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Cuidado con las iniciativas sobre seguridad interior
Llama la atención que a 10 años de la guerra contra el narco, militares, Ejecutivo y Legislativo quieran legalizar las actividades de las Fuerzas Armadas.
Por Blog Invitado
27 de diciembre, 2016
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Por: Tania Ixchel Atilano

Actualmente en nuestro país escuchamos recurrentemente el término de “seguridad interior”. Por un lado, el general Salvador Cienfuegos ha demandado en varias ocasiones un “marco jurídico” para las Fuerzas Armadas, y por el otro, el PRI y PAN han presentado iniciativas en materia de seguridad interior. En cuanto al marco jurídico de las Fuerzas Armadas, hay que señalar que éste no solo significa otorgar más facultades al Ejército, Marina y Fuerza Aérea, sino también significa limitar las actividades de los mismos, restringiendo estas actividades a las relacionadas con conflictos armados, ya sea en su variante nacional o internacional.

En relación con las iniciativas de PRI y PAN, éstas extienden las facultades de las Fuerzas Armadas mediante la definición del término “seguridad interior”. La Constitución Mexicana en su Artículo 89, fracción VI, otorga al Presidente de la República facultades para preservar la Seguridad Nacional en términos de la ley respectiva, así como también disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. La definición de seguridad interior no la encontramos en la Constitución, pero podría especularse que al momento de redactar la misma se referían a sucesos similares a guerras civiles, mientras que la defensa exterior podría definirse en términos de un conflicto armado internacional. Una referencia que sustentaría lo anterior la encontramos en el Código Penal Federal, en los delitos de rebelión y sedición.

Ahora bien, el concepto de “seguridad nacional” fue añadido a la Constitución en el año de 2004 durante el sexenio de Vicente Fox. Dicha adición permitió al Presidente de la República la facultad expresa de preservar la Seguridad Nacional. Este término no está definido en la Constitución y se remite a la Ley de Seguridad Nacional, en la cual se regulan las acciones para mantener la integridad del Estado Mexicano. En síntesis, esta Ley puede leerse como un conjunto de normas de naturaleza organizativa que pudieran derivar en política pública, pero que en ningún caso pudieran traducirse como marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a la justificación constitucional de la utilización de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, es necesario recordar la expansiva interpretación que dio la SCJN en la “Acción de Inconstitucionalidad 1/96”, en relación a las facultades de auxilio a la autoridad civil por parte de las Fuerzas Armadas. Al hacerse alusión a este caso, muy pocas veces se menciona que la interpretación que dio la SCJN fue previo a la incorporación del término seguridad nacional, así como también que la Corte estimó que los casos en los que participarían las Fuerzas Armadas podrían controlarse con rapidez. Condición que, como hemos podido atestiguar, no se actualiza para el combate al narcotráfico. También resulta oportuno señalar que en la Acción de Inconstitucionalidad 1/96, la SCJN mezcla los términos “seguridad pública”, “seguridad interior” y “seguridad exterior” al señalar que el narcotráfico es un problema que afecta a los tres ámbitos y que por ello es necesaria la participación de las Fuerzas Armadas. Igualmente, en su argumentación construyen el concepto de seguridad pública interior, lo cual da lugar a confusión y poca claridad de los términos.

Las distinciones terminológicas que arroja la Constitución serían posible zanjarlas en términos de las Convenciones de Ginebra de 1949, las cuales regulan los conflictos armados internacionales e internos. Es decir, la seguridad interior podría definirse en términos de un conflicto armado interno y la defensa exterior en términos de un conflicto armado internacional. Sin embargo, aún a pesar de que hemos firmado las Convenciones de Ginebra desde 1953, no se han traducido estas disposiciones en la legislación interna. Sí el orden jurídico mexicano implementara las categorías de las Convenciones de Ginebra, no habría lugar a dudas de que las Fuerzas Armadas solo serían desplegadas en el marco de un conflicto armado ya sea interno o internacional. Lo anterior además sería congruente con el Art. 129 Constitucional, el cual señala que en tiempos de paz ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Implementando las categorías de Conflicto Armado Interno e Internacional, se definiría lo que es disciplina militar y con ello quedarían excluidos sin lugar a dudas conceptos como la Seguridad Pública, así como los supuestos que las iniciativas definen como “afectaciones a la seguridad interior” del ámbito militar.

Haciendo uso de la interpretación de la SCJN y de la reforma del 2004 en términos de ampliación de facultades del Ejecutivo, se justificó el despliegue de las Fuerzas Militares en actividades destinadas a ser ejecutadas por la autoridad civil, sin necesidad de activar el Artículo 29 constitucional, concerniente a la suspensión de garantías. El término de seguridad interior fue poco utilizado o usado de manera indistinta, junto con el término de seguridad nacional o seguridad pública. 

