De los hospitales a las cárceles: sobre el cierre de psiquiátricos en México
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De los hospitales a las cárceles: sobre el cierre de psiquiátricos en México
El cierre de hospitales psiquiátricos va en contra de la progresividad del derecho a la salud, representa una sobrecarga de cuidados a las mujeres y aumenta el riesgo de que las personas con problemas graves de salud mental vivan en contextos de calle o cárcel.
Por Silvana Carranza Navarro
7 de junio, 2022
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El pasado 16 de mayo fue publicada una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones que, entre otras cosas, establece que no se deberán construir más hospitales especializados en psiquiatría y que los actuales se convertirán en hospitales generales.

A raíz de la pandemia, la demanda de atención en salud mental ha aumentado aproximadamente un 30%. De acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría, el verdadero costo de la pandemia se apreciará a largo plazo de la mano del deterioro de las condiciones socioeconómicas a raíz de la informalidad y el desempleo que tendrá como consecuencia el deterioro de la salud mental de la población.

Al igual que muchos otros padecimientos de salud pública, la atención de la salud mental requiere de los tres niveles de atención médica, especialmente cuando se trata de trastornos psiquiátricos considerados como graves, pues es ahí cuando se vuelve necesario contar con infraestructura, equipos y sobretodo personal médico especializado y no solamente capacitado, para brindar diagnósticos, manejar medicamentos adecuadamente, entre otros factores.

Uno de los retos más grandes para las y los pacientes psiquiátricos es la adherencia a los medicamentos que depende, en gran medida, de las redes de apoyo principalmente de las familias, las cuales juegan un papel importante en los cuidados y en la contención de las y los pacientes. Sin embargo, asignar la responsabilidad de la atención de estas condiciones a las y los familiares representa una carga todavía mayor al trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres, sin mencionar los altos costos de los medicamentos, que por cierto, ningún seguro médico privado los cubre.

Además, en un importante número de casos, los contextos familiares son complejos, violentos e incluso estigmatizantes, por lo que la corresponsabilidad del Estado tiene un rol fundamental para que las y los pacientes no caigan en situación de calle, abandono social, o incluso, sean privados y privadas de su libertad.

Debido a la escasez de información sobre salud mental y al estigma social sobre el tema, es una realidad que muchas personas con problemas graves de esta índole, sin atención médica adecuada, llegan antes a la cárcel que a una institución de atención de salud mental. Sin detección temprana, medicamentos de calidad y atención médica especializada, las cárceles seguirán siendo, en muchas ocasiones, el destino  de personas inimputables, es decir, aquellas que no cuentan con la capacidad de comprender cabalmente las consecuencias de sus actos.

Desde la Organización Comunitaria por la Paz (OCUPA) consideramos que es necesaria una ruta clara y estructurada, que permita el internamiento voluntario en hospitales psiquiátricos con presupuesto suficiente que permita a las y los pacientes acceder a un nivel de atención adecuado, incluso si no tienen familia o no existe en su red de apoyo alguien que pueda o decida hacerse cargo.

Es urgente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cumpla con su labor de evitar el abandono de este retroceso. Quedan diez días de plazo para que ejerza su facultad constitucional y se pronuncie en contra del cierre de hospitales psiquiátricos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que dicha reforma va en contra de la progresividad del derecho a la salud, representa una sobrecarga de cuidados a las familias -particularmente a las mujeres-  y  aumenta el riesgo de que las personas en esta situación vivan en contextos de calle o cárcel.

* Silvana Carranza Navarro es Coordinadora de Trabajo Comunitario en OCUPA A. C. (@ocupa_mx).

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