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¿Cuánta corrupción se ha denunciado en tiempos de COVID-19?
En la plataforma #DenunciaCorrupcionCoronavirus reportantes denuncian que afuera de hospitales públicos hay “coyotes” ofreciendo la cama por 1,500 pesos mexicanos a la semana, y que algunas autoridades médicas aceptan “dádivas” para que le den la cama a alguien en especial.
Por Ángeles Estrada y Carlos Guerrero
18 de junio, 2020
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En periodos de emergencia, cuando la escasez se manifiesta y la premura por satisfacer necesidades aumenta, la tendencia es el incremento de los abusos, las malas prácticas y las omisiones por parte de los tomadores de decisiones. Por ello, además de exigir la rendición de cuentas respecto de la macro corrupción –como las compras gubernamentales– es necesario que se registren, atiendan y sancionen los actos de micro corrupción –como las “mordidas” y el cobro de servicios esencialmente gratuitos–.

La corrupción puede medirse a través de dos vías. La primera es la percepción de la corrupción. En ésta, a través de diversas encuestas, tanto especialistas, académicos, académicas, como empresarios y empresarias que tienen sensibilidad y conocimiento sobre un sector o industria específica, ofrecen su impresión sobre el número y la frecuencia de actos de corrupción o de otros fenómenos relacionados. La segunda vía es el registro de la experiencia efectiva de la corrupción. En ésta se requiere la voluntad de personas que hubieren sido víctimas de ese tipo de actos, para contestar una encuesta con veracidad, o bien, para denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes o a través de los mecanismos que tengan disponibles.

Aunque ninguna de las dos vías es sencilla, la relativa a la experiencia de la corrupción puede ser más compleja de medir considerando que, entre 2017 y 2018, el porcentaje de delitos no denunciados en México fue de 93.2%1, y de tales solamente el 5% fueron denuncias de actos de corrupción –aproximadamente 170,000 hechos indebidos–2.

A ello debe sumarse que los medios institucionales para denunciar en México no son suficientes ni seguros. Los “alertadores” –como ha bautizado el gobierno mexicano a las y los denunciantes internos y externos, comúnmente identificados bajo el anglicismo whistleblowers– no cuentan con medidas efectivas de protección, no se les garantiza el anonimato, ni se les otorgan incentivos. Más bien, existe una alta probabilidad de que sufran consecuencias por su denuncia, tales como acoso laboral, amenazas, bullying o incluso la pérdida del empleo.

Bajo esa perspectiva, la falta de denuncia de hechos de corrupción provoca que las autoridades no inicien investigaciones y, por tanto, que estén imposibilitadas para imputar responsabilidades administrativas o penales, todo lo cual incrementa la impunidad.

Incentivar la denuncia era, inclusive antes de la pandemia, uno de los grandes retos de la sociedad latinoamericana. Hoy es una necesidad urgente. Se requiere perfeccionar la legislación y asegurar la efectividad de las garantías de protección al denunciante, contar con procesos claros, diseñar más y mejores vías para denunciar, como portales electrónicos, aplicaciones tecnológicas, líneas telefónicas (hot lines), pero también se necesita una ciudadanía informada que conozca cuáles son sus derechos, quiénes son las autoridades encargadas de recibir y tramitar su denuncia, y qué proceso deben seguir para realizar su reporte y para darle seguimiento.

Desde la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey (ITAC) y Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM), asumimos el reto de generar un mecanismo que permita a los ciudadanos y ciudadanas reportar libre, confidencial y anónimamente tanto actos de corrupción como fallas operativas en la detección, atención y tratamiento de la enfermedad COVID-19. La plataforma #DenunciaCorrupcionCoronavirus nos permite hacer dicho registro y analizar su impacto en tiempo real.

Los resultados son actualizados instantáneamente y están publicados aquí. Al 17 de junio, se han recibido 131 reportes provenientes de 17 entidades federativas, siendo la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos los que llevan la delantera. Del 100% de los reportes, 34% se refieren a fallas operativas denunciadas por trabajadores o trabajadoras del sector salud, 31% a casos de corrupción y de atención médica a cambio de favores sexuales, 24% a fallas operativas reportadas por ciudadanos o ciudadanas y 12% a casos en los que se negó la entrega de resultados de COVID-19 a quienes lo solicitaron.