A partir de la lectura de las dos iniciativas que analizaremos a continuación puede deducirse que la autoridad legislativa se ha percatado de esta laguna jurídica o de esta “ventana” de actuación que aún les queda a disposición, para poder justificar o “legalizar constitucionalmente” el uso de las Fuerzas Armadas para circunstancias mucho más genéricas que las relacionadas con el crimen organizado o el narcotráfico. Es decir, a partir de esta ventana que ofrece la fracción VI del Art. 89, lo que se pretende es justificar constitucionalmente y sin lugar a dudas o posteriores debates jurídicos el despliegue de las Fuerzas Armadas en la cotidianidad del país.

Sin duda es de llamar la atención que después de 10 años de la llamada guerra contra el narco y de los múltiples episodios en los que las Fuerzas Armadas han estado involucradas, como lo fue por ejemplo su participación en la disolución de la huelga de Cananea en 1989, tanto las autoridades militares, el Ejecutivo y el Legislativo expresen su deseo de legalizar las actividades de las Fuerzas Armadas.

Las iniciativas definen a la Seguridad Interior como una función (PRI) o condición (PAN) y ambas coinciden en que su objeto es preservar el orden constitucional, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Asimismo, las conductas que definen como peligros a la Seguridad Interior se refieren a comportamientos como obstaculización de servicios públicos, de áreas estratégicas o prioritarias, de programas federales, inhabilitación de infraestructura, entre otros. Estos supuestos podrían actualizarse en eventos como los de la CNTE, protestas contra la reforma energética, expropiaciones, etc. Igualmente, justifican el uso de la fuerza para actos de resistencia no agresiva. Este supuesto obliga a preguntarnos qué entiende el legislador por “resistencia no agresiva”, ¿encuadrarían en este supuesto las manifestaciones?

Es importante mencionar que ninguna de las dos iniciativas específica el tipo de armas que se utilizarían para cada una de sus nuevas facultades. Si consultamos las cifras de las compras de armamento hechas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, podemos observar que un buen número de las armas compradas son helicópteros que están diseñados para atacar desde el aire. Un ejemplo del uso de estos helicópteros lo observamos en el caso de Nochixtlan, donde se ocuparon dos helicópteros black hawk de los cuales fueron lanzados gases lacrimógenos. Asimismo, la compra de armamento ha aumentado de forma notable, pues según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en el año 2015 se gastaron un total de 500 millones de dólares en la compra de armas y equipo militar, mientras que en el año 2014 se gastaron únicamente 97 millones de dólares.

En el año de 2015, de estos 500 millones, 305 fueron gastados en equipos de aviación, como por ejemplo la compra de 12 unidades Cessna- U206, usadas para actividades de vigilancia. De los datos del SIPRI también se puede constatar la compra de helicópteros Black Hawks UH-60M en su versión armada. Este modelo de helicóptero esta equipado con el siguiente armamento: 2 armas automáticas de 7.62 mm., misiles AGM-114 hellfire y cohetes hydra- 70. Por lo tanto, es muy necesario delimitar qué tipo de armamento utilizarían las Fuerzas Armadas y para que actividades.

Según los artículos 22 y 29 de la iniciativa del PAN, las actividades no solo se limitarían al uso de la fuerza sino también posibilitarían la inspección de personas y bienes, la ejecución de órdenes de aprehensión, la detención de personas y la prevención del delito. Hay que subrayar que uno de los supuestos permite a la Fuerzas Armadas (…) controlar a una persona que se resista a la detención en caso de flagrancia. ¿De qué forma se realizaría este control? ¿Mediante el disparo de armas de fuego, armas de electrochoque o con auxilio de alguno de los equipos de ataque que hemos mencionado? ¿Se permitirán tanques? En este mismo tenor vale la pena detenerse en las facultades como la instalación de puestos de revisión, la inspección de personas y bienes, ¿que pasaría si una persona se niega a que lo inspeccionen o a que inspeccionen su domicilio? De la lectura de las iniciativas es claro que se haría uso de la fuerza, por lo tanto estaríamos ante limitantes del libre tránsito, de la integridad personal, así como de la intimidad (en el caso de la inspección de bienes).

Este tipo de intervenciones por parte de las Fuerzas Armadas no debería sorprendernos al comparar las mismas con la reciente promulgación del Código Militar de Procedimientos Penales.

Por las razones antes mencionadas es muy necesario no perder de vista el curso que tomen estas iniciativas, pues corremos el riesgo que cualidades democráticas como la protección a la vida, la libre expresión de las ideas o el libre tránsito se erosionen.

 

 

* Tania Ixchel Atilano Camacho es doctoranda en Derecho en la Universidad Humboldt de Berlín y becaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

 

 

Datos tomados de la página del Stockholm International Peace Research Institute , disponible aquí, consultado el 11.12.2016.

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