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De la violencia política institucional contra las mujeres en las elecciones 2021
Alrededor del proceso electoral se reflejaron dos grandes amenazas contra las mujeres. Primero, la resistencia patriarcal, para no lograr una verdadera democracia paritaria e incluyente ejercida a través de la violencia política inhibiendo la participación pública de las candidatas y aspirantes. Y, segundo, la institucionalización de la violencia política contra las mujeres.
Por Ana Fátima López Iturríos
10 de junio, 2021
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Finalizó la elección más grande del país; más de 20,000 cargos de representación popular se disputaron en los diferentes niveles de gobiernos, y sin embargo, nos encontramos ante un grave problema que no cesa aún: la violencia política institucionalizada.

Alrededor del proceso electoral se reflejaron dos grandes amenazas contra las mujeres. Primero, la resistencia patriarcal, para no lograr una verdadera democracia paritaria e incluyente ejercida a través de la violencia política inhibiendo la participación pública de las candidatas y aspirantes. Y, segundo, la institucionalización de la violencia política contra las mujeres.

Desde enero de este año la amenaza de muerte -acompañada de una cabeza de cerdo en Santa Lucía del Camino, Oaxaca fue un hallazgo desgarrador. Y el primer aviso de lo que significarían las intimidaciones y violencias hacia las mujeres durante el proceso electoral.

Posteriormente, el asesinato de la doctora Ivonne Gallegos -también en Oaxaca- consumaría la idea de que, en aquel estado, la impunidad rige en las decisiones de la vida pública. Es lamentable ver cómo ya durante las campañas las formas de violencia contra las mujeres se recrudecieron. Ya no bastaba en decirles que se iban a morir, ahora señalaban que abusarían sexualmente de la candidata, sus hijas o familiares. Esto fue en aumento, se vivieron secuestros y privaciones de la libertad, incluso contra los equipos de campaña. En ocasiones había incluso simulaciones de muerte.

A una candidata en Ciudad Juárez le arrojaron afuera de su casa lo que parecería ser un cuerpo para que dejara de estar participando políticamente. En Valle de Bravo, la candidata a la alcaldía fue retenida por unos sujetos armados y estuvo privada de su libertad. En Guerrero otra candidata fue secuestrada junto con su equipo. En Acámbaro, Michoacán, una candidata fue amenazada y cuando se subió a su camioneta fue baleada, ella y su equipo resultaron ilesos pero la violencia, simbólica, económica y patrimonial que se ejerció, dejó daños permanentes.

El informe Etellek 1 señala que dentro de esta elección 17 personas decidieron declinar a su aspiración debido a las amenazas, agresiones y constantes violencias, de las cuales podemos señalar seis mujeres que debido al clima electoral adverso, hacia ellas, sus familiares y sus equipos de trabajo, logró que se bajaran de la contienda. El impacto es terrible, pues se sigue reproduciendo la idea en el imaginario social que ser política en un país donde no se respeta la participación activa de las mujeres es una decisión que te puede costar la vida.

Ejemplo de la anterior es la candidata a la alcaldía del municipio de Pungarabato en Ciudad Altamirano, Guerrero, renunció luego de recibir amenazas de una organización criminal que opera en la región de Tierra Caliente. En Morelos la candidata a la presidencia de Xochitepec también renunció después de hacer valer los medios de impugnación correspondientes por las amenazas recibidas, lo que demuestra que el terror es el principal aliado de los agresores y la impunidad su escudo para seguir reproduciendo la violencia.

En Veracruz, la candidata a la alcaldía de Cuichapa abandonó la contienda electoral por presuntamente recibir amenazas de muerte. Mientras que en Jalisco, dos candidatas por la presidencia municipal en Jilotlán de los Dolores tuvieron que renunciar a su aspiración debido a las amenazas que vivieron aunado a las condiciones hostiles y alarmantes que vive el municipio vecino de Teocaltiche, que a consecuencia del crimen organizado vive un desplazamiento forzado interno. Y no es el único municipio de la región, hay información que señala que en Tequila un partido retiró a un candidato “por temas de paridad”. Sin embargo, extraoficialmente se notificó que ninguna mujer quiso ocupar dicha candidatura al considerar que no existían las condiciones para hacerlo.

Muestra de la violencia en contra de las mujeres que aspiran a ocupar cargos de representación popular es lo acontecido el viernes previo a la elección en Puebla, cuando durante la veda electoral se dejó este mensaje a la candidata a la presidencia municipal de San Juan Atenco:“Te doy dos horas para que renuncies a la candidatura, el que te avisa ya pronto lo conocerás”.