Los reportes existentes en la plataforma parten en todos los casos de una premisa: la falta de mecanismos y herramientas oficiales y sencillas para poder levantar la voz y denunciar los hechos indebidos que están sufriendo durante la crisis sanitaria por la que pasamos en México.

Las y los trabajadores del sector salud han reportado que se ven obligados a comprar sus propios materiales ante el desabasto. Se ha denunciado también la creación de “mercados negros” de productos de protección dentro de hospitales, así como la omisión de aplicar pruebas a empleados y empleadas en instituciones de salud, notablemente contagiados con coronavirus. En otros reportes, se narra que el personal de limpieza recibe y reutiliza material de protección desechado.

Las y los trabajadores del sector salud, provenientes en su gran mayoría de instituciones públicas reportan la falta de suministro de cubrebocas plisados y N95, así como de trajes Taivet. Las quejas continuamente mencionan la falta de protocolos en la atención y recepción de posibles enfermos de COVID y del resto de los pacientes.

Por su parte, un gran porcentaje de quienes reportan haber sido víctimas de corrupción señalan que algún miembro del personal de salud les solicitó dinero u otros bienes, mientras que otros señalan que se les requirió algún tipo de favor sexual. Asimismo, se denuncian abusos de autoridad y uso indebido de recursos públicos. Se tiene también el registro de algunos casos en los cuales, ante un resultado positivo en la prueba de COVID-19, se negó la entrega del documento que lo acreditase. Algunos reportantes también denuncian que afuera de hospitales públicos hay “coyotes” ofreciendo la cama por 1,500 pesos mexicanos a la semana (aproximadamente, 65 dólares americanos); otros han sido testigos del robo de cajas con insumos médicos, o dicen que algunas autoridades médicas aceptan “dádivas” para que le den la cama a alguien en especial.

#DenunciaCorrupcionCoronavirus, junto con otras herramientas digitales públicas y de la sociedad civil, son claras radiografías de cómo los ciudadanos están lidiando con la crisis de salud motivada por el coronavirus, además de ser un termómetro del funcionamiento de nuestros servicios de salud públicos y privados.

No debe pasar desapercibida la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG)3, que muestra que de 2017 a 2019 el número de víctimas de actos de corrupción aumentó 7.5%4 y que en ese mismo periodo el número de actos de corrupción aumentó 19.2%5, pues el buen o mal manejo de la crisis de salud actual podría disminuir o incrementar esos porcentajes.

Por ello, consideramos que la actitud de las autoridades de nuestro país y de la región latinoamericana debe orientarse a establecer más herramientas eficaces de denuncia que animen a la gente a reportar la micro corrupción que está ocurriendo en laboratorios y centros de salud, así como a partir de la premisa de que los reportes hechos por las personas son reales, veraces y de buena fe.

El Tec de Monterrey y la organización civil DLM seguirán colaborando con autoridades, comités de participación ciudadana, abogados y abogadas, especialistas y demás personas interesadas, para lograr que los ciudadanos y habitantes de México tengan al alcance una herramienta sencilla que les permita reportar actos indebidos, con el objetivo de promover la rendición de cuentas y de recuperar la confianza en las instituciones públicas.

* Ángeles Estrada (@AngEstrada5) es directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, un esfuerzo institucional del Tec de Monterrey por generar ciudadanía conocedora y comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la prevención y el combate a la corrupción. Carlos Guerrero (@CarlosGuerreroO) es presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, una organización civil mexicana que se dedica a promover la rendición de cuentas, con una perspectiva de derechos humanos. Es abogado y maestro en gobierno y administración pública.

 

 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Obtenido de aquí.

2 Sistema Nacional Anticorrupción. (2018). Propuesta de Política Nacional Anticorrupción. Ciudad de México. Obtenido de aquí.

3 Véase la presentación de resultados, metodología, cuestionario y demás documentos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en este enlace.

4 La tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100,000 habitantes, a nivel nacional aumentó de 14,635 en 2017 a 15,732 en 2019. Véase “Tasa de prevalencia de corrupción” en los resultados del Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, disponible aquí.

5 La tasa de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100,000 habitantes, a nivel nacional aumentó de 25,541 en 2017 a 30,456 en 2019. Véase “Tasa de incidencia de corrupción” en los resultados del Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, disponible aquí.

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