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Cuando la urgencia se vuelve la norma
Pese a que se estipula que la Guardia Nacional tendrá una naturaleza civil por ser una institución policial más adscrita al ramo de seguridad pública, esto queda en entredicho al nombrarse entre la jerarquía superior a militares en activo o en proceso de retiro, ya que no existe prohibición expresa alguna en esta normativa para que eso no ocurra.
Por Paula Cuellar Cuellar
19 de junio, 2019
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Por: Paula Cuellar Cuellar (@pauscuellar)

La reforma constitucional en México para crear la Guardia Nacional y su ley orgánica publicadas en el Diario Oficial de la Federación ‒la primera el 26 de marzo de 2019 y la segunda el 27 de mayo de 2019‒ han confirmado que la participación, ahora regulada como excepcional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sigue siendo cuestión de debate. Pese a los esfuerzos de la sociedad civil concentrados en el colectivo “Seguridad sin Guerra”, parece que entre algunos políticos todavía existe la teoría de que el fin justifica los medios. En ese sentido, no es posible afirmar con absoluta certeza que el país se encuentre cumpliendo debidamente lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Alvarado Espinoza y otros contra México, particularmente la parte relacionada al uso extraordinario y subordinado de militares para la ejecución de funciones policiales.

El citado tribunal regional ha dispuesto en dicha sentencia que, si bien es posible “desplegar a las fuerzas armadas para desempeñar tareas ajenas a las propiamente relacionadas con conflictos armados, dicho empleo debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna” (1). En aparente concordancia con tal jurisprudencia, el artículo quinto transitorio incluido en la mencionada reforma constitucional estipula que el uso de la milicia será de carácter extraordinario durante los cinco años siguientes al surgimiento de la Guardia Nacional. No obstante, tal como lo ha revelado Animal Político, en la práctica casi 33,000 integrantes de las Fuerzas Armadas permanecerán en las ciudades y el campo a lo largo del próximo quinquenio apoyando el desarrollo de diversas tareas relacionadas con la seguridad de la población aparentemente de forma permanente (2), lo que cuestiona el mentado “carácter extraordinario”. Además, en ningún artículo de dicha reforma se revelan cuáles serán aquellos motivos excepcionales que le permitirán al presidente de México echar mano de la milicia para tal fin, lo cual le abre las puertas a una peligrosa discrecionalidad.

Entre otra de las preocupaciones surgidas en este escenario, se debe considerar que, pese a que en el articulado transitorio de la Ley de la Guardia Nacional quedó establecido que personal de la Policía Militar y de la Policía Naval será parte de la primera, la cantidad no debería de ser tal que contradiga su naturaleza civil. Sin embargo, a inicios de este año Alfonso Durazo Montaño ‒titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana‒ anunció que más de la mitad de quienes se incorporen a la nueva corporación provendrá de las Fuerzas Armadas. Tras recalcar que con el despliegue de la Guardia Nacional mejorará la seguridad en el país, dicho funcionario expresó que en una primera etapa la misma “se formará con 35 mil integrantes de la Policía Militar, 8 mil de la Policía Naval, 18 mil de Fuerzas Federales y Gendarmería, y 20 mil efectivos que serán reclutados y capacitados” (3). Estas personas, tal como lo señala Santiago Corcuera, pasarán a formar parte de la cuestionada agrupación a constituirse sin ningún “período de enfriamiento”, es decir, sin que exista una necesaria etapa de transición que les permita desaprender sus viejas prácticas e interiorizar nuevas conductas destinadas al control y la protección de quienes habitan el territorio mexicano (4).

En el artículo 21 de la reforma constitucional ya citada, se lee que la Guardia Nacional tendrá un carácter civil. En ese sentido, debe colegirse que la intención inicial de militarizar la seguridad pública ha quedado sin efecto. ¡Qué ingenuidad! Y es que “hecha la ley, hecha la trampa”, porque en el inciso 11 de ese mismo artículo se señala que la ley secundaria determinará la estructura orgánica y la dirección de dicha entidad. Esa fue la puerta por donde ya se colaron militares activos en sus mandos superiores, tal como efectivamente sucedió con el nombramiento del comandante general Luis Rodríguez Bucio quien ya está al frente de la misma. Esto, probablemente, obedeció a que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que, para encarar la crisis de inseguridad que prevalece desde hace un buen tiempo en el país, era necesario actuar con “mano dura”. Para eso había que descargar esa responsabilidad en alguien que considerara a la criminalidad organizada como el “enemigo” a vencer.

