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Cuando la austeridad sobrepasa los derechos humanos
Desde febrero se cancelaron 14 encuestas vitales del INEGI, cuya recuperación se ve complicada para 2020, con el consecuente daño colateral a los derechos humanos.
Por Sergio Pérez Gavilán / ASILEGAL
5 de noviembre, 2019
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A comienzos del año, dos meses después del inicio del gobierno de López Obrador, se anunció un recorte presupuestal que supondría un golpe grave y profundo al mecanismo fundamental que constituye una democracia sana: la rendición de cuentas. Catorce encuestas de mayor envergadura, con estudios a profundidad en temáticas como consumo de psicotrópicos (ECOSUP), censo agropecuario, la encuesta nacional de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia (ECOPRED) y, entre otras, la encuesta nacional de la población privada de libertad (ENPOL), fueron canceladas y no hay certeza si regresarán pronto.

Estas encuestas, tildadas como “de menor prioridad”, según Julio Santaella, director del INEGI, no pueden sobrevivir el lujo de pensar que no son absolutamente esenciales para atacar, entender y resolver las problemáticas nacionales. Lo que está en juego no son solamente datos meramente descriptivos de la realidad de miles de mexicanas y mexicanos, sino que estos mismos datos, a veces, son lo único que se tiene para poder aspirar a una mejor calidad de vida o garantizar los derechos humanos. Sin indicadores, sin ayuda institucional con respecto a lo que sucede a grupos vulnerables a través de la República, el trabajo de la sociedad civil se ve bloqueado, limitado e incapacitado. La producción y difusión de información sobre la actualidad del país, contribuye íntimamente a generar mecanismos de atención, prevención y solución de problemáticas propias de cada sector poblacional, pero especialmente para las organizaciones de la sociedad civil, sirve para generar informes alternativos, mantener un ojo crítico de las publicaciones del Estado y diseñar políticas públicas en atención a los grupos más vulnerables. Sin esa información, las personas corren el riesgo de ser olvidadas o ignoradas. Ninguna de las dos opciones es aceptable.

El acceso a la información es un derecho que afecta, por razones corolarias, a que otros derechos humanos tengan lugar. Desde la perspectiva de la población privada de libertad, se puede notar en el derecho a la salud, a la educación, a la presunción de inocencia, al derecho a cuidados específicos de la maternidad, y otros, todos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos por la ONU. Los esfuerzos que hace la sociedad civil por ser vigilante y defensora de los derechos humanos, necesitan apoyos mínimos y fundamentales para comprender el panorama de la mejor manera posible. Una incapacidad por generar rendición de cuentas a nivel nacional, hecha con el presupuesto apropiado, culmina en menoscabar y menospreciar el valor que tienen los derechos humanos, básicos e irrenunciables, que el Estado tiene la obligación de reconocer. A su vez, al momento de examinar a México como nación en materia de derechos humanos por organismos y lineamientos internacionales, no habrá manera de realmente apuntar a un progreso consciente y seguro sobre cómo se viven los derechos en el país.

Santaella mencionó, tácitamente, la posibilidad de retomar los censos y encuestas que no se pudieron llevar a cabo en 2019 por los recortes de presupuesto que sufrió el INEGI. Y si bien su promesa podría anclarse de la idea de que el nuevo paquete económico 2020, pendiente a ser aprobado el próximo 15 de noviembre, benefició con una nueva proyección de presupuesto al INEGI de más del 36.6%, más de la mitad de éste se iría al Censo de Población y Vivienda 2020, por lo que pensar que existe una certeza, arcaica en cualquier caso de que se lleven a cabo, es lejana.

Es reconocible que, dentro de la urgencia por capacitar y mejorar el desempeño del funcionariado público, el paquete económico 2020 contempló diversos aumentos en cuanto al Sistema de Justicia: 4.8% extra al Poder Judicial de la Federación, 7.8% a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 7.8% al Consejo de la Judicatura Federal. Esto bajo la idea de blindar y construir progresivamente un órgano de justicia que pueda ejercer con mayor alcance y capacidad de acción las demandas de la población. Sin embargo, estos excedentes presupuestarios sin una manera real y congruente de medir su impacto en cada uno de los papeles que desempeñan, llevan precisamente a un fondo en el que, tan siquiera, -de hacerse las cosas de manera correcta- no se podrían replicar los resultados pues no habría estadísticas para avalarlos.

La ausencia de encuestas, como bien se señaló cuando se anunció el recorte para el paquete económico de 2019, puede tener efectos sumamente graves en las poblaciones que estudian: “¿Cómo poder saber qué medicamentos tienen que comprarse? ¿cuántos doctores necesitarías por clínica?”, dijo Víctor Gutiérrez, coordinador de proyectos del programa de drogas de México Unido Contra la Delincuencia, con respecto a las clínicas que dan tratamiento a personas drogodependientes. En el caso de la población privada de libertad, sin los datos de la ENPOL, también, puede llegar a grados alarmantes: sin maneras de monitorear cuántos doctores, equipo médico y condiciones de higiene hay en los centros, no habrá un acceso garantizado a la salud; sin un esquema educativo, basado en resultados, que permita dar nuevas herramientas para cuando las personas recuperen su libertad, no se puede hablar de reinserción social; sin seguimiento cercano al uso y abuso de prisión preventiva, no se puede hablar de derecho a la presunción de inocencia; sin atención específica a cómo viven las mujeres privadas de libertad, no se puede hablar de igualdad de derechos.

Dadas las condiciones del país con respecto al acceso a la justicia, a la violación al debido proceso, a los casos de tortura, abuso y malos tratos al momento de la detención o en cualquier momento del proceso en conflicto con la ley penal, las detenciones arbitrarias y la creación de un organismo de seguridad como la Guardia Nacional, con facultades de uso de fuerza; no contar con un mecanismo, independiente y regularizado, de la población privada de libertad y de la actualidad del sistema penal, es sinonímico a no querer mejorar en ninguno de esos rubros. ¿Cómo se pueden solucionar problemas que se convierten invisibles? ¿quién termina siendo más afectado por la ausencia de estas encuestas? En pequeña escala, las personas privadas de libertad, en macro escala, todas sus familias y cualquiera que tenga contacto con el sistema penal.

* Sergio Pérez Gavilán es periodista de investigación de ASILEGAL (@AsilegalMx), organización de la sociedad civil con más de trece años de trabajo en materia de defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres, personas indígenas y de la comunidad LGBTI, a través de un acompañamiento integral que comprende litigio estratégico, investigación, formación y capacitación, e incidencia en políticas públicas.

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