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De la prisión a Naciones Unidas
Es necesario que poblaciones afectadas por las políticas de drogas punitivas asistan a los foros internacionales. Las voces de mujeres como yo, ex privadas de la libertad, así como de mujeres usuarias, cultivadoras, transportistas, vendedoras, familiares, entre muchas otras, tienen que ser oídas.
Por Natacha Lopvet
18 de abril, 2019
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Desde las paredes grises, detrás de las cuales cumplí una condena de diez años por transportación de droga y que abandoné hace dos años, viajé hacia los altos edificios de las oficinas de las Naciones Unidas. Una estrecha vigilancia regía el espacio en donde la protesta no es bienvenida y en donde la diplomacia y el verbo protocolar son de rigor. El único detalle colorido son las banderas que ondulaban al ritmo del clima vienense. Ahí alcancé el que parecía un inalcanzable sueño de cualquier persona privada de la libertad en el mundo.

Ante la 62da sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND por sus siglas en inglés) mis preguntas, criticas e incertidumbres fueron numerosas. Presencié un centenar de mesas de trabajo y conversaciones en torno a las políticas de drogas en el mundo. Quedé impresionada de descubrir una gran cantidad de informes, datos, evidencia científica, testimonios y relatos que reflejan las problemáticas encontradas en cada país, en cada región, en la materia.

Si bien las organizaciones de la sociedad civil podrían considerarse como guardianas de la democracia, por recordarles a los Gobiernos sus deberes como Estado, su presencia masiva este año refleja, entre otras cosas, el incremento de vejaciones y violaciones de derechos humanos, la falta de libertades, el empobrecimiento, la criminalización, el encarcelamiento masivo, las carencias estructurales y la violencia que padecen cientos de comunidades del mundo, frente a la política punitiva de drogas en diferentes países. Pese a que no es del agrado de muchos, las organizaciones de la sociedad civil ocupan un lugar preponderante en Naciones Unidas. Son quienes dan a conocer información que contrasta la entregada por los gobiernos. Son aquellas que construyen puentes entre las comunidades afectadas y las agencias de la ONU, ya que la mayoría de los gobiernos se rehúsan a implementar políticas públicas que protejan los derechos humanos de todas y todos.

Las organizaciones tienden estos puentes, pero es necesario que poblaciones afectadas por las políticas de drogas punitivas asistan a estas reuniones. Las voces de mujeres como yo, ex privadas de la libertad, así como de mujeres usuarias, cultivadoras, transportistas, vendedoras, familiares, entre muchas otras, tienen que ser oídas en estos foros. Juntas observamos la urgencia de que las y los representantes escuchen no solamente lo relativo a prevención y tratamiento de adicciones, sino también respecto a las múltiples violaciones a derechos humanos relacionadas con el encarcelamiento masivo derivado de las políticas punitivas de drogas.

El rol de las agencias internacionales no puede limitarse a inspeccionar las condiciones de reclusión. Estas tienen que acercarse a quienes habitan las prisiones y escuchar las voces de las mujeres afectadas por esas políticas, tienen que indagar bajo qué criterios han sido encarceladas, verificar que sus derechos humanos han sido protegidos, e incidir en reparar el daño hecho por las autoridades, así como crear medidas de no repetición.

Existe una desconexión con la realidad. Esto se puede ver en las políticas comunes de tolerancia cero a las drogas, implementadas por diversos gobiernos. Con esto se ha llevado a prisión, durante años, a decenas de mujeres, madres, jóvenes, por posesión o transportación de drogas, destrozando núcleos familiares y condenando a mujeres a la búsqueda de vidas dignas en medio de la violencia generada por la guerra contra las drogas.

El gobierno mexicano, por su parte, endurece su política prohibicionista. Sorprende que, frente a ello, las agencias internacionales encargadas de la política de drogas en la ONU no hayan propuesto limitar el daño causado, precisamente, por la estrategia fallida de la guerra contra las drogas, mediante la legalización, regulación y/o despenalización de las drogas, y la prevención de adicciones. La propuesta más relevante es el tratamiento para las adicciones, la cual no solo no es propuesta de fondo sino que es un parche al fenómeno de consumo que niega las evidentes consecuencias de la guerra contra las drogas de esta última década, entre ellas el encarcelamiento masivo.

Nuevamente, estoy decepcionada de constatar que la administración de una prisión refleja la gestión de un país. Sólo que ahora me tocó constatarlo a nivel internacional. Las propuestas, iniciativas y acciones presentadas no conllevan un cambio estructural profundo y tangible que mejore la situación de las personas en centros penitenciarios, aquellas quienes están en conflicto con la ley por delitos contra la salud.

Las y los delegados de los diversos gobiernos se rehusaron a contestar preguntas. A las agencias de la ONU les costó reconocer el fracaso de la década pasada, y no presentaron propuestas concretas frente al desastre y el desarrollo sin freno de la construcción de un sistema carcelario privado.

Basándome en mi experiencia y en las cientos de historias que escuché en mi paso por prisión, en el evento procuré poner en el centro de las preocupaciones la necesidad de crear propuestas enfocadas en el ser humano, el impacto que tiene la prisión en su vida, su estado psicológico, su familia, su pueblo, su provincia, su ciudad, sobre la sociedad entera.

Para que las políticas públicas evolucionen, tienen también que evolucionar quienes las implementan. Durante mi estancia en Viena observé que las y los integrantes de la ONU no necesariamente se conmueven por los informes que reportan el daño causado por la guerra contra las drogas y tienen poco acceso a testimonios de las personas afectadas. ¿Cómo incidir de manera más efectiva para lograr cambios en las políticas de drogas mucho más pronto? Parece que el papel y las cifras ya no son suficientes. Parece ser que, para la próxima sesión, tendremos que llegar con grandes delegaciones de mujeres ex privadas de la libertad, mujeres usuarias, cultivadoras, transportistas, vendedoras, familias enteras, para que finalmente se reconozca la crisis y, por ende, la urgencia de modificar las fallidas políticas en materia de drogas alrededor del mundo.

 

* Natacha Lopvet es Oficial de Proyecto de EQUIS Justicia para las mujeres (@EQUISJusticia).

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