De igual manera, esa simple redacción condujo a que en el artículo 3 transitorio de la ley aludida se dispusiera que ‒palabras más, palabras menos‒ “por única ocasión” y mientras no existiera personal con la jerarquía suficiente dentro de la Guardia Nacional para ocupar los altos mandos, se colocaran en estos a integrantes de las policías Federal, Militar y Naval; estas dos últimas, instituciones castrenses. Ello sin señalarse un límite temporal para el desempeño de tales cargos, por lo que podrían ocuparlos por un período de tiempo indefinido y sin consecuencia alguna.

Así, es necesario insistir: pese a que se estipula que tendrá una naturaleza civil por ser una institución policial más adscrita al ramo de seguridad pública, esto queda en entredicho al nombrarse entre la jerarquía superior de la Guardia Nacional a militares en activo o en proceso de retiro, ya que no existe prohibición expresa alguna en esta normativa para que eso no ocurra.

Y es que hay que tener en cuenta que, además de las violaciones de derechos humanos que han cometido o puedan cometer los militares, está un hecho innegable a considerar: estos no son efectivos para acabar con la criminalidad. De diciembre de 2006 a noviembre del 2018 se ha presenciado un descomunal incremento de soldados en tareas de seguridad pública. ¿Se ha resuelto el problema? La realidad es clara y contundente: no. Más vale calidad que cantidad. Y la calidad tiene nombre: inteligencia para investigar los “altos mandos” de las estructuras criminales altamente organizadas y valentía para golpearlos, sin importar quién caiga.

Basándose aparentemente en la doctrina de las “nuevas amenazas”, en la que se coloca a la seguridad nacional y al orden público como bienes principales a ser tutelados frente a enemigos internos a ser derrotados, el gobierno ha decidido echar mano de la milicia para la ejecución de funciones que deberían ser estrictamente policiales. Concretamente, la doctrina de las “nuevas amenazas” sostiene que, “ante la ausencia de conflictos bélicos en la región, las amenazas principales a la estabilidad de los Estados provienen ahora de la criminalidad organizada transnacional, en particular de actividades ligadas al tráfico de drogas y a fenómenos como la pobreza, las migraciones y el populismo. (5)

Así, tal como lo han expresado varios medios de comunicación, una de las primeras tareas a las que habrá de hacer frente la Guardia Nacional es la de intervenir en la frontera sur de México debido a la crisis migratoria ‒drama humanitario, más bien‒ que se vive en esa parte del país. Se tendrá que estar vigilantes entonces en lo que toca a su desempeño en ese marco, a fin de garantizar que efectivamente cumpla funciones policiales de control y protección de la población involucrada. Actuar bajo la lógica errónea de las “nuevas amenazas” puede conducir a la perpetración de graves violaciones de derechos humanos en perjuicio de quienes ‒por su condición de personas migrantes indocumentadas‒ se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Y es que resulta peligroso que, frente a la urgente necesidad que existe en el país de reducir el flujo migratorio, se defina a quienes intenten ingresar a territorio mexicano por esta vía como el “enemigo interno” del Estado, ya que esto habilitaría a la Guardia Nacional a librar una guerra contra ellos por todos los medios.

* Paula Cuellar Cuellar es investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

 

(1) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Sentencia de 28 de noviembre de 2018, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 179.

(2) Arturo Ángel. 33 mil soldados seguirán en tareas de seguridad pública, sin formar parte de la Guardia Nacional. Animal Político. Disponible aquí (consultado el 11/06/2019).

(3) Patricia Dávila. La Guardia Nacional contará con 80 mil elementos a fin de año: Durazo. Proceso. Disponible aquí (consultado el 11/06/2019).

(4) Santiago Corcuera. Ley de la Guardia Nacional. El Universal (consultado el 11/06/2019).

(5) Muricio Palos. “El impacto de las ‘nuevas amenazas’ en las políticas de seguridad”. En La guerra interna. Cómo la lucha contra las drogas está militarizando América Latina. Centro de Estudios Legales y Sociales, Buenos Aires, 2009, página 6. Disponible aquí (consultado el 14/06/2019).

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