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La crisis de la CEAV y las legítimas demandas de las víctimas
Las víctimas y la sociedad en general merecen que exista una verdadera política de Estado en materia de atención a víctimas. Sería ingenuo creer que el solo cambio de la persona de titular de la CEAV permitirá resolver la crisis en la que se encuentra inmersa la institución.
Por Jérémy Renaux
25 de julio, 2019
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El 15 de junio pasado dejó de fungir como Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón, tras presentar su renuncia en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. La renuncia de Rochín del Rincón, pese al argumento señalado en la carta -relacionado con la política de austeridad del actual gobierno y su impacto sobre la atención a las víctimas- fue más bien una artimaña para evadir su responsabilidad de rendir cuentas frente a los múltiples señalamientos acerca de anomalías e irregularidades en el uso de los recursos públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Desde su instalación, la CEAV ha sido señalada por sus múltiples deficiencias, las cuales no solamente han obstaculizado el efectivo acceso de las víctimas a sus derechos, sino también que han acentuado su situación de vulnerabilidad.

A pesar de la grave crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos que se vive en el país, la CEAV ha atendido a un número reducido de personas, pues a diciembre de 2018 reportaba un número total de 23,665 víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI). Este número es sumamente bajo en un país que contabiliza en el fuero federal tantas víctimas directas e indirectas de homicidios dolosos, secuestros, desapariciones, feminicidios, entre otros delitos y violaciones a los derechos humanos.

A lo largo de los últimos cinco años, he escuchado los testimonios de centenares de víctimas acerca de su viacrucis para inscribirse a este RENAVI y acceder a las medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral previstas en la Ley General de Víctimas. Madres de desaparecidos me han contado cómo la CEAV les negó el apoyo para la atención médica de su cáncer, bajo el argumento que no podían demostrar que la enfermedad era derivada de la desaparición de sus hijos. En dichas situaciones, los funcionarios públicos de la CEAV no solamente han pisoteado el principio pro persona, rector de la Ley que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio de la persona, sino también y peor aún, han carecido de humanidad.

Rochín del Rincón, nombrado por el Senado de la República desde el 2013 y ratificado en 2017, fue omiso en atender estas situaciones y los razonables reclamos de las víctimas y de las organizaciones civiles que las representan. Hasta el final de su gestión, Rochín del Rincón ha sido incapaz de realizar un análisis crítico de la labor realizada por la institución que dirigía. Por ejemplo, presumió en su carta de renuncia que “por primera vez en la historia de México, cientos de resoluciones de reparación integral, para crear las condiciones de rehabilitación, satisfacción y no repetición, que permitan a las víctimas reconstruir su proyecto de vida”, aún cuando sólo un total de 1,055 víctimas recibieron una compensación económica por parte de la CEAV entre el 2014 y el 2018 (503 víctimas de delito y 552 víctimas de violaciones a los derechos humanos), a penas el 4.5% del total de víctimas inscritas en el RENAVI.

En dichos casos las víctimas sólo recibieron una compensación económica, lo cual no constituye per se una reparación integral, ya que este concepto abarca el otorgamiento de otros tipos de medidas como lo son las medidas restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Ejemplo de ello es que el 19 de febrero pasado, en un caso de Policías de Tijuana que fueron detenidos arbitrariamente y torturados por militares en 2009, un Juez emitió una decisión a favor de las víctimas en la que estableció que la decisión de la CEAV de reparar a las víctimas únicamente para efectos de compensación económica, violentaba el derecho de las víctimas a la reparación integral1. En los últimos años, la CEAV se ha erigido como una institución asistencialista que ha generado un vinculo de dependencia de las víctimas en lugar de contribuir a la reconstrucción de su proyecto de vida.

Es decir, la CEAV no solamente ha incumplido con su obligación de atender las necesidades de las víctimas, sino que ha vulnerado en numerosas ocasiones sus derechos. Muestra de ello es que para mayo de 2019, la institución había sido señalada como autoridad responsable en 242 juicios de amparo2 y se habían abierto 53 expedientes de queja en su contra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de las cuales se emitieron dos recomendaciones (84/18 y 87/18). Asimismo, se presentaron un total de 476 denuncias ante el Órgano Interno de Control, algunas relacionadas con descuido o falta de atención en el cumplimiento de las obligaciones, maltrato en la prestación de un trámite o servicio, abuso de autoridad, conflicto de interés, abuso o acoso sexual, entre otros hechos3.

Ante una crisis sin precedente de la institución e indolencia de su titular, denunciada tanto por las y los usuarios como por el personal de la propia CEAV, el Pleno del Senado de la República aprobó el pasado 23 de abril de 2019 un Punto de Acuerdo para citar a comparecer a Rochín del Rincón, con el fin de que “informe sobre las acciones y políticas implementadas para garantizar la atención a víctimas en el país y los resultados obtenidos”. Bajo el principio de Parlamento Abierto, la metodología de la comparecencia, agendada para el día 29 de abril de 2019, contemplaba sesiones de preguntas y respuestas, en donde las víctimas y organizaciones podían participar.

