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De violencias, austeridad y derechos de las mujeres
El Estado mexicano no ha adoptado medidas diferenciadas ni complementarias para asegurar que el confinamiento no derive en más violencias para las mujeres.
Por Guillermo Rodríguez y Sandra Alarcón
31 de agosto, 2020
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El COVID-19 llegó a un país que tuvo en 2019 el año más violento contra las mujeres desde que se tiene registro, con máximos en delitos contra la vida, la integridad, la libertad y la seguridad sexual, así como por violencia familiar. Los niveles sostenidos de violencia en el espacio privado y la militarización del espacio público, en escalada a partir de 2006, se suman a múltiples causales, en un complejo preludio para este incremento de violencia, que el confinamiento social sólo ha acentuado aún más.

Por ello, distintas organizaciones comunitarias, locales, nacionales y regionales que promovemos y trabajamos por la protección de los derechos humanos de las mujeres dirigimos un informe a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer. En el documento destacamos que la crisis de violencia contra las mujeres ya era una realidad en México cuando la contingencia llegó y sostenemos que ésta ha profundizado de una manera todavía difícil de dimensionar las violencias que las mujeres experimentan cotidianamente, y de la cual no están exentas las defensoras de derechos humanos.

Según los registros oficiales (que no dejan de ser problemáticos por razones que exceden al alcance de este texto), el agregado de carpetas de investigación por feminicidio y homicidio doloso cuya víctima es mujer entre marzo y junio de 2020 ya superó al mismo periodo de los dos años previos. Los primeros dos meses de la contingencia reportaron un incremento notable en comparación con 2018 y 2019; y aunque hubo una fuerte caída en la apertura de carpetas de investigación en mayo, éstas repuntaron en junio para alcanzar una cifra igualmente alarmante.

Para redondear el análisis dentro de lo que permiten los registros oficiales, vale señalar que en todos los meses de la pandemia, las llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar han estado por encima del promedio de los últimos cuatro años. Aun cuando la Jornada Nacional de Sana Distancia concluyó el 30 de mayo, junio ha sido el segundo mes con más llamadas de emergencia de este tipo desde el inicio de las medidas de distanciamiento social.

En el mismo sentido, los feminicidios, en el mes de junio alcanzaron la cifra más alta de lo que va del año 2020, con un promedio de 10.3 crímenes de mujeres por día.

Más allá de lo que dicen las cifras, durante los primeros meses de la pandemia, organizaciones locales lograron documentar que, además de agresiones, la contingencia ha significado mayores barreras para la atención de la violencia, el acceso a la justicia y a la salud reproductiva, con impactos diferenciados, además, según ingreso, etnia o edad. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” documentó que solo 1 de cada 3 casos de violencia bajo su monitoreo pudieron derivar en una denuncia, ya que solo hubo una guardia rotativa en la agencia especializada de casos de violencia contra la mujer para toda la región de la montaña de Guerrero. Por su parte, las compañeras de la Red Solidaria de Michoacán, de la mano con la Red Tepeni, atestiguaron que la virtualidad en el sistema de administración de justicia ha creado nuevas barreras para las mujeres indígenas de la meseta purépecha.

En lo que corresponde a salud reproductiva, a nivel global, el UNFPA ya advirtió “consecuencias catastróficas para la salud de las mujeres en el marco de la propagación de la pandemia de COVID-19”. Según el Fondo, más de 47 millones de mujeres en el mundo podrían perder su acceso a anticonceptivos, lo que provocaría 7 millones de embarazos no planeados en los próximos meses.

En el caso de México, estos obstáculos para acceder a la salud reproductiva se explican en buena medida porque los hospitales y centros de salud están priorizando la atención de casos de COVID-19 y lo que bajo su criterio es considerado una emergencia. Según información al alcance de UNASSE en Yucatán, los nosocomios de la entidad están desestimando casos de violencia sexual y aborto por violación por no considerarles suficientemente graves. Aun cuando la Ley General de Víctimas, el reglamento de la Ley General de Salud y otras normas mexicanas las reconoce, de hecho, como emergencias.

