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Cuatro casos que desenmascaran un sistema de justicia empeñado en castigar mujeres
El sistema de justicia mexicano está viciado por prejuicios y estereotipos misóginos que criminalizan a las mujeres del país.
Por Sergio Pérez Gavilán
7 de febrero, 2020
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El panorama de acceso a la justicia para las mujeres mexicanas se encuentra en un punto de inflexión. Ahora más que nunca, dadas las condiciones de violencia de género que azotan al país, 10 feminicidios al día, 3,578 feminicidios desde 2015; 2,733 de cada 100 mil mujeres son víctimas de delitos sexuales, entre otros, es desastroso señalar que las mujeres no son solamente víctimas del peligro de los crímenes de la esfera pública, sino también de la vida institucional del país.

Las cifras como la tasa de feminicidios y agresiones a las que se encuentran en situación de la vulnerabilidad son la punta más visible del problema, pero en el fondo los crímenes de Estado se perpetúan con la misma violencia y seriedad. Estigmatizadas, enjuiciadas erróneamente, criminalizadas por no cumplir con papeles sociales, les está costando la libertad a miles de mujeres a lo largo y ancho del país. Los cuatro casos a continuación, acompañados jurídicamente por ASILEGAL, dilucidan cómo a nivel individual se transforman los estereotipos en décadas sin libertad.

Parto fortuito: Melina

Hace 4 años, Melina se encontraba en su casa en un ejido rural del norte del país. Sin conocimiento de su embarazo, siente una incomodidad en el estómago por lo que va a la letrina fuera de su casa. Inesperadamente y sufriendo dolores graves, expulsa lo que parece un coágulo de sangre y regresa al interior de su hogar.

Al cabo de unas horas, un primo menor de Melina va al baño y se percata de la existencia de algo que parece ser un cuerpo sin vida al fondo de la letrina. Avisa a la madre de Melina, Luisa, y ésta decide hablar con las autoridades sobre lo sucedido y comienza una investigación que culmina rápidamente en el arresto de Melina en el hospital donde se recuperaba.

Las autoridades amenazan, estigmatizan y revictimizan a Melina en un proceso en el que se le negó presunción de inocencia y se impone una medida privativa de libertad por el delito de homicidio en razón de parentesco. Melina actualmente sigue privada de libertad, con diez años aún por cumplirse, fruto de haber sido criminalizada por el desconocimiento de su embarazo y sufriendo el estigma estereotipado de la mujer como una madre natural.

Comisión por omisión: Gladys

Gladys es víctima de un sistema institucional y social donde se puede castigar con mayor severidad no estar a la altura de las expectativas de una madre, que ser un abusador de menores. Hace dos años, Gladys y sus hijas vivían en un ciclo de violencia doméstica desmedida en la que el padre aterrorizaba inmisericorde y constantemente a las tres. El hombre incluso llega a amenazar la vida de las tres, cosa que Gladys logra detener, salvando a sus hijas, pero sufriendo graves quemaduras en todo el cuerpo. Él fallece en el incidente.

Después de vivir la escena donde el propio padre de sus hijas pretendía terminar con su vida y la de sus hijas, Gladys aumenta su drogodependencia al cristal. Su hermana, en busca de corregir su adicción, la corre de su casa y termina viviendo en casa de dos sujetos, primos del padre fallecido. Una relación asimétrica de poder se establece de nuevo. Ahora, con ellos como patrones económicos y dadores de la sustancia a la que ella es adicta, la vulnerabilidad doméstica se replica de nuevo.

Un día, después de consumir, y con su hija bajo su tutela, Gladys se desmaya. Los tíos de la víctima, aprovechándose de la conexión familiar y de la incapacidad de Gladys para responder, abusan sexualmente de su hija. Al ser descubierto el abuso, todas las partes son traídas ante el sistema de justicia, mismo que termina por dictaminar una sentencia de 15 años para Gladys por no cumplir apropiadamente con su rol de madre, mientras que, por un mecanismo de admisión de culpa, los abusadores recibieron 10. Gladys continúa privada de libertad por un estereotipo que ataca y deshace las vidas de miles de mujeres.