Sin embargo, en franco desacato, Jaime Rochín del Rincón no se presentó a la comparecencia argumentando que se encontraba en Ginebra, Suiza4, cuando un día después, y posteriormente a través de una respuesta a una solicitud de información pública5, se descubrió la mentira. Rochín se encontraba ese día en Tepic, Nayarit y aunque pudo llegar a la comparecencia, no lo hizo, impidiendo que se realizara un control democrático sobre su gestión.

El desacato indudablemente contraviene al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal y al artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, mismo que establece que incurrirá́ en falta administrativa el servidor publico cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan la obligación de “rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones”. Esta conducta, posiblemente constitutiva de una falta administrativa grave, debería ser sancionada conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que prevé que se “aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.

El exfuncionario público argumentó como motivo de su renuncia que la reducción del presupuesto como parte de la política de austeridad afecta el trabajo de la Comisión, aprovechando así de forma muy oportunista la ola de renuncia de otros titulares del gabinete de López Obrador que se inconformaron con esta política de austeridad. Rochin del Rincón usó como motivo de su precipitada salida la reducción del presupuesto aún cuando es conocido que, durante varios años, la CEAV ha sido señalada por no ejercer los recursos disponibles del Fondo de Ayuda, asistencia y Reparación Integral (FAARI).

En efecto, el ingreso total del Fideicomiso del FAARI durante los años 2014, 2015 y 2016 fue de 1,507.8 millones de pesos de los cuales solo 151.6 millones pesos se destinaron en Apoyos a Víctimas, es decir un subejercicio del 89.94 %. Debido al significativo subejercicio, ya no se asignaron recursos para el Fondo durante el año 2017 y 2018. Mientras la CEAV negaba medidas de ayuda, traslados y alimentos a madres de desaparecidos y otras víctimas de la violencia, Jaime Rochín del Rincón despilfarraba los recursos de la CEAV con comidas hasta por 2 mil 600 pesos6, realizaba estancias a Europa por 122 mil 929.19 pesos7 y percibía un salario bruto mensual de 139,663.68 pesos8. Mientras víctimas en situación de riesgo eran ignoradas, la CEAV gastaba 414,120.00 pesos para la instalación de un arco detector de metales y un sistema de inspección de rayo X9, un obstáculo más entre las víctimas y las personas encargadas de su atención.

La construcción de una nueva ética pública, la recuperación de la confianza de la sociedad en sus autoridades y el compromiso con la excelencia por parte de las personas servidoras públicas, son prioridades claras del Gobierno Federal. Por ello resultó sorprendente el silencio de la Secretaría de Gobernación ante esta situación. El desacato y la mentira de un funcionario público federal al Senado de la República, una de las máximas autoridades de este país, contraviene a los valores y principios del servicio público y no debería quedar impune. Las víctimas y la sociedad en general lo merecen.

Las víctimas y la sociedad en general también merecen que exista una verdadera política de Estado en materia de atención a víctimas. Sería ingenuo creer que el solo cambio de la persona de titular de la CEAV permitirá resolver la crisis en la que se encuentra inmersa la institución. Al respecto, cabe señalar que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración dio a conocer el pasado 19 de julio la lista de las 26 candidaturas para ocupar la titularidad de la CEAV, sin que haya aclarado, hasta el momento, la metodología para la evaluación de las candidaturas y los criterios para la selección de la terna que se enviará al Senado de la República. Es aún más preocupante si se analiza con detenimiento los perfiles de las y los postulantes, pues la gran mayoría no cumple con el perfil esperado.

Más allá del cambio del titular de la CEAV, se requieren pasos firmes del gobierno federal para superar esta crisis. Un primer paso sería que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en consonancia con el artículo 83 de la Ley General de Víctimas, convocara el pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), cuya atribución consiste en promover la coordinación y colaboración entre las instituciones que atienden a víctimas en los tres niveles de gobierno. Lo anterior, más allá de las promesas de campaña, demostraría que existe una verdadera voluntad política de este gobierno para atender las legitimas demandas de las numerosas víctimas de este país: verdad, justicia y reparación integral.

* Jérémy Renaux (@jeremy_renaux) es defensor de Derechos Humanos y Coordinador del Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas

 

Disponible aquí.

Solicitud de información pública número 0063300045919.

Solicitud de información pública número 0063300035019

CEAV/DGAJ/0460/2019

Solicitud de información pública 00633000054819.

Solicitud de información pública: 0063300012219

Solicitud de información pública:

Solicitud de información pública 0063300005719.

Contrato CEAV-C-01-2019.

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