Durante la jornada electoral del pasado domingo, de último momento declinó la candidata por la alcaldía de Badiraguato, tras el “levantón” del que fue víctima su hermano. En Tijuana se tiraron cabezas humanas en las casillas para votar. ¿Qué mensaje de terror están mandando con estas acciones tanto para la ciudadanía, funcionariado de casillas y representantes de partidos?

Esta es una pequeña fotografía de los casos de violencia que ha recorrido el país de norte a sur para impedir, bajo cualquier forma, la participación política de las mujeres. Sí tenemos el artículo 41 constitucional que nos otorga la paridad en el ámbito legislativo, pero ¿de qué sirve la paridad, si no tenemos las condiciones sociales y económicas para que las candidatas puedan decidir aspirar a los cargos libres de violencia?

En cuanto a la institucionalización de la violencia, de noviembre a abril creció y se vivenció el temor de que un presunto violador fuera candidato a gobernador. Si bien no se confirmó su candidatura, no fue por evitar la violencia simbólica, sino por una cuestión administrativa. Al día de hoy la hija de este personaje, cuya candidatura fue muy cuestionada, es quien ganó la contienda.

El titular del Ejecutivo Federal constantemente hizo mención de que las exigencias de las mujeres para parar la violencia política son politiquerías o que “ya chole” con sus peticiones; lo que nos responde su postura, repitiéndonos lo que nos han dicho por años para ocultar la violencia: las mujeres somos histéricas, estamos locas, somos exageradas.

La verdad es otra: las mujeres somos históricas, y a pesar de toda la violencia que hemos recibido por las autoridades administrativas, electorales y judiciales seguimos en la lucha por la paridad en la representación popular. Ejemplo de dicha violencia por la que nos califican como exageradas e histéricas se ve representada en la sentencia recién emitida por la Sala Superior del Tribunal electoral, donde establece que solo las autoridades jurisdiccionales electorales pueden declarar la pérdida de la presunción del modo honesto de vida, y con esto, de las tres candidaturas que se habían logrado bajar, con la tres de tres contra la violencia, dos se recuperaron.

La sentencia se emitió a pesar de que se contaba con otras resoluciones que confirmaron el ejercicio de violencia política de género, mismas que fueron consideradas por el Instituto Nacional Electoral para cancelar las candidaturas, aunque por asuntos procedimentales, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ignoró, restituyó la postulación de dos aspirantes a diputaciones federales.

Esta violencia institucional es un gran golpe para todas las mujeres que han vivido y denunciado violencia política, puesto que hizo nugatoria la vigencia de las sanciones por incurrir en estas prácticas de violencia de género, porque debe ser una autoridad jurisdiccional la que determine que “no tienen un modo honesto de vivir”. Como diría cierto personaje, Y ahora, ¿quién podrá defendernos de la violencia institucional?

El modo honesto de vivir en sí no era impedimento para que los agresores puedan llegar a ser candidatos, solo ayudaba a inhibirlos un poco. Puesto que aún con los lineamientos, hoy contamos con agresores electos que, ignorando la tres de tres, obtuvieron su curul. Por ende, con esta resolución se enarbolarán sus intenciones y aspiraciones para seguir callando y eliminado la participación activa de las mujeres.

En Jalisco una regidora tuvo que desaparecer, literalmente, debido a las amenazas sufridas por el presidente municipal y el crimen organizado. Valientemente denunció la violencia política; cuando encontró las condiciones para regresar, obtuvo su sentencia, la restituyeron en su cargo y se determinó que su agresor sí había ejercido violencia. Aún así, horas después, este violentador fue registrado como candidato en Cihuatlán, porque la sentencia fue recurrida ante la instancia electoral.

Pero hoy ya es un diputado electo, que tomará protesta en octubre, lo que demuestra que no importa las agresiones que vivamos o que tengamos que salir del país para poder estar seguras, el machismo disfrazado de democracia siempre encontrará la forma de eliminar las aspiraciones legítimas de las mujeres y con ello, aminorar las participaciones independientes de otras candidatas que puedan llegar, limitando así estos espacios únicamente para las mujeres que le son cómodas a los partidos y al sistema político patriarcal.

* Ana Fátima López Iturríos es Directora Nacional de la Red de Abogadas Violeta

 

 

1 Se puede consultar el informe en este enlace.

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