Defensa propia: Yamel

La defensa propia, siendo mujer, se castiga con cárcel. Yamel es una mujer que llevaba una vida en tranquilidad hasta que su pareja comenzó a someterla a un abuso físico, emocional y psicológico después de 4 años de relación. El abuso doméstico se sirvió de una creciente espiral de violencia que culminó, en más de una ocasión, con Yamel internada en el hospital por los golpes que recibía.

La relación asimétrica de poder, en conjunto con una falta de redes de apoyo, comenzó a sentenciar a Yamel antes de que sucedieran los hechos. Las autoridades eran conscientes del abuso que recibía, incluso, pero no habían actuado en su favor. Una vez que se presentó para denunciar, la regresaron sin asistencia alguna pues “no tenía suficientes golpes”. Las cosas continuaron un curso del que nadie debería formar parte.

Poco tiempo después, en uno de los desplantes de violencia en el que también eran amenazados sus hijos, Yamel decide defenderse y su pareja pierde la vida. El sistema de justicia, haciendo de nuevo caso omiso a las realidades contextuales y sin un ápice de criterio de género o derechos humanos, la condenan a 16 años sin libertad. Cumple 11 años, 5 meses con 6 días hasta que es capaz de acceder a los beneficios preliberacionales que otorga la ley y actualmente está de regreso con su familia. Sin embargo, queda el vacío de una década sin libertad, de ver a sus hijos crecer, por defenderlos y a sí misma de su padre.

Violencia institucional y doméstica: Blanca

Blanca es una mujer indígena que fue sustraída, por medio del matrimonio, de sus círculos de apoyo. Al tener poco contacto con el mundo exterior ya que su esposo no le permitía llevar a cabo actividades sin su permiso expreso, fue progresivamente alienada de generar posibles conexiones interpersonales además de su pareja. Con ello, se comenzó a gestar una relación en la que ella no tenía capacidad de defenderse de la violencia.

Después de 10 años de estar casada, Blanca se embaraza de su primera hija. Ella nace sin complicación alguna, pero la relación toma un giro violento. Él, progresivamente, comienza a ser más abusivo y controlador con Blanca, y la bebé comienza a sufrir las consecuencias. Un día, la bebé presenta un estado grave de salud por “una caída”, según declaró el padre, fue llevada al hospital de emergencia, donde los doctores determinaron que por la cantidad de golpes no era posible que sólo fuera una caída.

La bebé fallece y la investigación se pone en curso. Blanca, sin acceso a un traductor que pudiera explicarle el proceso en su contra pues no hablaba español, es llamada a declarar, donde amenazada por su esposo, termina por incriminarse de las acciones que él hizo. Por una falta de perspectiva de género para mínimamente analizar el contexto situacional, se dictamina su culpabilidad con 20 años privada de libertad y una “reparación del daño” de $39,000 pesos a su esposo. Después de 2 años decide contar la verdad de los golpes que sufrió su hija y la violencia con la que era recibida en caso de defenderla, pero igual con esto y el apoyo de más testigos, no fue suficiente para absolverla. Tuvo que esperar 13 años para conseguir una libertad condicionada, misma que sigue delimitando su capacidad para independizarse y construir un nuevo proyecto de vida para sí misma.

Estos casos, si bien particulares, se pueden encontrar una y otra vez reproducidos indiscriminadamente a lo largo del país, denotando la terrible severidad con la que las mujeres en conflicto con la ley penal sufren castigos desde las esferas públicas y privadas mexicanas. Blanca, Melina, Yamel, Gladys y todas las demás mujeres sin voz, rostro o defensa, privadas de libertad en los centros del país, no son sólo víctimas de relaciones asimétricas de poder, sino también de un Estado inquisidor del crimen de ser mujer.

* Sergio Pérez Gavilán es periodista de investigación de @AsilegalMx.

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