de marzo de 2020.

5 UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the right to education in emergency situations, A/HRC/8/10, 20 May 2008.

6 Hugo Gutiérrez, “El Ejecutivo amplía la moratoria de las hipotecas a las oficinas y locales comerciales”, El País, Sección Economía, 31 de marzo de 2020.

7 Gabriele Ferluga, “¿Qué pasa con los alquileres en el estado de alarma?”, El País, Sección IAhorro, 28 de marzo de 2020.

8 Telemundo 47, “De Blasio analiza “congelar” pago de alquiler a inquilinos afectados por COVID-19”, 25 de marzo de 2020.

9 US Department of Housing, disponible en inglés: https://www.hud.gov/coronavirus

10 D’Artigues, Katia (2020) Comunidad sorda logra orden para que el gobierno haga accesible la información sobre COVID-19, Animal Político. Disponible aquí.

11 Pecharromán, Carolina (2020) Mascarilla 19: la ‘compra’ que puede salvar la vida de las mujeres maltratadas, Rtve. Disponible aquí.

12 Presidencia de la República (2020) Versión estenográfica. Conferencia de prensa. Informe diario sobre coronavirus COVID-19 en México. Disponible aquí.

13 Gerth, Sonia (2020) Urgente, crear un plan de contingencia para víctimas de violencia durante cuarentena, Cimac noticias. Disponible aquí.

14 Flores, Efrén. “El COVID-19 también enferma de mezquindad: empresas en México despiden sin tener excusa legal”, Sin Embargo. Disponible aquí.

15 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 523.

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