Ante la saturación del sistema de salud pública, el resto de las autoridades no han estado necesariamente a la altura de las circunstancias para evitar que la pandemia represente un deterioro en la cobertura de los derechos sexuales y reproductivos. Así lo reporta Gobernanza MX desde Quintana Roo, organización que ha documentado cómo los distintos apoyos para aminorar el impacto del confinamiento en la entidad no han tomado en cuenta la atención y prevención de enfermedades de transmisión sexual ni de métodos anticonceptivos.

La austeridad como regresión

Frente a este desolador panorama, el Estado mexicano no ha adoptado medidas diferenciadas ni complementarias para asegurar que el confinamiento no derive en más violencias para las mujeres. Lamentablemente, el Gobierno de México ha respondido con una austeridad acentuada que en la práctica significa una renuncia a las capacidades del Estado para garantizar los derechos humanos de la población, incluidas, desde luego, las mujeres.

México ha adquirido distintas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y derechos de las mujeres en particular, derivadas de tratados como la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará). Estas conllevan la responsabilidad de garantizar recursos públicos suficientes y progresivos para implementar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres.

Un ejemplo paradigmático de la necesidad de programas que atiendan las violencias contra las mujeres son las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (CAMI o CAMIS). Según lo documentado por la Red Solidaria, las CAMIS de Pátzcuaro y de Cherán continúan operando con todo y pese a todo. Éstas reportan un aumento considerable en las llamadas, lo que además de indicar un incremento en las denuncias, también refleja una ampliación de los tipos de violencia que viven las mujeres indígenas.

La atención de llamadas es parte de un amplio marco de necesidades que incluyen consultas por temas legales y de salud física y emocional a causa de violencias de género, familiar u obstétrica, así como denuncias por la falta de acceso a salud sexual o reproductiva. Las formas en que las organizaciones responden a estas situaciones requieren de importantes ejercicios creativos y formativos que les permiten acompañar la denuncia en línea, la solicitud de medidas de protección, protocolos de atención y seguimiento a distancia, así como el uso de las radios comunitarias para brindar acompañamiento.

El papel de las CAMIS

Las CAMIS son un ejemplo del tipo de iniciativas públicas que se deberían impulsar para garantizar los derechos de comunidades y poblaciones históricamente abandonadas por el Estado mexicano. De hecho, esta necesidad ha sido señalada por distintos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ha ordenado al Estado mexicano a atender la situación de discriminación y violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, a través a través de la dotación de los recursos necesarios para la atención de las causas y consecuencias de las estas violencias. Así, por ejemplo, en la sentencia de la Corte IDH en el caso Fernández Ortega y otros de 2010 indica que “(e)l Estado deberá facilitar los recursos necesarios para que la comunidad indígena Me’phaa de Barranca Tecoani establezca un centro comunitario, que se constituya como un centro de la mujer, en el que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de la mujer”. No obstante, aunque en la comunidad en cuestión ya se cuenta con las instalaciones para el centro, no se ha logrado avanzar en la implementación de un modelo con enfoque intercultural y su financiamiento sigue sin estar asegurado.

Las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y en particular las que garantizan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias implican, entre otros aspectos, la debida asignación de recursos contemplados en 2020 para las CAMIS y otros programas de prevención y atención a la violencia contra la mujer (fondos que ya eran de por sí restrictivos).

En los próximos meses, la mirada pública nacional e internacional, deberá dirigirse al Congreso de la República. Es urgente asegurar que el Estado mexicano refleje sus compromisos en materia de garantía de los derechos humanos de las mujeres en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2021. Solo de esa manera podrá subsanar las limitaciones presupuestarias previas y las desafortunadas decisiones adoptadas durante la pandemia.

* Guillermo Rodríguez (CEJIL) y Sandra Alarcón (Tlachinollan). Con contribuciones de IM-Defensoras de derechos humanos, CDH, UNASSE, Red Solidaria y Gobernanza MX.

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